A pesar de que los informes del Consejo de Estado no son vinculantes por tratarse de un órgano meramente consultivo, la justicia española tampoco podría reabrir el caso sobre las causas por las que, en mayo de 2003, se estrelló el Yak-42 en Turquía dejando 62 militares muertos. El accidente significó la mayor tragedia militar española en tiempos de paz.

A pesar de que el informe demoledor del Consejo de Estado señala la responsabilidad del Gobierno de Aznar y más directamente de su ministro de Defensa, Federico Trillo, ni el Tribunal Supremo ni el Constitucional podrían reabrir la causa ya que rechazaron la posibilidad legal de reactivarla, un criterio que se repitió en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH).

En su día la Audiencia Nacional rechazó los argumentos esgrimidos por las familias y por la propia Fiscalía, favorable a que se hubiera ordenado la reapertura de la instrucción en el Juzgado Central de Instrucción número 3, cuyo titular por entonces era Fernando Grande-Marlaska. La resolución de la Sección Cuarta de lo Penal de la Audiencia Nacional, de la que fue ponente la magistrada Carmen Paloma González, rechazó entre otros argumentos el referido a la responsabilidad del exjefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), almirante general Antonio Moreno Barberá y el jefe del Estado Mayor Conjunto (JEMACON), general de División Juan Luis Ibarreta, en el “incremento del riesgo” al que se sometió a los militares españoles.

Tampoco estimó la Audiencia que Moreno e Ibarreña agravaran el “riesgo preexistente”, ya que de la instrucción se deducía que se limitaron a “cumplir con la misión encomendada acudiendo a los mecanismos legales de índole comercial arbitrados por la OTAN”. 

Resumiendo, la sala consideró que los imputados no llevaron a cabo “ninguna acción generadora de un riesgo no permitido, ni ostentaban ni asumían la condición de garantes de que el resultado no se produjera, de forma tal que el desgraciado resultado no hubiera podido ser evitado mediante una hipotética acción omitida”.

La Audiencia Nacional archivó la causa de la contratación del avión en el año 2012 y de los tres condenados por el fallo en las identificaciones de las víctimas, ninguno queda ya en prisión.

El general de Sanidad Vicente Navarro falleció en 2010 y los entonces capitanes médicos José Ramón Ramírez y Miguel Ángel Sáez fueron indultados pocos meses después de la llegada de Mariano Rajoy a la Moncloa. Ahora son comandantes.

Sin embargo, tras casi 14 años del accidente más grave que han sufrido las Fuerzas Armadas españolas en tiempos de paz, las tripas se han vuelto a remover y otros posiblemente se retorcerán en sus sillones. El informe del Consejo de Estado, aún sin ser vinculante, ya ha conseguido que Moncloa anuncie que Trillo abandonará Londres “en unas semanas”, aunque sin vincularlo a este caso ya que “esta decisión estaba tomada desde antes de que saliera el Informe de Consejo”. Se refiere el Gobierno a la renovación de 72 puestos diplomáticos que se realizarán en breve. Y la actual Ministra de Defensa, María Dolores de Cospedal, ha anunciado que recibirá a los familiares de las víctimas y comparecerá en el Congreso a petición propia.

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