No se sabe bien si fueron esas las palabras que utilizó el que fuera jefe de la Casa Real, es decir, todo un ejemplo de protocolo y educación. Pero lo que sí cierto es que Rafael Spottorno, una de las veces que tuvo que acceder a la Audiencia Nacional para sentarse como acusado en el juicio de las tarjetas black, pidió a un policía que custodia el edificio que “identificase a ese hombre que no hace más que insultarme”. El hombre le llamada “ladrón de palacio”. El policía le dijo que si se sentía ofendido pusiese una denuncia en comisaría. Que él no podía hacer nada.

Es un hecho anecdótico pero revelador de cómo piensan, y la altiva actitud que mantienen, los 65 ex directivos de Cajamadrid que han cumplido su segunda semana sentados en el banquillo de los acusados respondiendo las preguntas del Fiscal, algo más agresivo que la primera semana, Alejandro Luzón.

Para todos ellos está claro. Cuando hacían uso de la tarjeta no cometían ningún acto ilegal. La tarjeta formaba parte de “su retribución”, o “gastos de representación “aunque en algunos casos, como se ha dicho en el juicio, pagando sepelios. O como dijo Arturo Fernández, “con las comidas que abonaba con mi tarjeta Cajamadrid ha conseguido importantes negocios para la entidad”, como si la labor de un consejero fuese la de un comercial.

Para todos, la tarjeta black era un instrumento de pago completamente legal y conocido desde la época de Jaime Terceiro, el antecesor de Blesa al frente de la entidad, al cual responsabilizan de su creación. Siguen sin salirse del guión aunque el fiscal insiste en que desde varios departamentos se había advertido de las posibles irregularidades que se estaban cometiendo. Sobre todo bajo el punto de vista fiscal. Incluso hay quien, haciéndose el tonto verdaderamente, llegó a señalar “que no hacía falta declarar el saldo de la tarjeta porque era un complemento retributivo”, como si los pagos en especie, que era lo que más o menos insinuaba el interrogado que son esas tarjetas black, no se tuviesen que declarar.

El colmo de la desfachatez en materia de defensa jurídica fue el negar la validez de los llamados “documentos Excel” en los cuales figuran los movimientos de esas tarjetas. “Yo no he estado nunca en Bolivia”, dice Rodolfo Benito a pesar de que de todos es sabido que era el miembro de la ejecutiva de Comisiones Obreras que más viajó en su época porque debía marcar estrechamente al secretario de relaciones internacionales, afín al sector de José María Fidalgo, con el cual mantenía enfrentamientos en el seno de la dirección. Nadie quiere reconocer que se llegaron a hacer pagos, incluso, de medicamentos, o, como ha trascendido esta semana, de entierros. Pero lo cierto es que esos documentos están. Incluso algún acusado que pertenecía a la comisión de control, recuerda “haberlos visto” por alguna parte.

Y más divertido todavía. Los acusados dicen que cuando accedían al cargo siempre que se les daba la enhorabuena se les informaba de la cuantía de las dietas y de la existencia de “una tarjetilla”. Así, sin dar mayor importancia. Incluso el ex jefe de gabinete del Consejero de Hacienda de la Comunidad de Madrid, José María Buenaventura dice que el entonces viceconsejero y actual portavoz del PP en la Asamblea de Madrid, Enrique Ossorio, le habló de la existencia de dicha tarjeta y “de su funcionamiento”. Naturalmente Ossorio se ha apresurado a desmentirlo. Pero el daño ya está hecho.

Incluso protestan porque han tenido que devolver un dinero que consideran “suyo”. Y que si lo hacen no es por arrepentimiento sino para demostrar su intención de “colaborar con la justicia”.

Mucha altivez en la sala de vistas de la Audiencia Nacional de San Fernando de Henares. Los acusados, lejos de ser conscientes de su situación procesal, – pueden acabar en la cárcel-, prefieren hacer lo que hizo Spottorno, que parece no darse cuenta de que los que están todos los días a las puertas del recinto manifestándose han perdido sus ahorros que depositaron en la entidad que supuestamente debía controlar. Y que algunos, incluso, han sufrido la paradójica circunstancia de que luego la misma entidad les ha desalojado de sus viviendas por no poder hacer frente a los préstamos hipotecarios.

Si don Sabino Fernández Campo levantara la cabeza…

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