Foto: Agustín Millán.

Ocho años después de la muerte del dictador Franco, la Comunidad de Madrid conquistaba su Estatuto de Autonomía, corría el año 1983. Treinta y cinco años más tarde, “se impone la necesidad de cambios”, afirma el comunicado de la Cumbre Social de Madrid. La sociedad madrileña, hija adulta de aquella que alumbró el Estatuto, tiene hoy su propio espacio, necesidades y demandas. Se trata de una sociedad a la que el actual Estatuto le queda ya estrecho, que reclama una democracia más profunda, o lo que es lo mismo, con más igualdad, justicia, libertad, transparencia y más ética, que aspira a un nuevo contrato social que garantice y blinde de manera real y efectiva los derechos que constituyen la base de la condición ciudadana.

“Una sociedad a la que el actual Estatuto le queda ya estrecho, que reclama una democracia más profunda”

La Cumbre Social se dirigió el pasado mes de mayo al presidente madrileño, Ángel Garrido, para reclamar una reforma del Estatuto madrileño, en plena crisis tras el escándalo de la presidenta dimitida, Cristina Cifuentes, hoy procesada por el caso Master.

El secretario general de CCOO de Madrid, Jaime Cedrún, ha inaugurado el acto, reclamado la necesidad de “blindar” los objetivos de libertad, justicia e igualdad a los que se refiere el texto del Estatuto en su Título Preliminar, para hacer frente al grave problema de desigualdad que presenta una región “partida por la mitad”, con un noroeste rico y un sureste pobre. Una Comunidad Autónoma con más de un millón de personas que ganan mil euros o menos al mes, y con una de cada cinco personas en situación de pobreza. Con el potencial económico actual, que no haya pobreza en la Comunidad de Madrid es algo que se puede conseguir, según el secretario general de CCOO de Madrid.

Cedrún ha reivindicado como elemento “central”, la regeneración democrática de todas las instituciones frente a los casos de corrupción que se han venido produciendo y para poner en valor una política “sana y democrática”. De cara a una posible reforma del Estatuto de Autonomía, Cedrún ha mostrado su deseo de que la misma sea aprobada por unanimidad, como ocurrió en 1983 con su aprobación.

En la clausura, el secretario general de UGT Madrid, Luis Miguel López Reíllo, ha apuntado que la región tiene “las rentas más altas y las rentas más pobres” así como “una fiscalidad que beneficia a los que tienen más dinero”, por lo que, “siendo la capital de España, en Madrid esto no se debería producir”. “Queremos estar en la vanguardia de los derechos sociales, de ahí la necesidad de atajar la desigualdad” entre ciudadanos y municipios, como Pozuelo que tiene la mayor renta per cápita de España, más de 70.000 euros, y Parla de 20.000, y “problemas muy serios en pequeños municipios fuera del área metropolitana”, señaló.

El secretario general de UGT Madrid, tras censurar “la corrupción y latrocinio de las arcas públicas por varios gobiernos”, destacó que 300.000 niños están en riesgo de exclusión. “Uno de cada tres contratos son de menos de una semana, y un millón de menos de un mes, mientras se hacen regalos fiscales a los más ricos”. Reíllo pidió “blindar la educación, la sanidad y servicios públicos contra cualquier privatización”.

Posteriormente ha leído el manifiesto de la Cumbre Social de Madrid, formada por los sindicatos y más de 150 organizaciones sociales de todo el tejido madrileño, entre ayuntamientos, sindicatos, FAPA Giner de los Ríos, Asociación en Defensa de la Sanidad Pública (ADSPM), Federación de Asociaciones Vecinales (FRAVM).

Durante el acto, el portavoz de la Cumbre Social, Carlos Girbau, ha definido este nuevo Estatuto regional como “un nuevo contrato social” y ha indicado que la región tiene “problemas de igualdad que hay que encarar con medidas legislativas y con políticas que hagan posible que se apliquen y funcionen”.

Girbau ha añadido que antes de las elecciones autonómicas del próximo mes de mayo las distintas agrupaciones irán a la Asamblea de Madrid para pedir a los grupos parlamentarios que introduzcan las propuestas para este estatuto dentro de su programa electoral.

Juan Barranco ponente del Estatuto de autonomía y exalcalde de Madrid, ha considerado que Madrid tiene “una diferencia política, social y económica que no se ajusta a la realidad del PIB regional, que solo se resolverá apuntalando derechos”. Por eso ha considerado que un nuevo Estatuto debería concebir “un nuevo contrato social”, como están haciendo otras regiones como Cataluña, Canarias, País Vasco, con reformas estatutarias que buscan dar a “los ayuntamientos un papel más protagonista, porque les falta competencia”, han acentuado.

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