El matrimonio infantil y la falta de acceso a educación de calidad constituyen serios obstáculos a la posibilidad de progreso de las niñas en todo el mundo. Millones de niñas están casadas o expuestas a la posibilidad de matrimonio, y es demasiado lento el ritmo de los avances conseguidos mundialmente por los gobiernos para terminar con el matrimonio infantil y asegurar el acceso a educación primaria y secundaria de calidad. El matrimonio infantil es un fenómeno que ocurre en todas las regiones del mundo ya que una de cada cuatro niñas se casa antes de los 18 años.

Liesl Gerntholtz, directora de derechos de la mujer de Human Rights Watch, ha afirmado al respecto que «el matrimonio infantil frustra las vidas de millones de niñas, entre otras cosas, privándolas de recibir educación. A menos que los gobiernos actúen con determinación, la cantidad de niñas casadas y mujeres que se casaron siendo niñas seguirá aumentando, y esto impedirá que tanto las niñas como sus países alcancen su pleno potencial».

La pérdida de acceso a la educación es tanto una causa y como una consecuencia del matrimonio infantil. En todo el mundo, 32 millones de niñas en edad de asistir a la escuela primaria y 29 millones en edad de asistir a la escuela secundaria elemental no van al colegio, y casi dos tercios de los adultos analfabetos del mundo son mujeres. Las niñas que no asisten a la escuela están expuestas a un mayor riesgo de contraer matrimonio durante la infancia.

Sudáfrica es el país que tiene la mayor prevalencia de matrimonio infantil: una de cada dos niñas se casa antes de los 18 años. En el África subsahariana, el 40 % de las niñas se casan antes de los 18 años, y entre los países africanos se encuentran 15 de los 20 países con las tasas más elevadas de matrimonio infantil. Este fenómeno también ocurre en países de altos ingresos, incluidos Estados Unidos y el Reino Unido. La ONG Human Rights Watch ha documentado las consecuencias adversas del matrimonio infantil en Nepal, Bangladesh, Malawi, Tanzania, Zimbabwe, Sudán del Sur y Yemen.

Aunque el matrimonio infantil impide que las niñas participen en todos los ámbitos de la vida, tiene un impacto especialmente grave en su acceso a la educación. Las niñas que se casan suelen abandonar el colegio de manera prematura debido a la presión social, las responsabilidades domésticas, y el embarazo y la crianza de los hijos. A lo anterior hay que sumar que en muchos países hay creencias culturales o religiosas que estigmatizan a las niñas solteras embarazadas y, por consiguiente, las jovencitas embarazadas son obligadas a contraer matrimonio a temprana edad.

Políticas gubernamentales discriminatorias suelen prohibir que jovencitas casadas o embarazadas asistan a la escuela. En Tanzania, por ejemplo, hay funcionarios escolares que realizan pruebas de embarazo forzadas y expulsan a las estudiantes embarazadas. El gobierno también ha postergado su compromiso de elevar la edad legal para contraer matrimonio a 18 años para varones y mujeres.

Niñas en Malawi, Sudán del Sur, Nepal y Bangladés contaron a Human Rights que una vez que estaban casadas o daban a luz debían lidiar con presiones familiares para abandonar los estudios, la falta de opciones para el cuidado de los niños, la imposibilidad de pagar los costos relacionados con la educación y la necesidad de ocuparse de las tareas domésticas. Esto contribuye a la presión sobre quienes están en mayor riesgo.

Todos los países miembros de Naciones Unidas han asumido un compromiso con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU de garantizar igualdad de género, terminar con el matrimonio infantil y proporcionar acceso universal a la educación primaria y secundaria gratuita a todos los niños para el año 2030.

Según Human Rights Watch los gobiernos deberían adoptar —y aplicar plenamente— leyes que fijen en 18 años la edad mínima para contraer matrimonio, tanto para varones como mujeres. También deberían sancionar leyes que exijan el consentimiento libre y pleno de ambos cónyuges para contraer matrimonio y contemplen penas por violencia e intimidación ejercidas para obligar a las personas a casarse. Los gobiernos deberían educar a los padres, tutores y líderes comunitarios sobre los efectos perjudiciales del matrimonio infantil y establecer programas para proteger a las niñas en riesgo.

Por otro lado, la ONG de defensa de los derechos humanos ha afirmado en repetidas ocasiones que los gobiernos también deberían garantizar que las niñas tengan igualdad de acceso a educación primaria y secundaria gratuita de calidad, además de procurar que las niñas obtengan el apoyo que necesitan para permanecer en la escuela y revertir las políticas y prácticas perjudiciales que discriminan a las niñas, incluidas las pruebas de embarazo forzadas y las reglamentaciones que contemplan la expulsión de niñas embarazadas o casadas.

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