La desconcertante Operación Nazarí

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  • Pepe Torres Hurtado se sigue creyendo inocente, que ha sido víctima de una operación de acoso y derribo desde su propio partido.
  • Jacobo de la Rosa, el funcionario que compró un yate llamado “No problem”

Un mes después de la ejecución policial de la Operación Nazarí en Granada, tutelada desde el Juzgado Nº 2 de la capital y coordinada por la Fiscalía de Medio Ambiente, los ordenadores y dispositivos electrónicos incautados en los registros no han sido desprecintados y copiado su contenido ante la presencia de la autoridad judicial, tal y como le Ley contempla.

Sí parece que la Policia Judicial tenía prisa, tres días después de las entradas y registros, al intentar entrar en el artilugio de Apple de uno de los investigados. Así al menos consta –documentado– en una denuncia presentada al día siguiente por los investigados ante una supuesta vulneración de derechos fundamentales por parte de la fuerza actuante.

Aquella noche, uno de los dispositivos vinculados de Apple, emitió una alarma indicando que se había accedido al aparato. La geolocalización activada llevó al propietario, sobre el plano de la ciudad Granada, a la sede de la Jefatura del Cuerpo Superior de Policia.

Este es solo uno de los muchos incidentes denunciados – posible ruptura de la cadena de custodia– por los afectados en estas últimas cuatro semanas donde todo cambió en Granada.

Hay otras “incidencias” que no podrán demostrarse, como unos rumoreados supuestos “intentos de pacto” por parte de la Fiscal con uno de los investigados, empresario, al que se le habría ofrecido como contrapartida por su colaboración como testigo de cargo contra los encausados, desimputar a un familiar de primer grado incurso también en el procedimiento.  Las fuentes que creen conocer esta incidencia cuentan que “el empresario no se avino a ese pacto con Fiscalía”.

De ser cierto este planteamiento por llegar a un acuerdo para reforzar la acusación, creen algunos de los investigados, se demostraría la debilidad de la acusación que no dispondría de pruebas contundentes que sostengan “el desaguisado que ha hecho la Udef en Granada”.

Efectos políticos fulminantes

La Operación Nazarí, efectivamente, ha sido una de las pocas actuaciones de la Justicia en Andalucía que ha tenido consecuencias políticas excepcionalmente fulminantes, algo que llama la atención tratándose del mismo PP donde milita doña Rita Barberá.

En un mes, Granada, ha cambiado de alcalde, arrojando al PP del gobierno municipal después de 13 años y desde un cuatripartido ( C´s, IU, Podemos y PSOE)) han apoyado como alcalde al candidato de la segunda fuerza política, el PSOE, con 8 concejales. Además, como consecuencia política de este sumario hay que anotar la crisis interna abierta en el propio PP.
Torres Hurtado, antes de irse como le exigía públicamente el partido, puso como condición que también dimitiese Sebastián Pérez, su número dos como Primer Teniente de Alcalde y lo más trascendental, presidente provincial del partido y senador. Un movimiento de fichas, a la vista de todos, que destapó la cruda realidad en la que estaba sumido el PP en Granada hace años, dividido en dos banderías que, por lo que se ha visto, eran absolutamente irreconciliables.  Por fuera, hay que sumar los bandazos de Ciudadanos y su portavoz Luis Salvador, finalmente obligado desde Madrid a darle la alcaldía al PSOE de Susana Díaz.

Pepe Torres Hurtado, que tras declarar este jueves sigue sin saber cuales han podido ser sus delitos porque dice haber delegado siempre los temas de Urbanismo como alcalde, cuentan que está muy rebotado con los dirigentes regionales y nacionales del partido. Fuentes cercanas al excalcalde consideran que “Pepe no se merecía las formas utilizadas para pedirle un paso atrás. En vez de llamarle y pedirle explicaciones, va y se entera por los periodistas que Juanma Moreno ha puesto fecha de caducidad a su carrera política exigiéndole la dimisión inmediata”.

Así, el Delegado del Gobierno más sobresaliente que el PP ha tenido en Andalucía, diputado, senador, alcalde y, sobre todo, una de las cabezas visibles de la derecha política andaluza, especialmente cercana al sector rural, empezó a atar cabos y buscar explicaciones a lo que le estaba pasando.
Por mucho que analizó la situación la única explicación lógica le conducía solo a articular una hipótesis conspiradora, cuyos máximos responsables estarían en su propio partido y, fundamentalmente, en el gobierno.

Un Pepe Torres sorprendido, que horas antes de ser detenido al amanecer se divertía con otros alcaldes andaluces en la Feria de Sevilla, al que los investigadores pretenden situar como partícipe mercantil en sociedades inmobiliarias beneficiadas por su gobierno municipal.

Torres no entendía nada porque nunca antes, ni siquiera a nivel de rumor, nadie le alertó de que aquel asunto del centro comercial Serrallo le podría salpicar directamente a él, no a su concejal de Urbanismo que ya lo estaba.
Y todo eso sucedía en una de las pocas ciudades españolas sometidas, por razones más que obvias, a un control permanente y constante de los más importantes servicios de información del Estado, dirigidos desde el gobierno en funciones por su propio partido.

Nadie les alertó

En esas primeras reflexiones de su obligado retiro, Torres Hurtado, quizás llegase a la conclusión desde su metabolizada inocencia, que le habían dejado caer, que era la víctima a batir, que ya no gozaba de apoyos en el partido. Pero ¿por qué?. Tanto el ministro del Interior, Jorge Fernandez Díaz y la propia vicepresidenta Soraya Saez de Santamaría, tendrían  mucho que contar sobre lo que le estaba pasando. Incluso su viejo amigo Antonio Sanz, actual Delegado del Gobierno tuvo que saber, con antelación, lo que se iba a realizar en Granada con un despliegue policial absolutamente desproporcionado que a Pepeto tuvo que recordarle al que se montó para detener al Comando Andalucía de ETA, el mismo que asesinó al matrimonio Jimenez Becerril/García Ortiz.

Torres seguramente se acordaría de infinidad de operaciones de policía judicial de cierto relieve que le tocó en su época de delegado. Y siempre, horas antes, supo lo que iba a suceder, donde y a quien le iba a afectar.
Una pregunta le corroía el alma de militante popular desde la época de AP, ¿que nadie del partido me haya alertado de nada, supone que sospechan de mi implicación y culpabilidad? La respuesta, seguramente afirmativa, tortura al “tractorista de Píñar” desde hace un mes.

Jacobo de la Rosa, hombre clave

Al margen de los efectos políticos, en el plano estrictamente judicial, estamos ante el típico asunto que abre la Fiscalía dando curso a una denuncia impulsada por un particular que, una vez investigada, es asumida por un juzgado de instrucción.

En base a lo que se está conociendo, una de las personas que aparece como denunciante más destacado, una especie de testigo de cargo o protegido por Fiscalía, es Jacobo de la Rosa Herrera, exdirector general de Urbanismo.  La trayectoria de este personaje quizás ayude a contextualizar parte de lo que hay detrás de la Operación Nazarí.

Este arquitecto, funcionario municipal, aparece a su vez denunciado por la propia concejal dimisionaria Isabel Nieto el 28 de abril pasado ante el Juzgado de Guardia. La reunión de material para sustentar la denuncia contra Jacobo de la Rosa se inició el día de San José, 19 de marzo pasado, cuando solo habían saltado los primeros chispazos que afectaban a la concejal.
En el texto de la denuncia, sustentada en evidencias reunidas y en las investigaciones patrimoniales realizadas por la agencia de detectives Adas, por encargo de la propia concejal, se desgrana la biografía profesional y empresarial del Sr de la Rosa, trufada de sospechas dignas de una investigación judicial a fondo.

Efectivamente, en la denuncia se enumeran datos relativos a actividades empresariales particulares en el sector inmobiliario del Sr de la Rosa, incompatibles legalmente con su estatus de DG de Urbanismo del Ayuntamiento de Granada.

Un tipo con algo más de 50 mil euros de sueldo anual que, a lo largo de estos años ha acumulado un impresionante patrimonio con lujosas casas en Granada (344 metros cuadrados) y dos de veraneo, un duplex en Almuñecar y una vivienda en Almerimar  con 315 metros cuadrados.

Todo desde una empresa, Jabeque, en la que aparece su esposa como responsable formal, con altísimas facturaciones en estos años y cuya actividad está domiciliada en el hogar familiar de ambos en Granada.

Según de desprende de la denuncia, el Sr de la Rosa, ha mantenido un tren de vida fuera de lo que sería normal con su sueldo de funcionario público. Un ejemplo. Se llegó en encaprichar de un yate llamado “No problem” y acabó comprándolo y cambiándole el nombre dos veces más, manteniéndolo amarrado en el puerto ejidense de Almerimar en Almería. Con capacidad para 10 personas, 11,60 metros de eslora y 3,70 de manga. El yate de recreo, regalo familiar en las navidades de 2005, acabó bautizado finalmente con el nombre de la empresa de Jacobo de la Rosa, “Jabeque del sur”, la gallina de los huevos de oro del funcionario.

Chantajes a empresarios

Isabel Nieto, en su denuncia, sitúa las primeras sospechas sobre Jacobo de la Rosa a partir del año 2003 que “comienzan a llegar al Área de urbanismo noticias sobre actividades presuntamente ilícitas que el Sr. De la Rosa venía llevando a cabo gracias al cargo que ostentaba y que al parecer  diferentes promotores y constructores asumían y callaban”. (…) “Para ello el Sr. De la Rosa crea en 2003, una sociedad llamada JABEQUE  Granada S.L., cuyo objeto social es la intermediación en operaciones inmobiliarias, obtención, encargo y tramitación de proyectos, asesoramiento inmobiliario, gabinete de estudios, consultas inmobiliarias y urbanísticas , realización de informes, adquisición de solares para edificación o rehabilitación, entre otros”.

Sitúa al frente de la sociedad a su  esposa, “ama de casa, sin cualificación, aparece como socia y administradora única, mientras que el marido aparece como secretario en algunas anualidades y en otras como socio”.

La empresa, sin trabajadores dados de alta, ha venido arrojando resultados económicos realmente sorprendentes a lo largo de estos años: 350.423 euros en 2003;  526.000 euros en 2004;  372.000 euros en 2005,  736.000 euros en 2006. Tras los altibajos de la crisis económica, en el año 2012 aparecen unos activos financieros de 831.000 euros. Y en 2014 la cifra de negocios es de 623.077 euros, según datos oficiales obtenidos en el Registro Mercantil.
Denuncia Nieto que “también he tenido conocimiento de que el empresario García Arrabal (otro de los investigados) se negó a que el Sr. De la Rosa dirigiera sus obras. También he tenido conocimiento de otras reclamaciones judiciales por trabajos particulares de más de 100 viviendas , realizados por algunos empresarios como D. Diego Povedano”.

Y entre las evidencias más llamativas que pide que se investiguen judicialmente aparece la venta de su casa granadina en la calle Concepción por 1.180.000 euros, en 2009, a un precio “muy superior al real y en plena crisis económica” a la empresa Prodaizmuz S.L., con problemas disciplinarios ante el Ayuntamiento. (Afirma que esta operación a tan alto precio de su valor real “supuso la ruina de la empresa adquirente”)
Por supuesto, asegura la denuncia, el Sr de la Rosa prácticamente no ha usado en sus transacciones comerciales la figura bancaria de la hipoteca, siempre pagó al contado sus operaciones.

La juez no ve conexión

La denuncia, presentada con el fin de que fuese incorporada a la causa de la Operación Nazarí, ha sido desviada a otro juzgado al no hallar la instructora conectividad en los nuevos asuntos que se plantean y que podrían tener también relación con la trama de corrupción urbanistica que se investiga.
Ahora, lo que se espera con cierta ansiedad es el levantamiento del secreto de las actuaciones judiciales. Será el momento en el que se empiecen a despejar muchas de las incógnitas que rodean este singular procedimiento de tanta repercusión social y política.

En gran medida esa expectación ha aumentado tras la nota oficial de la Fiscal General del Estado cuestionando la actuación de la Udef y, de paso, dejando con el paso cambiado a los fiscales granadinos que han intervenido.
Un veterano jurista granadino confesaba que no le extrañaría que, dadas las irregularidades que se han percibido por la opinión pública en esta operación, la propia Justicia acabe poniendo las cosas en su sitio y, ”seguramente, invalidando una actuación tan poco ajustada a Derecho como la realizada por la Udef el pasado 13 de abril en Granada”.

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