La crisis del sistema público de pensiones ha sido creada por el PP para beneficiar los intereses privados de la gran banca. La situación que hemos vivido desde 2008 ha sido aprovechada para generar un desfase en la Seguridad Social que, este año, alcanzará los 15.000 millones. El recorte ha sido de 60.847 millones en estos cuatro años de Rajoy en La Moncloa.

Sorprendentemente, en la segunda legislatura socialista, la que va de 2008 a 2011, cuando el paro llegó a los cuatro millones y medio de personas, no disminuyeron los ingresos por cotizaciones a la Seguridad Social, y nunca se dejó de hacer aportaciones al Fondo de Pensiones. Es a raíz de finales de 2011, cuando Rajoy gana las elecciones y el PP se hace cargo de la gestión pública, cuando comienza a producirse una merma en los ingresos de la Seguridad Social y comienza a sacarse dinero de la “hucha”.

A partir de ahí se producen varios hechos en la gestión gubernamental, que acaban por generar importantes recortes en la Seguridad Social. El primero de ellos es la destrucción de puestos de trabajo, el fomento de contratos precarios y las horas extraordinarias no declaradas. Todo ello supone 32.566 millones de euros menos de ingresos. A ellos hay que añadir las subvenciones por bonificaciones de cuotas a la Seguridad Social: 21.106 millones de ahorro a las empresas a cambio de crear empleo precario e inestable.

El Gobierno paga tarde con cargo a los presupuestos del Estado los complementos de las pensiones mínimas. De la cantidad adeudada se hace cargo la Tesorería General de la Seguridad Social: 3.666 millones

Por otra parte, los ingresos que se pierden por cuotas de ciudadanos no profesionales debido a los recortes que se producen en la Ley de Dependencia suponen una disminución de 4.109 millones en la tesorería. A ello hay que añadir las exenciones fiscales por valor de 8.000 millones de euros, como consecuencia de la fiscalidad de los planes privados de pensiones.

Dos fueron los instrumentos utilizados por el Gobierno del PP. La reforma laboral ha supuesto una rebaja salarial media del 15% así como la creación de empleos de baja calidad y temporales. Ello ha redundado en las cuotas a la Seguridad Social, de cuantía mucho menor, que nunca fueron compensadas por los records de afiliaciones. Por otra parte, la reforma del sistema de pensiones implica, a medio y largo plazo, la pérdida de poder adquisitivo al establecer el incremento anual en el 0,25%. Hasta ahora, apenas se ha notado al haberse registrado un IPC negativo. Pero más tarde o más temprano, la inflación volverá a la senda positiva.

Y la pregunta que se hacen los expertos es la siguiente: “¿es la demografía el principal factor de la sostenibilidad del sistema público de pensiones? La respuesta es, tal, y como se está viendo, no. En los sindicatos lo tienen muy claro. La demografía es un factor a tener en cuenta pero no el principal. Este es la creación de riqueza y su redistribución. La vicesecretaria general de la UGT, Laura Pelay, sostiene que “el gobierno del PP ha actuado de forma premeditada y maquiavélica en una estrategia de expolio con el fin de favorecer los planes privados de pensiones”.

A la teoría del expolio del que habla la dirigente sindical se han apuntado varios medios de comunicación extranjeros. El diario económico alemán Deutche Wirtchafts Nachwinsten, en su edición del 4 de enero de 2009, dijo que “al menos el 90% de los activos totales de los fondos de pensiones del Estado español, convertidos en bonos de España. Especulan con el dinero de sus jubilados arriesgando más que sus ahorros”.

Y el prestigioso Wall Street Journal ha llegado a decir que “España usa fondos que respaldan el pago de pensiones para comprar deuda soberana. España ha estado vaciando sigilosamente la mayor alcancía del país. El Fondo de Reserva de la Seguridad Social, que ha usado como comprador de última instancia de los bonos del Gobierno, una operación dudosa sobre el papel del Fondo como garante de las futuras pensiones. La maniobra, que ha pasado desapercibida, está por concluir ya que queda muy poco dinero disponible. Al menos el 90% del fondo de 65.000 millones de euros, unos 87.000 millones de dólares, ha sido invertido en deuda española, con cada vez más riesgo, de acuerdo con cifras oficiales, y que el Gobierno ha empleado para realizar pagos de urgencia”.

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