La concesión de títulos honoríficos a figuras religiosas, que no jurídica, son derechos y obligaciones que ponen en tela de juicio la aconfesionalidad por la que aboga la Constitución.

La concesión de la Medalla de Oro al Mérito Policial que el Ministerio del Interior, con Jorge Fernández Díaz al frente, impuso en 2014 a Nuestra Señora María Santísima del Amor ha suscitado un profundo debate sobre la idoneidad de la figura de alcalde o alcaldesa perpetúa en un Estado que presume ser laico. La propuesta, presentada por su agrupación religiosa, y como mérito a la ayuda brindada a la Policía Nacional en actos de Semana Santa, fue evaluada favorablemente por la Dirección General de la Policía y aprobada por el Ministerio del Interior.

Esta condecoración fue decretada el 18 de junio de 1943 por Franco. En la actualidad está regulada en la ley 5/1964, de 29 de abril sobre condecoraciones policiales. Son sujetos meritorios de tal condecoración miembros y funcionarios de los Cuerpos que integran la Policía Gubernativa, otros componentes de los restantes Cuerpos y Unidades integrados en las Fuerzas de Seguridad del Estado  y, excepcionalmente, las personas ajenas cuando se constate que, con sus destacadas acciones, favorecen la defensa del orden de las personas o de la propiedad. Ya se ven en estas líneas que la Virgen del Amor no es una persona ni forma parte de ningún cuerpo de la Policía o de las Fuerzas del Estado. Ya se hablaba en el gobierno de Zapatero que el reparto de estas medallas era una lotería intencionada.

La Fundación Esther Koplowitz, el presidente de Iberdrola y el expresidente de La Caixa o altos directivos de El Corte Inglés, Vodafone y Telefónica poseen Medalla al Mérito Policial.

Pero hay más. Hay una serie de requisitos fundamentales que se deben cumplir para ser poseedor de este título honorífico:

a) Resultar muerto en acto de servicio o con ocasión de él, sin menoscabo del honor; ni por imprudencia, impericia o accidente.

b) Resultar con mutilaciones o heridas graves de las que quedaren deformidad o inutilidad importante y permanente, concurriendo las mismas condiciones señaladas en el párrafo anterior.

c) Dirigir o realizar algún servicio de trascendental importancia, que redunde en prestigio de la Corporación, poniendo de manifiesto excepcionales cualidades de patriotismo, lealtad o abnegación.

d) Tener una actuación ejemplar y extraordinaria, destacando por su valor, capacidad o eficacia reiterada en el cumplimiento de importantes servicios, con prestigio de la Corporación.

e) Realizar, en general, hechos análogos a los expuestos que, sin ajustarse plenamente a las exigencias anteriores, merezcan esta recompensa por implicar méritos de carácter extraordinario.

Aun obviando el carácter no físico ni jurídico de la deidad y teniendo en cuenta los puntos anteriormente citados, la cofradía que contribuyó con su labor a las autoridades policiales no supone una actuación extraordinaria ni de trascendental importancia. Y aunque la Audiencia Nacional se encuentra actualmente revisando esta concesión tras el litigio presentado por la asociación Europa Laica, lo cierto es que la Virgen sigue aferrada a su título. También el Congreso de los Diputados se hizo eco de tamaña acción a través de una pregunta del exdiputado Gaspar Llamazares en una sesión de control de la acción gubernamental.

Es importante recordar, al hilo de todo esto, que España es laica, según el artículo 16 de la Constitución. Sin embargo, no es la primera vez que el Gobierno hace entrega de condecoraciones. En 2011, la secretaría de Estado para la Inmigración y la Emigración distinguía al obispo emérito José Sánchez con la Medalla de Honor de la Emigración. Al año siguiente, las autoridades oficiales hacían entrega de la Gran Cruz de la Guardia Civil a la Virgen del Pilar (gozaba desde 1994 con la Cruz de Oro). Y en 2014 de nuevo el ministro de Interior depositaba la Medalla de Oro al Mérito Social a la Orden de la Merced “por su labor pastoral en las cárceles españolas”.

La cosa no acaba aquí porque también existen condecoraciones a nivel local, como los cientos de municipios que tienen como máximo regidor perenne y/o honorífico a una virgen o un santo lleva a cuestionar ese laicismo que tanto predica en la teoría el ordenamiento jurídico español. También lleva a preguntarse hasta qué punto existe una interdependencia entre poder y religión (católica).

Andalucía es famosa en el gusto por esta tradición. En sus alcaldías hay numerosos ejemplos de imágenes honoríficas y perpetuas que representan deidades católicas. No importa que la inclinación del partido a votar por esta imposición, tanto PP, como PSOE, IU o el ya difunto Partido Andalucista, son habituales en estos en la politización de las vírgenes. En concreto, existen 100 municipios andaluces que han honrado con honor y distinción a entes religiosos (medallas de oro, alcaldía perpetua u honoraría, condecoraciones militares, Hijo adoptivo).

Almería tiene 10 patrones ulteriores, 20 en Cádiz, 10 en Córdoba, 20 en Granada, 8 en Huelva, 11 en Jaén, 21 en Málaga, 14 en Sevilla. En el resto de España, Albacete (1), Alicante (4), Asturias (1), Cáceres (1), Cantabria (1), Ciudad Real (1), Cuenca (1), La Rioja (1), Madrid (3), Melilla (1), Murcia (4), Palencia (1), Tenerife (2), Toledo (1), Valencia (4) y Valladolid (1). En resumen, en Andalucía se estila otorgar la máxima responsabilidad política a una figura religiosa católica

Bastón de mando de la Virgen Nuestra Señora de los Reyes, alcaldesa perpetua de Sevilla. Fuente: Oclisé.

La lista es considerablemente larga y en casi todos los municipios de las provincias andaluzas hay al menos, una. Al menos porque, en algunos casos, hay dos. Como en la localidad jienense de Navas de San Juan, donde la vara de mando está compartida entre la Virgen de la Estrella y San Juan Bautista. O en Cádiz capital, con Jesús Nazareno como alcalde perpetuo y Virgen del Rosario como su homóloga. También se dan ejemplos de municipios que comparten una misma patrona, como Gádor y Roquetas de Mar, ambos en Almería, con la Virgen del Rosario al frente perpetuo del consistorio. También los almerienses Fondón y Viator comparten regidora, la Virgen de las Angustias. Esta provincia es una de las que más cargos ha dejado en manos de la divinidad: San Roque como patrón regidor de Félix, Virgen del Rosario gobierna Macael y la del Carmen hace lo propio en Cuevas de Almanzora. En todas ellas, el PP ha inclinado la balanza a favor de estos nombramientos, ya sea a golpe de mayoría absoluta, ya sea con apoyo de otros partidos.

Los datos proporcionados y casi exhaustivos (completados por nosotros) por la asociación Europa Laica sostienen que el PP ha intervenido con sus votos en 69 municipios, bien en solitario, bien en consonancia con esos otros partidos, casi siempre con el PSOE, pero otras veces en alianza también con socialistas y IU, UPyD o el PA. En otras ocasiones, los populares se han negado a formar parte de esta tradición político-religiosa y el PSOE, con ayuda de otras formaciones, es la que ha llevado adelante su propuesta, como podemos ejemplificar en Villamartín (Cádiz), Las Gabias (Granada), Antequera (Málaga) o Camas y La Rinconada (Sevilla). Y en los casos del municipio sevillano Morón de la Frontera y onubense Ayamonte, el PSOE consiguió oficializar su iniciativa a pesar del obstáculo de los populares, entre otros.

La Virgen del Carmen es patrona y alcaldesa perpetua de Prado del Rey (Cádiz). Fuente: La Voz Digital.

Sin embargo, la entrega de méritos políticos, militares o policiales no es una rutina nueva, sino que viene de atrás, del franquismo. De esta forma, la Virgen de los Milagros del municipio gaditano El Puerto de Santa María debe su título a los alcaldes del régimen Franco; en este período también son la Virgen del Rosario de Cádiz y su fajín, la Virgen de la Piedad de Baza, Granada y muchas otras que recuerda el observatorio laico, como la Virgen de la Paz de Medina Sidonia, la Virgen del Carmen de San Fernando, Nuestra Señora de la Cinta Coronada de Huelva o la Medalla de Oro de la Virgen de la Virgen de los Dolores de Camas.

La concesión de títulos honoríficos a figuras religiosas, que no jurídica, son derechos y obligaciones que ponen en tela de juicio la aconfesionalidad por la que aboga la Constitución. La política se llena de espiritualidad, fervorosidad y misticidad, lo que supone, además del cuestionamiento de la máxima norma jurídica, un ataque al resto de religiones, las cuales tienen derecho a ser representadas institucionalmente por igual. La exaltación católica de las administraciones públicas sigue relegando a otras confesiones a un segundo plano en un país que apuesta por la protección de todas ellas. Porque a día de hoy aún no se dan condecoraciones de instituciones públicas de ningún tipo a imágenes y deidades islámicas, judías o protestantes, por ejemplo, en España.

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