¿Cómo hubiera quedado el Congreso de los Diputados tras el 20-D si la circunscripción electoral fuera única y no basada en la proporcionalidad? En primer lugar veamos los resultados de dichas elecciones.

Los datos demuestran que la proporcionalidad que implanta el sistema D’Hondt no refleja la voluntad del voto de los ciudadanos, voluntad que sí que quedaría reflejada si la circunscripción fuera única. Hay partidos que no llegan al 3% y que tienen una representación superior a otros con más del triple de votos. Con la circunscripción única los que verdaderamente pierden representación son los dos partidos mayoritarios, mientras que los nacionalistas no sufren ningún descabalgamiento exagerado.

Hay partidos que no llegan al 3% y que tienen una representación superior a otros con más del triple de votos

Estos resultados demostrarían también la pérdida de confianza de los españoles en el PSOE y que la suma de Podemos con las confluencias darían un resultado en escaños prácticamente igual que el del PSOE.

Sin embargo, lo que queda claro con estos datos es que el reparto de escaños es el reflejo exacto de la voluntad popular. Los defensores de la proporcionalidad y de mantener el sistema D’Hondt afirman que con ese sistema se logran mayorías amplias y evitan que se generen parlamentos disgregados, afirmación que la realidad de los resultados del 20-D han desmentido. Lo que realmente se logra es la depauperación de la voluntad popular de quienes tienen la soberanía popular, es dejar la voluntad del pueblo en manos de la ingeniería matemática.

Lo que realmente se logra es la depauperación de la voluntad popular

Otro cambio importante que urge implementar en materia electoral es la regulación de los programas con los que se presentan los partidos a las elecciones. En España el incumplimiento reiterado, doloso, alevoso o con premeditación de los programas electorales no tiene ningún castigo salvo cierta indignación en la calle.

Lo ocurrido en este país en las elecciones generales de 2011 debe hacer reflexionar sobre la importancia de que lo que prometen los partidos tenga una fiscalización por parte del Parlamento y por parte del poder judicial. Mariano Rajoy y el Partido Popular ganaron las elecciones de 2011 aprovechándose de la situación desesperada de millones de españoles, situación provocada por el estallido de la burbuja inmobiliaria y de la crisis económica global.

El PP se presentó con un programa en el que se decía lo que la gente quería oír, en el que se prometía lo que el pueblo necesitaba. Por lo que decían en sus mítines y actos de campaña se podría afirmar que cada papeleta del Partido Popular llevaba consigo un contrato de trabajo, cuando en realidad traían como consecuencia la miseria, el hambre, la esclavitud, la falta de derechos y la imposición de un sistema rayano al totalitarismo.

Engañaron al pueblo. Mariano Rajoy fue el presidente español que llegó a la Moncloa montado en una gran mentira. Hay analistas políticos que afirman que lo que se produjo en realidad fue un golpe de Estado. No se debe llegar a tanto, pero el vocablo «pucherazo» se convierte en un cuasi-sinónimo de lo que ocurrió. Tras esta traición a los ciudadanos el Partido Popular gobernó gracias a una mentira. Prometió exactamente lo contrario de lo que desarrolló en su acción de gobierno.

Por todo lo anterior es importante que dentro de las reformas del sistema electoral, que son muy necesarias para regenerar la democracia en España, se incluyan sanciones a partidos y políticos que incumplan de manera sistemática los programas con los que se presentaron a las elecciones. Siempre se ha dicho que el programa era el contrato que firman los partidos con los ciudadanos.

sanciones a partidos y políticos que incumplan de manera sistemática los programas

En los ámbitos empresariales y personales el incumplimiento de los contratos firmados conlleva sanciones. Sin embargo, en el ámbito electoral no ocurre así. En España cualquier partido político puede presentarse a unas elecciones, del tipo que sean, prometiendo a los ciudadanos lo que esperarían de cualquier gobernante, y, una vez alcanzado el gobierno, hacer todo lo contrario, incluso gobernar en contra de los intereses de quienes están en posesión de la soberanía del Estado anteponiéndolos a las necesidades de las élites empresariales, económicas o religiosas.

Una democracia madura no puede permitir estos abusos ni la impunidad de quienes se aprovechan de que el ordenamiento jurídico español no tiene penas para aquellos que mienten en su campaña electoral y presentan un contrato a los ciudadanos como si fuera un cheque en blanco.

Para evitar esto es necesaria la implementación de medidas de control de los programas electorales y de su posterior cumplimiento. Hay quien piensa que debería incluirse este incumplimiento como delito electoral, pero éste no tiene consecuencias que los partidos no asuman como resultado del juego electoral. Hay quienes van más allá y piden que presentar un programa falso a los españoles quede tipificado en el Código Penal. Sin embargo, por mucho que se pidan penas de cárcel o delitos electorales, es necesaria la creación de entidades independientes que fiscalicen los programas de aquellos que han ganado unas elecciones.

es necesario fiscalizar los programas de aquellos que han ganado unas elecciones

Estas entidades deben controlar que aquello que se prometió en la campaña electoral y lo que se propuso a los españoles sea cumplido al 100%, exactamente igual que ocurre con cualquier contrato que se firme en otros ámbitos de la vida. Esta entidad llevaría un control sobre las acciones de gobierno de aquel partido que haya ganado las elecciones o que haya podido formar gobierno y determinar si está cumpliendo con el acuerdo al que llegó con el pueblo español, el mismo pueblo que le dio la confianza en base a lo prometido.

Cada año de legislatura debe cumplirse, al menos, un 25% de lo presentado en el programa electoral, con una ponderación sobre cada uno de los bloques en los que suele estar dividido el contrato que los partidos presentan a los ciudadanos. Cada medida, cada ley presentada por el Gobierno no podrá ir en contra de lo prometido, salvo en casos de extrema necesidad que obliguen a decretar el Estado de Excepción o el Estado de Guerra.

En los casos en los que el Gobierno no cumpla con lo estipulado en su programa esta entidad independiente tendrá la potestad de presentar ante el jefe del Estado la disolución de las Cortes y la convocatoria de elecciones generales.

Habrá quien pueda afirmar que esta propuesta de regeneración democrática crea un ente con un poder que está por encima de la propia voluntad popular, un poder en la sombra con capacidad de derogar la voluntad popular. Sin embargo, lo que no se puede permitir, lo que un pueblo no puede consentir, lo que una democracia no puede tolerar es que un partido llegue al poder con un programa electoral falso, un programa electoral que sabe que no va a cumplir y que el único fin de dicho programa es conseguir un mayor número de votos que el contrincante. No es de recibo lo que ocurrió en España en las generales de 2011.

Por eso es necesaria la creación de esta entidad independiente que controle la acción de gobierno en lo referente al cumplimiento de los programas electorales. ¿Quién tendría esta potestad de control sobre los partidos y sus promesas? En una democracia que respetara sus principios más básicos debería estar dentro del poder judicial, en primer lugar, por su imparcialidad y, en segundo lugar, por ser el órgano democrático con el poder de imponer penas cuando se vulnera la Ley.

no existe una independencia clara por cuanto los principales órganos del poder judicial se los reparten los partidos

Actualmente en España no sería posible esa independencia dado que los principales órganos de ese poder judicial se los reparten los partidos políticos, por lo que no hay una independencia clara. Hagamos una suposición. Imaginemos que en la anterior legislatura, con la situación que creó el Partido Popular al colocar a un militante del propio PP como presidente del Tribunal Constitucional y a uno de los ideólogos más duros de la derecha española y colaborador habitual de FAES a los mandos del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, esta institución de control de los programas electorales propuesta tuviera que tomar una decisión respecto al Partido Popular por el incumplimiento reiterado del contrato presentado ante los españoles en noviembre de 2011 y al modo en que se ha incumplido.

El PP tendría que recibir algún tipo de sanción pero saldrían inmunes porque un militante no iría contra el partido en el que milita y un ideólogo de FAES no impondría sanción alguna contra la institución de la que es ideólogo.

¿Qué tipo de sanciones deberían aplicarse en este ámbito? ¿Se debe llegar a la inclusión del incumplimiento del programa electoral dentro del Código Penal? Esto, tal vez, sería excesivo. No obstante, los castigos deben ser contundentes y orientados hacia la propia actividad política de dicho partido, de sus dirigentes y de aquellos militantes que ostenten cargos públicos en el ámbito en el que se produjera el fraude electoral.

En el caso en que un partido incumpliera su programa quedaría inhabilitado para presentarse a las siguientes elecciones y todos sus militantes, con o sin poder orgánico no podrían presentarse por otras formaciones o crear partidos nuevos. Alguien dirá que esto va en contra del espíritu democrático. Sin embargo, ¿no va más en contra de la democracia que una organización política engañe a quien es soberano con el único fin de alcanzar el poder? Los grandes dictadores alcanzaron el poder por la fuerza y con engaños al pueblo con la sola intención de someterlo. Algunos se aprovecharon de la propia democracia para lograrlo, como ocurrió en Alemania en la década de los 30 con el Partido Nazi. Para evitar que la mentira se convierta en un arma electoral es necesaria una legislación dura. En la España actual hemos visto cómo el Partido Popular llegó al poder con mayoría absoluta gracias a un programa electoral falso cuyo único fin era ser palanca para alcanzar la Presidencia.

Los grandes dictadores alcanzaron el poder por la fuerza y con engaños al pueblo

El incumplimiento sistemático del programa electoral conllevaría para ese partido la suspensión de todas las subvenciones que debieran recibir en concepto de representación parlamentaria y la imposibilidad de recibir donaciones particulares por el periodo comprendido entre el fin de la legislatura donde se produjo dicho incumplimiento hasta pasadas dos convocatorias de elecciones dentro del ámbito en que fuera sancionado.

Por otro lado, aquellos integrantes del Gobierno que incumplieran con su programa electoral, junto a los integrantes del grupo parlamentario de ese partido, quedarían inhabilitados de por vida para ejercer cualquier cargo público, para presentarse a unas nuevas elecciones, de cualquier tipología, y a ostentar cargo ejecutivo alguno en ningún partido político. Para una persona que desprecia totalmente a la democracia al mentir a los ciudadanos con el único fin de alcanzar el poder disponer de un cargo, ya sea en un partido, ya sea algún puesto ejecutivo en una institución pública debe ser antitético. Por eso el sistema democrático ha de tener los instrumentos necesarios para desechar a dichos elementos que lo único que hacen es prostituir el sistema político donde los ciudadanos son aquellos que tienen la soberanía del Estado.

El sistema electoral español debe cambiar para adecuarse a las necesidades actuales de los ciudadanos. Lo que el país precisaba en 1976 ya ha sido superado en el proceso de madurez de la democracia. Sin embargo, el Partido Popular quiso cambiar dicho sistema con el único fin de perpetuarse en el poder. Se utilizó la reivindicación ciudadana para imponer cambios en el sistema electoral que tenían como único objetivo que el PP no perdiera el poder efectivo en los puntos clave.

En primer lugar, se utilizó a la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha como laboratorio para medir el impacto entre los ciudadanos y ver si provocaba algún tipo de rechazo frontal en la calle. En el territorio que gobernaba María Dolores de Cospedal se cambiaron los porcentajes de representación en las cinco provincias, favoreciendo obscenamente en el reparto de escaños a aquellas que eran más proclives a votar al PP. Un pucherazo en toda regla.

En las elecciones al Parlamento Europeo también hicieron movimientos en este sentido y eliminaron colegios electorales de barrios que tradicionalmente eran opuestos al partido conservador español, tal y como ocurrió en Vitoria.

Una de las consecuencias de estos comicios europeos fue la irrupción del partido de Pablo Iglesias, Podemos. Viendo los resultados de este nuevo partido el PP se dio cuenta de que podía perder el poder en más de 40 capitales de provincia sobre todo en Madrid y en la Comunitat Valenciana, sus feudos fuertes. Esto hizo que fuera el propio presidente de Gobierno quien anunciara que se iba a presentar un proyecto donde se modificaría la ley electoral para que en las municipales de 2015 solo alcanzara la alcaldía de las ciudades y pueblos de España la lista más votada, independientemente de si tuviera o no mayoría absoluta, hurtando de este modo la posibilidad de coaliciones.

El desprecio que tiene el Partido Popular a todo lo que suena a democracia se demostró una vez más en la propuesta de Mariano Rajoy de la elección directa de los alcaldes en las próximas elecciones municipales. Según el planteamiento del partido conservador español sólo podrían gobernar los municipios aquellos que obtuvieran un mayor número de votos, independientemente de si lograban o no mayoría absoluta.

No sorprendió a nadie que esta propuesta se hiciera en el momento en que el PP podría quedar borrado del poder municipal gracias a las alianzas de la izquierda. No sorprendió porque la visión del PP del sistema democrático está determinada por la dicotomía «ganar/perder», puesto que para ellos sólo hay un modo verdadero de vivir en democracia, un modelo donde sólo pueden gobernar ellos. Según una información del diario El Mundo, con esta elección directa el PP se hubiera garantizado el poder en 44 capitales de provincia.

La ley electoral en España debe ser cambiada porque es injusta, pero el modo en que lo quiso hacer Mariano Rajoy fue obsceno y atentaba contra los niveles mínimos de lo que se entiende como democracia. La ley electoral española debe ser modificada para que sea justa, para que todos los votos valgan lo mismo, pero debe ser modificada con el consenso total de todas las fuerzas políticas.

Los movimientos ciudadanos y los partidos políticos nacidos al amparo del 15-M reivindican que para que la democracia española sea real es necesaria una implicación total de los ciudadanos en todas y cada una de las decisiones que se tomen llegando a una situación asamblearia. Este hecho es una utopía. Es hermoso pensar que cada ciudadano tenga la capacidad de decidir sobre las grandes decisiones que ha de tomar cualquier gobierno. Eso desde un punto de vista teórico sería lo correcto.

Sin embargo, para que un Estado moderno funcione es necesario que el modelo no sea tan limitado y tan rígido como la democracia asamblearia. Uno de los argumentos que dan quienes apoyan estas reivindicaciones de democracia directa o asamblearia es que, una vez celebradas las elecciones, la clase política se olvida de los verdaderos problemas de los ciudadanos. La expresión «vota y calla» refleja lo que gran parte del pueblo percibe del actual funcionamiento de nuestro sistema electoral y, en extensión, del sistema político. Sin embargo, el actual modelo de democracia representativa es el más idóneo para dirigir el país. Lo que debe cambiar es, quizá, la relación que tiene la clase política o el propio Gobierno con los problemas reales de los ciudadanos.

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