José Antonio Viera, ex diputado del PSOE investigado por malversación y prevaricación.

La titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños, investiga a 26 personas, todas ellas al menos por un presunto delito de malversación, por las ayudas y subvenciones públicas concedidas desde el Ministerio de Trabajo y desde la Junta de Andalucía a cinco empresas mineras de la Faja Pirítica de Huelva por una cantidad estimada en más de 40 millones de euros.

Esta nueva pieza abierta de los presuntos ERE fraudulentos investiga a seis altos excargos de la Junta de Andalucía, dos exaltos cargos del Ministerio de Trabajo, dos mediadores, 11 sindicalistas y cinco trabajadores presuntos intrusos incluidos en Almacenes Delgado. Las minerías a las que afecta esta investigación son Almagrera, Navan Resource, Filón Sur, Nueva Tharsis –Bolsa de Tharsis  e Insersa–,  y Minas Rio Tinto.

Los exaltos cargos de la Junta a los que se dirige esta instrucción por presuntos delitos de prevaricación y malversación son: el ex diputado socialista José Antonio Viera, el ex consejero andaluz Antonio Fernández, Francisco Javier Guerrero, Juan Márquez, Agustín Barberá y Daniel Alberto Rivera, quienes presuntamente cometieron un delito de prevaricación en concurso con uno de malversación, “por conocer, permitir e impulsar la concesión de fondos públicos de manera arbitraria careciendo del procedimiento legalmente establecido, lo que permitió que terceras personas se lucraran de manera indebida de fondos públicos”, según el auto de la jueza.

Además, la juez señala indicios del delito de malversación en las actuaciones de los mediadores José Gonzalez Mata –de UNITER– y del abogado Carlos Leal Bonmati. En concreto, sobre José Gonzalez, la juez indica que pudo ser receptor de unas sobrecomisiones a lo largo de los distintos pagos que se iban realizando para el abono de las pólizas de prejubilación. En relación con Carlos Leal, el auto apunta como indicio que “presentó ante la Dirección General de Trabajo de la Junta de Andalucía una solicitud de ayudas sociolaborales para individuos a los que no les correspondían dichas subvenciones”.
A los ex altos cargos del Ministerio de Trabajo –Carmen de Miguel y Soledad Cordova– se les va a investigar por delito de prevaricación y malversación al apreciar con los indicios obtenidos hasta el momento que conocían y permitieron  “la inclusión de individuos que no reunían las condiciones necesarias marcadas por la propia Administración para ser receptores de las subvenciones”.

También están investigados en esta causa los ex máximos responsables autonómicos de los sindicatos UGT y Comisiones Obreras. Manuel Pastrana, en su condición de secretario general de UGT Andalucía y como presidente de la Asociación de la Faja Pirítica, presuntamente cometió un delito de malversación como coautor necesario, al desviar los fondos abonados por el FOGASA, cuyo destino era la Junta de Andalucía, dado que la misma había adelantado el pago de las prejubilaciones. Además, presuntamente cometió un delito de malversación como coautor necesario, al desviar parte de los fondos recibidos por parte de la Junta de Andalucía para el pago de las ayudas sociolaborales.
Francisco Carbonero, por su parte, en su condición de secretario de Organización y Finanzas de CCOO Andalucía y como vicepresidente de la Asociación de la Faja Pirítica, presuntamente también cometió un delito de malversación como coautor necesario por los mismos motivos que el anterior.

Según se señala en el auto, la investigación de las ayudas a la constitución de pólizas de prejubilación a los extrabajadores de la Faja Pirítica de Huelva ha puesto de manifiesto tres grupos de hechos que podrían tener relevancia penal: en primer lugar, la inclusión en dichas pólizas de personas que nunca habían trabajado en las minas de la Faja Pirítica; además, la asignación de coeficientes reductores falseados para el cálculo de la “edad química” de los trabajadores sujetos a los ERE de las empresas de la Faja Pirítica, de modo que como consecuencia de ello se habría incrementado el número de beneficiarios de las pólizas mediante el aumento en algunos extrabajadores de dicha “edad química”.
Por ultimo, la juez que instruye esta causa investigará también el papel jugado en la contratación de las pólizas de prejubilación por la asociación constituida a estos efectos por los extrabajadores afectados,  a través de sus representantes sindicales y en cuyo funcionamiento habrían ostentado una posición de especial influencia Estudio Jurídico Villasís y Uniter.

Según señala el auto, “las irregularidades alcanzarían también al destino de las cantidades que el FOGASA debía abonar a los extrabajadores beneficiarios de las pólizas, que deberían haber sido destinadas al pago de parte de la prima de dichas pólizas y que, sin embargo, se destinaron a fines distintos”.

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