Bruselas pretende prorrogar los plazos máximos de detención de inmigrantes para, de este modo, facilitar las deportaciones masivas y ha presentado un Plan de Acción de Retorno que, entre otras cosas, ayudará a la Canciller Ángela Merkel a quitarse la presión interna respecto a inmigrantes y refugiados. El objetivo de este plan es ampliar el baremo de regiones y países «seguros» y, de este modo, poder expulsar a los migrantes a países que, de hecho, no lo son.
Precisamente en este mes de marzo se cumple un año de la firma de Acuerdo entre la Unión Europea y Turquía para que el país otomano sirviera de muro de contención de los refugiados sirios y afganos. Este Tratado, calificado por ONG, sindicatos, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, como el «Acuerdo de la Vergüenza» puso en evidencia la insensibilidad de la UE hacia a crisis humanitaria provocada por la guerra de Siria, un acuerdo que hasta la propia Defensora del Pueblo Europeo, Emily O’Reilly, ha puesto en duda. De igual modo la Unión demostraba su incapacidad y su responsabilidad hacia quienes todavía están huyendo de la barbarie y se agolpan en las fronteras exteriores de Europa para ser deportados a un país que no respeta los derechos humanos.
El Acuerdo con Turquía no ha servido para nada porque la desesperación hace que sigan llegando a Europa, eso sí, a través de rutas mucho más inseguras y controladas por las mafias de tráfico de personas. ¿Es la preocupación principal de la UE evitar que estos seres humanos lleguen a territorio europeo? Lo que demostró el Pacto con Turquía es que la prioridad no es ni acoger ni proteger a quienes son víctimas de la guerra y el hambre.
El punto de partida de estas rutas controladas por los traficantes de seres humanos es Libia, un país donde los inmigrantes subsaharianos y los refugiados de diferentes nacionalidades son sometidos a torturas, violaciones, trabajos forzados y ejecuciones en campos de concentración gestionados por las propias mafias. Hay que recordar que en la Cumbre de Malta se aprobaron medidas de cooperación con Libia, un Estado fallido desde la intervención de la OTAN en 2011, otro país donde no se respetan los derechos humanos.
La iniciativa de la Comisión Europea que pretende prorrogar los plazos máximos de detención de inmigrantes y la ampliación del número de países «seguros» donde deportarlos, además de los acuerdos bilaterales con países como Libia, demuestra una vez más que la intención principal de la Unión Europea no es afrontar la crisis de refugiados o cumplir con los acuerdos de reasentamiento firmados por los países miembros —España sólo ha acogido a un 3,8% de los que se comprometió— sino que pretende trasladar el problema a terceros países que sirvan de frontera exterior de la Unión. Y, en medio de todo esto, la ultraderecha xenófoba sigue creciendo.
