“La verdad es la verdad y no debe esconderse”. Son palabras del papa Francisco poco después de que se hicieran públicos a finales de 2014 los presuntos abusos sexuales sufridos por un menor de edad de Granada por parte de una decena de sacerdotes y dos seglares. El propio sumo pontífice llamó por teléfono al joven para disculparse por estos hechos tras recibir una carta manuscrita de él. Desde entonces, la Iglesia católica que rige Jorge Bergoglio ha echado un tupido manto de silencio sobre estos presuntos delitos pese a que mantiene abierta la investigación eclesiástica ya que, a diferencia de la justicia civil, los delitos denunciados no prescriben para el derecho canónico. Además, los diez párrocos no investigados por la justicia ordinaria por prescripción de los supuestos delitos de pederastia siguen al frente de sus respectivas parroquias a día de hoy. Diario16.com ha solicitado sin éxito a la Archidiócesis de Granada los avances sobre su investigación interna para el proceso canónico.
La Archidiócesis granadina ha suspendido supuestamente a tres de los diez curas denunciados por el joven Daniel, que inició con esta denuncia el mayor caso de pederastia eclesiástica en la Iglesia española. Pese a todo, este dato aún no es confirmado ni desmentido por la Archidiócesis de Granada, a la que el propio Francisco en persona conminó a investigar el caso después de invitar a la presunta víctima a denunciar el caso en los tribunales. Desde entonces, el silencio de la Iglesia española es total.
La Audiencia granadina solicita penas de entre 9 y 26 años de prisión para el padre Román por abusar de un menor durante años
Daniel, nombre supuesto del joven granadino que denunció, sufrió presuntos abusos sexuales por parte de estos sacerdotes entre los años 2004 y 2007 cuando tenía entre 14 y 17 años. En la actualidad tiene 27. Este lunes ha comenzado en la Audiencia Provincial de Granada el conocido como caso Romanones, por el que la justicia sienta en el banquillo de los acusados al sacerdote Román M. V. C., de 63 años, y le solicita penas de entre nueve y 26 años de prisión. Durante nueve sesiones, desde este lunes 6 hasta el próximo 21 de marzo, un total de 40 testigos y 14 peritos declararán en la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Granada para intentar probar si el padre Román es culpable o no.
Otra decena de curas y dos seglares fueron imputados inicialmente en la causa, auque posteriormente se archivaron sus casos al haber prescrito los presuntos delitos. La Iglesia católica continúa pese a todo con la investigación, auque todos los curas mantienen sus puestos en sus respectivas parroquias.
En noviembre de 2014 salió a la luz pública el caso después de que el joven denunciante enviara una carta personal al papa Francisco al Vaticano informándole de los presuntos abusos sexuales sufridos por lo que consideraba un clan perfectamente organizado para abusar sexualmente de él. El enjuiciado ahora en Granada era el supuesto líder de un grupo de curas y seglares, hasta diez religiosos más y dos laicos, que abusaron de forma continuada del joven entre los años 2004 y 2007.
Diez curas que fueron exonerados por prescripción de los delitos siguen hoy en sus parroquias
La presunta víctima de los abusos sexuales declara en la primera sesión del juicio, que se inicia este lunes. El martes 7, la vista oral continuará con la declaración de siete testigos, el miércoles lo harán otros dos, incluido el denunciante, y el próximo viernes 10 está prevista también la declaración como testigo del propio arzobispo de Granada, Javier Martínez, quien ha mantenido en todo momento una actitud esquiva, completamente contrapuesta a la supuesta “transparencia” que pedía el papa Francisco para aclarar todo el asunto.
La defensa del cura Román ha solicitado para su cliente su absolución y que el denunciante pague las costas, además de reclamar la nulidad del expediente canónigo. Durante la primera sesión del juicio iniciado este lunes 6, la defensa del sacerdote, ejercida por el abogado Javier Muriel Navarrete, ha aportado al tribunal una carta remitida por Secretaría de Estado del Vaticano en la que comunica su confianza “en el principio de inocencia e independencia absoluta de los tribunales”. También ha reclamado sin éxito la nulidad de una parte del expediente canónico. El único imputado en esta causa ha negado durante su intervención cualquier veracidad en los hechos denunciados y ha negado mantenido contacto sexual con el denunciante o con otros jóvenes. “No, en absoluto, en absoluto, nunca”, dijo contundente el acusado.
La Fiscalía, por su parte, lo acusa de un delito de abuso sexual continuado, agravado por el resultado de acceso carnal, y reclama una pena de nueve años de prisión, prohibición de aproximarse a menos de cien metros y prohibición de comunicarse durante diez años. El Ministerio Fiscal solicita también en concepto de responsabilidad civil que Román indemnice al joven presuntamente abusado en 50.000 euros por daño moral.
La acusación particular, que es ejercida por el denunciante, le culpa de tres delitos de abuso sexual, con una petición de penas de 26 años de reclusión, prohibición de aproximarse a menos de 500 metros y prohibición de comunicarse durante 20 años, así como una indemnización de 50.000 euros en concepto de responsabilidad civil por daño moral.
La acción popular está ejercida por la Asociación Pro Derechos del Niño y la Niña (Prodeni) y acusa al padre Román de un delito continuado de agresión sexual, con intimidación, violencia y prevalimiento y con acceso carnal. Solicita para él 15 años de prisión e inhabilitación absoluta. También exige la privación de vivir en el lugar en que resida la víctima y la prohibición de aproximarse y comunicarse con la víctima también durante 15 años. En concepto de responsabilidad civil, reclama una indemnización de 75.000 euros por daño moral.
El arzobispo de Granada, Javier Martínez, ha mantenido en todo momento una postura distante con el caso de presunta pederastia eclesial en el seno de su archidiócesis, y en estos momentos sigue sin desvelar en qué punto se encuentra la investigación interna que se mantiene abierta con los sacerdotes ya exonerados por la justicia ordinaria al haber prescrito los supuestos delitos. Todo ello pese a la exigencia de transparencia y tolerancia cero ordenada por el propio papa Bergoglio respecto a los casos de abusos sexuales en el seno de la Iglesia.
Este viernes, el arzobispo de Granada declarará en calidad de testigo. No es la primera vez que monseñor Martínez debe pasar por un trámite judicial, ya que en 2007 fue condenado por el Juzgado de lo Penal número 5 de Granada al pago de una multa de 3.750 euros por un delito de coacciones y una falta de injurias contra un sacerdote que lo denunció.
El arzobispo de Granada fue el primer prelado que se ha sentado en un banquillo de los acusados en España y que fue por además condenado por un delito, referido a la intimidación que ejerció sobre un sacerdote, Javier Martínez Medina, para que paralizara la publicación de un libro sobre la catedral de Granada.
