El gigante petrolero Shell está acusado de complicidad en el arresto ilegítimo, la detención y la ejecución de nueve hombres a los que el gobierno militar de Nigeria ahorcó en la década de 1990, ha revelado Amnistía Internacional, tras darse a conocer una explosiva nueva demanda contra la empresa en los Países Bajos por cuatro de las ejecuciones.

El procedimiento civil ha sido iniciado por Esther Kiobel, viuda del doctor Barinem Kiobel, y otras tres mujeres. Esther Kiobel lleva 20 años persiguiendo a Shell en relación con la muerte de su esposo, ahorcado en 1995 junto con el escritor y activista de derechos humanos Ken Saro-Wiwa y otros siete hombres, conocidos como “los nueve ogonis”.

Esther Kiobel acusa a Shell de complicidad en el arresto ilegítimo y la detención de su esposo, de violación de la integridad personal de éste y de sus derechos a un juicio justo y a la vida, así como de violación de su propio derecho a la vida familiar.

“La ejecución de ‘los nueve ogonis’ conmocionó al mundo. Shell lleva más de 20 años evitando rendir cuentas por su complicidad en estas muertes, pero ahora, gracias a la determinación y la valentía de Esther Kiobel al enfrentarse a este Goliat empresarial, el pasado está pasándole por fin factura”, ha declarado Audrey Gaughran, directora general de Investigación de Amnistía Internacional. “Shell tiene que responder de las huellas sangrientas que ha dejado en todo Ogoniland”, ha añadido.

Una campaña brutal

Las ejecuciones fueron la culminación de una campaña brutal de las fuerzas armadas nigerianas para silenciar las protestas del Movimiento por la Supervivencia del Pueblo Ogoni (MOSOP), dirigido por Ken Saro-Wiwa. Según el MOSOP, otros se habían enriquecido con el petróleo extraído desde las profundidades de sus tierras, mientras la contaminación de los derrames y la quema de gas había “causado la degradación total del medio ambiente ogoni, convirtiendo [su] patria en una catástrofe ecológica”. En enero de 1993, el MOSOP declaró que Shell ya no era bienvenido para operar en Ogoniland.

Las autoridades militares respondieron a las protestas del MOSOP con la fuerza, cometiendo numerosas violaciones graves de derechos humanos, incluidos homicidios, torturas y violaciones.

Tanto para Shell como para el gobierno nigeriano era importante acabar con las protestas. Cuando se llevaron a cabo las ejecuciones, Shell era con diferencia la empresa más importante que operaba en Nigeria y extraía casi un millón de barriles de crudo al día. Las exportaciones de petróleo de Nigeria representaban alrededor del 96% de sus ingresos en divisas.

“Shell animó al gobierno a pararles los pies a Ken Saro-Wiwa y al MOSOP, sabiendo que era muy probable que esto desembocara en violaciones de derechos humanos contra ellos. La empresa tenía abundantes pruebas de que el ejército nigeriano estaba respondiendo a las protestas de Ogoniland con abusos”, ha afirmado Audrey Gaughran.

Unas semanas antes de la detención de los hombres, el presidente de Shell Nigeria se reunió con el entonces presidente del país, el general Sani Abacha, y le expuso “el problema de los ogonis y Ken Saro-Wiwa”. También recordó en reiteradas ocasiones a las autoridades las repercusiones económicas de las protestas del MOSOP.

“Shell actuó temerariamente al presentar a Ken Saro-Wiwa y el MOSOP como un problema, pues exacerbó de forma significativa el riesgo para Saro-Wiwa y las personas vinculadas al MOSOP. La empresa sabía muy bien que el gobierno violaba habitualmente los derechos de las personas relacionadas con el MOSOP y que había atacado a Saro-Wiwa”, ha dicho Audrey Gaughran.

“Incluso cuando los hombres ya habían sido encarcelados, sometidos a malos tratos y expuestos a un juicio injusto y a la posibilidad de ser ejecutados, Shell siguió estudiando con el gobierno cómo abordar el ‘problema ogoni’ en lugar de expresar preocupación por la suerte de los presos. Esta conducta no puede considerarse más que un respaldo y una aprobación de las acciones del gobierno militar.”

Una injusticia devastadora

Esther Kiobel ha presentado una demanda civil junto con Victoria Bera, Blessing Eawo y Charity Levula, cuyos esposos fueron ejecutados con Barinem Kiobel. Las demandantes piden una indemnización por los daños causados por las acciones ilegítimas de Shell y una disculpa pública por el papel que la empresa desempeñó en los sucesos que desembocaron en la muerte de sus esposos.

Kiobel declaró que había intentado impedir los asesinatos, versión de los hechos respaldada por pruebas que se presentaron en el juicio. Amnistía Internacional consideró a Ken Saro-Wiwa y a Barinem Kiobel presos de conciencia, a los que se detuvo —y en última instancia mató— por sus opiniones sostenidas de manera pacífica.

Tras las detenciones, al menos dos testigos de la acusación afirmaron que el gobierno los había sobornado para incriminar a los acusados, incluso con ofertas de empleo en Shell, y que el abogado de la empresa estaba presente cuando los sobornaron. Shell siempre ha negado estas acusaciones.

Muchos de los hombres ogonis detenidos por su presunta implicación en el asesinato de los cuatro jefes sufrieron reiteradas torturas y otros malos tratos bajo custodia. Incluso después del comienzo del juicio, el comandante militar responsable del encarcelamiento sólo permitió las consultas entre los procesados y sus abogados previo acuerdo con él, y normalmente sólo en su presencia.

Esther Kiobel denunció que, mientras visitaba a su esposo en prisión, la agredió un comandante militar y que estuvo detenida dos semanas sin comida ni agua.

Los días 30 y 31 de octubre de 1995, “los nueve ogonis” fueron declarados culpables y condenados a muerte. En esas fechas, Amnistía Internacional y otros expertos expersaron su gran preocupación en relación con el juicio, que consideraban parcial y que respondía a intereses políticos. Un abogado penalista que observó las actuaciones dijo que creía “que el tribunal decidió primero su fallo y luego buscó argumentos que lo justificaran.Ningún agujero era demasiado profundo para escarbar en él”. También dijo que las pruebas eran compatibles con la afirmación de que Barinem Kiobel había intentado poner fin a la violencia.

El 10 de noviembre los hombres fueron ahorcados y enterrados después en una fosa común.

“Esther Kiobel vive a la sombra de esta injusticia desde hace más de 20 años, pero se ha negado a permitir que Shell la silencie. Hoy su voz resuena en nombre de muchas otras personas cuya vida ha destrozado la industria petrolera en Nigeria”, ha afirmado Channa Samkalden, abogada de Esther Kiobel.

Una relación peligrosa

Los documentos internos de Shell que ha visto Amnistía Internacional revelan que la empresa sabía que el juicio de los nueve ogonis era injusto, y que fue informada con antelación de que era muy probable que Ken Saro-Wiwa fuera declarado culpable.

Sin embargo, la empresa mantuvo una estrecha relación con el gobierno nigeriano, e incluso se ofreció a ayudar a Ken Saro-Wiwa si éste “suavizaba su postura” sobre la compañía.

Shell hizo esta oferta al hermano de Ken Saro-Wiwa en agosto de 1995, cuando Ken Saro-Wiwa estaba bajo custodia militar. El hermano de Saro-Wiwa afirma que Shell se ofreció a ayudar a obtener la libertad de su hermano, mientras que, según la empresa, lo único que ofreció fue ayuda humanitaria o médica.

 

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