El magistrado de la Audiencia Nacional, Jose de la Mata, ha dictado un auto, al que ha tenido acceso Diario16, en el que propone juzgar al expresidente de Caixanova Julio Fernández Gayoso, los exdirectores generales de la entidad Gregorio Gorriarán y Jose Luis Pego y contra otras siete personas investigadas, por los préstamos concedidos a la empresa Promalar para la compra y reflotamiento de la conservera Bernardo Alfageme y que causarón un grave perjuicio económico a Caixanova de más de 80 millones de euros.

De la Mata interpreta que los exdirectivos de Caixanova “diseñaron un mecanismo claramente expropiatorio de la entidad financiera que fue mucho más allá de la adopción de actos erróneos en el ejercicio de sus facultades de administración” con la concesión de los citados crétidos.

El juez, finalizada ya la instrucción, relata en el auto que los hechos investigados son presuntamente constitutivos de delito societario en su modalidad de administración desleal de gestión de patrimonio social o apropiación indebida y blanqueo de capitales.

Los hechos se sitúan entre los años 2005 y 2010. El magistrado examina cuatro operaciones financieras llevadas a cabo por los investigados, para reflotar la conservera Bernardo Alfageme, que en aquel momento presentaba serias dificultades económicas y cuyos accionistas mantenían una estrecha relación con la Caja.

De la Mata explica que para llevar a cabo el plan, los gestores de Caixanova propusieron a otro de los investigados, Juan Lago, administrador de Promalar, la compra de la conservera. Se simularon contratos que ocultaban la verdadera naturaleza y la finalidad de las operaciones de financiación concedidas a Promalar SL, “que era beneficiar a Lago Perez y a los accionistas de Bernardo Alfageme, causándoles un perjuicio multimillonario a la entidad financiera Caixanova”.

 

TASACIONES INFLADAS

Como garantía de los préstamos hipotecarios concedidos se entregaron fincas en distintas zonas de Galicia. Como muestra de las profundas irregularidades producidas en las distintas operaciones de financiación, el juez hace constar que en la primera operación, para cubrir el riesgo de 60 millones concedido por préstamo hipotecario, se entregaron en garantía, fincas valoradas en 2005 por Tasagalicia en 133 millones. Su valor real en 2010 era de 2,5 millones de euros, es decir, se tasaron en 190 veces su valor real.

En otras operaciones, la valoración excesiva de las garantías se condicionaba a la aprobación de planes urbanísticos de recalificación de terrenos, ” y tasadas principalmente por Tasagalicia, empleando métodos de valoración incorrectos, y sin aplicar ninguna cautela o control de las valoraciones por parte de los gestores de Caixanova. El resultado final fue que el valor de tasación de las fincas otorgadas como garantía se depreció posteriormente prácticamente en su totalidad”. El juez añade además que varias fincas fueron entregadas como garantía de distintas operaciones de financiación.

El juez concluye que toda la operativa desplegada por los imputados tuvo desde su comienzo la finalidad de conseguir beneficiar a Lago Pérez y a los accionistas de Bernardo Alfageme SA por su estrecha relación con la Caja, “facilitando su salida de la sociedad en condiciones favorables y en perjuicio de la entidad de crédito que administraban”.

Para ello, argumenta de la Mata, “los directivos de Caixanova se concertaron con Lago Pérez, a través de Gorriarián Laza, para facilitarle cantidades millonarias para comprar Bernardo Alfageme a sus socios. Estas operaciones estaban cubiertas con garantías inmobiliarias tasadas de manera absolutamente irregular (se tasaron fincas en 190 veces su valor) ocultando u obviando la existencia de evidentes condicionantes urbanísticos que reducían drásticamente el valor de las fincas otorgadas en garantía.

“Los préstamos y créditos no fueron devueltos en ningún caso, “y han supuesto pérdidas multimillonarias a la vista del ínfimo valor de las garantías inmobiliarias, tratando los imputados de ocultar su responsabilidad alegando mala suerte, frustración de expectativas, o la socorrida crisis inmobiliaria”, concluye de la Mata.

 

ADMINISTRACION DESLEAL O APROPIACION INDEBIDA 

Después de analizar las operaciones realizadas por los imputados el juez considera que al menos tres de ellas encajan mejor en el delito de apropiación indebida que en el de administración desleal, en cuanto que los investigados realizaron disimulados “actos apropiatorios para terceros con respecto al dinero de la entidad que administraban, que fueron más allá de los excesos de sus facultades de administración o abusos en el ejercicio de sus competencias”.

No obstante, por la naturaleza provisional de un auto de transformación en procedimiento abreviado y por la complejidad de las conductas desarrolladas, el magistrado mantiene abierta también la calificación alternativa de administración desleal porque del mismo modo podría sostenerse que algunas de las conductas constituyen actos de apropiación de terceros, mientras otras “son actos de abuso de las funciones propias de su cargo, contrayendo obligaciones a cargo de ésta, causando directamente un perjuicio evaluable”.

Del mismo modo, el juez aprecia en algunos de los investigados la comisión de delito de blanqueo de capitales porque se produjo un delito societario con perjuicios multimillonarios a CAixanova y se han cometido actos dirigidos a ocultar o a permitir el aprovechamiento de esos bienes ilícitos

En el mismo auto el magistrado acuerda el sobreseimiento provisional para Domingo González Mera y Jose Benito Varela Fernández.

A partir de ahora el fiscal y las partes acusadoras disponen de diez días para solicitar la apertura de juicio oral o el sobreseimiento de la causa.

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