Palacio de Justicia de Estambul.

Con la Constitución en la mano, en España existen tres pilares que sustentan nuestro Estado de Derecho: legislativo, ejecutivo y Judicial. De su correcto funcionamiento depende, en gran medida, que nuestro país funcione, o no.

Ríos de tinta han corrido en relación a los poderes legislativo y ejecutivo; menos, bastante menos, sobre el judicial ya que, en los últimos tiempos, y debido a los ingentes casos de corrupción que se han producido, se ha puesto de manifiesto su gran importancia aunque, por desgracia, no ha estado a la altura de las circunstancias. Por supuesto que no me refiero a la gran cantidad de jueces y fiscales de primera instancia que realizan adecuadamente su trabajo, con sus comprensibles aciertos y errores. El problema se tiene con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), por la importancia que tiene en la elección y promoción de jueces y magistrados, y con el Tribunal Constitucional (TC), Tribunal Supremo (TS), Audiencia Nacional (AN), y los tribunales superiores de justicia de las diferentes comunidades autónomas y nacionalidades de nuestro país (TSJs); es decir, los que, entre otras, tienen competencias para imputar y juzgar a los muchos, excesivos, aforados.

Se dice, y no falta razón, que el hecho de que los miembros del CGPJ sean elegidos por el Congreso y el Senado –algo similar sucede con el Tribunal Constitucional- politiza la acción de la Justicia. Para evitar esto, hay partidos como Ciudadanos -al PP no le desagradaría-, que proponen que la elección la realicen los mismos jueces entre sí. La propuesta parece a simple vista neutra, pero no lo es si se tiene en cuenta que la Asociación Profesional de la Magistratura, a la que pertenecen el 80-85%% de los jueces es de ideología conservadora. Las asociaciones Francisco de Vitoria y Jueces por la Democracia se reparten el aproximadamente 15% restante. Obviamente, este sistema de elección conduciría a un CGPJ muy mayoritariamente conservador.

Puede ser una buena propuesta, que asumo, que lo mismo que la ciudadanía elige directamente a los diputados y senadores, también lo haga con los miembros del CGPJ; los componentes de los tribunales Supremo y Constitucional serían elegidos por el propio CGPJ que ya lo hace con todos los miembros del Tribunal Supremo y con dos de los del Tribunal Constitucional.

Pero vamos al nudo gordiano: dicen que la Justicia es ciega, pero en los niveles superiores parece que no es así sino que tiene una vista de lince. Se eterniza en largos procesos con los muchos casos de corrupción, con sumarios que se hacen eternos, que pasan de juez en juez, y que terminan escapándose los poderosos o poniéndoles penas ridículas, cayendo únicamente los testaferros y actores secundarios.

Es posible que los casos que se tratan por las alturas sean muy complicados, que requieran muchas garantías judiciales por la destreza de los abogados de los presuntos malhechores, pero la ciudadanía asiste de forma atónita a una especie de paripé por el que el tiempo juega a favor de los fuertes, ¿no es cierto que en la calle se tiene la certeza de que Bárcenas, Rato, Pujol, Chaves o Griñán, son culpables por todo lo que se nos ha contado de los sumarios a través de los medios de comunicación?, ¿cómo es posible que Aznar, Rajoy, Álvarez Cascos, Arenas, Acebes o Cospedal no se enteraran de lo que ocurría en el despacho de al lado, en un tema tan importante como es el económico?, ¿es posible que en su día Corcuera, Barrionuevo y Vera fueran culpables pero González no se enterara? Sin duda, han habido y habrán sentencias que son auténticos atentados a la razón.

Eso sí, cuando intereses espurios encausaron a Baltasar Garzón, el proceso fue visto y no visto: en un santiamén ya estaba expulsado de la Carrera Judicial.

Mientras ocurran cosas como las enumeradas, el pueblo llano seguirá pensando en la existencia de la doble vara de medir. Y con razón.

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Catedrático de química inorgánica (Universidad de Murcia), Decano de la FAcultad de Química (1992-2002), Director de la Oficina de Transferencia de resultados de investigación (OTRI), Director del Departamento de Química Inorgánica (2006 a 2010)

1 Comentario

  1. Creo que no habla un gran experto en la materia, ni siquiera se ha preocupado en contrastar con rigor los pocos datos que ofrece. Daña al prestigio que quiere ganarse de nuevo esta cabecera publicar un artículo tan lamentable. Por cierto, solo el 50 por ciento de los jueces está afiliado, por lo que la APM difícilmente puede tener el 85 por ciento. Y de ese 50 por ciento, la Asociación Profesional de la Magistratura, que sí es la mayoritaria- lo único que acierta- tampoco representa el 85 por ciento. Los datos son públicos y bastaba Google y dos minutos para conocerlos. Pero el Autor no está dispuesto a perderlos en favor de los lectores. De vergüenza.

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