¿Ha contado alguien cuántas facultades de Medicina, construidas entre los siglos XVI y XX, hay en la actualidad en España? ¿Cuántas había en 1976? La cifra en sí misma no es importante. Lo que importa es que incluso si acertamos en el número de las facultades, el porcentaje de ellas creadas en el siglo XXI, coincidiendo con la implantación de Bolonia, es ciertamente significativo. Fíjense, si aún no lo han hecho, en el dato: han pasado de 28 a 42 en una década, y el incremento se ha dado fundamentalmente en las facultades de Medicina privadas.

Nuestro sistema universitario debería constituir un baluarte contra las desigualdades, a pesar de los efectos de los recortes en inversiones y en personal de los últimos años. Pero eso es cierto solo a medias. En el sistema de acceso a las facultades de Medicina hay grandes injusticias. En concreto, si se compara el acceso a las facultades públicas y a las facultades privadas. Como se sabe, las notas de acceso son muy diferentes, según se trate de unas o de otras, lo que favorece a los estudiantes de familias con más medios económicos y contribuye a enquistar la percepción de desigualdad, que crece de manera importante en nuestro país.

Todo esto hace que la formación médica y la creación de facultades de Medicina hayan generado un gran interés entre los distintos actores, médicos, profesores y directivos. Se trata de aspectos importantes, que nos parece que en general siguen sin entenderse de la misma manera por todo el mundo.

El proceso de creación de un nuevo grado de Medicina es, en esencia, el siguiente: cuando una universidad lo solicita, si recibe el informe positivo de la Aneca o de la agencia autonómica de evaluación, que es un informe técnico, no suele haber problemas por parte del Consejo de Universidades ni de las comunidades autónomas. Solventados los requisitos técnicos, prácticamente nada impide que se apruebe un nuevo grado. Lo que resulta particularmente sorprendente de la reciente proliferación de facultades es que ésta se está produciendo a pesar de los intentos insistentes del Consejo Estatal de Estudiantes de Medicina y de la Conferencia de Decanos por impedir la apertura de nuevos centros. Debería ser obvio que para hacer que una reglamentación funcione, es necesario respaldarla con una dosis adecuada de sentido común. Pero, en lugar de adaptar la realidad a las preocupaciones de los agentes implicados, los organismos responsables han recurrido a la estrategia de aumentar el número de facultades por encima de lo admisible.

Parece claro que solo se debe aprobar una facultad privada si además de programa, profesorado, biblioteca y laboratorios, tiene donde hacer las prácticas clínicas; naturalmente en centros privados. Nunca se debería permitir ni haber permitido su crecimiento desmesurado a costa del sistema público. Y, desde luego, hay que evitar que se dé el caso de un hospital que prefiera alumnos privados a los públicos, cuando además los primeros han llegado con una nota de corte muy inferior.

La planificación de la formación en Medicina es, sin lugar a dudas, un asunto de Estado, sobre todo a partir de la puesta en marcha de nuestro sistema sanitario público, en la segunda mitad del siglo XX. Pero hay un problema. La formación de los profesionales de la salud procede de una situación compleja, engendrada con un pecado original: la formación universitaria de los futuros médicos es responsabilidad del Ministerio de Educación, mientras que la formación de los futuros especialistas en los hospitales es responsabilidad del Ministerio de Sanidad. La coordinación debería producirse a través de las denominadas Comisiones Mixtas (Universidad–Servicios de Salud) de las comunidades autónomas. Para quien esté pensando que esta historia de la responsabilidad compartida es anecdótica, como si fuera una especie de peculiaridad española sin importancia y como algo que no afecta al resultado final, le diremos que esa extravagancia es la característica esencial de nuestro modelo de formación de médicos.

Sin embargo, el futuro de nuestra sanidad pública depende en gran medida de que seamos capaces de asegurar una buena formación, que se inicia en la universidad y se continúa en los hospitales y en el conjunto del sistema sanitario, primero en la especialización MIR y luego en una formación permanente. La disminución drástica del profesorado en las facultades de Medicina con el abuso de la precariedad y de la figura del profesor asociado (el 54% del total, según la Aneca) y, lo que es peor, del colaborador docente (que trabaja por amor al arte: no cobra), no nos invita a ser optimistas.

Los buenos resultados de nuestro sistema de salud no hubieran sido posibles sin la formación que las universidades dieron tradicionalmente a los estudiantes de Medicina, pero las facultades, carentes de una financiación adecuada y sin profesorado, no pueden desarrollar correctamente su función. Paralelamente, el número creciente de facultades privadas, con la convivencia de alumnos de públicas y privadas en los hospitales clínicos, satura las prácticas hospitalarias, con lo que las disfunciones y problemas en las prácticas clínicas de los alumnos están a la orden del día. Como consecuencia, los conflictos están servidos: ha habido jefes de servicio de hospitales públicos que han manifestado públicamente su preferencia por tener alumnos en prácticas de las facultades privadas “porque pagan”, creando un agravio comparativo grave con los alumnos de la universidad pública.

Desde la implantación de Bolonia, la táctica de las clases altas, que tienen una propensión mayor a ir a la universidad, ha cambiado: se ha impuesto un modelo de creación de universidades privadas (10 con grado de medicina; la mayoría de reciente creación) que es, en su conjunto y en la práctica, la quiebra de la igualdad de oportunidades. Bolonia coincidió con la crisis financiera de 2008, con una reducción drástica de fondos y con el inicio y consolidación de una política bien definida de precarización del profesorado. Con la crisis, ha quedado en segundo plano, como es habitual, lo importante: han pasado desapercibidos los verdaderos objetivos del llamado “Plan Bolonia”, que consisten en propiciar un trasvase de influencia y de recursos hacia las universidades privadas, creadas al calor de la mercantilización de los planes a la boloñesa. La amplia variedad de efectos secundarios derivados de la implantación de Bolonia es de sobra conocida.

Paralelamente, la crisis del estado social pone en peligro la formación y el ascensor intergeneracional. Con el descenso de inversión pública en educación y sanidad se puede decir que las posibilidades de acceso a una buena formación y a unos buenos niveles de salud son menores. En España, además, el nivel académico de los padres influye de manera determinante en el nivel educativo de los hijos. Ya se sabe que generalizando corremos el riesgo de simplificar. Pero cuando escribimos así no exageramos: no olvidemos que esto ha sido investigado con datos convincentes, entre otros, por Manuel Valdés, del Instituto Nacional de Estadística (UniverSÍdad, 22/10/18) y Carlos Gil, investigador en Sociología del Instituto Universitario Europeo de Florencia (El País, 12/09/18). En España, además, el motor del ascensor social se ha desplazado desde el esfuerzo hacia el dinero desde que la inversión en educación ha relegado a la educación pública a un segundo plano. No se puede olvidar que llueve sobre mojado, desde que en la enseñanza secundaria se ha decidido poner a la concertada sobre la pública.

Se podría argüir a todo esto que no hay suficientes plazas para la enseñanza, tanto en secundaria como en la universidad. Pero eso sería ignorar el momento histórico al que hemos llegado, en el que la igualdad de oportunidades debiera estar en el centro de la actuación política.

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