Han pasado bastante desapercibidas las últimas declaraciones de la ministra de Educación en relación a la reforma educativa en curso. Creo que merece la pena detenerse, al menos unos instantes, a reflexionar sobre las mismas y sobre las líneas maestras de dicha reforma.

Anuncia la ministra que será posible aprobar el curso escolar con una asignatura suspensa, si se acredita que las competencias de esa asignatura se han adquirido a través de la formación curricular general, esto es, a través de las demás asignaturas. Junto a otras medidas estrella – ¿o deberíamos decir estrelladas? -, destaca la siguiente: “Suprimir la regulación del uso de la lengua cooficial y de la escolarización asociada a ella, dejando que su regulación corresponda a las Comunidades Autónomas en las que hay lengua cooficial.”

Son varios los debates televisivos en los que he tenido la ocasión de enfrentar dialécticamente planteamientos de corte liberal y conservador que niegan que la educación sea siempre y en todo caso una preocupación pública. No son pocos los que pueblan platós televisivos defendiendo el presunto derecho al adoctrinamiento moral de las familias, como si en algún lugar estuviera escrito que los hijos tienen que reproducir los patrones religiosos o culturales de los padres. Son los mismos que exigen que la formación religiosa esté presente en la educación pública, pero no dudan en poner el grito en el cielo cuando alguien plantea una verdadera educación para la ciudadanía que, por ejemplo, enseñe a nuestros alumnos en qué consiste una sociedad laica, en la que todas las alternativas religiosas e identitarias son respetables siempre y cuando no se violenten las leyes y los derechos de todos los ciudadanos. Tal vez la joya de la corona de las prescripciones educativas más reaccionarias sea el cheque escolar: revestido de un supuesto empoderamiento de las familias, se esconde la cruda realidad, la consistente en estratificar por niveles de renta ese poder de elección y convertir a la red educativa pública en un servicio subsidiario y asistencialista de dudosa calidad.

Se podría decir, de hecho, que cuando he tenido ocasión de expresar mi posicionamiento sobre la materia he sostenido las tesis del PSOE en cuanto a la defensa de la formación cívica, así como de una educación pública donde la formación religiosa de cada uno sea legítimamente impartida fuera de la esfera de las escuelas públicas. Y esa defensa no obsta, ni un ápice, a que hoy pueda mostrar mi total rechazo ante algunas de las medidas centrales de la reforma educativa anunciada.

Empecemos por uno de los viejos mantras, tal vez el que más daño ha causado, de la LOGSE a nuestros días, en el sistema educativo español: la devaluación del mérito y la capacidad, estigmatizados de forma casi secular por nuestra izquierda oficial como conceptos al parecer derechistas y reaccionarios. Valiente absurdo. Si la ministra o cualquier miembro del gobierno siguen sin aprender la lección, tantos años después del desastre de la LOGSE, es que también ellos necesitan con urgencia volver a las aulas. Arrinconar los valores del esfuerzo y el trabajo es la mejor garantía para levantar una barrera insalvable para los alumnos con menos recursos económicos. Garantía última de que el ascensor social deje, de forma definitiva, de funcionar. La mejor manera de garantizar una sociedad igualitaria es descartar la renta, la herencia, la familia o el estatus socioeconómico como los filtros canónicos de promoción social. Si condicionantes tan arbitrarios y tan reñidos con la igualdad de oportunidades como los anteriores se convierten en los elementos decisorios para la promoción social, los más débiles verán vedadas todas sus opciones de prosperar.

A los alumnos con dificultades hay que ofrecerles ayuda y medios, no un engañoso e irrespetuoso aprobado general. Una educación inclusiva y de calidad que no deje a nadie en la estacada. Que sea capaz de promocionar el talento y el trabajo en diferentes áreas, y se mantenga alejada de esa desastrosa (anti)cultura de la titulitis que tanto daño ha hecho a este país. Claro que se necesitan medios económicos – y no brutales recortes presupuestarios – pero se necesita algo más: voluntad política para no tropezar siempre con la misma piedra. Habilitar la promoción de curso con suspensos implica desligar esa promoción de las capacidades adquiridas. ¿Es que acaso se pretende seguir espoleando la competencia en la absurda acumulación de diplomas decorativos y seguir alejando la educación de cualquier parámetro meritocrático? Degradar la educación pública beneficia especialmente a sus alternativas privadas, aquellas en las que el criterio de selección no es, ab initio, el trabajo bien hecho, sino el poder adquisitivo del cliente.

Debemos garantizar que la educación pública recupere valores como el mérito y el esfuerzo, y luchar por igualar las diferencias de origen de cada alumno con verdaderos estándares de calidad que no conviertan a la educación en un trámite inútil con nula influencia en la reestructuración de la composición socioeconómica de nuestro país. Si devaluamos la educación, rebajando los estándares de exigencia, esa recomposición social será una verdadera quimera. Estaremos simplemente ante una foto fija de predeterminación, sin movilidad social, en el que las oligarquías, por un lado, y los desposeídos, por otro, se perpetuarán eternamente. Además, se consolidará un injusto espejismo: la educación mantendrá la vitola formalista de transformación social, pero perderá sus verdaderas potencialidades para luchar contra las fatalidades sociales. Contra la mayor de las fatalidades sociales, quintaesencia de lo reaccionario: que los hijos de los pobres sean pobres y los hijos de los ignorantes sean ignorantes, por decirlo parafraseando a Fernando Savater.

Igualmente desatinada resulta la intención de transferir a las CCAA la actualmente residual competencia de regulación de las horas lectivas en lengua cooficial. Volver a dar carrete a los nacionalistas, bajo la apariencia de que algo tan regresivo es muy progre, constituye el error circular y recurrente de todas las políticas educativas implementadas en España. Dejar a las CCAA – y por tanto también a aquellas con hegemonía nacionalista, o sucedáneos particularistas – la regulación de las horas lectivas de castellano y la lengua cooficial de turno, es la garantía plena de que se perpetúe un sistema tan injusto como la inmersión lingüística. Sistema indefendible, por cierto, desde posiciones de izquierdas. No olvidemos que los principales damnificados por la inmersión lingüística son las clases populares, que suman a las condiciones materiales de vida la lengua como elemento adicional de exclusión social. He ahí el paradigmático ejemplo de los inmigrantes. Por no hablar de la igualdad de todos los ciudadanos, ésa que salta por los aires cuando la lengua cooficial se convierte en una barrera de entrada al mercado laboral en algunas partes del Estado, garantizando una inaceptable e insolidaria asimetría que permite a algunos acceder a un mercado laboral completo y a otros tener siempre vedada parte de ese mercado laboral, aunque estos últimos acrediten ser los mejores en sus áreas. Vemos ejemplos de ello a diario. Y también reiteradas muestras de cómo cierta izquierda oficial defiende lo indefendible y nos presenta políticas eminentemente antigualitarias como la cuadratura del círculo progresista.

La senda que se vislumbra tras las medidas anunciadas es una senda eminentemente errada. La de devaluar la calidad educativa y la de seguir dejando a los nacionalistas hacer de la educación pública un coto privado de adoctrinamiento, privilegios para unos pocos y desequilibrios sociales para los demás.

No basta con declamar a favor de lo público. Necesitamos hechos, no propaganda.

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Nací en Madrid en noviembre de 1989. Me licencié en Derecho en 2011 por la Universidad Autónoma de Madrid. Máster en Práctica Jurídica por la EPJ de la Universidad Complutense de Madrid en el año 2013. Desde hace más de cinco años me dedico al ejercicio libre de la abogacía en las jurisdicciones civil, penal y social, así como en el Turno de Oficio. Curso estudios de Ciencias Políticas en la UNED. Formé parte del Consejo de Dirección de Unión Progreso y Democracia. En la actualidad, soy portavoz adjunto de Plataforma Ahora y su responsable de ideas políticas. Creo firmemente en un proyecto destinado a recuperar una izquierda igualitaria y transformadora, alejada de toda tentación identitaria o nacionalista. Estoy convencido de que la izquierda debe plantear de forma decidida soluciones alternativas a los procesos de desregulación neoliberal, pero para ello es imprescindible que se desembarace de toda alianza con el nacionalismo, fuerza reaccionaria y en las antípodas de los valores más elementales de la izquierda.

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