En los últimos ocho años la crisis conjugada con una perversa deriva de uno de los principales motores de nuestra economía: la licitación pública, ha resultado sin lugar a dudas la principal causa de la degeneración continua de la precariedad laboral, y de la aparición de un modelo que tiende vertiginosamente al “todo es posible”.

La hipocresía legislativa en la que por un lado se intenta vender como una cortina de humo que se van a primar el compromiso sociales; la responsabilidad ambiental y otros conceptos totalmente desvirtuados de cara a la galería, choca totalmente con una cruda realidad tal y como es hoy en día “la licitación pública por debajo del umbral de saciedad“.

Este concepto de “umbral de saciedad” que ha sido acuñado en materia de contratación pública recientemente por el Tribunal Central de Recursos Contractuales, como: “…no resulta conforme al principio de economía en la gestión de los fondos públicos”, avalando con ello “que las reglas las marca el mercado”, y que en modo alguno la Administración puede anteponer a ello criterios de sentido común o de sentido social en la licitación pública, de tal forma que “si el mercado marcase tiempo de precios de precariedad laboral implícita, eso es y sería lo que manda….”

Asistimos impertérritos a la adjudicación de contratos a ofertas cuyos precios son incompatibles con los salarios mínimos o con el cumplimiento de los respectivos Convenios Colectivos, o que conllevan la simple necesidad para un trabajador de multiplicar en su puesto de trabajo sus horas para con los precios ofertados, poder cobrar el salario de referencia en dicho Convenio.

“TODO VALE EN LA CONTRATACIÓN PÚBLICA”, en primer lugar porque la principal deficiencia de la licitación pública española se ha magnificado con la crisis: “…la ausencia del más mínimo rigor en el seguimiento del cumplimiento de los contratos según lo ofertado….”; situación que tradicional e históricamente siempre ha beneficiado a los mismos……: “a los expertos en hacer plicas (ofertas) en las que el papel lo soporta todo en virtud de unos recursos pseudo ficticios que pasean a lo largo y ancha del mapa de la licitación pública española”.

¿Son los técnicos de la Administración Pública española unos ineptos?

La respuesta es un tajante: NO…., entonces porqué en materia de contratación pública  aplicando el criterio del umbral de saciedad, y la más que continua eliminación práctica de la salvaguarda de la aplicación del concepto de temeridad, la Administración se encarga de tachar cómo INEPTOS a sus técnicos, al aceptar continuamente ofertas incompatibles con la mínima calidad laboral con ofertas por debajo hasta en un 60 % del presupuesto de licitación elaborado por sus propios técnicos.

¿La Prevención de Riesgos Laborales y las Condiciones Laborales pueden someterse y soportarse en ofertas incluso por debajo del 60 % del precio de licitación?

Según aquellos que en sus atriles de revisión y supervisión, donde su retribución no va a estar sujeta al precio final a la baja de los contratos, la respuesta es SI, EL MERCADO ASÍ LO ESTABLECE (umbral de saciedad) “….la Administración no es nadie para poner la más mínima pega o condicionante, no siendo su cometido el valorar si dicha situación conlleva implícita la precariedad laboral, o la pérdida de cualquiera de las bases mínimas del estado del bienestar. “

¿Cómo hemos podido consentir esto?

Prácticas en las antípodas de aquellas otras sobre las que los Poderes Públicos y los Partidos Políticos acostumbran a enarbolar como bandera del bienestar social, como podrían ser la de tener un sueldo mínimamente decente o la de trabajar en unas condiciones de seguridad y salud laboral cuando mínimo aceptables.

Recientes estudios realizados sobre la evolución de la licitación pública en estos 8 años de crisis, fijan 3 puntos de referencia para entender mejor la deriva del modelo:

  1. Es cierto que se ha producido una mayor concurrencia a cualquier licitación, en magnitudes porcentuales de varios cientos por ciento sobre el número de licitadores en la práctica habitual anterior.

 

  1. Esta circunstancia se produce a pesar de que los precios de referencia de los contratos públicos han disminuido un 41 % de media, con los mismos o superiores requisitos a los que se exigían anteriormente al inicio de la crisis. Hecho que denota que la mayor concurrencia se produce por una desesperación absoluta que se refleja en “meter la cabeza donde sea al precio que sea”.

 

  1. La rentabilidad de los contratos ha disminuido para las empresas adjudicatarias en un 87 % de media respecto a la teórica rentabilidad anterior a la crisis. Hecho que no supone en modo alguno que la rentabilidad ahora sea como dicen algunos indocumentados sea del 13 %, nada más lejos de la realidad, la única rentabilidad es la de como se suele decir “cambiamos el dinero, incluso perdemos…., pero seguimos vivos”. Este hecho esta originando muchos casos extremos en los que la rentabilidad es totalmente negativa, y las empresas una vez iniciados los contratos, renuncian a ellos, algo inexistente antes de la crisis.

¿Cómo consiguientemente las empresas pueden y han podido mantener abiertas sus puertas en este escenario?

La respuesta es lamentablemente muy sencilla, a base de exprimir el único coste “variable” que puede someterse, “al corazón en vez de al raciocinio del ser humano”, la necesidad humana de llevar algo a casa cuando no se tiene nada.

La precariedad laboral asociada a la licitación pública es una realidad fehaciente y constatable.

El ciudadano de a pie que hace unos años era una especie “paria de la tierra” denominada “los mileuristas” , ahora al ser una especie en extinción, ha pasado a ser un dios del olimpo de la ilusión y de la esperanza, ya que hoy en día lo que existen son los “quinientos-euristas” o los “mileuristas en múltiple jornada laboral”.

Todo ello por gracia y fortuna de ese concepto de la década de la recesión económica, que en uno de sus principales motores económicos la contratación pública, unos privilegiados que dictan reglas para los demás (por mucho que las mismas se basen y fundamentan en que la legislación que existe es la que es…..), han acuñado como ese concepto tan recurrente tal cual es el de las “reglas del mercado”, aunque estas reglas conlleven la precariedad y la explotación laboral.

El libre mercado y la austeridad económica en la gestión pública no significan ni significarán que sean siempre los mismos los que se aprieten el cinturón.

Libre mercado significa que en igualdad de condiciones todo el mundo pueda acceder a las mismas oportunidades, lo que no se produce cuando muchos para malvivir tienen que verse abocados a aceptar las reglas del todo vale por una nefasta aplicación de ese justificador concepto del “umbral de la saciedad”.

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