La querella contra el Banco de Valencia por el caso Costa Bellver se ha reactivado en las últimas semanas y está cada vez más cerca de juicio, tal como ha podido saber Diario 16 por fuentes judiciales próximas al caso. El asunto se encuentra a la espera de que se resuelvan los sucesivos recursos que han ido presentando los querellados ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional y es más que probable que el magistrado Santiago Pedraz dicte auto de apertura de procedimiento abreviado contra la mayoría de ellos. Además, el FROB figura como acusación particular en la causa y la Fiscalía Anticorrupción ha pedido la apertura de juicio oral contra los implicados al considerar que existen “indicios de estafa, apropiación indebida y administración desleal en la compra de acciones” por parte de la entidad financiera a la empresa Costa Bellver, vinculada a la conocida familia valenciana de los Calabuig.

En el punto de mira de la Fiscalía están Eugenio Calabuig y varios de sus hermanos, así como el ex consejero delegado del Banco de Valencia, Domingo Parra, y el ex director general de Bancaja, Aurelio Izquierdo, entre otros. Todos ellos están siendo investigados. El Ministerio Público quiere saber si los responsables del Banco de Valencia se saltaron la ley para beneficiar a los Calabuig comprando acciones de Costa Bellver, una operación urbanística que reportaría beneficios millonarios al grupo familiar castellonense. Un portavoz oficial de Global Omniun/Aguas de Valencia, la empresa matriz que actualmente controla Eugenio Calabuig y que abastece de agua a medio país, ha asegurado a Diario 16 que la compañía “ya no tiene nada que ver con la causa” que impulsa el juez Pedraz. De esta manera, Aguas de Valencia trata de pasar página y desvincularse de una investigación judicial que le afecta muy directamente, aunque lo tiene complicado, sobre todo después de que Bankia Hábitat, personada como acusación particular en el procedimiento, haya solicitado dos años de cárcel para los Calabuig y la devolución de los más de 28 millones de euros que supuestamente perdió el banco en la compra de acciones de la constructora Costa Bellver, según publica Voz Pópuli. “El precio abonado por Bankia Hábitat por tales participaciones fue casi cinco veces superior al valor real. El detrimento patrimonial sufrido por mi representada es incuestionable”, aseguran los abogados de Bankia.

Las pesquisas judiciales se centran en Eugenio Calabuig. Los primeros pasos en el mundo de la construcción de este industrial no le impidieron vislumbrar que el negocio del futuro seguía estando, además de en el ladrillo y el cemento, en el agua, con cuya actividad ha levantado un gran emporio en toda España en las últimas dos décadas. En el año 1999 Calabuig, gerente de la promotora Fucsa (Fomento Urbano de Castellón), entró en el accionariado de Aguas de Valencia (AVSA) como miembro del consejo de administración y en 2007 se hizo con la presidencia de la compañía, sustituyendo al empresario Vicente Boluda. Calabuig había llegado al Olimpo de los empresarios más influyentes de la Comunidad Valenciana gobernada por el omnímodo Partido Popular, que ya tejía sus redes clientelares con la trama mafiosa Gurtel. Su riqueza alcanzó tal calibre que se le llegó a considerar algo así como el banquero de confianza de la Generalitat gobernada por el corrupto PP valenciano e incluso se permitió lujos al alcance de muy pocos, como prestar 50 millones de euros al Valencia CF al borde de la bancarrota para que el club pudiera pagar las nóminas de los jugadores. Basta abrir la página web del grupo empresarial Global Omniun, al que pertenece Aguas de Valencia, para comprobar el elevado concepto que la empresa tiene de su máximo gerente. “La llegada de Eugenio Calabuig a la presidencia de la compañía ha supuesto la estabilidad accionarial definitiva de la que es hoy una de las primeras empresas de capital español especializada en el sector del agua. En los últimos años destaca la expansión de la compañía en toda España, la apuesta por la innovación tecnológica y la internacionalización”, asegura el portal digital de Global Ominun.

Sin embargo, no todo han sido luces y éxitos en la carrera empresarial de Eugenio Calabuig. Con el estallido de la burbuja inmobiliaria y el colapso del sistema financiero español empezaron sus primeros embrollos judiciales. Tras el crack económico, la Justicia se propuso poner nombres y apellidos a los autores de los desmanes cometidos en los años de la crisis y Calabuig fue uno de los que quedaron señalados. En junio de 2012 el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), un organismo que se encarga de velar por el buen funcionamiento del sistema financiero tras el estallido de la crisis, decidió denunciar un importante agujero en las cuentas del Banco de Valencia (BdV) y el titular del Juzgado Central de Instrucción Número 1 de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, abrió una investigación a fondo. La cúpula directiva del banco y otros empresarios –entre ellos el propio Calabuig– desfilaron por el juzgado para declarar por supuestas irregularidades en la transferencia de capital de la entidad financiera a Aguas de Valencia. Inicialmente este dinero debía servir supuestamente para blindar a la compañía valenciana frente a la intención de CaixaBank y Aguas de Barcelona de controlar la empresa de Calabuig. De hecho, CaixaBank compró por un euro el Banco de Valencia tras la quiebra de la entidad financiera y su posterior nacionalización. Sin embargo, y pese al anuncio de Calabuig de que su intención era “valencianizar” AVSA para que “volviera a sus orígenes” mediante la entrada en el negocio de socios inversores levantinos –librándola así de la amenaza catalana–, en realidad la operación de compraventa de participaciones del Banco de Valencia a Costa Bellver no tuvo demasiados fines patrióticos sino más bien intereses particulares. De entrada, Pedraz investiga si se cumplió la ley bancaria al favorecer a la promotora inmobiliaria de los Calabuig, que impulsaba un ambicioso proyecto urbanístico consistente en la construcción de mil casas y un hotel en Oropesa.

Estas y otras operaciones de dudosa racionalidad económica generaron en aquellos años un supuesto agujero económico de más de 137 millones de euros al grupo Bancaja. Y todo ello pese a que el Banco de España había alertado sobre el elevado riesgo inmobiliario que entrañaban tales maniobras financieras.

Finalmente, en medio del sonado escándalo judicial, en 2016 Calabuig conseguía su añorado sueño de hacerse con el 33% de las acciones de Aguas de Valencia ‒que hasta ese momento controlaban la francesa Suez y Criteria (sociedad de inversiones de CaixaBank)‒ por un precio de 70 millones de euros. De esa manera su empresa, Fucsa, se hacía con el control del 97,35% del grupo AVSA. El 3% restante quedaba en manos de accionistas minoritarios. Calabuig había evitado la supuesta catalanización de AVSA de la que venía avisando persistentemente, pero ahora tenía un problema grave con la Justicia por sus actividades poco claras con el Banco de Valencia. Años después, Pedraz ha reactivado la investigación y la Justicia está cada vez más cerca de conocer el agujero real que dejaron los directivos de la entidad financiera levantina antes de terminar en la quiebra.

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