La Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dado carpetazo al caso de las preferentes de Bancaja, confirmando lo que ya decidió el juez instructor, Fernando Andreu, en su auto del pasado 17 de mayo. De esta manera, se consuma el archivo de un caso que afecta a miles de personas que han perdido sus ahorros. Queda por ver qué pasará con el otro recurso, el de las preferentes de Cajamadrid, que la Sala de lo Penal aún no ha resuelto, aunque Andreu también lo archivó en su día, de modo que es más que probable que el expediente siga el mismo camino: el del contenedor de basura de los juzgados. Tras estas resoluciones, miles de afectados pierden la esperanza de que les devuelvan el dinero algún día. De nada les ha servido recurrir el archivo del juez Andreu al considerar que fueron engañados, ya que les vendieron unos títulos financieros a sabiendas de que era imposible que pudieran obtener rentabilidad alguna. Se estima que el volumen total perdido por los accionistas de las preferentes asciende a más de 30.000 millones de euros desde el año 1999. Un dinero que va camino de no recuperarse jamás, ya que la Justicia española no ve indicio de delito. Por tanto se pasa página a un caso, el de las preferentes, que ha quitado el sueño (y en algún caso hasta la vida) a cientos de pequeños clientes que un día se fiaron de un simpático comercial que les vendía una ganga, un chollo, una bicoca, o como se decía antes: duros por pesetas.

A los afectados se les ofrecía buenos intereses a cambio de una contratación a perpetuidad, es decir un compromiso de inversión para toda la vida. Y cuando el sistema financiero se desplomó irremediablemente perdieron todos sus ahorros. Las preferentes fueron el símbolo de una época de corrupción, abusos y desmanes bancarios, un asunto sucio similar al del Banco Popular, curiosamente otro caso instruido por el juez Andreu que puede terminar en el baúl de los recuerdos, a tenor de la lentitud exasperante de la instrucción. De nada servirá la lucha de miles de preferentistas indignados que se sintieron estafados y que se echaron a la calle para exigir la legítima devolución de su dinero. De nada valdrá la investigación abierta contra esas cúpulas bancarias de Bancaja y Cajamadrid que idearon el tóxico producto financiero que arruinó la vida de tantos. De las preferentes solo nos quedará aquella imagen patética del hoy fallecido Miguel Blesa, expresidente de Cajamadrid, tratando de escapar de los enfurecidos clientes arruinados y poco más.

El auto de hoy confirma los peores augurios de las personas que perdieron su dinero. Según el auto de la Sala de lo Penal, el objeto del procedimiento era averiguar si se produjo una “planificación” por parte de las personas que componían los órganos directivos de las entidades querelladas para llevar a cabo la venta de las participaciones preferentes. Esto es, se trataba de determinar si “para paliar, retrasar u ocultar” de alguna manera el deterioro patrimonial sufrido por las entidades fusionadas en Bankia sus máximos responsables “utilizaron las participaciones preferentes como una manera de captar activos y de disfrazar la situación de insolvencia en la que se encontraban”, según el auto judicial. Y en ese punto la Audiencia Nacional considera que no se ha probado el delito de estafa, “que se caracteriza por un propósito inicial de incumplir lo pactado y obtener beneficio con el cumplimiento de la otra parte, situándose el engaño implícitamente en esa actuación inicial de incumplimiento”. Es decir, el tribunal considera que de haber habido engaño por parte de los responsables de las preferentes ello hubiera supuesto un conocimiento, en la propia fecha de emisión de los títulos, de que Cajamadrid iba a situarse en una situación de insolvencia que “despojaría de su inversión a miles de inversores, algo que no se ha acreditado ni siquiera indiciariamente”.

Efectivamente, al igual que el instructor Andreu, los magistrados entienden que la operación de emisión de preferentes fue absolutamente regular, ya que “había gozado de la autorización de la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)” desde el mismo en día que se registró el folleto informativo para los clientes. En ese papel se explicaba que las preferentes eran un producto financiero “complejo de carácter perpetuo”. Nunca se ocultó a los ahorradores el riesgo que entrañaban, según la Audiencia Nacional, pese a que grandes corporaciones financieras hacía tiempo que habían abandonado ese mercado por peligroso. Es decir, la Audiencia da por hecho que todos aquellos que suscribieron las preferentes –casi un millón de personas‒ sabían a lo que se exponían cuando firmaban, con independencia de que se tratara de familias vulnerables, ancianos, analfabetos que no podían entender las complejas cláusulas del contrato o incluso enfermos de Alzheimer.

La Audiencia Nacional también niega que se hubiera producido una situación de falta de liquidez en las entidades emisoras en el momento en que se lanzó la promoción, de forma que no es creíble que “quienes acordaron emitir las preferentes supieran que era imposible que los clientes pudieran obtener rentabilidad”. Sin embargo, según los afectados recurrentes, en 2009 Cajamadrid estaba “en quiebra técnica”, tal como consta en los informes de los inspectores del Banco de España, de manera que ya sabían que sus títulos estaban a la altura de los bonos basura. Y en 2001, el fiscal jefe Anticorrupción, Carlos Jiménez Villarejo, ya alertó de que podíamos estar ante un fraude colosal. Los afectados que han presentado el recurso desestimado han intentado probarlo, aportando a su escrito una serie de artículos de prensa en los que queda claro que, en aquellos años, la agencia de calificación Fitch advirtió sobre el escaso valor financiero de las preferentes. Nada de eso ha sido tenido en cuenta por la Justicia. La Audiencia Nacional rechaza las pruebas porque no fueron presentadas “ante el Juzgado instructor” en tiempo y forma.

Ningún argumento del recurso presentado por las víctimas del desaguisado de las preferentes ha sido suficiente para el tribunal. Así, no existen elementos en el informe pericial que permitan afirmar que la entidad emisora sufría un deterioro patrimonial. Y tampoco los informes del Banco de España evaluaron como hubiera sido preceptivo las cuentas de la entidad correspondientes al primer periodo del año 2009, de modo que no se detectó el agujero contable de 2011 que dio lugar a la caída en la cotización de Bolsa de Bankia y a la intervención por parte de las autoridades en 2012. Un tecnicismo jurídico tras otro, una eximente tras otra, una absolución tras otra. Y así es como se va echando tierra encima de uno de los mayores escándalos de la siempre protegida banca española. Que vayan poniendo a remojar sus barbas los afectados del Banco Popular. Porque el siguiente portazo en la cara se lo pueden dar a ellos.

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