La independencia constitucional del Poder Judicial que en sus últimas derivaciones supone la independencia de los jueces para adoptar aquellas resoluciones que estimen oportuno permite, por ejemplo, que una juez dé la vuelta a un macro caso a partir de lo instruido por su antecesora e incluso enviar a vía muerta algunas de las decisiones de aquella. La primera es la juez María Núñes Bolaños que ha sustituido en el Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla a Mercedes Alaya que comenzó la instrucción de tres grandes causas, ERE, formación y Caso Avales, que entre todos podrían alcanzar la cifra de 3.583 millones de euros defraudados.
Cientos de imputados o ahora investigados, dos exconsejeros de Empleo Empleo, Manuel Recio, Antonio Ávila y Antonio Fernández directores generales de la Junta, otros cargos y, como piezas señaladas, dos expresidentes de la Junta de Andalucía, Manuel Chaves y José Antonio Griñán.
Y también están o han sido investigados los sindicatos Unión General de Trabajadores (UGT), Comisiones Obreras (CCOO) y la patronal Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA-CEOE)
La nueva titular del 6, procedente de un Juzgado de Familia, ha procedido a trocear el bloque procesal y que construyó su antecesora rompiendo así el núcleo y las ramificaciones con lo que se mengua su envergadura. Además ha aparcado algunas líneas de investigación mediante la solicitud de informes a la Junta como, por ejemplo, los intereses empresariales del ex número dos del PSOE andaluz Rafael Velasco o el exconsejero de Hacienda Ángel Ojeda, ésta a las 24 horas de hacerse con la titularidad del Juzgado.
En el caso de Velasco la situación la decisión fue adoptada porque la Junta no había enviado los documentos requeridos… Y en cuanto a Ojeda, la medida positiva para él se adoptó a las 24 horas de hacerse cargo del tribunal.
