Las 18 personas acusadas en el caso Nóos, entre ellas la infanta Cristina y su esposo, Iñaki Urdangarin, ocupan ya sus asientos de acusados en la sala del juicio que comienza hoy lunes 11 y que se celebra en la Escuela Balear de la Administración Pública (EBAP), en Palma de Mallorca. El tribunal juzga la presunta trama urdida para beneficiar con fondos públicos a entidades creadas por Urdangarin y Torres que percibieron unos 3,5 millones de las administraciones valencianas, 2,5 millones del Govern balear y 114.000 euros en donaciones simuladas del Ayuntamiento de Madrid, informa Efe.

La Fiscalía Anticorrupción y la Abogacía del Estado pidieron que la causa fuera sobreseída para la infanta, aunque la consideran responsable civil a título lucrativo: por haberse beneficiado de 587.413 euros en el primer caso y de 168.571 euros según los representantes legales de Hacienda.

Urdangarin se enfrenta a una petición de condena de 19 años y seis meses de cárcel por parte de la Fiscalía Anticorrupción y de 26 años y seis meses por parte de Manos Limpias. También lo acusan la Abogacía de la comunidad autónoma de Baleares, que pide ocho años; la Abogacía del Estado que pide que cumpla tres años y seis meses, y los socialistas del Ayuntamiento de Valencia que reclaman una condena de 11 años para el marido de la infanta. Las acusaciones lo consideran responsable de utilizar el Instituto Nóos y entidades satélites para saquear fondos de las instituciones públicas de Baleares (2,5 millones), Valencia (3,5 millones) y Madrid (114.000 euros). Está acusado de tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude, estafa, falsedad, delitos contra Hacienda y blanqueo de capitales.

Los acusados y sus abogados han ido llegando a primera hora de la mañana y el más madrugador ha sido el abogado de Iñaki Urdangarin, Mario Pascual Vives, que lo ha hecho a las 07:50. La infanta Cristina y su marido han llegado juntos a las 08:10 y han pasado, como el resto de acusados y letrados, el preceptivo arco de seguridad.

Ninguno de los acusados ni los abogados han realizado declaraciones, a excepción de la letrada de Manos Limpias, Virginia López Negrete, que ha confiado en que la infanta no quede exonerada en aplicación de la doctrina Botín, que ha calificado de anacrónica. También el juez que instruyó la causa, José Castro, se ha manifestado en la Cadena Ser en contra de que se aplique esta doctrina Botín en este caso concreto.

En la sala del juicio, la infanta Cristina está sentada en un extremo de la tercera y última fila de los encausados, donde también se encuentran su marido, Iñaki Urdangarin, y su socio en el instituto Nóos, Diego Torres. También están en esta última fila de acusados el ex secretario de Nóos y cuñado de Torres, Miguel Tejeiro, y el ex vicealcalde de Valencia Alfonso Grau y el asesor fiscal Salvador Trinxet Llorca.

En la primera fila están el ex director general de Deportes José Luis Pepote Ballester; el ex director de la Fundación Illesport Gonzalo Bernal; el exdirector del Instituto Balear de Turismo Juan Carlos Alía; el ex secretario de dicha entidad Miguel Ángel Bonet; el ex presidente del Govern balear Jaume Matas y el que fuera contable de Nóos y cuñado de Torres, Marco Antonio Tejeiro.

En la segunda fila se encuentran el ex director del Instituto Valenciano de Finanzas Jorge Vela; la ex responsable jurídica de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia Elisa Maldonado; el ex director de dicha entidad José Manuel Aguilar; el ex secretario valenciano de Turismo Luis Lobón; la ex consejera delegada de la candidatura olímpica Madrid 2016 Mercedes Coghen y la esposa de Diego Torres y responsable de personal de Nóos Ana María Tejeiro.

La defensa de la hermana del Rey solicitará al tribunal que la exonere de la acusación de delito fiscal porque sostiene que la única parte acusadora que la mantiene, el sindicato Manos Limpias, no está legitimada para sentarla en el banquillo. La infanta está acusada como cooperadora en dos delitos fiscales de su marido. Manos Limpias pide que sea condenada a 8 años de prisión, pero los abogados reclamarán que sea exculpada en aplicación de la doctrina Botín.

Roca y Silva pedirán la estricta aplicación del artículo 782.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y de dicha doctrina fijada por el Tribunal Supremo en 2007, en virtud de la cual la acusación popular no está legitimada en solitario para sentar a alguien en el banquillo por delitos fiscales.

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