En tiempos de tanta incertidumbre para Venezuela se hace imprescindible el diálogo entre Gobierno y oposición, puesto que es inviable una democracia sin una relación correcta y fluida entre los representantes de las instituciones más importantes del Estado. Las tensiones entre los diferentes estamentos del Estado son normales y hasta deseables en todos los sistemas democráticos porque son consecuencia directa de la división de poderes, pero no hasta el punto de que esto genere un clima pre-bélico que acabe influyendo en la convivencia entre los ciudadanos. Cuando hablamos de Venezuela, naturalmente, debemos hacerlo del chavismo, dentro del cual se incluye el desastroso y corrupto Gobierno de Nicolás Maduro. Para hablar de este fenómeno, del cual no saben prácticamente nada las poblaciones de Europa o de EE. UU., hay que aportar muchos datos. El hecho innegable de que los principales medios de comunicación a nivel mundial nos hayan ocultado durante años cuestiones imprescindibles para conocer la realidad cotidiana del país caribeño, así como las políticas aplicadas por el chavismo es algo que excede el propósito de este artículo, pero está relacionado con la lamentable situación del periodismo a nivel mundial y con el hecho de que los grandes grupos buscan no sólo el beneficio económico a costa de la verdad, sino imponer la ideología neoliberal(el capitalismo salvaje y sin controles) en todo el planeta, algo imposible sin su colaboración y, en muchos casos, sin su actitud pasiva (no informar). La mayoría de los grandes medios de comunicación están en manos de gigantescos grupos empresariales, bancos y fondos de inversión. No resulta difícil deducir qué intereses y qué ideología defenderán estos medios. Pondré un ejemplo que dará mucho que pensar al lector: el magnate australiano de la prensa, Rupert Murdoch, posee 247 periódicos en todo el mundo, además de varias televisiones, revistas y agencias de noticias; pues bien, ninguno de estos diarios fue capaz de cuestionar la invasión de Irak por parte de EE. UU. en 2003 en cualquiera de sus editoriales. La influencia de Murdoch es enorme en la vida política y en la formación de corrientes de pensamiento en Estados Unidos, Reino Unido y Australia, los tres lugares donde su imperio se ha desarrollado con más vigor. Aunque lo cierto es que esta influencia se amplia a todo el mundo, puesto que a través de sus diferentes canales, Murdoch controla un altísimo porcentaje de los contenidos de televisión de todo el planeta. Por supuesto que el caso del magnate australiano no es único; existen otros grandes monopolios mediáticos, algunos de ellos a nivel local, otros a nivel nacional, pero todos tienen la misma propiedad de influir poderosamente en el pensamiento y en las tendencias de las sociedades en los que se desarrollan.

Desde este punto de vista, no es extraño que Venezuela sea portada diaria en todos los grandes medios aun cuando en el mundo existan problemas infinitamente más graves (de los que poco se habla) tales como la violación de derechos humanos en Arabia Saudí, donde en 2016 fueron ejecutadas 154 personas, según Amnistía Internacional; las condiciones cotidianas de miseria y explotación laboral que sufren los niños en países como China, India, Vietnam o Bangladesh; las peligrosísimas condiciones en las que desempeñan su labor los periodistas en Méjico, tras Siria y Afganistán el peor país del mundo para ejercer esta profesión; la insoportable situación de opresión, maltrato, violencia y asesinatos que sufren las mujeres en África, Asia y Oriente Medio; el cambio climático; las recientes matanzas de homosexuales en Chechenia; las guerras de Libia, Siria, Irak o Malí; el imparable avance del neoliberalismo a nivel mundial; y otros casos particularmente crueles de barbarie e injusticia en todo el planeta. Estos problemas no son portada diaria de nuestros medios de comunicación, Venezuela sí, deberíamos preguntarnos por qué.

Es un error intelectual de muchos de nosotros el hecho de caer en la trampa tendida por los medios de comunicación financiados por los grandes poderes económicos, que nos dicen de continuo que no existe alternativa alguna al sistema neoliberal. Desde este punto de vista hemos perdido la capacidad de soñar con un mundo mejor. Sin embargo, el ciudadano occidental tiene plena conciencia de lo que está ocurriendo en el planeta: de que existen desigualdades, guerras por recursos naturales, injusticias, dictaduras, abusos de unos países sobre otros, destrucción del medioambiente por motivos estrictamente económicos, etcétera. Pero cuando el ciudadano trata de cuestionar este sistema, la gran cantidad de medios de comunicación afines al mismo tan solo le ofrece planteamientos demagógicos tales como considerar el comunismo soviético o el castrista como la antítesis de los sistemas neoliberales. Por esta razón, el neoliberalismo gana las batallas y las guerras sin haberlas declarado siquiera; es decir, el ciudadano occidental está convencido desde su infancia de que no es posible crear ni imaginar un sistema que pueda ser alternativo a este. Lo peor es que no hemos sabido elaborar una respuesta intelectualmente seria para contraponerla a todas estas patrañas: esto es, lo contrario del sistema neoliberal, injusto y desigual no es el comunismo ni, por supuesto, ninguna delirante dictadura, sino la justicia social. El sistema neoliberal ha vencido cuando la mayoría de la sociedad acepta las desigualdades y las injusticias lacerantes como si fueran fenómenos “inevitables” o “naturales” propios de la economía de mercado.

Quiero insistir en la cuestión del papel de la prensa porque el hecho de ocultar información en una democracia es un acto incalificable que está muy por encima de las ideologías de todos y cada uno de nosotros; lo primero que debemos ser es demócratas y, comprometiéndonos firmemente con estas convicciones, aceptamos plenamente que los demás también tienen el derecho a pensar y a opinar de manera diferente a nosotros. El ataque contra una democracia es un atentado contra todos, independientemente de que en el país agredido gobierne la derecha o la izquierda. No nos engañemos, desde el punto de vista periodístico el “problema” de Venezuela es la historia de una ocultación deliberada y sistemática de la verdad por parte de los grandes medios de comunicación locales y también mundiales acerca de lo que realmente está ocurriendo en el país. Venezuela debería ser una preocupación para todos nosotros, pero no porque allí exista un régimen que conculca derechos y libertades (algo totalmente falso), sino porque los poderes económicos y los medios de comunicación pretender deslegitimar a un Gobierno elegido democráticamente y dar un golpe de Estado “blando”, cuando, precisamente, el papel de la prensa debería ser el de controlar al Gobierno de forma imparcial y poner de manifiesto sus múltiples errores en todas las materias.

Palacio presidencial de Miraflores en Venezuela.

Este texto pretende aportar algo de luz que nos permita comprender el contexto en el cual nació el movimiento chavista, su increíble desarrollo y su posterior declive provocado por sus líderes actuales, que son incapaces de llevar a cabo una gestión que posea la arrolladora capacidad transformadora que el movimiento tuvo en vida del fallecido presidente Hugo Chávez. Comenzaré hablando de una noticia que llamó poderosamente mi atención y que se produjo el 23 de junio de este año.

        El “héroe” del escudo, polarización e infamia en la actual Venezuela

El primer deber de un periodista-absoluta y totalmente indispensable desde el punto de vista ético-es buscar la verdad. El segundo es contar esa verdad de forma fidedigna. Es imposible tratar de analizar lo que está ocurriendo en Venezuela desde la infantil y reduccionista perspectiva de buenos y malos. Ni el país es una democracia equiparable a Noruega o Dinamarca-dos de los países más transparentes y desarrollados del mundo-ni es, desde luego, una dictadura. En esa cuota diaria que Antena 3 y otras televisiones(entregadas a la causa neoliberal hasta la náusea)dedican a mentir y manipular acerca de lo que realmente está ocurriendo en Venezuela, el pasado viernes 23 de junio pude asistir a uno de los más lamentables episodios que haya podido ver en un medio occidental en los últimos años. La cadena generalista española daba cuenta de los disparos que miembros de la Guardia Nacional del país caribeño habían hecho a quemarropa (a muy poca distancia)sobre un joven opositor con el desgraciado resultado de muerte para el desdichado manifestante. Este canal no daba apenas detalles acerca de las circunstancias que rodearon esta tragedia. Por su parte, la cadena La Sexta relataba que el joven había recibido en el pecho el impacto de varias pelotas de goma, algo imposible a la luz de las imágenes difundidas en las que no se aprecian ni las escopetas con las que habitualmente se disparan esta clase de proyectiles ni el impacto de las mismas sobre el manifestante; es decir, La Sexta no contrastó esta noticia en modo alguno. De nuevo se repite, además, el mismo hecho que en el caso de Antena 3: no se aporta particularidad alguna acerca del contexto en el cual se produce esta desgracia. Si omitimos de forma deliberada un solo dato acerca de una cuestión determinada, esta puede ser percibida de un modo radicalmente distinto respecto a los hechos reales. Y en esta luctuosa historia se han omitido todos. La cadena Antena 3 decía que el joven “había lanzado una piedra”. Nada nos dicen respecto a que el manifestante muerto-David José Vallenilla-participaba en el asedio a una instalación militar, la Base Aérea Generalísimo Francisco de Miranda, conocida como La Carlota, a la cual se acercó con un objeto en la mano que, definitivamente, después de analizar varios vídeos, resulta imposible reconocer. En cualquier caso, la base fue atacada con cócteles molotov y morteros caseros durante días. Cualquiera que haya cumplido el servicio militar sabe perfectamente de lo que estoy hablando: intenten acercarse a un recinto militar en España, Francia o Reino Unido con armas o con la sola intención de entrar o de herir a los que están en su interior, difícilmente sobrevivirán al intento. Otro tanto podemos decir de quien decida atacar una instalación militar estadounidense. En un vídeo activamente difundido por la oposición “democrática” se dice literalmente: “los Guardias Nacionales Bolivarianos emboscaron a los manifestantes y dispararon desde la base militar con la protección que dicha instalación les brindaba”. ¿Es posible emboscar a alguien que está fuera de un recinto cuando el que realiza la emboscada está dentro? La manipulación del lenguaje alcanza extremos aberrantes.

Vaya por delante que estoy totalmente en contra del presidente Nicolás Maduro y de su administración, y lo estoy por diferentes razones que no siempre tienen que ver con lo que habitualmente nos cuenta la prensa al hablar de Venezuela. Maduro es el presidente de un Gobierno altamente ineficiente, extremadamente corrupto, paralizado e incapaz de hacerse con las líneas de distribución de bienes y alimentos cuyo monopolio y secuestro por parte de la oposición hacen posible la guerra económica que paga buena parte del pueblo venezolano. En cualquier caso, nos guste o no, Maduro fue elegido por el pueblo y no es legítimo llamar tiranía, régimen o dictadura a un sistema democrático.

Pero volvamos a la cuestión que nos ocupa: muchos de los jóvenes y adolescentes detenidos tras las manifestaciones han reconocido que salen a la calle perfectamente equipados para la lucha callejera (modernas máscaras anti-gas, guantes anti-corte, cascos, protectores de tórax, rodillas y testículos, y cámaras GoPro) y que lo hacen, además ,pagados por empresarios opositores al Gobierno venezolano. En barricadas que se organizan en diferentes ciudades del país, hombres encapuchados y armados también suelen pedir dinero con el fin de financiar a la llamada “resistencia”.

Desde los tiempos del presidente Chávez, el ejército y la policía tienen prohibido reprimir las manifestaciones con otros medios que no sean cañones de agua, gases lacrimógenos o perdigones de plástico. Este último método fue prohibido por el presidente Maduro hace unas semanas y puede ser mortal si se dispara a poca distancia, algo que ocurrió en el caso de David José Vallenilla. En las imágenes difundidas por Antena 3 TV y otras televisiones con el único fin de desacreditar aún más al Gobierno venezolano, se observa como el joven cae y es llevado por otros manifestantes lejos de la valla que protege la instalación militar de La Carlota.

Las televisiones privadas venezolanas (Venevisión, TRT, Globovisión, Televen)no han dejado pasar la oportunidad de manipular este lamentable hecho. Estas cadenas son las que en horarios de máxima audiencia tildan a Maduro (como también hacían con Chávez) de dictador y tirano, y declaran a voz en grito que en Venezuela no hay libertad de expresión, algo que, precisamente, no se podría decir en un medio de comunicación si no existiera tal libertad. No estaría mal que alguien les explicara que en países como Cuba, Corea del Norte o Arabia Saudí donde, efectivamente, no existe libertad de expresión, la crítica hacia el líder del país te puede costar la cárcel, en el caso de Cuba, o la muerte, en el caso de Corea del Norte y el régimen de la familia Saud. No podrán llevar a cabo el lamentable show mediático al que nos tienen acostumbrados porque la propia madre del joven abatido ha declarado que “Tenía puntos de vista distintos” respecto a su hijo, que “Perdona a la persona que le disparó” y que “Los venezolanos merecen vivir en la paz, la tolerancia y el respeto”. Cuando el líder de Ciudadanos, Albert Rivera, aterrizó en Venezuela en mayo de 2016 para, entre otras cosas, “investigar” la falta de libertad de expresión en el país, fue recibido por más de 20 televisiones, entre ellas varias internacionales.

Pero sigamos con la secuencia emitida en varios canales: después de observarse como David José Vallenilla se levanta y retrocede tras ser alcanzado por los disparos, podemos ver como entra en acción un manifestante a quien algunos medios trataban de retratar como un valiente demócrata y al cual ya muchos conocen en Venezuela como “el héroe del escudo”, un joven envuelto en la bandera de Venezuela que se aproxima hacia Vallenilla provisto de un rudimentario escudo. El pensamiento ingenuo que muchos pueden albergar es que el joven del escudo trata de proteger a su amigo, pero si se fijan detenidamente en las imágenes, el “héroe” ignora por completo a su compañero, al que no presta ningún tipo de ayuda, sin embargo, se agacha presto y veloz para recoger un objeto ¿de qué objeto se trata y por qué las televisiones y radios de todo el mundo no nos proporcionan un dato tan relevante como imprescindible para comprender el problema? Después de aumentar y clarificar las imágenes se puede observar que el objeto en cuestión es una granada lacrimógena denominada APG-111, fabricada por CAVIM (la Compañía Anónima Venezolana de Industrias Militares) y su socio español Falken ( propiedad de la familia del ex diputado del PP, Ismael Bardisa Jordá, que está inscrita en la Asociación de empresas españolas que operan en Venezuela [Cavespa], y que formó en 2009 una empresa con la propia CAVIM con el fin de producir bombas lacrimógenas para las fuerzas de seguridad venezolanas).

Finalmente, tras varios días de asedio frente al complejo castrense de La Carlota, los manifestantes consiguieron destruir parcialmente la valla que protege las instalaciones e introducirse en la misma. En primer lugar, es extraño que los jóvenes se manifiesten frente a una base militar y no en las calles o frente a otros organismos públicos. En segundo lugar, deberemos convenir que es cuando menos infrecuente que un sistema calificado comúnmente por muchos medios de comunicación como un “régimen” o una “dictadura” permita que un grupo de manifestantes acceda a un recinto militar lanzando piedras, cócteles molotov y bombas de humo, y que en el asalto, además, se utilicen morteros caseros contra el ejército sin que se produzca una masacre causada por las “fuerzas represoras”. En tercer lugar, es relativamente frecuente que jóvenes pagados por la oposición “democrática” reutilicen granadas lacrimógenas que previamente la Guardia Nacional Bolivariana había usado para dispersar manifestaciones. La manera en que utilizan las mismas es muy sencilla: las granadas vacías son rellenadas con diverso material explosivo. Su grado de destrucción depende de la destreza y el conocimiento de quien haya preparado la bomba casera. Extrañamente, David Vallenilla se encontraba agachado y parapetado tras el muro de cemento de la base y sólo se levanta al comprobar como es descubierto por los guardias del complejo militar. El gesto que hace instantes antes de recibir los disparos es el de lanzar un objeto hacia arriba y con poca fuerza (a la manera en que se lanza una granada), es decir, el militar que efectuó los disparos pudo interpretar que la intención de Vallenilla era que el objeto en cuestión sobrepasase la valla de seguridad que protege La Carlota. En caso de ser una granada manipulada como bomba casera, los manifestantes, que estaban en el exterior de la base se encontrarían protegidos porque los bloques de cemento en los cuales está insertada la valla de seguridad sobrepasan el metro de altura, razón por la cual la granada sólo sería lesiva para los guardias de la instalación militar, que se encontraban dentro de la misma en campo abierto. Ya he comentado que el presidente Maduro ordenó semanas atrás que no se utilicen escopetas de perdigones de plástico con el fin de contener las manifestaciones. Pero lo cierto es que el sargento no estaba encargado de mantener el orden público sino que era un centinela de un complejo militar. Algunas páginas web dicen rotundamente que Vallenilla se aproximó a la valla de la base militar con una granada en la mano, pero uno de los vídeos que grabó su trágica muerte desmiente esta versión porque parece que la granada ya se encontraba en el suelo y sólo una filmación más completa nos permitiría saber si la granada fue lanzada desde la base o por los propios manifestantes. En cualquier caso, este es un ejemplo de lo difícil que resulta informarse en Venezuela porque pocos medios difunden información objetiva y veraz. El enconamiento y la animadversión entre Gobierno y oposición es de tal calibre que la verdad es una víctima más del conflicto venezolano. Parece claro, insisto, que la granada que recoge el joven del escudo ya estaba en el suelo, no se sabe desde qué momento, y también parece claro que, a la luz de las imágenes disponibles, es imposible determinar qué objeto trató de arrojar David Vallenilla al interior del complejo militar.

Pese al discurso del Gobierno español en contra del chavismo, nuestro país ha vendido armas a Venezuela durante las jefaturas de Aznar, Zapatero y Rajoy. Sólo en el primer semestre de 2015, España exportó material bélico al país caribeño por valor de más de 13 millones de euros. Estas ventas tuvieron la aprobación expresa del Gobierno porque la propia ley fija la obligación del Ejecutivo de ratificar la venta de armas a otros países. Según Amnistía Internacional, Greenpeace, FundiPau y Oxfam Intermón ( integrantes de la campaña Armas Bajo Control) es necesario “que la Junta Interministerial que autoriza las exportaciones de armas mejore la evaluación del riesgo del uso de las armas contrario al derecho internacional”. España también vende material de guerra a países con tan poco respeto por los derechos humanos como Egipto, Arabia Saudí, Barhein, Malí (un santuario de terroristas que se ha convertido en la extensión africana de las guerras y de los conflictos tribales y religiosos de Siria e Irak), Afganistán, Turquía (un país en pleno retroceso democrático desde la llegada de Erdogan, que incluye la paulatina implantación de un régimen religioso), Pakistán, Marruecos y Tailandia. Los ingresos de la industria armamentista española por la exportación de armamento en 2016 ascendieron a 4.362 millones de euros. Desde abril de 2014, el Gobierno español no vende material antidisturbios a Venezuela.

        La trayectoria de una oposición ni democrática ni pacífica. El plan “La salida”

La oposición “democrática” venezolana es la única del mundo que reconoce la limpieza y validez de un proceso electoral tan solo cuando resulta vencedora en el mismo. En caso contrario, considera que las elecciones están amañadas. También es la única oposición “pacífica” que se manifiesta de forma violenta, denominando a sus acciones “métodos de defensa”. El “ex-preso político”, Leopoldo López, que estudió Ciencias de la Economía en Estados Unidos, más concretamente en el Kenyon College de Ohio –una prestigiosa institución reservada a jóvenes adinerados– y que luego realizó un máster en Políticas Públicas en la Kennedy School of Government de Harvard, un centro al que se ha vinculado en varias ocasiones con operaciones de captación y formación de agentes de la CIA, diseñó el plan “La salida”, una serie de manifestaciones de carácter extremadamente virulento en las cuales participaron delincuentes pagados (algunos de ellos menores), indigentes y miembros de toda clase de grupos violentos de la ultraderecha venezolana. El 23 de enero de 2014, Leopoldo López y María Corina Machado (como López, perteneciente a la aristocracia económica del país) anunciaron en rueda de prensa el citado plan, que consistía en ganar en las calles a través de la violencia lo que las urnas les negaban una y otra vez. Nicolás Maduro había sido elegido democráticamente apenas ocho meses antes en unas elecciones que el Observatorio Carter (organismo presidido y dirigido por el ex-presidente de Estados Unidos, Jimmy Carter)definió como “el proceso electoral más limpio de los 98 que la institución ha escrutado, incluyendo el de EE. UU.” y tan solo habían pasado dos meses desde la victoria chavista en las elecciones municipales. ¿Qué sentido tiene incendiar las calles contra un Gobierno democrático? La crítica y la protesta dentro de los cauces legales son procesos tan necesarios como deseables, pero su legitimidad es más que dudosa cuando su fin es el de anular la voluntad popular expresada en las urnas. Para la ultraderecha venezolana, educada en su indisimulado odio de clase, era imposible asumir que de los 14 procesos electorales convocados por Chávez, el fallecido presidente fuera capaz de derrotar a todos sus oponentes en 13 ocasiones. Tan solo en 2007, cuando el líder de la Revolución Bolivariana trató de reformar la Constitución para profundizar en su proyecto socialista, conoció la derrota, aunque fuera por un exiguo margen. La oposición venezolana, fuera de su adscripción al neoliberalismo, no propone nada en materia social, educativa o de salud. Sus objetivos están centrados en métodos coercitivos como el corte de calles, la ejecución de acciones de sabotaje o el ataque a centros oficiales con procedimientos extremadamente violentos que provoquen la lógica respuesta de rechazo de las fuerzas armadas o de la policía con el fin de declararse “mártires” de la democracia. Leopoldo López es mencionado en 77 ocasiones en los cables diplomáticos de Estados Unidos filtrados por Wikileaks, la mayor parte de ellos hacen referencia explícita a su carácter conflictivo, irascible y caprichoso. Según Wikileaks, EE. UU. financió a través del USAID (Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo Internacional) y de la OTI (Oficina de Iniciativas de Transición)a más de 300 organizaciones civiles de Venezuela con el único fin de desestabilizar al chavismo. En estos planes también jugó un papel activo la embajada de Estados Unidos en Caracas. López también fue inhabilitado en 2008 por malversación de fondos públicos.

Por medio de las “guarimbas”, una forma de lucha callejera que deja en pañales a la llamada “kale borroka” etarra, los partidarios de Leopoldo López se dedicaron a sembrar el terror y la violencia en las calles del país. El objetivo era tan burdo como evidente: crear el caos con el fin de provocar la dimisión de Maduro. Entre el 12 de febrero de 2014 y finales de junio del mismo año, las “guarimbas” dieron lugar a 43 muertos, 600 heridos, 3.500 detenidos y al desorden en las calles orquestado por los grupos de ultraderecha afines al líder opositor. Diez de los fallecidos lo fueron por disparos de la policía, el resto eran agentes de seguridad, transeúntes, motoristas decapitados por cables o alambres colocados a ambos lados de las carreteras y personas que trataban de retirar las barricadas para entrar o salir de sus casas. Tras estos hechos, Leopoldo López fue condenado a 13 años y 9 meses de prisión por “instigación pública a la violencia, asociación para delinquir, daños a la propiedad e incendios”. Entre los métodos utilizados por los “guarimberos” estaba el de colocar ratas ahorcadas frente a las guarderías para aterrorizar a los niños. En alguna ocasión, como sucedió en Chacao (uno de los municipios de Caracas) el 1 de abril de 2014, los “guarimberos” atacaron e incendiaron el Ministerio de la Vivienda en el cual se encontraban en ese momento 89 niños de entre 6 meses y 3 años de edad. La tragedia se llegó a evitar gracias a la rápida intervención de los bomberos y de miembros de la Guardia Nacional. No es casualidad que las principales barricadas instaladas en Caracas estuvieran localizadas en la Calle Élice y en la plaza Altamira, ambas pertenecientes al municipio de Chacao, el que posee una renta per cápita más alta del país. Antes de su salida de la cárcel , que se produjo el pasado 8 de julio por decisión del Tribunal Supremo, la familia de Leopoldo López alegaba de continuo que el “preso político” sufría torturas y malos tratos en prisión, pero, también de forma regular, el Gobierno de Nicolás Maduro difundía imágenes del político en las que se podía observar como recibía cantidades abundantes de comida que sus parientes le enviaban al presidio, como se le practicaban chequeos médicos para controlar su estado de salud y como se ejercitaba en actividades deportivas en el interior de la prisión.

El plan “La salida” se encuadra en una serie de acciones de carácter internacional destinadas a propiciar golpes de Estado “blandos” similares al que derrocó a Dilma Rousseff en Brasil, aunque ambos casos son completamente diferentes. Estos golpes pueden tener una apariencia de legalidad jurídica, pero su fin es imponer políticas neoliberales e impedir proyectos verdaderamente socialistas y democráticos. No se puede presionar a un Gobierno elegido democráticamente mediante la violencia ejercida en las calles. Los grandes medios de comunicación a nivel mundial adquieren un papel decisivo a la hora de implementar estos planes.

Uno de los rivales de Leopoldo López es Henrique Capriles, relacionado con el abortado intento de golpe de Estado contra Chávez en 2002. Capriles trata desesperadamente de desmarcarse de aquel episodio, pero su actuación en aquellas 48 horas nos deja pocas dudas. El 11 de abril de 2002, horas antes de que Chávez fuese detenido y trasladado al Fuerte Tiuna por militares rebeldes, el presidente del partido de Capriles (Primera Justicia ), Julio Borges, que ahora preside la Asamblea Nacional, pidió por televisión la dimisión en pleno del Gobierno de Hugo Chávez, que había sido elegido democráticamente unos meses atrás con casi el 60% de los votos en un proceso electoral convocado para elegir presidente, alcaldes, gobernadores de estado y Parlamento nacional. Junto a Borges se encontraba un joven Leopoldo López, que por aquel entonces era alcalde de Chacao. Un día después, López llevó a la policía municipal a la casa del ministro de Interior y Justicia, Rodríguez Chacín, con el fin de arrestarlo en su propio domicilio. En este allanamiento también participó Henrique Capriles, que entonces era alcalde de Baruta. La operación estuvo a punto de acabar en el linchamiento de Rodríguez Chacín. El mismo día por la tarde, Capriles protagonizó el asalto a la embajada de Cuba, rodeada desde dos días atrás por una muchedumbre deseosa de invadirla tras rumorearse que Diosdado Cabello, vicepresidente de Chávez, se encontraba allí pidiendo asilo político. En un acto antidemocrático (el derecho internacional garantiza la inviolabilidad de las embajadas como territorios soberanos) , Capriles entró en la delegación cubana y pidió registrarla, algo a lo que el embajador se negó. Capriles también pertenece a una familia de la clase alta venezolana, familias permanentemente relacionadas-como ocurre en toda América Latina-con el poder político al que sirven y del cual se sirven. La falta de liderazgo en la oposición es una de las cuestiones más preocupantes de cara al futuro próximo del país.

En su lamentable discurso en la Universidad Internacional de Florida el pasado 5 de julio, el diputado del partido opositor Primero Justicia, Juan Requesens, explicó los planes de la oposición con descarada sinceridad, declarando de forma literal: “Se abren cuatro canales de lucha: primero el institucional, que se hace con la Fiscal General de la República y con la Asamblea Nacional, decisiones que se toman desde la institucionalidad. Ahí se juegan los roles constitucionales con todas las decisiones permitidas para poder avanzar en la presión y en LA CONSTRUCCIÓN DE UNA CRISIS Y UN ESCENARIO DE INGOBERNABILIDAD. Desde la Asamblea se ha venido trabajando también. La decisión de los magistrados, que deben nombrarse antes del 14 de julio…yo sé que muchos me preguntan por qué no los hemos nombrado antes o por qué no hemos nombrado a los rectores del CNE (Consejo Nacional Electoral), y aquí viene una respuesta frustrante pero importante: nosotros no podemos superar una ilegalidad con otra ilegalidad, la designación de magistrados y electores fue una designación ilegal por parte del Gobierno y si nosotros hacemos exactamente lo mismo perdemos no sólo la credibilidad sino que no gozaríamos de la respuesta y el reconocimiento internacional. Nosotros vamos a designar los magistrados antes del 14 de julio, y aunque dentro, seguro, no los van a reconocer, la comunidad internacional los va a reconocer y eso, lejos de reconocer que mañana tendremos un Tribunal Supremo de Justicia nuevo, porque ahora siguen siendo los mismos, ellos militarizarán el Tribunal Supremo de Justicia para no dejarnos entrar. NOSOTROS VAMOS A CONTRIBUIR CON UN ESCENARIO DE AGITACIÓN, REBELDÍA, PERO SOBRE TODO DE CRISIS PARA PODER AGUDIZAR EL CONFLICTO QUE ESTAMOS VIENDO. Y los rectores del CNE, esta cuestión toma más tiempo de la que nosotros quisiéramos[…]dos mecanismos institucionales importantes que, repito y quiero que escuchen bien esto: que eso no garantiza que Maduro salga mañana del poder, pero van a contribuir al ESCENARIO DE INGOBERNABILIDAD QUE TENEMOS QUE BUSCAR. Y dentro de un rato hablaré de la ingobernabilidad[…]contamos con el apoyo de 20 países de la OEA[…]la última votación de la OEA ganamos 20 a 5 y necesitábamos 23 votos. Pero en el camino de la transición, los tiempos en política son claves, hubo 8 países que se abstuvieron. Disculpen la informalidad, A MÍ ME GUSTARÍA INVADIR ESOS PAÍSES[…]necesitamos convencer tres países, para eso hay MANO DURA, para eso hay tiempo, para eso hay diplomacia, PARA ESO HAY MANEJO Y LOBBY INTERNACIONAL[…]la consulta no es para que el Gobierno le preste atención y salgamos luego al día siguiente; la consulta es un constructo que NOS PERMITE A NOSOTROS JUSTIFICAR en la narrativa y en la acción lo que viene al día siguiente de la consulta, que es la “hora cero”, que consiste en la PARALIZACIÓN Y LA PROFUNDIZACIÓN DE LA CRISIS a partir de la INGOBERNABILIDAD, Y LA INGOBERNABILIDAD ES CLAVE PORQUE UNA DICTADURA COMO ESTA, yo estoy convencido de esto, que la única forma que salga del poder es que nosotros LE HAGAMOS EL PAÍS INGOBERNABLE[…] y si nosotros le hacemos este país ingobernable a la dictadura, ELLOS VAN A TENER QUE SALIR A REPRIMIR A LA GENTE[…]desatascar un país que está paralizado, o los masacran o no lo hacen. NOSOTROS TENEMOS QUE PONER A LAS FUERZAS ARMADAS A TOMAR ESA DECISIÓN. Nosotros no podemos dejar que se llegue al 30 de julio sin que en este país haya una paralización de la vida cotidiana de la gente. Empresa que no se pare, que sus trabajadores no vayan[…]para llegar a una INTERVENCIÓN EXTRANJERA tenemos que pasar esta etapa, ¿o no? Eso es clave. Yo, que he estado en la calle y que soy bastante radical, sí, y temperamental, no tengo la menor duda de que si nosotros logramos generar el clima de ingobernabilidad que tenemos que generar, nosotros le torcemos las patas a la dictadura, se las torcemos porque estos señores lo que no pueden aguantar es un país donde los canales de distribución estén asegurados, donde ellos no puedan hacer vida, donde ellos no puedan hacer nada. Encerrados en Miraflores (el palacio sede del Gobierno de Venezuela)ellos van a buscar reprimirnos”.

El principal objetivo de Juan Requesens, en sus propias palabras, es evitar lo que coloquialmente se conoce como “la Constituyente “, aunque su nombre oficial es Asamblea Nacional Constituyente. En su artículo 347, la Constitución venezolana dice lo siguiente: “El pueblo de Venezuela es el depositario del poder constituyente originario. En ejercicio de dicho poder, puede convocar una Asamblea Nacional Constituyente con el objeto de transformar el Estado, crear un nuevo ordenamiento jurídico y redactar una nueva Constitución”. En virtud del artículo 348, el presidente Maduro tiene derecho a convocar esta Asamblea, aunque no podrá objetar la Constitución que resulte de ella y que podría poner fin a la aprobada en 1999 tras la llegada al poder de Hugo Chávez. El presidente Maduro explicó que la Constituyente estará formada por 500 miembros y que será elegida por “Voto del pueblo”; de los 500, “Aproximadamente unos 200 o 250 serán electos por la base de la clase obrera”. Maduro no dio más detalles sobre cómo será la elección. El presidente explicó que los pensionistas van a tener “Por primera vez en la historia” sus parlamentarios directamente escogidos por ellos. También los indígenas, los estudiantes y la juventud, así como las comunas. Los otros 250 serán elegidos “En un sistema territorializado, con carácter municipal en las comunidades y con voto directo, secreto”, añadió. El experto constitucionalista, José Ignacio Hernández, declara que “La Asamblea debe estar conformada por los ciudadanos que, mediante el sufragio directo, secreto y universal, son elegidos constituyentes, más allá de la clase a la cual pertenecen”. Antes de la firma del decreto, Maduro habló de “Elección directa y secreta”, pero no hizo alusión a la palabra “universal”.

La principal razón del obsesivo y radical rechazo de la oposición venezolana a la llamada “Constituyente ” es que el presidente Maduro desea garantizar a través de esa nueva Constitución los derechos sociales hasta el punto de convertirlos en obligaciones del Estado para con los ciudadanos. Exactamente como ocurre en los países europeos más avanzados.

Es bastante inquietante escuchar a un líder opositor como Requesens expresarse en términos tan agresivos que más le hacen parecer un delincuente pendenciero que un político que aspira a mejorar las condiciones de vida de sus conciudadanos. Claro que Maduro no le va a la zaga cuando dice que “Si Venezuela fuera sumida en el caos y la violencia se destruiría la Revolución Bolivariana. Lo que no se pudo con los votos, lo haríamos con las armas, liberaríamos la patria con las armas”. Maduro sabe perfectamente que, a diferencia de la guerra económica, las “guarimbas” no pueden desestabilizar el país hasta ese punto, luego debería evitar a toda costa la utilización de ese lenguaje. En cierta forma, tanto Gobierno como oposición deberían tomar buena nota y aprender de lo que está sucediendo en España: tras varios años de ofensiva nacionalista en Cataluña, jamás se ha escuchado una voz en el Gobierno español apelando a una intervención del ejército con el fin de mantener la unidad del país. La democracia se protege aplicando la legalidad de forma escrupulosa, y no con la fuerza de las armas.

        La Ley de Amnistía: legislar a medida de los delincuentes

Pero hay otros aspectos que ponen en entredicho a la oposición venezolana. Uno de ellos es la polémica y delirante-sin ambigüedades-Ley de Amnistía y Reconciliación Nacional, sobre la cual se pronunció el Tribunal Supremo de Justicia de Venezuela, que declaró su inconstitucionalidad el 12 de abril de 2016. La ley había sido aprobada dos semanas atrás por el Parlamento, de mayoría opositora desde finales de 2015. Aunque fue publicitada como una ley con el “noble propósito” de liberar a dirigentes que están en prisión, supuestamente por razones políticas, y como un marco jurídico que promueve la “reconciliación nacional”, es fácil de cuestionar si se estudia su texto con detenimiento.

Al leerla, podemos ver que amnistiará, al menos, cincuenta tipos de delitos. Entre otros crímenes será amnistiada la estafa inmobiliaria, el sabotaje eléctrico, el acaparamiento (una forma de reconocer este delito), la especulación de alimentos y medicinas (incluyendo la venta de productos caducados), y el uso de armas de fuego y de explosivos. La ley no se reduce a amnistiar delitos que se hayan producido durante las “guarimbas” de 2014, sino que se amplia hasta hechos que se produjeron a partir de 1999, incluyendo el golpe de Estado contra Chávez de 2002 y el paro petrolero de ese mismo año: los artículos 10 y 11 señalan específicamente estas dos cuestiones. Otro de los polémicos artículos reconoce el derecho a la amnistía a quienes se hayan visto sorprendidos vendiendo drogas y estupefacientes de menor cuantía a personas “en los campamentos o manifestaciones”, lo que parece hacer referencia directa a los jóvenes que acamparon en la avenida Francisco de Miranda, en Baruta, y en la plaza Bolívar, en Chacao, en mayo de 2014. A algunos de estos manifestantes se les encontró, en registros efectuados en sus domicilios, numerosos estupefacientes y drogas de diversos tipos. Otro controvertido artículo es el 30, que concede la libertad a directivos, empleados y representantes de empresas productoras, comercializadoras o distribuidoras de medicinas, alimentos, bebidas o bienes de primera necesidad que hayan cometido delitos de gran importancia como “especulación, boicot, alteración fraudulenta, condicionamiento de la venta, comercialización de alimentos vencidos y acaparamiento“. Punto y aparte es el artículo 31, que sería una vergüenza en el ordenamiento jurídico de cualquier país: este artículo detalla las condiciones de amnistía para quienes hayan cometido delitos de fraude, estafa y usura inmobiliaria “vinculados a la actividad privada de la construcción de viviendas”. Desde 2009, el Ministerio Público ha iniciado procesos contra empresarios y constructores privados de viviendas que han suspendido la construcción de las mismas, estafando a numerosas familias que habían anticipado pagos considerables. La razón por la cual la oposición trató de aprobar una ley que amnistiaba a estafadores inmobiliarios es algo que continúa siendo un misterio. Sorprendentemente, algo que dudo mucho que ocurra en ningún país democrático, el artículo 4 amnistiaba el porte ilegal de armas de fuego y su uso indebido. Cabe recordar que en las localidades de Caracas, Mérida y San Cristóbal fueron detenidas decenas de personas que usaron armas de fuego durante las “guarimbas”. En abril de 2014, en Chacao, numerosos “guarimberos” encapuchados utilizaron armas de fuego de diversos calibres. En Mérida y Táchira se hizo habitual que las fuerzas del orden detuvieran a presuntos paramilitares y personas fuertemente armadas; desde algunos edificios de la ciudad de Mérida se disparó contra personas que protestaban contra las “guarimbas”, con el resultado de varios muertos y heridos. Numerosos civiles y militares también resultaron heridos o muertos en Los Ruices (estado de Carabobo), por disparos efectuados con armas de fuego. En el artículo 4 también se recogía la amnistía para quien hubiera incurrido en el delito de importación, fabricación, detentación, suministro y ocultamiento de artefactos explosivos. El uso de toda clase de explosivos por parte de “guarimberos” en el este de Caracas (la zona rica de la ciudad) se generalizó en 2014. Los incidentes más graves se produjeron en Santa Fe, Chacao, Las Mercedes y otros puntos de la capital en los que los manifestantes llegaron a utilizar bazocas caseras. El artículo 4 también amnistiaba de sus delitos a los autores de incendios, algo inexplicable que tiene su origen en la cantidad de personas que participaron en la quema de numerosas instituciones públicas y privadas durante las “guarimbas” de 2014. El citado artículo 4 también perdonaba el empleo de menores en disturbios y actos vandálicos. Durante las “guarimbas”, muchos adolescentes fueron utilizados con el fin de cometer ataques contra el mobiliario público y contra la propiedad privada. El que fuera ministro de Relaciones Interiores, Miguel Rodríguez Torres, denunció el uso de menores de edad para atacar estaciones del Metro de Caracas. En definitiva, muchos delitos vinculados a las “guarimbas” como la destrucción de instalaciones eléctricas, la destrucción de autobuses, la destrucción de carreteras y puentes, y los ataques y daños contra el metro de Caracas quedaban amnistiados en virtud del artículo 4. El apartado G de este artículo hacía referencia directa a dejar en libertad a las personas que hubieran participado en la instalación de barricadas o alambres y cables que causaron la muerte por decapitación de varias personas. En su literalidad, este apartado recogía el derecho de amnistía para quienes hubieran incurrido en el delito de “Obstaculización de la vía pública con el objeto de preparar el peligro de un siniestro y demás delitos tipificados en el artículo 357 del código penal”, simplemente inaudito. Los apartados Q, R y S amnistiaban los delitos de sustracción de efectos y bienes pertenecientes a las Fuerzas Armadas, revelación de secretos militares y traición a la patria, así como los delitos de rebelión. El artículo 20 preveía la liberación de personas involucradas en el delito de financiación del terrorismo, siempre que el acusado se hubiera expresado políticamente en contra del Gobierno nacional, o que alguna alta figura de los Gobiernos de Chávez o Maduro se hubiera pronunciado condenando estos hechos y reclamando justicia. Es decir, con que el condenado se hubiera declarado enemigo de un Gobierno elegido democráticamente o con que miembros de ese Gobierno hubiesen apelado a la justicia, era suficiente para que fuera considerado libre de la pena de terrorismo. Es más que evidente la carga política de la Ley de Amnistía. El artículo 15 perdonaba el delito de “terrorismo individual” y mencionaba de forma expresa a quienes hubieran planeado o colaborado en la fuga de presos. Mediante el artículo 27 se amnistiaba a todos los condenados por intentar derrocar al Gobierno “legítimamente constituido”. El artículo 9 hacía mención a la amnistía concedida a aquellas personas condenadas por amedrentar o amenazar a otras a través de las redes sociales por cuestiones de índole político.

Esta ley, en definitiva, era una garantía de impunidad para quienes hubieran cometido delitos con el fin de derrocar a los Gobiernos de Chávez y Maduro, y ese no parece ser el camino más idóneo para iniciar una reconciliación entre los venezolanos. Si la ley se hubiera aprobado, muchos de los llamados “presos políticos”, que en realidad son delincuentes o terroristas, estarían hoy en la calle.

El economista estadounidense, Mark Weisbrot, se refería a los disturbios de 2014 en Venezuela como “La rebelión de los ricos”. Weisbrot permaneció dos semanas en el país durante el mes de febrero de 2014 con el fin de escribir una serie de crónicas para el diario progresista británico The Guardian, y reconoció la influencia decisiva de los medios de comunicación occidentales en la percepción que se tiene de la situación de Venezuela en Europa y EE. UU. En una de sus crónicas, Weisbrot relataba: “Los principales medios de comunicación ya han informado que los pobres de Venezuela no se han unido a las protestas de la oposición de derechas, pero eso es un eufemismo: no se trata sólo de los pobres que se abstienen de protestar; en Caracas casi todo el mundo sigue su vida, con excepción de unas pocas áreas ricas como Altamira, donde pequeños grupos de manifestantes participan en batallas nocturnas contra las fuerzas de seguridad, tirando piedras y bombas incendiarias, y corriendo a causa de los gases lacrimógenos. La naturaleza de clase de esta lucha ha sido siempre cruda e ineludible y ahora más que nunca. La multitud que se presentó el 5 de marzo de 2014 en las ceremonias para conmemorar el primer aniversario de la muerte de Chávez, era un mar de obreros venezolanos, decenas de miles de ellos. No había allí ropa cara o zapatos de 300 dólares. ¡Qué contraste con las masas descontentas de Los Palos Grandes que llevan jeeps Cherokee de 40.000 dólares con el lema del momento: S.O.S. VENEZUELA”.

Refiriéndose al ex-secretario de Estado de EE. UU., John Kerry, que se mostró alarmado ante las detenciones de decenas de manifestantes en 2014 diciendo que tenían un carácter político, Weisbrot declaró que “Muchos manifestantes cometieron crímenes atacando e hiriendo a la policía con piedras y cócteles molotov; otros quemaron coches o participaron en el incendio y destrucción de edificios oficiales; y muchos otros participaron en actos de vandalismo y de violencia”. En abril de 2013, Kerry se negó a reconocer la validez de las elecciones que otorgaban la presidencia a Maduro, y apoyó la postura de Capriles que acusaba al Gobierno de fraude. Kerry se vio obligado a dar marcha atrás después de comprobar la firme defensa de la limpieza de las elecciones que hacían los principales Gobiernos de la región.

        El poder de los llamados “colectivos” y su relación con el chavismo

En cierta forma, “La salida” se le fue de las manos a sus propios organizadores y promotores. La razón es que en Venezuela hay demasiadas armas y demasiada violencia. No sólo es uno de los países más violentos del mundo sino también uno donde los grupos paramilitares están más profundamente arraigados. Entre esos grupos están los “Tupamaros” y “La piedrita”, ambos considerados como brazos armados del chavismo por su apoyo a la Revolución Bolivariana, aunque existían desde mucho tiempo atrás. La creación de los “Tupamaros” data de 1992, mientras que el origen de “La Piedrita” se remonta a 1985. Estos grupos operan al margen de la ley, combinando el activismo político y social con acciones militares y criminales. Sus miembros suelen admirar las brutalidades cometidas por grupos terroristas como ETA o las FARC y, aunque presuman de haber “limpiado” las calles de narcotraficantes, también han sido relacionados con el tráfico de drogas. La postura del Gobierno de Maduro, como antes la del Gobierno de Chávez es ambigua: mientras una comisión presidencial trabaja para desarmar a la población, de manera extraoficial se arma a estas milicias y no se combaten sus actividades delictivas. Los colectivos reciben financiación a través de subvenciones porque las acciones que algunos de ellos desempeñan son reconocidas por el Gobierno como “labor social”. Por otro lado, la favela 23 de Enero, lugar de nacimiento de ambos movimientos, es territorio donde no entra la policía ni se cumple ley alguna más allá de la que dictan los jefes de las bandas. Los dos grupos disponen de material pesado y son capaces de hacerle frente a la policía sin problema alguno y también, aunque con más limitaciones, al ejército. Los “Tupamaros” tienen presencia en todo el país, a diferencia de “La Piedrita”, que sólo opera en Caracas.

Aparte de estos dos colectivos, en Venezuela operan entre 20 y 100 organizaciones que reciben esta denominación. Según la BBC, muchos de ellos son pacíficos y han adquirido un papel muy activo en el plano político y social, vinculado a su larga tradición izquierdista. Ese fue el nexo de unión con el chavismo y la Revolución Bolivariana. Por su parte, el Gobierno declara que numerosos colectivos son agrupaciones sociales que trabajan en proyectos de educación y de producción dentro de las organizaciones comunales promovidas por Hugo Chávez.

El general Fernando Ochoa Antich, ex-ministro de Defensa y ex-canciller venezolano, declaró en una ocasión que el Gobierno utiliza los colectivos, pero que carece de control sobre ellos. Buena prueba de ello es lo que ocurrió en febrero de 2009, cuando el propio Chávez acusó a Valentín Santana, líder de “La Piedrita”, de llevar a cabo acciones violentas cuando este colectivo atacó con bombas lacrimógenas y objetos contundentes las sedes de Globovisión, El Nuevo País, el Ateneo de Caracas, la sede del partido de derechas Copei, la Nunciatura Apostólica y las viviendas del empresario Marcel Granier y de la periodista Marta Colomina. Chávez manifestó que se comunicó con la Fiscal General de la República, Luisa Ortega Díaz, solicitando acciones contra Valentín Santana, quien en una entrevista en el semanario Quinto Día proclamó la autoría de su grupo en estas acciones violentas contra personas y medios de comunicación ligados a la oposición. Aunque se dictó una orden de detención contra Santana, esta jamás llegó a ejecutarse.

¿Qué puede pasar por la cabeza de un joven para que pueda mostrar admiración por grupos terroristas como ETA y las FARC? Por desgracia, las enormes desigualdades presentes en América Latina propician la creación de favelas donde proliferan las bandas criminales que controlan los barrios al margen o en connivencia con el ejército y la policía. En estos lugares, los niños crecen familiarizándose con la violencia, el sincretismo religioso, las drogas y las armas. En semejante entorno, los jóvenes y adolescentes rinden culto al dinero fácil (procedente del delito)y a la violencia, y es ilusorio esperar que en esta clase de barrios florezca ningún tipo de movimiento cívico capaz de aglutinar a la juventud en torno a proyectos sociales, políticos o culturales.

La diferencia entre estos grupos y la llamada Milicia Nacional Bolivariana de Venezuela es que esta última está formada por la población civil, depende por entero del Gobierno venezolano en cuanto a adiestramiento y suministro de armas (que se guardan en los cuarteles)y está subordinada al Ministerio del Poder Popular para la Defensa. La creación de la Milicia Nacional y la potenciación de “La Piedrita”, los “Tupamaros” y otros colectivos respondía a la idea, en mi opinión infundada, de que Venezuela podía ser objeto de una invasión estadounidense. El apoyo a estas asociaciones podría tener cierta lógica desde otro punto de vista: que acudieran en auxilio de Chávez ante un hipotético levantamiento del ejército, pero las fuerzas armadas le fueron mayoritariamente leales desde su llegada a la presidencia hasta su muerte en 2013.

La oposición apuesta por desmantelar a todos los colectivos, independientemente de su carácter criminal o no. La razón es que los colectivos pacíficos sirven para vertebrar a la sociedad civil en torno a proyectos sociales que promocionan la cultura, la autogestión y la economía alternativa. El proyecto político-económico de la oposición es un proyecto avalado por el FMI y por el Banco Mundial que, acompañados de los medios de comunicación más poderosos del planeta, declararán una suerte de estado de emergencia en Venezuela con el único fin de otorgar al país caribeño un préstamo en condiciones muy favorables y lucrativas-como ocurrió en el caso de Grecia-para la banca internacional. Desde este punto de vista, los colectivos pacíficos son sus enemigos más enconados porque llegan a todos los rincones de Venezuela con acciones sociales y con un mensaje de solidaridad en contra del capitalismo salvaje y dominante. Es curioso que las acciones de estas agencias especializadas de la ONU a la hora de declarar “emergencias humanitarias” vayan casi siempre encaminadas a salvar y favorecer los intereses económicos de los grandes grupos financieros antes que a las personas que padecen los efectos de esas crisis.

        La Revolución Bolivariana en cifras

Estas cuestiones, sólo entendibles en el contexto de los países sudamericanos, es decir, en medio de sangrantes desigualdades sociales, exclusión, discriminación, analfabetismo, incultura, racismo e injusticia, echan por tierra y desprestigian los logros del chavismo, tan incuestionables como desconocidos por la opinión pública en Europa y EE. UU. Los medios de comunicación de ambos bloques y de otros países importantes han logrado silenciar los avances sociales promovidos por Hugo Chávez, que han constituido una auténtica revolución en el país. Muchas personas, influenciadas por los grandes medios, pontifican acerca de la situación en Venezuela repitiendo sin espíritu crítico lo que escuchan y leen en radios, televisiones y periódicos. Pero deberemos reconocer que no sabemos nada de las reformas promovidas por la Revolución Bolivariana mientras no estudiemos lo que ha sido el CADIVI (un subsidio saqueado por los propios venezolanos en un fraude de dimensiones bíblicas); los CDI de la Misión Barrio Adentro (las legiones de médicos cubanos que atienden a los pobres en las favelas y en los pueblos, allí donde se niegan a trasladarse los doctores pertenecientes a las familias ricas, aun cuando el ejército les brinde protección para hacerlo); la Gran Misión Vivienda Venezuela Obrera (proyecto por el cual se han entregado ya más de 1,5 millones de viviendas amuebladas y completamente equipadas, incluyendo todos los electrodomésticos, a personas necesitadas); las 18 universidades fundadas por los Gobiernos de Chávez; la conversión de las escuelas infantiles en universidades nocturnas y en colegios para adultos analfabetos que estudian en ellas durante los fines de semana; o el suministro masivo de ordenadores y equipos informáticos a estudiantes(desde la infancia hasta la universidad).

Cada 1º de mayo, el presidente Chávez informaba de un aumento del salario mínimo con carácter inmediato destinado a incrementar el poder adquisitivo de los más pobres; los aumentos llegaron a ser del 30% y se dividían en dos partes, una a partir del 1º de mayo y la segunda a partir del 1º de septiembre, si bien esta medida no siempre fue efectiva porque Venezuela poseía entonces una de las tasas de inflación más altas de la región. Chávez, además, aprobó la Ley del Trabajo que limitaba la jornada semanal a 40 horas y garantizaba dos días de descanso por semana; la nueva ley también preveía multas para los empresarios que violaran el derecho de huelga, para los que no pagasen los salarios y para los que incurrieran en acoso laboral o sexual; el texto, además, ampliaba los permisos de maternidad y establecía los descansos compensatorios. En diciembre de 2015, la oposición al chavismo venció en las elecciones parlamentarias, y sus dirigentes mostraron en sus primeras declaraciones tras la victoria su inequívoca intención de derogar la Ley del Trabajo.

Chávez comprendió perfectamente la importancia de que un país con los recursos naturales de Venezuela contara con personas altamente formadas capaces de explotar esos recursos, por eso invirtió tanto en educar a la población. Como resultado de estas políticas, la sociedad venezolana está muy activamente interesada en los asuntos públicos, cuando antes de la llegada de Chávez al poder sólo una minoría se pronunciaba sobre los mismos. Los innegables avances sociales de Chávez, incluyendo la reducción del hambre y del analfabetismo en el país, han sido reconocidos por agencias especializadas de la ONU como la Unesco (que declara que Venezuela ha erradicado el analfabetismo) y la FAO. El 7 de abril de 2014, el Plan de Acción para la Erradicación del Hambre y la Pobreza, promovido por la propia ONU para la Alimentación y la Agricultura (FAO, por sus siglas en inglés), pasó a denominarse Hugo Chávez Frías, en honor al máximo líder de la Revolución Bolivariana y a su “lucha incansable por consolidar la soberanía alimentaria y asegurar el acceso del pueblo a los alimentos”. Con este fin, el Gobierno chavista impulsó la creación de supermercados subsidiados (PDVAL, Bicentenario y Mercal) para la población más pobre, aunque lo cierto es que en ellos compran todos aquellos que desean hacerlo.

Entre 2003 y 2013, el Gobierno de Chávez aumentó el gasto social en más de un 60% aprovechando los recursos del petróleo. Durante los sucesivos Gobiernos de Chávez, la pobreza pasó del 70,8% al 21%. También se redujo la pobreza extrema del 40% a un nivel exiguo del 7,3%. Se calcula que unos 20 millones de personas se han beneficiado de los programas para favorecer el desarrollo, las llamadas “misiones”. Hasta el momento, 2,1 millones de personas mayores han recibido pensiones de jubilación, lo que supone el 66% de la población en esa franja de edad, mientras que antes del chavismo sólo 387.000 ciudadanos disfrutaban de ese derecho. La mortalidad infantil se redujo de un 25 por cada 1.000 habitantes hasta el 13 por 1.000 actual; el 96% de la población tiene acceso a agua limpia; el porcentaje de médicos ha pasado de 18 por cada 10.000 habitantes en 1998 a 58 en 2013; los Gobiernos anteriores a Chávez construyeron 5.081 clínicas a lo largo de cuatro décadas, mientras que en sus primeros 13 años el Gobierno Bolivariano construyó 13.721. Entre 1999 y 2015 el número de estudiantes universitarios se multiplicó por cuatro.

Las misiones constituyeron planes integrales para transformar por completo la sociedad venezolana e incluían no sólo los proyectos que ya hemos citado sino también programas para sacar de la exclusión social a los indigentes; proyectos para restaurar los derechos de las minorías indígenas, incluyendo el reconocimiento pleno de la propiedad de la tierra; planes para favorecer el equilibrio ecológico y la recuperación de espacios degradados; programas públicos para potenciar la capacidad científico-tecnológica del país; asignaciones presupuestarias con el fin de incentivar en niños y adolescentes la práctica del deporte y de actividades musicales; planes para promover el uso racional de la energía; y diferentes proyectos para luchar contra la pobreza de las madres menores de edad, las amas de casa y las personas mayores sin recursos. Durante los Gobiernos de Chávez la renta per cápita casi se cuadriplicó, superando ampliamente la media de América Latina e incluso la media mundial.

No importa que la labor de Chávez haya sido titánica y admirable, la oposición nunca le concederá la honra y el respeto que merece porque no soportan haber perdido el poder durante tantos años y que esa pérdida se haya producido de manera democrática.

El chavismo no es, únicamente, un movimiento político, sino que ha supuesto un cambio decisivo-con consecuencias económicas y sociales medibles-que ha transformado profundamente la sociedad venezolana. El centro de la Revolución Bolivariana fue el ser humano y la pretensión de conseguir una justicia social hasta entonces desconocida en Venezuela. Desde este punto de vista, el chavismo adquiere una dimensión humanista que, al tomar forma mediante medidas sociales concretas, traslada al mundo un mensaje de grandeza y esperanza porque nos demuestra que es posible crear un marco jurídico y social que dé lugar a una humanidad más justa, culta, igualitaria, libre, feliz y digna. No es de extrañar, por tanto, que semejante proyecto sea ridiculizado, denostado e injuriado hasta la saciedad por los grandes poderes económicos neoliberales mediante sus medios de comunicación. Occidente y gran parte del Asia desarrollada se han convertido en civilizaciones lastradas por dos pesadas losas: en primer lugar, nos hemos transformado en sociedades anestesiadas por el entretenimiento y los mecanismos de evasión (fútbol, redes sociales, programas de televisión y tratamientos psicológicos que no atacan los orígenes de las enfermedades psicológicas, sino que atenúan sus síntomas con medicamentos antidepresivos o ansiolíticos) ; en ese contexto se produce el segundo problema, que consiste en una alarmante falta de información veraz en los medios acompañada del rechazo de las personas a analizar de forma profunda las causas de los grandes conflictos políticos y económicos que afectan al ser humano. Así, lo más normal es que los sistemas que pretenden construir un mundo alternativo basado en la justicia social, la igualdad de oportunidades y la concepción del hombre como un ente trascendente y no como un mero consumidor, sean atacados por el sistema imperante de forma extraordinariamente violenta a través de sus múltiples procedimientos de agresión. El hombre de hoy encuentra más felicidad en consumir y en estar permanentemente entretenido que en pensar y en reflexionar acerca de las muchas cuestiones que le afectan. Esta actitud facilita la victoria del neoliberalismo, que avanza en todo el mundo sin apenas oposición. El movimiento chavista atacó frontalmente (con políticas activas que promovían la igualdad) la idea fatalista de que siempre existirá un mundo de ricos y pobres porque los primeros lo son por mérito propio mientras que los segundos lo son porque nada hacen para salir de su situación. El neoliberalismo encuentra una justificación en el hecho de ignorar de forma deliberada la importancia decisiva de las condiciones de partida de cada individuo a la hora de prosperar en su proyecto vital.

 

        La guerra económica

Sería absurdo decir que la crisis económica venezolana se debe, únicamente, a la caída del precio del petróleo (los ingresos por venta de crudo han disminuido en un 70%), como también es ridículo aseverar que el giro socialista del país durante los sucesivos Gobiernos de Chávez y de Maduro es la causa de esa crisis. El intento de algunos países-y de la oposición venezolana-de hundir la economía de Venezuela, lo que se ha dado en llamar la “guerra económica”, responde al deseo de los grandes poderes económicos mundiales de demostrar que los proyectos de izquierdas alternativos al neoliberalismo son proyectos imposibles que acaban derivando en Estados fallidos.

Al borde del abismo se situaron en 2008 economías como Estados Unidos, Reino Unido, Irlanda o España, todas ellas pertenecientes al capitalismo avanzado, y en ningún caso fue por la implementación de medidas económicas socialistas, antes al contrario, todos los expertos coinciden en que el origen de la crisis financiera en Europa y EE. UU. se produjo por la falta de intervencionismo y de regulación de los Estados en la economía. Por cierto, que en todos los países citados fue necesario-como en Japón, Alemania y Suiza -inyectar dinero público a la banca privada.

En Venezuela, el Estado sólo posee poder administrativo absoluto sobre 17 empresas, lo cual incluye la producción del cemento y sus derivados. El Estado también detenta el control y la administración del petróleo y el gas, lo cual supone el 97% de los ingresos en divisas del país. Del mismo modo, el Estado es el único ente de Venezuela que puede otorgar divisas tanto a empresas como a particulares, y se encarga de administrar algunas empresas fabricantes de alimentos. Venezuela es una nación que apenas produce bienes de ninguna clase, casi todo es importado, lo cual hace del país un lugar muy dependiente del exterior. A la bajada de los ingresos de divisas procedentes del petróleo, debemos añadir las dificultades de conseguir financiación en los mercados internacionales por la baja calificación crediticia y el deterioro evidente-e interesado-del concepto de marca-país de Venezuela.

Una de las varias tácticas de guerra económica contra el país caribeño nace dentro del mismo y consiste en el desabastecimiento de alimentos y productos de primera necesidad. Las grandes distribuidoras del país están en manos de las familias más ricas. El acaparamiento de productos no es algo nuevo ni exclusivo de Venezuela: en 2006, los precios de los cereales se dispararon en todo el planeta. Lo que supuso un aumento del gasto para los ciudadanos de los países ricos, suponía el hambre o la muerte por inanición de millones de personas en los países subdesarrollados y en el Tercer Mundo. Esta crisis alimentaria dio lugar a una investigación de la ONU, cuyos informes finales determinaron que grandes productores y distribuidores de alimentos hicieron acopio de algunos cereales con el fin de que su escasez aumentara los precios. Comenzaba el negocio del hambre: el neoliberalismo en una de sus versiones más crueles y extremas. En el caso de Venezuela, el acaparamiento de todo tipo de bienes también tiene como objetivo su aumento de precio, pero los fines, a diferencia de la crisis alimentaria mundial de 2006, no son tanto económicos como políticos. Venezuela tiene suficiente producción agrícola para abastecer a toda su población, el problema es la distribución, que está en manos de empresas cuya acción contra el Gobierno es similar a la de los grupos económicos de presión de otros lugares del mundo, que utilizan cualquier método a su alcance para lograr un objetivo. Sólo en la primera mitad de 2015, la Fiscal General, Luisa Ortega declaró que casi 2.000 personas habían sido detenidas por “desestabilizar la economía” a través de delitos como contrabando o acaparamiento.

El mercado negro es la alternativa a la que recurre gran parte de la población. Andrea Ramírez, trabajadora social de 24 años que desarrolla su labor en Caracas declara: “Hay una mujer que vende pañales a un precio 11 veces superior a su valor: de 171 bolívares venezolanos (15 euros) a 2.000 (180 euros), y otra que vende arroz por el triple de lo que vale. Salvo que te quedes por la noche, rezando para que los “bachaqueros” (contrabandistas o vendedores en el mercado negro) no rompan la cola del supermercado con amenazas violentas, no se puede encontrar desodorante, champú, jabón, harina, arroz, pasta, margarina, leche, leche en polvo para bebés, pañales, aceite, judías, compresas, papel higiénico, etcétera. Las conversaciones siempre giran en torno a la comida: lo que la gente no ha encontrado y lo que le hace falta. La única forma de conseguirlo es en el mercado negro”.

La corrupción generalizada ha agravado los efectos de la guerra económica más allá de lo que esperaban sus propios diseñadores. El contrabando de gasolina y alimentos es común en los estados limítrofes con Colombia como Táchira, Zulia, Apure y Amazonas. Aunque esta práctica es muy anterior al chavismo se ha incrementado a causa de la crisis que sufre el país. Es curioso que se cuestione, como es natural, la ineficiente y corrupta gestión de Maduro, pero poco o nada se habla del hallazgo de alimentos en almacenes y de la deliberada disminución en la producción de bienes con el fin de incitar al pueblo a la revuelta. Tampoco se suele hablar del contrabando que llevan a cabo los propios venezolanos (políticos y militares incluidos) en las ciudades fronterizas con Colombia.

Una de las maneras con que se intenta avivar el enfrentamiento entre la población de Venezuela es la propia forma de comercializar los productos disponibles: por ejemplo, en una cola de 300 personas se venden de forma obligatoria paquetes de pasta de dientes de seis unidades, cuando faltan 50 personas para que la cola se termine, dicen que se acabó el dentífrico. Si se hubiera vendido un tubo de pasta por persona, muchas más de las 300 hubieran podido comprar el producto. Esta forma de proceder, tan propia de los partidarios del neoliberalismo, persigue destruir los sentimientos de solidaridad entre las personas y los vínculos fraternos de la sociedad venezolana para aumentar el individualismo feroz, el paraíso particular del capitalismo salvaje.

Naturalmente, el objetivo es crear el descontento, la desesperación y el caos. Al final, siempre se repite la misma secuencia a lo largo de la historia: las masas, convenientemente desinformadas y manipuladas, son utilizadas por quienes están en posición privilegiada con el único fin de alcanzar el poder. La muerte de David José Vallenilla es buen ejemplo de ello. No es casualidad que quienes dirigen las campañas contra el chavismo dentro de Venezuela sean personas relacionadas de uno u otro modo con el partido Acción Democrática (que se define como socialista, aunque siempre ha aplicado políticas de corte neoliberal) y con COPEI ( partido socialcristiano que siempre ha defendido los intereses de los poderosos). En definitiva, los que más odian la Revolución Bolivariana son aquellos que, aunque de forma parcial, han perdido sus antiguos privilegios. Mientras tanto, las familias de los más pobres son las que continúan poniendo los muertos, el dolor y la sangre.

La guerra económica que sufre Venezuela se produce por dos motivos: en primer lugar, por el deseo de los grandes grupos económicos de ridiculizar-a través de los grandes medios de comunicación que controlan-todo sistema socialista y democrático que constituya o pueda ser percibido por la población como una alternativa al neoliberalismo imperante. En segundo lugar, porque el país caribeño es uno de los más ricos del mundo en recursos naturales: es el que posee más reservas petrolíferas probadas; el que más reservas de oro detenta de América Latina y el 16º del mundo; el 8º del planeta en reservas de gas natural; y el 14º productor de bauxita.

En noviembre de 2009, el Gobierno de Chávez anunció el hallazgo de reservas de coltán en el área del río Orinoco, que sumadas a las reservas de oro supondrían un monto de más de 100.000 millones de dólares, si bien este dato es difícil de contrastar. En realidad, el coltán no es un mineral como tal. El término no se utiliza en el lenguaje científico y responde a la contracción del nombre de dos minerales bien conocidos: la columbita, óxido de niobio con hierro y manganeso (Fe, Mn), Nb2O6 y la tantalita, óxido de tántalo con hierro y manganeso (Fe, Mn), Ta206. Esta clase de óxidos forman una solución sólida completa entre ambos minerales, no son abundantes en la naturaleza y constituyen un claro ejemplo de cómo el avance tecnológico hace que algunos materiales sean considerados de vital importancia debido a sus nuevas aplicaciones. Sus propiedades únicas (superconductividad, carácter ultrarrefractario [minerales capaces de soportar temperaturas muy elevadas], ser un capacitor [almacena carga eléctrica temporal y la libera cuando se necesita], alta resistencia a la corrosión y a cualquier tipo de alteración) le convierten en el material ideal para su utilización en la Estación Espacial Internacional, en las futuras bases espaciales y en la fabricación de productos tecnológicos como los teléfonos móviles y otros dispositivos portátiles.

La explotación del coltán en África está relacionada con los conflictos bélicos para apropiarse de este valioso mineral, con las condiciones de semiesclavitud (incluyendo graves problemas de salud)de quienes lo extraen y con catástrofes medioambientales que tienen gravísimas consecuencias sobre especies protegidas como los gorilas y los elefantes.

El punto débil de la economía de Venezuela, sin duda, es el de la excesiva concentración en muy pocas manos de la producción, de la importación y de la distribución de bienes y servicios. Esta concentración es lo que hace a la economía venezolana vulnerable ante una acción coordinada de guerra económica. El Estado tiene un papel muy pequeño como regulador de los monopolios, lo cual agrava esta situación.

Tomando como referencia las debilidades estructurales de la economía de Venezuela (alta dependencia de los bienes importados debido a la escasa producción del país y monopolio de las importaciones en manos de unas pocas empresas) se inicia exactamente en agosto de 2012 la llamada “guerra económica” con el ataque a la moneda nacional. En primer lugar, desde entonces se procede a manipular el tipo de cambio del bolívar en el llamado “mercado paralelo” e ilegal: esta manipulación ha consistido en la publicación diaria en páginas web y redes sociales de un valor fijado de manera artificial, que no guarda correspondencia con las variables económicas reales como las reservas internacionales, el poder adquisitivo de los venezolanos y la liquidez monetaria del país. La web más consultada es Dolartoday.com. Esta página está dirigida desde el estado de Delaware (Estados Unidos) por tres empresarios venezolanos. El Gobierno de Venezuela ha acusado a la web de conspirar con el fin de influir en la economía venezolana a través de la difusión de tasas de cambio artificiales. Un bufete de abogados que actúa en nombre del Banco Central de Venezuela interpuso en octubre de 2015 una demanda contra Dolartoday.com ante un tribunal estadounidense. En el documento, se solicita el cese de operaciones del portal de Internet. Como las importaciones son realizadas por los grandes monopolios, que poseen una cuota de mercado desproporcionada, utilizan el tipo de cambio paralelo manipulado y no el oficial como base para convertir el valor de las importaciones en bolívares. Esto, naturalmente, produce un aumento en los costes de producción y comercialización de productos, lo cual conduce a una situación de alta inflación.

El peso de los bienes importados en la economía de Venezuela es del 35% del PIB. El incremento de esos costes genera lo que se denomina un “shock de oferta negativo”, fenómeno que reduce el nivel de producción a la vez que aumenta el nivel de precios. Este nivel de inflación implica siempre una pérdida de poder adquisitivo, que origina una merma en la demanda de bienes no necesarios porque las familias dan prioridad a los bienes imprescindibles: alimentos, medicamentos y transporte. La disminución de la demanda de bienes en el mercado de productos no prioritarios es lo que produce un descenso en los niveles de producción de estas empresas. Como consecuencia de todo este proceso, se genera un aumento de precios en los bienes de primera necesidad, que a su vez registran una menor caída en la producción. En su primera fase, la manipulación del tipo de cambio paralelo fue absorbida a través de la subida de precios, pero la actual merma de poder adquisitivo afecta ya a las empresas porque la guerra económica dura más de cinco años.

Ya hemos comentado que los agentes importadores de bienes en Venezuela son monopolios (sólo el 3% de las empresas del país se dedica a la importación) y poseen el poder de fijar los precios de los productos importados usando para ello como referencia única el tipo de cambio paralelo en lugar del oficial, al cual le son asignadas las divisas por parte del Gobierno. La devaluación del bolívar en el mercado paralelo es uno de los incentivos que tienen los especuladores para aumentar los precios (inflación).

El mercado paralelo existe desde que el presidente Hugo Chávez instauró el control de cambio en 2003. La medida fue tomada a causa de la grave crisis política (que incluyó el intento de golpe de Estado contra Chávez) y el paro petrolero de 2002. Estos dos factores golpearon duramente la economía del país, que llegó a perder un 15% de su PIB, lo cual generó el cierre de muchas empresas y el aumento del paro.

Un informe de Barclays reconocía que durante el primer año de implementación del nuevo control de cambio, el Gobierno consiguió evitar la fuga de capitales hasta en un 66% respecto a 2002. Desde entonces, la media de salida anual es de 20.000 millones de dólares, tres veces más que el dinero que se evadía antes de la instauración del control. Donde existe pobreza se genera corrupción: comprar dólares oficiales y venderlos en el mercado negro para después volver a empezar es un negocio que puede alcanzar el 1.000% de rentabilidad. Algunas personas con contactos en las entidades de asignación de divisas las solicitan para llevar a cabo operaciones que, finalmente, no realizan.

Chávez, como ahora Maduro, ya sufrió la guerra económica. El 2 de diciembre de 2002, ocho meses después del intento de golpe de Estado contra el fallecido presidente, la oposición política a Chávez, agrupada en torno a la Coordinadora Democrática creó el llamado “comité de conflicto” y anunció una huelga general a la que aplicó el eufemismo de “Paro Cívico Nacional”. A la huelga se sumaron los dirigentes de PDVSA (la empresa que controla, produce y distribuye el petróleo del país).

Exactamente como está ocurriendo ahora, el conflicto evidenció la profunda división de clases de la sociedad venezolana. En el este de Caracas, lugar donde viven las familias de clase media alta y de clase alta la huelga se llevó a cabo produciéndose la paralización completa de la economía del área. Por el contrario, en las zonas populares del oeste de la capital la ciudad mantuvo su ritmo normal. La totalidad de las televisiones privadas dejaron de emitir su programación.

El paro petrolero impidió la exportación de crudo y la distribución dentro del país. La situación de emergencia llevó a Chávez a ordenar al ejército tomar el control de las instalaciones de PDVSA. El presidente también destituyó a sus principales dirigentes. Tan solo once días después, los militares controlaron y garantizaron el suministro de petróleo que comenzó a llegar a Caracas y a otras capitales del centro del país. Fue entonces cuando los empresarios ensayaron las primeras operaciones de acaparamiento de alimentos. La oposición sufrió un durísimo golpe cuando el Gobierno de Chávez mostró en televisión imágenes de sus millonarios dirigentes abandonando Venezuela para celebrar el Año Nuevo en algunas islas del Caribe mientras, a la vez, pedían a su militancia “un último sacrificio”.

La huelga se gestó gracias a una oscura alianza entre la ultraderecha venezolana, las oligarquías financieras del país y los agentes económicos estadounidenses, que ansiaban el control de PDVSA. En 1996, PDVSA y la empresa estadounidense SAIC iniciaron una colaboración que daría lugar a la creación de Intesa, una empresa que se encargaría de dar apoyo tecnológico a la petrolera venezolana. Intesa se sumó al paro petrolero, lo que dio lugar a una interrupción del funcionamiento de los sistemas informáticos de PDVSA y a una pérdida de la capacidad operativa de la empresa.

Según The New York Times, Venezuela era uno de los objetivos prioritarios para el espionaje de la NSA (la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos), preocupada por la creciente influencia del Gobierno de Hugo Chávez en algunos países del área. El diario estadounidense describía la misión de la NSA en el país sudamericano como una forma de “ayudar a los encargados políticos (estadounidenses) a prevenir que Venezuela obtenga sus objetivos de liderazgo regional y persiga políticas que impacten negativamente en los intereses globales de Estados Unidos”. La agencia de espionaje revelaba su preocupación ante la posibilidad de que se alterase el abastecimiento de petróleo de Venezuela hacia Estados Unidos.

Debemos pensar en el contexto de aquellos años: en 2002, Estados Unidos no había logrado aún su independencia energética y dependía no sólo de Venezuela sino del petróleo de países como Arabia Saudí; en 2014, EE. UU. se convierte en el primer productor de crudo del mundo y también en el primer productor de hidrocarburos (el conjunto de petróleo y gas); a esto debemos sumar su inmensa capacidad de generar energía eólica y energía solar.

Naturalmente, todos estos planes estaban relacionados con el artículo 303 de la Constitución de Venezuela de 1999, que prohíbe mediante ese punto la privatización de PDVSA. La huelga petrolera duró 63 días, pero el Gobierno no se hizo con el control total de la producción hasta el 11 de abril de 2003, casi cinco meses después del inicio del conflicto.

El ministro del Petróleo cifró en 14.700 millones de dólares las pérdidas que el sabotaje petrolero había causado al país. Las consecuencias sociales suelen ser devastadoras y completamente ignoradas por los causantes de las crisis. El Instituto Nacional de Estadística de Venezuela (INE) aportó datos concluyentes respecto a como afectó a la sociedad el paro petrolero: se produjo un aumento de la pobreza que pasó de un 39% en 2001 a un 48% en 2002 y un 55,1% en 2003; la inflación se incrementó pasando de un 12,1% en 2001 a un 31,2% en 2002; el desempleo también aumentó hasta llegar a los niveles más altos desde 1999, en 2001 la tasa de desempleo era del 11% llegando al 14,6% en 2003; la tasa de mortalidad infantil pasó de 17,66 por cada mil nacidos registrados en 2001 a 18,49 en 2003; la tasa de desnutrición infantil en niños menores de 5 años aumentó de un 4,5 en 2001 a 5,3% en 2003; el consumo promedio de kilocalorías por persona y día disminuyó en un 10%, pasando de 2.470 kilocalorías en 2001 a 2.236 kilocalorías en 2002.

A todas estas agresiones, Hugo Chávez respondió con más democracia, convocando más procesos electorales y venciendo en todos ellos salvo en 2007, cuando resultó perdedor en los comicios que había organizado con el fin de profundizar en la reforma de la Constitución para implementar medidas socialistas. Desde 2003, el fenómeno del acaparamiento de bienes de primera necesidad se hizo frecuente y su uso se intensificaba siempre a medida que se acercaban unas elecciones.

Del análisis de los datos y estadísticas correspondientes a los años 2012, 2013, 2014 y 2015 proporcionados por las propias empresas y por el Banco de Venezuela se desprenden conclusiones reveladoras acerca de la guerra económica. En primer lugar, durante estos años no ha existido una disminución en la producción de bienes de primera necesidad dentro del país, tampoco la ha habido en la importación, pero sí en la distribución de los mismos, que se han vendido igualmente, aunque esta venta se haya llevado a cabo a través del contrabando hacia Colombia o en el mercado ilegal interno de Venezuela a precios exagerados. Como es normal, hay una franja de población que por su pobreza extrema se queda fuera del consumo porque no puede acceder de ningún modo a los bienes a causa de su alto precio. En los dos últimos años, el fenómeno, por desgracia, se ha generalizado porque la inflación del país es de largo la más alta del mundo e irá en aumento según todas las predicciones. No es necesario explicar que estas estrategias tienen un objetivo político de desestabilización, principalmente porque el desabastecimiento se da más en los barrios pobres que en los ricos. La “revolución” que pretende la oposición venezolana consiste en que los pobres dejen de apoyar democráticamente al chavismo, por eso sus acciones de boicot no tienen como objetivo a los que ya están convencidos: la clase media alta y la clase alta, que siempre fueron hostiles al chavismo y a la Revolución Bolivariana, sino a los que menos tienen, que se ven golpeados por estas operaciones de bloqueo económico de forma inmisericorde.

Desde 2013, estas acciones de boicot no sólo afectan a la distribución de alimentos sino que se amplían a bienes muy difíciles de reemplazar como productos de higiene personal y del hogar, repuestos para vehículos (lo cual perjudica al transporte), medicamentos y productos necesarios para proporcionar servicios de salud. Todo es válido con tal de sacar del poder al chavismo.

No se tiene conocimiento de denuncias de trabajadores de las principales empresas responsables de producción de bienes de primera necesidad que informen de la caída de la producción o del cierre de estas fábricas, más allá de casos específicos que se darían también en cualquier otro país capitalista por diversos motivos coyunturales que, en ningún caso, afectarían al abastecimiento de la población.

Entre las razones que las grandes corporaciones esgrimen con el fin de justificar esa supuesta caída de la producción se encuentran dos: la primera es que el Gobierno no les ha otorgado las divisas necesarias para importar la materia prima para la producción. La segunda es que las políticas de control de precios y la excesiva intervención de un Estado enmarcado en un modelo socialista fracasado, ha implicado que las empresas, al existir unos precios regulados, no puedan cubrir sus costos de producción y, por tanto, finalizan su actividad. La primera premisa es falsa: The New York Times citaba un estudio de la consultora Ecoanalítica que decía que el 20% de las empresas privadas habían falsificado sus cuentas con el fin de recibir divisas por parte del Gobierno; el porcentaje aumentaba hasta un 40% en el caso de empresas de importación gubernamentales. Un importador declaró al diario estadounidense que es necesario pagar grandes sobornos para pasar todos y cada uno de los pasos legales para recibir el permiso para importar un producto, para conseguir la aprobación de las solicitudes de compra de divisa extranjera, para certificar importaciones fraudulentas y para que, finalmente, los dólares sean entregados a las empresas.

Una investigación del Departamento del Tesoro de Estados Unidos publicada en marzo de 2015, reveló que una banda de lavado de dinero sacó de Venezuela al menos 4.200 millones de dólares mediante fraudes de importación. Los investigadores calculan que unos 50 millones pasaron por el sistema financiero de EE. UU. Respecto a la segunda cuestión-la queja de algunas compañías de que la política del Gobierno de regular los precios de algunos productos hace que las empresas no cubran los costos de producción al vender los mismos a precios irrisorios, lo cual hace que produzcan menos bienes-,hay que decir que la política de precios máximos regulada por el Gobierno relativa a los bienes de primera necesidad comenzó en 2003, mientras que el desabastecimiento en el país comienza en 2012. Los precios de los productos regulados, especialmente los alimentos, han sido ajustados cada año desde 2003, y nunca hasta 2012 se produjo escasez.

Es necesario decir que productos altamente demandados por la población venezolana y que no están sujetos a la regulación de precios también están escaseando; tal es el caso de la mayonesa, diferentes clases de cereales, la caraota (un tipo de alubia) y la margarina. Respecto a los alimentos que más escasean, llama la atención el hecho de que sean los más consumidos por los venezolanos y que, a la vez, se consideren no perecederos(pastas, arroz, café, leche o aceite),mientras que los que menos escasean (carne de pollo o de vaca, quesos o huevos) son difíciles de conservar y, por tanto, su transporte para ser vendidos en el mercado negro interior o en el del contrabando se torna muy complejo.

Lo que ocurre en el caso de los alimentos y otros bienes de primera necesidad también se puede observar en los medicamentos, especialmente en aquellos que son vendidos en las farmacias. La escasez de remedios farmacéuticos no se corresponde con el nivel de importación registrado en Venezuela. De nuevo los datos del INE son especialmente significativos: entre 2003 y 2014, el Gobierno ha aumentado en un 463% el presupuesto dedicado a la compra de productos farmacéuticos, pero únicamente ha incrementado la importación de productos en un 44%, lo cual quiere decir que se ha producido un inexplicable aumento de los precios de los medicamentos por parte de las grandes multinacionales, que casi han cuadriplicado el importe que solicitan al Estado venezolano.

Las asignaciones presupuestarias correspondientes al año 2004 demuestran que el Gobierno destinó unos 608 millones de dólares con el fin de importar productos farmacéuticos. Durante ese año no hubo informes acerca de la escasez. En 2013, la partida destinada al mismo objetivo fue de 3.200 millones de dólares y en 2014 se entregaron 2.400 millones a las empresas privadas importadoras de productos farmacéuticos. ¿Por qué razón se registró un 42% más de escasez en 2013 y un 60% en 2014 si durante esos años se asignaron 5,2 y 4 veces más de recursos económicos que los que se dedicaron en 2004, año en que no existió escasez? La importación de los productos farmacéuticos en Venezuela corresponde a empresas privadas farmacéuticas, que son las que reciben las divisas procedentes del Gobierno Nacional. Tanto la asignación de divisas como las importaciones aumentaron en 2012 y 2013, aunque se redujeron en 2014. Por tanto, no es cierto que la falta de recursos haya causado la escasez de medicamentos registrada en Venezuela entre 2012 y hasta 2014(el INE no dispone de los datos de 2015 y 2016).

Ninguna de las 10 grandes corporaciones farmacéuticas que operan en Venezuela, que están entre los mayores laboratorios del planeta, registró pérdidas durante 2015 (informes propios de las empresas) . Por el contrario, en varios casos informaron del aumento de las ventas en el país. Estas multinacionales tienen la obligación de publicar sus balances económicos en Venezuela cada tres meses.

Idéntica cuestión se puede observar en el caso de las grandes distribuidoras de productos de limpieza e higiene personal. Al examinar los registros económicos de cuatro de las grandes empresas que tienen la mayor cuota de mercado en Venezuela (Procter and Gamble, Colgate, Kimberly Clark y Johnson and Johnson) se puede comprobar que ninguna de ellas declaró pérdidas o disminución de sus ventas en el país durante estos últimos años, incluyendo 2015.

La multinacional Johnson and Johnson está presente en Venezuela mediante la comercialización de diferentes marcas: Mead Johnson Nutrition, encargada de la importación y distribución de productos alimenticios para bebés; Johnson and Johnson Medical, que comercializa productos para la salud; y Johnson and Johnson, que vende artículos de higiene personal y del hogar. El grupo recibió entre 2004 y 2011 alrededor de 2.8 millones de dólares mensuales, y sólo en 2014 recibió de parte del Gobierno nacional la cantidad de 11.6 millones de dólares mensuales, es decir, cuatro veces más de lo que la empresa recibía cuatro años atrás, sin embargo, todos los productos de este gigante han escaseado.

Otro tanto podemos decir de Procter and Gamble: esta multinacional recibió un 432% más de recursos en 2014 en comparación a lo que había recibido entre 2004 y 2011. En 2014 recibió 58,7 millones de dólares al mes, 5,3 veces más de lo que recibió mensualmente entre 2004 y 2011, unos 11 millones de dólares. Tampoco sus estadísticas anuales declaran pérdidas en Venezuela, al contrario, en 2015 la empresa informó de su intención de aumentar sus inversiones en el país.

Las estrategias de bloqueo económico no han de ser, necesariamente, similares en todos los casos. Al contrario, el procedimiento para controlar cada país dependerá de sus peculiaridades. El bloqueo llevado a cabo sobre la Cuba de Castro tenía características diferentes del bloqueo-más encubierto-aplicado al Chile de Allende. Después del golpe de Estado de Pinochet, Chile adoptó un agresivo plan de neoliberalización de su economía (el primer plan neoliberal, por cierto, ensayado en un país en la historia) que, a su vez, fue diferente del proceso neoliberal que impuso en Irak (en contra del derecho internacional, que no permite modificar el marco jurídico de un país ocupado) el administrador designado por EE. UU., Paul Bremmer. La guerra económica contra Venezuela incluye particularidades antes ensayadas contra otras naciones y otras peculiaridades que sólo pueden comprenderse e implementarse en el país caribeño.

Finalmente, el objetivo es el mismo en todos los casos: que los pueblos no sean verdaderamente dueños de su destino sino de un modo puramente formal, porque lo que persiguen los poderes económicos es disminuir el tamaño de los Estados, privatizando para ello servicios como la educación, la sanidad, el sistema de pensiones, el transporte, etcétera. Cuando este proceso se complete a escala mundial, las democracias serán una cáscara vacía porque un Estado ha de tener la capacidad de regular la economía por encima del poder de las empresas. En caso contrario, se convertirán en privilegios los derechos de los que antes se disfrutaba en aquellos países que consiguieron desarrollar, en mayor o menor medida, el Estado de Bienestar sin que nadie se atreviera a discutir esos derechos.

Varias de las mayores corporaciones del planeta superan en su valor en bolsa el PIB de algunos países y dictan las políticas económicas de las grandes potencias. Lo más normal en un mundo en el cual las empresas serán cada vez más fuertes y poderosas en detrimento de Estados más pequeños y menos intervencionistas, será un escenario de salarios cada vez más exiguos con los que deberemos pagar más caros servicios que antes recibíamos por nuestra sola condición de ciudadanos. También habrá una disminución de los derechos sociales porque los Estados no podrán imponer sus políticas ante los gigantescos emporios internacionales. Sólo así se explica que-como antes sucedió con la diminuta isla de Cuba-el ex-presidente de EE. UU, Barack Obama, firmara el 9 de marzo de 2015 una orden ejecutiva en la que declaraba nada más y nada menos una “Emergencia nacional” por la amenaza “Inusual y extraordinaria” a la seguridad nacional y a la política exterior de Estados Unidos causada por la situación en Venezuela.

Lo que voy a decir es tan trágico como real: teniendo en sus manos las líneas de distribución y de importación, la derecha no permitirá la estabilización de precios y el reparto y distribución de alimentos, medicamentos y otros bienes de primera necesidad hasta que el chavismo no salga del poder. Les importa muy poco que Chávez y Maduro llegasen a gobernar por medio de los votos porque no son demócratas. Las crisis económicas conducen a crisis que en ocasiones llegan a ser humanitarias y que, a su vez, se convierten en crisis políticas con gravísimas consecuencias sobre la población. Los diseñadores de esta guerra lo saben perfectamente. Nos encontramos, pues, ante un conjunto de fuerzas económicas capaces de doblarle el pulso a la voluntad de los ciudadanos mediante la guerra económica, inhumana, persistente y salvaje. Es un golpe de Estado de carácter económico con el fin de alcanzar el poder mediante la descomposición social y el empobrecimiento general de los venezolanos.

La lacra de la corrupción

Uno de los errores históricos de Chávez, como después le ocurrió a Lula da Silva en Brasil, fue no saber rodearse de los más honestos. Los servicios secretos de Cuba se lo advirtieron en su momento y el propio dictador cubano, Fidel Castro, le amonestó de forma rotunda: “Todo lo que te rodea es mierda”. Buena prueba de ello es que muchos de sus ex-ministros viven de forma opulenta en ciudades como Miami, Nueva York, Sídney o Madrid, sin que puedan explicar de forma convincente el enorme patrimonio del que disfrutan.

La corrupción, desgraciadamente, también está marcando la gestión de Maduro. Una investigación llevada a cabo por Associated Press revelaba datos sobre la actuación de los militares venezolanos en el actual contexto de crisis económica. En el verano de 2016, el Gobierno de Maduro, acuciado por la falta de alimentos provocado por el monopolio de las líneas de distribución por parte de un pequeño grupo de empresas, entregó al ejército la administración y el reparto de los mismos. Las conclusiones de Associated Press son claras: el ejército se está beneficiando económicamente de la escasez de comida. José Campos, dueño de una tienda, declaraba que debía viajar en mitad de la noche hasta un mercado ilegal gestionado por militares para comprar paquetes de harina de maíz a un precio 100 veces superior al fijado por el Gobierno. Como siempre ha ocurrido a lo largo de la historia en situaciones de escasez, un grupo de miserables acaba sacando provecho de las circunstancias. Según se desprende de entrevistas con más de 60 funcionarios, empresarios y trabajadores, el ejército ha adquirido un papel protagonista en los casos de corrupción relacionados con los alimentos. Entre los corruptos hay cinco ex-generales.

Como antes comentábamos, la guerra económica ya fue ensayada contra Chávez, cuya inteligencia política le hizo eludir con éxito los ataques. Cuando el fallecido presidente percibió los intentos de acaparamiento de alimentos y bienes con el fin de derrocarle, su Gobierno nacionalizó granjas y fábricas, pero la producción disminuyó de forma drástica por la mala gestión y por la falta de planificación debida a una decisión, tal vez, demasiado precipitada. En 2014, el precio del petróleo se desplomó y el Gobierno de Maduro se encontró con menos recursos para importar los alimentos que necesitaba, pero, incluso así, la importación no disminuyó. Dentro de las operaciones de importación de alimentos están incluidos los sobornos a generales, lo cual constituye un enorme sobreprecio para el país.

Es un hecho incontrovertible que en Venezuela hay personas que mueren por hambre, algo que no ocurriría si se pagaran los precios del mercado y si el Gobierno consiguiera controlar las líneas de distribución de manera más eficaz con el fin de luchar contra la hiperinflación y contra el mercado negro. Algunos analistas calculan que de no existir sobornos se podría alimentar sin problemas al doble de la población. Dos generales acusados de corrupción no quisieron dar su versión de los hechos ante Associated Press. Algunas concesiones se han otorgado a empresas fantasma registradas en paraísos fiscales, que han sido creadas para defraudar y que funcionan sin ningún criterio de transparencia. Una de esas empresas es Atlas Systems. Otro de los suministradores del Gobierno, J.A. Comercio de Géneros Alimenticios, tiene en su página en Internet una dirección que no existe en una ciudad industrial cercana a la capital económica de Brasil, Sao Paulo. Estas dos empresas realizaron transferencias por valor de más de 5 millones de dólares en 2012 y 2013 a una cuenta de Ginebra (Suiza). Varios acusados de corrupción por estos hechos alegan infantilmente que son ataques de carácter político.

Al puerto de la localidad de Puerto Cabello, al noroeste del país, llegan la mayoría de los alimentos importados. Algunos estibadores han reconocido recibir dinero de los clientes con el fin de obtener la autorización para que sus barcos atraquen. Según declararon cuatro empleados de aduanas, los agentes de las mismas también toman parte del botín. El director de operaciones del importador Premier Foods, Luis Peña, con sede en Caracas, declaró que paga a varios funcionarios militares por cada envío procedente de pequeñas empresas en Estados Unidos. “Es una cadena continua de corrupción desde que los alimentos llegan en barco hasta que los transportan en camiones. Al final es el cliente el que paga”, declaró Peña.

Pese a la espantosa inflación que sobrepasa el 720% en 2017 y que se calcula de un 2.068% para 2018, los precios no son el peor problema al que se enfrentan los venezolanos. Por increíble que pueda parecer, el mayor inconveniente son los alimentos que se pudren mientras se gestionan los sobornos. Otro problema es el de la negligente actitud de las autoridades en la distribución de los mismos. La administración en Puerto Cabello fue motivo de críticas en el último informe de la gestión de compras del país. El Gobierno ha establecido controles militares en determinados puntos donde se había detectado corrupción y tráfico de alimentos, pero lo cierto es que aproximadamente la mitad de los militares responsables de esos puestos aceptan sobornos y participan del pillaje. Incluso han sido detectados soldados que venden los alimentos directamente a los pequeños negocios: en la ciudad de Valencia, los asientos contables de un panadero establecían dos precios para el azúcar, uno era el precio oficial de 2 centavos la libra y el otro por el soborno de 60 centavos por cada libra.

La corrupción es una lacra para casi todos los Gobiernos de América Latina, que ven su economía lastrada por este mal. En 2013, la entonces presidenta del Banco Central de Venezuela, Edmée Betancourt, declaró que de los 59.000 millones de dólares otorgados en 2012 a través del sistema estatal de control de cambios, entre 15.000 y 20.000 habían sido entregados a empresas fantasma. Los ex-ministros chavistas Jorge Giordani y Héctor Navarro anunciaron en febrero de 2016 que pedirán una investigación penal, pues estiman que del billón de dólares que ingresó Venezuela durante la época de bonanza petrolera, al menos 300.000 millones, casi una tercera parte, habrían sido malversados de una u otra forma.

        La decisión del Tribunal Supremo de suspender los poderes del Parlamento y las protestas de 2017

Pese a las diferentes prohibiciones de los Gobiernos de Chávez y Maduro respecto al uso de métodos represivos contra la población, es fácil que en un país donde abundan las armas, la pobreza, la corrupción y los grupos paramilitares, existan grupúsculos dentro de la policía, las fuerzas armadas y los llamados colectivos con la suficiente autonomía como para tomarse la justicia por su mano. Lo que es inadmisible es que los medios de comunicación de Occidente se hagan eco de las muertes ocurridas durante las protestas como si todas formaran parte de la misma secuencia, es decir, como si todas ellas se hubieran producido por orden directa del Gobierno de Nicolás Maduro y no fueran producto de grupos incontrolados, de delincuentes comunes, de guerras entre bandas organizadas o de venganzas de carácter político, criminal, personal o familiar.

En esto tiene mucho que ver, como ya hemos hablado, el hecho de que los grandes medios de comunicación de Europa y Estados Unidos tienden a ignorar o a ridiculizar y deslegitimar cualquier victoria del socialismo democrático (Venezuela, Brasil, Bolivia, Ecuador, Portugal) como si éste no constituyera una alternativa seria y fiable frente al neoliberalismo imperante. Claro que el Gobierno de Maduro tampoco se queda atrás a la hora de acusar sin fundamento. Un ejemplo de ello fue la muerte de Nelson Moncada, juez de la corte de apelaciones de Caracas, asesinado a tiros el 1 de junio de este año en el sector de El Paraíso, al oeste de la capital de Venezuela. Moncada fue uno de los jueces que ratificó la condena del líder opositor, Leopoldo López, a 13 años y 9 meses de prisión. Sin evidencia alguna e incitando aún más a los venezolanos a la división, el ministro de Interior y Justicia, Néstor Reverol, declaró que se investiga la hipótesis de que el homicidio haya sido ordenado por sicarios pagados por la oposición.

Volviendo a las muertes durante las protestas, cabe recordar que las manifestaciones comenzaron tras la conmoción que se produjo en el país después de que el Tribunal Supremo decidiera-en una decisión anómala y antidemocrática- el 29 de marzo de este año asumir las funciones del Parlamento, controlado por la oposición desde diciembre de 2015, por considerar que el legislativo actuaba en “desacato”. La base jurídica en la que se fundamenta la decisión del Tribunal Supremo para hablar de “desacato” es que Venezuela es un sistema político presidencialista desde 1811, lo cual significa que al presidente le vota directamente el pueblo. En España, por ejemplo, el presidente es votado por el Parlamento. Desde este punto de vista, cuando la Asamblea no reconoció el poder legítimo de Maduro se colocó al margen de la Constitución. Pese a ello, la oposición al presidente Maduro calificó la medida del Supremo, en mi opinión de forma acertada, como golpe de Estado y llamó a la rebeldía.

Lo cierto es que la democracia venezolana es un sistema de equilibrios entre Presidencia, Parlamento y Poder Judicial, inspirado en el modelo de EE. UU. El carácter cada vez más autoritario que ha tomado el Gobierno venezolano durante la gestión de Maduro nada tiene que ver con la propuesta de Chávez, el Estado de las comunas, un proyecto que pretendía ir mucho más allá en cuanto a la organización socioeconómica y política del país. La Constitución de 1999, pese a su excepcional capacidad transformadora, no fue capaz de alterar las estructuras de un Estado neoliberal extraordinariamente dependiente de las rentas del petróleo. En 2007, Chávez pierde por primera y única vez unas elecciones que, en realidad, eran un referéndum de reforma constitucional planteado con el fin de profundizar en un proyecto de transformación real del Estado con la creación de nuevos y democráticos espacios de poder, que suponían una verdadera alternativa al capitalismo actual.

Respecto a la decisión del Supremo, esta también causó división en el chavismo después de que la Fiscal General, Luisa Ortega, reconociera sin ambigüedades que la disposición era en sí misma “Una ruptura del orden constitucional”. La propia Ortega, que fue una figura extremadamente cercana al fallecido Chávez, denunció el 29 de junio que “Existe un terrorismo de Estado en el país, donde se perdió el derecho a manifestar, donde son reprimidas cruelmente las manifestaciones y donde se enjuicia a civiles en justicia militar”. Ortega también ha denunciado en repetidas ocasiones las violaciones de derechos humanos cometidas durante los tres meses de protestas. El Ministerio Público anunció que ha citado como imputado a Antonio José Benavides Torres, comandante general de la Guardia Nacional Bolivariana hasta hace unos pocos días y actual jefe del Gobierno del Distrito Capital, “por la presunta comisión de graves y sistemáticas violaciones de los derechos humanos cometidas durante las manifestaciones ocurridas en el país desde hace más de 80 días”. La fiscal Ortega es una representante de la verdadera esencia del chavismo que simbolizaba el propio Chávez, una persona honesta que defiende la verdad a cualquier precio. Sin desearlo, se ha convertido en una figura del chavismo crítico, que no está de acuerdo con la gestión de Maduro, pero que, desde luego, no desea un triunfo de la oposición.

En cualquier caso, esta decisión del Tribunal Supremo admite muchos matices: en realidad, la situación de desacato fue dictada por el Supremo tras la decisión de la Asamblea de incorporar, en agosto de 2016, a tres diputados del estado de Amazonas cuya elección había sido impugnada poco después de las elecciones parlamentarias de diciembre de 2015. Los tres legisladores fueron elegidos en unos comicios cuestionados legalmente por el gobierno de Maduro al considerar que se había incurrido en fraude. La suma de los tres diputados no era cuestión baladí: con ellos, la oposición lograba tener lo que se conoce como “supermayoría” en la Asamblea, lo que habría permitido reestructurar al propio Tribunal Supremo e, incluso, convocar un referéndum revocatorio contra Maduro. Por decisión de la propia Asamblea, los tres diputados no ejercen sus funciones en la actualidad. El máximo tribunal de Venezuela apeló al artículo 336.7 de la Constitución para declarar la “omisión inconstitucional parlamentaria”, lo cual significa que la Asamblea “ha dejado de dictar las normas o medidas indispensables para garantizar el cumplimiento de la Constitución”.

Sea como fuere, esta cadena de despropósitos de uno y otro bando hizo que en el exterior se pronunciasen las palabras “mágicas” de “golpe de Estado”, con todas sus connotaciones negativas y su inmensa capacidad de impactar negativamente en las opiniones públicas de Europa y EE. UU. En realidad, a este atolladero jurídico se había llegado con la colaboración de una oposición que en enero había declarado de forma inexplicable el “abandono del cargo” por parte del presidente, Nicolás Maduro, solicitando la convocatoria inmediata de elecciones. Una forma de saltarse por las bravas todos los mecanismos democráticos previstos en la Constitución de Venezuela, algo que llevan haciendo desde la llegada al poder de Hugo Chávez.

Apenas tres días después de su impresentable decisión de asumir los poderes del Parlamento, el Supremo devolvió a la Asamblea Nacional sus prerrogativas y poderes, según anunció el propio tribunal en su página web. La medida fue derogada después de que el Consejo de Defensa de la Nación de Venezuela (Codena) exhortara al Supremo en la madrugada del 1 de abril a que revisara la sentencia emitida tres días atrás, que había privado al Parlamento de sus funciones. La derogación de la polémica medida del Tribunal Supremo no fue tan publicitada en los medios de comunicación internacionales como la anulación del poder de la Asamblea. La legalidad del país es pisoteada por unos y por otros de manera continua. Los procedimientos legales, a menudo son ignorados o interpretados a conveniencia del Gobierno o de la oposición. La cuestión del “abandono del cargo” de Nicolás Maduro es un invento jurídico de la oposición que no tiene fundamento legal alguno. Pese a que el Tribunal Supremo revocó su polémica medida de asumir los poderes del Parlamento, la oposición no cesó en convocar las manifestaciones.

Desde marzo y hasta mediados de julio el ministerio de Comunicación registró 107 víctimas mortales durante los disturbios. El recuento de fallecidos es algo que se reprochan la oposición y el Gobierno. De todas las víctimas, tan solo 25 estaban participando en manifestaciones en el momento de su muerte. Entre los fallecidos hay personas que recibieron impactos de armas caseras o de armas de fuego. Un estudiante de medicina, Paúl Moreno, de 24 años, fue atropellado por una camioneta en Maracaibo. El estudiante Juan Pernalete falleció en Altamira tras impactarle en el pecho una bomba lacrimógena lanzada por un policía. Entre los fallecidos hay varios chavistas, algunos policías y ocho personas que perdieron la vida electrocutadas cuando saqueaban una panadería en Caracas. Otra persona falleció en Valencia el 3 de mayo, cuando entró en una tienda y fue disparado por su dueño. El comerciante Javier Antonio Velázquez Cárdenas fue asesinado en el interior de su restaurante en Tabay, en el estado de Mérida, en una ola de saqueos en la ciudad, aunque no se descarta otro móvil. Isael Macadán fue asesinado en Barcelona, también en circunstancias relacionadas con saqueos. Jesús Leonardo Sulbarán y Luis Alberto Márquez murieron en Mérida tras ser víctimas de disparos efectuados por una banda de delincuentes vinculada a las protestas opositoras. Pedro Josué Carrillo fue secuestrado y asesinado por bandas presuntamente vinculadas a la oposición en Barquisimeto.

Miguel Castillo, periodista de 27 años, murió en el acto después de ser alcanzado en el pecho por un objeto lanzado a gran velocidad. El diputado opositor, José Manuel Olivares, declaró que Castillo fue víctima de una “metra” (canica) disparada por la Guardia Nacional. Esta práctica fue normal en la Venezuela de los años ochenta, cuando la polícía de Caracas utilizaba este recurso con tanta frecuencia que era conocida como la policía “Metra-politana”. Sin prueba alguna, Olivares acusó al ministro del Interior, Néstor Reverol, de ser el autor del asesinato: “Hoy el ministro volvió a ordenar que se mate a venezolanos. Será recordado como un asesino”, afirmó Olivares. Los opositores, como es natural, no perdieron la ocasión de instrumentalizar la muerte del joven periodista y rápidamente convocaron una concentración en honor al último “guerrero” fallecido. El contraataque del Gobierno tampoco se hizo esperar: el Ejecutivo informó que la muerte de Miguel Castillo fue causada por el lanzamiento de una esfera metálica de dos centímetros. El objeto fue disparado con un arma casera, lo cual se desprende de las pruebas de pólvora efectuadas sobre el mismo. De la profundidad de la herida también se deduce que el asesino se encontraba a muy poca distancia, unos diez metros. La conclusión final es que no podía tratarse de un policía antidisturbios (que estaban a una distancia de más de 50 metros de los manifestantes) sino de otro manifestante o un infiltrado en la concentración. En un vídeo grabado después del disparo, uno de los participantes en la manifestación que en apariencia se dispone a ayudar a Miguel Castillo, le quita la cámara GoPro que el periodista llevaba adherida a su cuerpo a base de violentos tirones y, posteriormente, desaparece. Una escena que recuerda, en cierta forma, a la protagonizada por el joven del escudo durante la trágica muerte de David José Vallenilla.

Alexander Rafael Sanoja Sánchez y José Bravo, murieron en Maracaibo cuando opositores violentos, desde una barricada, atacaron el camión conducido por Bravo, quien intentando huir arrolló a Sanoja Sánchez. Posteriormente, ambos resultaron abrasados por los cócteles molotov arrojados por los violentos. Nelson Arévalo Avendaño, murió en Lara mientras manipulaba una bomba casera. Neomar Lander, murió en Chacao cuando se encontraba fabricando un explosivo artesanal que pretendía utilizar contra la policía. Los líderes estudiantiles chavistas Juan Bautista López Manjarres y César Guzmán, fueron asesinados por disparos durante una asamblea estudiantil en El Tigre, en el estado de Anzoátegui, el 4 de mayo de este año. Manjarres murió en el acto, mientras que Guzmán falleció a causa de las graves heridas tres días después. El militante revolucionario chileno, José Muñoz Alcoholado, murió asesinado en Caracas el 11 de mayo, se desconoce al autor de su muerte. Al menos 13 personas han perdido la vida de una u otra forma cuando intentaban sortear barricadas instaladas por manifestantes, y por lo menos 3 ciudadanos fallecieron cuando intentaban formar alguno de estos dispositivos. Una persona que sufría problemas de salud, Mauro Rodríguez, murió al no poder acceder a un centro médico a causa de una barricada. Otras 22 personas murieron cuando transitaban cerca de una manifestación aun cuando no participasen en la misma; la mayoría falleció por herida de bala. Tres policías y tres miembros de la Guardia Nacional fallecieron por disparos. Un caso extremadamente cruel fue la muerte del joven de 21 años, Orlando Figuera, que fue linchado, acuchillado y quemado vivo por manifestantes “pacíficos”, que lo confundieron con un chavista y le acusaron, además, de ladrón. El joven fue hospitalizado el 20 de mayo de este año con heridas de primer y segundo grado y con quemaduras en el 80% de su cuerpo, murió el 4 de junio. Es evidente que las muertes de los chavistas no tienen la misma difusión ni, por tanto, la misma repercusión internacional que las de los miembros de la oposición. De alguna manera, se ha creado un clima que parece legitimar la persecución contra ellos. Todo alentado por la corrupción y el carácter poco democrático del actual Gobierno de Nicolás Maduro.

Por poner otro ejemplo, el pasado 8 de abril, una manifestación de carácter “pacífico” convocada por el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles y otros dirigentes opositores se tornó en un enfrentamiento de enorme violencia cuando Capriles instó a sus seguidores (unos tres mil, para una población del Distrito Capital de casi dos millones de habitantes) a dirigirse hacia el centro de la ciudad, lugar no autorizado para esa concentración. En el momento de llegar frente a las fuerzas de seguridad, los líderes opositores se echaron a un lado para dejar paso a violentos encapuchados que se enfrentaron a la policía lanzando toda clase de objetos y sembrando el caos. Un día antes, el 7 de abril, los líderes de la oposición anunciaron un trayecto para el cual tenían autorización legal; sin embargo, posteriormente, se intentó llevar la manifestación frente a la sede del Gobierno nacional, el Palacio de Miraflores. El pasado 5 de julio, un grupo de chavistas asaltó el Parlamento agrediendo a varios diputados en un hecho lamentable y condenable, pero lo que ninguno de los grandes medios nos dice es que una de las frecuentes estrategias de la oposición venezolana consiste en desviar el itinerario previsto y autorizado de las manifestaciones que convocan para dirigirse hacia las principales instituciones con el objetivo de asaltarlas, procedimiento, claro está, que no se puede conseguir si no es por medio de la violencia. Otra práctica habitualmente llevada a cabo por la oposición es la de desviar las manifestaciones opositoras hacia barrios y lugares donde se han concentrado los partidarios del Gobierno con el objeto de buscar choques violentos que muestren ante la comunidad internacional la desestabilización, el enfrentamiento y el caos que reinan en el país.

El Gobierno de Maduro está tan desprestigiado a nivel internacional que se da por supuesto que cualquier acción llevada a cabo sobre los manifestantes tiene un carácter represivo. Esto, claro está, forma parte de una estrategia deliberada por parte de muchos medios de comunicación, mientras que otros, simplemente, desconfían de las informaciones proporcionadas por el Gobierno. El resultado final es que se silencian, de forma intencionada o no, múltiples actos vandálicos promovidos por la oposición “pacífica”, como la práctica que se generalizó en las calles de Los Teques en abril, que consistía en retirar las tapas de las alcantarillas para que los coches fueran atrapados en los agujeros. La única noticia que trascendió a este respecto fue la detención de 30 opositores, pero ningún medio fue capaz de explicar las razones de su detención, que se hubiera producido en cualquier otro país democrático en iguales circunstancias. Incluso en casos en los que varios policías han sido linchados por una multitud incontrolada, las agencias de noticias han tildado los hechos de “represión policial”. Existen vídeos donde se aprecia de forma inequívoca el carácter violento de los manifestantes opositores; vídeos en los que se puede ver como acorralan a las fuerzas de seguridad o como queman y apedrean vehículos policiales que tratan de disolver una manifestación con agua. La manipulación llegó al delirio cuando el alcalde de El Hatillo, David Smolansky, acusó al Gobierno de Maduro de usar armas químicas “Como está ocurriendo en Siria”.

Muchos de los periodistas que consideran sagrada la libertad de expresión, callaron inexplicablemente cuando el pasado 8 de abril un equipo de reporteros de la televisión pública Venezolana de Televisión fue agredido durante la manifestación que la oposición convocó para ese día en el este de Caracas. Lo cierto es que en este episodio los miembros de VTV, Johny Verdú, Carlos Sánchez y Jesús Manzanarez estuvieron a un paso de ser linchados cuando ejercían su trabajo (también les robaron los teléfonos móviles y las carteras). En las imágenes se puede apreciar la presencia de fotógrafos y periodistas de otros medios, que realizaron fotografías y grabaciones del hecho que, sin embargo, no fue difundido fuera de Venezuela.

Pero la manipulación no es exclusiva de los medios afines a la oposición. El Gobierno de Maduro también contribuye a la confusión y a la desinformación de un modo decisivo: tampoco se mencionó en las radios y televisiones públicas el encierro sufrido por 30 diputados, trabajadores de la Asamblea Nacional y periodistas en el propio Parlamento el pasado 27 de junio. Un grupo violento, vinculado con el Gobierno, amenazó con agredirlos si abandonaban el lugar. Horas antes, funcionarios de la Guardia Nacional Bolivariana habían entrado en la Asamblea con unas cajas que contenían documentos del Consejo Nacional Electoral. Al parecer, pretendían guardarlas en el área de seguridad. Cuando los diputados interpelaron a la GNB para saber qué contenían las cajas se organizó la pelea. No pudieron salir hasta altas horas de la madrugada. Sea como fuere, hasta el momento 34 personas pertenecientes a la policía, a la Guardia Nacional Bolivariana o al ejército se encuentran detenidas, procesadas o con orden de detención y pasarán a disposición judicial por su relación con las muertes de manifestantes, algo inimaginable respecto a las fuerzas represoras de cualquier dictadura del mundo.

        La relación con la OEA

Cualquier decisión del Gobierno de Venezuela es ridiculizada por la inmensa mayoría de los medios de comunicación a nivel mundial. Un ejemplo de ello es lo que ocurrió hace apenas dos meses, cuando el país caribeño anunció su decisión de retirarse de la Organización de Estados Americanos (OEA). La OEA, principalmente desde que su secretario general es Luis Almagro, no actúa como el organismo multilateral que dice ser. Almagro cuenta con el apoyo explícito de EE. UU. y suele escribir una media de 7 tuits al día contra el Gobierno de Nicolás Maduro. En 2015, la OEA llevó a cabo una durísima campaña de deslegitimación de las elecciones a la Asamblea Nacional venezolana, declarando que serían un fraude si no contaban con el escrutinio de los observadores de la OEA. El propio José Mújica, entonces presidente de Uruguay, acusó en público a Almagro, que había sido su ministro de Asuntos Exteriores: “Lamento el rumbo por el que enfilaste y lo sé irreversible, por eso ahora formalmente te digo adiós y me despido”, escribió Mújica. Almagro se equivocó por completo, pues las elecciones venezolanas se llevaron a cabo sin problemas y la oposición resultó vencedora en las mismas. La postura de la OEA respecto a Venezuela forma parte de una vieja tradición de esta organización, que se alinea frecuentemente con los intereses de Washington. En las elecciones en Haití, en mayo del año 2000, la OEA y otros observadores internacionales declararon el proceso electoral del país caribeño como un “gran éxito para el pueblo haitiano, el cual acudió ordenadamente en grandes números para elegir a sus gobiernos nacionales y locales”. Pero poco después, EE. UU., Canadá y Francia iniciaron una campaña para derrocar al nuevo Gobierno democrático de Haití. Fue entonces cuando la OEA cambió su posición y contribuyó de forma decisiva a declarar las elecciones cómo ilegítimas. Paul Farmer, de la Escuela de Medicina de Harvard, actualmente el Enviado Especial Adjunto de la ONU para Haití, declaró en el verano de 2011 ante el Congreso de los Estados Unidos en relación a esas elecciones: “EE. UU. quiso bloquear la asistencia bilateral y multilateral hacia Haití, manteniendo objeciones respecto a las políticas y los puntos de vista de la administración de Jean-Bertrand Aristide. La eliminación de asistencia para el desarrollo y el suministro de servicios básicos también asfixió al Gobierno con el resultado final del fin del Ejecutivo democráticamente elegido”. Esta deslegitimación del proceso electoral del año 2000, contribuyó a crear un clima propicio al golpe de Estado de 2004 que derrocó a Aristide.

También fue más que cuestionable la actuación de la OEA durante la primera vuelta de las elecciones en Haití el 28 de noviembre de 2010, cuando los resultados oficiales dieron la victoria a la ex primera dama Mirlande Manigat, con el candidato del Gobierno, Jude Célestin, en segundo lugar y el músico Michel Martelly en tercera posición. El margen entre el segundo y el tercero fue de sólo el 0,7% de los votos y hubo fraude extenso, incluyendo la manipulación de urnas, la desaparición de papeletas y la intimidación hacia votantes. Una segunda ronda fue requerida por la ley ya que ningún candidato logró obtener una mayoría absoluta. La OEA fue la encargada de resolver la controversia respecto de las elecciones. Para ello, designó una “Misión de Expertos de la OEA” con el fin de escrutar los comicios. Seis de los siete expertos procedían de Estados Unidos, Canadá y Francia(los tres países que lideraron la campaña para derrocar al Gobierno de Haití en 2004). Aunque Francia no es miembro de la OEA, posee el estatus de Observador Permanente. En su informe, el comité recomendó cambiar el resultado de la primera ronda, otorgando el segundo lugar a Martelly y el tercero a Célestin. Para emitir este dictamen, la misión de la OEA no mostró criterio legal alguno que sirviera de base para defender su resolución. Los principales fallos del informe fueron la no utilización de estadísticas sobre las 919 actas de votación examinadas, y tampoco fueron tenidas en cuenta las 1.053 actas extraviadas. Durante un debate en el seno del Consejo de Seguridad de la ONU celebrado el 20 de enero de 2011, la embajadora estadounidense, Susan Rice, amenazó con cortar la asistencia económica a Haití si el Gobierno no aceptaba las recomendaciones de la OEA.

Dos años antes, en 2009, en un contexto completamente diferente al actual porque en Brasil y en Argentina no había Gobiernos aliados de Estados Unidos, varias naciones de América Latina mostraron de forma abierta sus discrepancias con Washington respecto a la crisis en Honduras. En aquel entonces, el Gobierno estadounidense perseguía legitimar al nuevo Ejecutivo surgido de las elecciones celebradas el 29 de noviembre, algo a lo que se opusieron la mayoría de países de América del Sur, a excepción de Colombia, Costa Rica y Perú. La Unión Europea y la propia OEA fueron contrarias al reconocimiento de las elecciones porque deseaban el regreso del presidente electo, Manuel Zelaya, al poder. Finalmente, en un viraje inexplicable, José Miguel Insulza, secretario de la OEA, declaró su intención de dialogar con el nuevo Gobierno. La propia Hillary Clinton, en ese tiempo secretaria de Estado de EE. UU., reconoció posteriormente que bloqueó la vuelta al país de Manuel Zelaya.

        La innegable división entre los venezolanos

La historia se repite una vez más. Mientras muchos líderes opositores envían a sus hijos a vivir fuera de Venezuela, especialmente a Miami (EE. UU.), los jóvenes que de una u otra forma mueren en las manifestaciones pertenecen a familias con pocos recursos. Muchos de los que alientan las movilizaciones contra el Gobierno chavista son aquellos que viven en las áreas más ricas del país, donde los supermercados no sufren escasez ni racionamientos de ningún tipo. Venezuela, como cualquier otra nación de América Latina, ofrece dos realidades bien diferentes: una es la vida cotidiana de los pobres, con todas sus miserias, incertidumbres, pesares y escaseces; la otra es la de los ricos, que no quieren participar en ningún sentido en la transformación de la sociedad en la que viven con el fin de que sea más igualitaria y justa. Las mismas imágenes de personas revolviendo en los cubos de basura buscando comida que se dan en Venezuela, se pueden ver en Colombia, Brasil, Paraguay, Argentina y en otros muchos países del mundo, donde la aplicación de políticas neoliberales ha aumentado la desigualdad.

Una práctica que se ha generalizado en los últimos meses consiste en acosar a personas que han ocupado diferentes cargos durante los Gobiernos de Chávez y de Maduro, y que ahora residen en el exterior disfrutando de una riqueza obtenida ilegalmente. No tengo nada en contra de estas manifestaciones siempre que tengan lugar de forma no violenta, pero se han dado casos de venezolanos que se han visto increpados por otros venezolanos por el simple hecho de llevar una camiseta con la imagen del fallecido Hugo Chávez, un presidente elegido democráticamente. Algunos de estos episodios se han producido en Madrid, Sídney o Miami. El 13 de mayo, el líder opositor y diputado de la Asamblea Nacional, Freddy Guevara, manifestó públicamente su rechazo a la práctica que un grupo de opositores ha llevado a cabo y que consiste en publicar en las redes sociales datos personales de familiares de funcionarios vinculados al chavismo que se encuentran tanto dentro como fuera del país. Esta es una de las frases publicadas por Guevara en su cuenta de Twitter: “Sé que generará críticas, pero debo decirlo con claridad: no es correcto, moral ni políticamente, acosar hijos de funcionarios. Si queremos lograr que salgan más hijos como los de Tarek y el comandante del fuerte Bolívar, la vía no es el acoso personal”.

Al contrario que hace dos décadas, la televisión tiene un papel menos preponderante y son las redes sociales las que tienen una mayor influencia en la formación de corrientes de pensamiento en Venezuela. Tanto por parte del chavismo como de la oposición, proliferan las páginas en Internet que exageran y manipulan hechos que muchas veces resultan imposibles de ser contrastados en su totalidad. Esta tendencia no es exclusiva de Venezuela: de la misma manera que en las redes sociales nos rodeamos de personas con gustos e ideas similares a las nuestras, hemos adquirido el hábito de compartir a través de Internet toda noticia que apuntale nuestras creencias y valores, y les otorgue sello de veracidad. Desde este punto de vista, una cierta endogamia intelectual amenaza también al chavismo.

Es inadmisible que la sociedad venezolana se encuentre tan dividida y que las diferencias políticas se resuelvan en tantas ocasiones por medio de la violencia. No existe debate político en la Venezuela actual que se dirima con serenidad y objetividad. Los ánimos están tan sumamente enconados que se hace casi imposible llegar a acuerdos mediante el diálogo, lo cual propicia enfrentamientos cada vez más virulentos que no hacen sino perpetuar el círculo vicioso de discrepancias que generan violencia.

Todo esto es justo lo contrario de lo que Venezuela necesita: diálogo, comprensión, paz social, concordia, tolerancia, cesiones de todas las partes, acuerdos mínimos y esenciales que todos acaten para acabar con la violencia por motivos políticos y respeto por las decisiones democráticas tomadas por el pueblo

        Diferentes formas de enfocar, manipular u ocultar la información. El “caracazo”. El caso del presidente Temer en Brasil

El hecho de que los actuales disturbios tengan una cobertura mediática muy superior a lo que se dio en llamar el “Caracazo” se explica desde el punto de vista de la estrategia de imposición del neoliberalismo a nivel mundial. Este hecho tuvo lugar entre los días 27 de febrero y 8 de marzo de 1989 durante el Gobierno del “socialista” (que fue, en realidad, un fiel servidor del capitalismo más salvaje) Carlos Andrés Pérez. El 2 de febrero de 1989, Carlos Andrés Pérez tomó posesión como presidente en una suntuosa y espectacular fiesta llevada a cabo en un teatro de Caracas. Los venezolanos, indignados, bautizaron la celebración como la “coronación”. Apenas dos semanas después, el nuevo presidente(que ya lo había sido entre 1974 y 1979)anunció en una comparecencia retransmitida por todas las televisiones un proyecto económico que devaluaba la moneda en un 400% y aumentaba de forma gradual el precio del transporte público y el de servicios como el teléfono, la energía, el agua y el gas; el paquete de medidas también incluyó un incremento del precio de la gasolina y una congelación en la contratación pública; el precio de los alimentos fue liberalizado, lo que conllevó un aumento inmediato de la inflación. La tasa de pobreza de la Venezuela de 1989 era del 80%, de manera que las medidas incidieron de modo devastador sobre las capas más desfavorecidas de la población. Todo el conjunto de disposiciones había sido diseñado en consonancia con el Fondo Monetario Internacional, que meses antes había ofrecido al país caribeño un préstamo a cambio de que el nuevo Gobierno adoptara una política decididamente neoliberal. Durante la campaña electoral, Carlos Andrés Pérez se mostró contrario a las reformas propuestas por el FMI, pero una vez llegado a la presidencia las llevó a cabo con entusiasmo.

En las primeras horas del 27 de febrero de 1989, una multitud se empezó a concentrar en los terminales de autobuses, dando lugar a enfrentamientos con los transportistas, que habían subido los billetes hasta en un 300%, el triple de lo que proponía el Gobierno. Las revueltas iniciales comenzaron en el terminal del barrio de Guarenas-Guatire. Horas después, la masa se trasladó a Caracas y comenzaron los disturbios. Las protestas y los asaltos a la propiedad privada se extendieron con rapidez por la capital. También hubo graves desórdenes y protestas en Mérida, San Cristóbal, Maracaibo, Puerto La Cruz, Ciudad Guayana, Ciudad Bolívar, Cumaná, Barquisimeto, Valencia y Barinas, donde se repitieron los saqueos a supermercados y a los camiones que transportaban alimentos. La respuesta de Ítalo del Valle, ministro de Defensa y de Carlos Andrés Pérez fue durísima: se impusieron el estado de emergencia y la ley marcial. El 28 de febrero, un día después del comienzo de las revueltas, el Gobierno anuló varios artículos de la Constitución, incluido el 60 (derecho a la libertad individual y a la seguridad); el 62 (inviolabilidad del domicilio); el 66 (libertad de expresión); el 71 (derecho a reunirse en público y en privado); y el 115 (que garantizaba el derecho a la protesta pacífica). En virtud del llamado “Plan Ávila” se autorizó al ejército a utilizar armas de guerra para contener y disolver las manifestaciones. Como consecuencia del estado de excepción se produjeron atrocidades de todo tipo: murieron civiles desarmados, hubo detenciones injustificadas, desapariciones, casos de tortura y ejecuciones extrajudiciales. Las cifras oficiales hablaban de 276 personas muertas, pero estimaciones posteriores elevan a más de 3.000 el número de víctimas que, en cualquier caso, continúa siendo una de las grandes incógnitas de la historia reciente de Venezuela. Los soldados disparaban de forma indiscriminada contra edificios residenciales y grupos de personas.

Carlos Andrés Pérez fue oficialmente destituido de la presidencia de la República el 31 de agosto de 1993, tres meses después de que el Parlamento, en una medida cautelar, le suspendiera temporalmente de sus funciones por sospechas de malversación de fondos públicos y desfalco. Sin saberlo, este neoliberal irredento estaba sembrando en el pueblo el descontento y el hartazgo que daría lugar al chavismo unos años después. Hubo que esperar hasta 1999 para que la Corte Interamericana de Derechos Humanos se pronunciara sobre el “Caracazo”, dictaminando que el Gobierno había cometido diversas violaciones contra los derechos humanos, entre las cuales citaba las ejecuciones extrajudiciales. El Gobierno venezolano, entonces presidido por Hugo Chávez, no impugnó el caso y aceptó toda la responsabilidad por las acciones del anterior Ejecutivo.

En 1990, fueron halladas varias fosas comunes en el Cementerio General del Sur, la más grande fue localizada en el sector conocido como “La Peste”, en el que se descubrieron 68 cuerpos no identificados que no se encontraban en ninguna lista oficial. En 2009 se llevó a cabo una nueva exhumación, pero los restos fueron transportados a laboratorios improvisados en Fuerte Tiuna, la primera instalación militar, por cierto, a la que Chávez fue trasladado durante la asonada golpista de 2002. La Corte Interamericana de Derechos Humanos expresó entonces sus dudas respecto a la investigación. En una resolución del 18 de septiembre de ese año pidió al Estado garantizar el “pleno acceso y capacidad de actuar” a los familiares en todas las etapas del proceso. La Corte también solicitó la participación de profesionales objetivos, pero la Fiscalía venezolana hizo caso omiso a estos requerimientos. A día de hoy, casi 30 años después de la masacre, la mayoría de las víctimas sepultadas en “La Peste” están aún sin identificar.

El Gobierno de Carlos Andrés Pérez ordenó sepultar a los asesinados en la fosa común de “La Peste” porque las morgues de Caracas estaban colapsadas debido a la ingente cantidad de cadáveres que llegaban. Ante la extrema gravedad de los hechos y en un intento por dar una apariencia de normalidad y de control de la situación de caos, el ministro del Interior, Alejandro Izaguirre, compareció en una alocución retransmitida por radio y televisión a todo el país. Izaguirre, abrumado por el peso de la culpa, puesto que ya conocía de primera mano la magnitud de la barbarie que la Guardia Nacional, la policía y el ejército habían perpetrado, se desmoronó en directo y no pudo finalizar su discurso.

En 1994, Izaguirre fue procesado junto con el propio Carlos Andrés Pérez por malversación y apropiación indebida de fondos reservados que según los acusadores habían sido destinados a financiar la campaña electoral de 1990 de la presidenta de Nicaragua, Violeta Chamorro. La cobertura de estos hechos, en comparación, fue menor a la que se da hoy a los diversos disturbios que vive el país. De hecho, en países como España, aludir a la coyuntura actual de Venezuela es un recurso frecuente con el que algunos políticos y periodistas tratan de ocultar la realidad y los problemas del país.

El caso de Brasil es otro ejemplo claro: los medios no ponen el foco sobre el gigante sudamericano, pero lo cierto es que de los 23 ministros del gabinete del nuevo presidente, Michel Temer, siete están procesados investigados por delitos de corrupción, mientras que 12 de ellos recibieron donaciones de empresas vinculadas con el escándalo de lavado de dinero de la compañía Petrobras.

La destitución de un presidente en Brasil está prevista en la Constitución del país (al igual que otras medidas excepcionales como el estado de sitio) , lo cual no quiere decir que se pueda aplicar esta medida en el caso de Dilma Rousseff. La Constitución determina que ha de haber un crimen de responsabilidad para iniciar el proceso y no hay nada definido en la ley como crimen que se le pueda atribuir a la ex-presidenta. El uso de fondos de bancos públicos para cubrir programas sociales que son responsabilidad del Gobierno no constituye un crimen, incluso es una práctica frecuente en varios estados del país, y ninguno de ellos ha sufrido sanciones por este motivo. Un 40% de los senadores encargados de juzgar a Dilma Rousseff estaban acusados de escándalos de corrupción. El diario O Globo destapó una conversación entre el presidente Temer y un empresario en la que el jefe del Ejecutivo de Brasil incita a “comprar” a Eduardo Cunha, ex-presidente de la cámara de diputados, actualmente en prisión, con el fin de que se mantenga en silencio. En marzo de este año, Eduardo Cunha fue condenado a 15 años y cuatro meses de cárcel por crímenes de corrupción pasiva, lavado de dinero y evasión de divisas. El presidente Temer está revirtiendo todas las medidas sociales impulsadas por los Gobiernos del PT, presididos por Lula da Silva y Dilma Rousseff, sin embargo, su desastrosa gestión económica, que no ha generado riqueza alguna en su primer año de mandato al frente del país, no es objeto de interés ni de examen por parte de los grandes medios de comunicación a nivel mundial.

Durante las manifestaciones en contra de su Gobierno que se produjeron a finales de mayo de este año, algunos policías dispararon a la población sin encontrarse en situación de peligro, según informó el diario El País. Las protestas se llevaron a cabo contra las medidas neoliberales impulsadas por el nuevo Ejecutivo y también por la corrupción que acosa a varios de sus miembros. Pues bien, los medios de comunicación pertenecientes a los grandes grupos de comunicación a nivel mundial describían los incidentes en Brasil diciendo: “efectivos del ejército contienen la violencia de los manifestantes”. Cuando se habla de Venezuela, los términos empleados son bien diferentes: “la Guardia Nacional reprime a la oposición”. El lenguaje empleado es fundamental para entender el problema.

La relación entre Venezuela y PODEMOS

La relación que algunos medios de comunicación quieren dibujar respecto a la Revolución Bolivariana y al partido político español PODEMOS, con el fin de que la idea creada permanezca indeleble en la memoria de todos nosotros, va mucho más allá de la cuestión de las cantidades recibidas por algún miembro del citado partido por labores de asesoramiento al Gobierno venezolano. La aspiración que los españoles debemos tener respecto a nuestra democracia es que sea un sistema cada vez más transparente y perfecto. Desde este punto de vista, la exigencia hacia PODEMOS debe ser máxima. Sea como fuere, cualquier escándalo que pueda haber afectado a este partido se da en el PP o en el PSOE en una dimensión mucho más grave, frecuente y profunda. La diferencia es el tratamiento que la formación morada recibe en los medios de comunicación.

Para construir una imagen tan nefasta de la actual Venezuela lo primero que se ha hecho es ocultar por completo los innegables logros que el movimiento chavista ha conseguido, principalmente porque la increíble transformación de la sociedad venezolana la ha llevado a cabo de forma pacífica y democrática un movimiento político de izquierdas en el contexto de una América Latina permanentemente maniatada por la corrupción de sus gestores políticos y por las injerencias de todo tipo de Estados Unidos. En segundo lugar, ha sido necesario atribuirle a un sistema democrático todos los defectos de los que puede adolecer una dictadura: falta de libertad de prensa, ausencia de libertad de expresión, existencia de presos políticos, creación de cárceles donde se tortura y se da un trato humillante a esos presos, invención de una policía represora y brutal que ataca a la población sin motivo alguno, ausencia de tribunales independientes, inexistencia de un marco jurídico que regule las normas de convivencia y de trabajo, etcétera. Podemos definir este proceso como una demonización de la Revolución Bolivariana, aunque yo prefiero hablar del procedimiento de “etiquetar”, es decir, la democracia venezolana está, por así decirlo, clasificada entre aquellos países que no respetan los derechos humanos, donde el Estado no provee a sus ciudadanos de los servicios públicos básicos y donde las libertades civiles no están garantizadas. De tal manera ha sido eficiente la construcción de esta imagen, que la sola mención de la palabra Venezuela nos evoca a una dictadura. Después de este arduo proceso que ha consistido en etiquetar de un modo tan perverso al país caribeño, ha llegado la segundo estrategia, que estriba en fabricar la relación Venezuela-PODEMOS como una construcción ideológica absolutamente inseparable. Esto significa, finalmente, que si PODEMOS gobierna en España, nuestro país se verá indefectiblemente abocado a padecer las mismas desgracias que se relatan acerca de Venezuela: escasez de alimentos y medicinas, altísima inflación, violencia en las calles, ausencia de libertades, represión policial, cierre de periódicos críticos con PODEMOS, etcétera. El constructo originado tras tantos años de mentiras y manipulaciones ha sido tan eficaz que no puedo menos que ser pesimista: en mi opinión, PODEMOS tuvo su techo electoral durante los dos procesos electorales de los años 2015 y 2016, nunca obtendrá resultados significativamente superiores y no podrá gobernar el país a no ser que se produzca una alianza con el Partido Socialista, algo poco probable.

        El fenómeno del bipartidismo a nivel mundial

El Partido Socialista y el Partido Popular votan, al menos, el 73% de las veces juntos en las decisiones que se toman en el Parlamento Europeo. En el Parlamento nacional, ambos partidos también suelen coincidir en lo que se denominan “cuestiones de Estado”, algo que no siempre tiene que ver con temas tan trascendentes y decisivos para el ciudadano como la división territorial, la existencia de privilegios fiscales de algunas Comunidades Autónomas en detrimento de otras y de todo el sistema o el mantenimiento de servicios sociales básicos como la educación, la salud y las pensiones. Al contrario, para ambos partidos las “cuestiones de Estado” consisten en conservar los privilegios de estamentos como la Iglesia Católica, la banca, las grandes empresas y los grandes latifundistas; así como garantizar la seguridad jurídica, incluso a costa de los ciudadanos, de las inversiones procedentes del exterior.

Naturalmente, a estas cuestiones no son ajenos los medios de comunicación, siempre pendientes de manipular o de, sencillamente, no informar de forma veraz. Esos medios son los que retratan a Pablo Iglesias como un peligroso antisistema que quiere acabar con la democracia tal como la conocemos. Claro está que el modo en que los medios clasifican y juzgan a Iglesias no tiene nada que ver con las críticas legítimas que el líder de PODEMOS hace a un sistema injusto y desigual como el nuestro, sino que pretenden hacernos ver que sus intenciones ulteriores son dividir nuestro país (cuando PODEMOS sólo apoya un referéndum- no la independencia-en Cataluña y en el País Vasco); hacer desaparecer la Iglesia Católica y todo rastro de cristiandad (cuando sus principales dirigentes nunca han expresado tal cosa); hacer de España un país donde la inversión extranjera no encuentre un marco jurídico idóneo para desarrollarse (cuando los dirigentes del partido tan solo han hablado de luchar contra el fraude fiscal, una reforma que antes o después tendremos que llevar a cabo de forma determinada y firme porque el fraude en nuestro país es el doble que en Europa); y recortar nuestro sistema de derechos y libertades ( cuando PODEMOS, precisamente, pretende ampliar esos derechos).

Todo esto forma parte de una estrategia de carácter mundial que pretende garantizar la prevalencia del neoliberalismo (el gobierno de las grandes empresas) ,algo que está en estado embrionario pero, a la vez, en situación de avance imparable una vez que las grandes corporaciones a nivel mundial han fagocitado gran parte de los sectores públicos de países como España, Reino Unido o Italia, donde el Estado llegó a gestionar con admirable eficacia, en contra de lo que dicen los detractores del intervencionismo estatal, más de la mitad del PIB de estas naciones. Estas grandes corporaciones escapan a casi todas las regulaciones, el ciudadano medio no posee control alguno sobre estos grupos. En realidad, hay pocas razones para ser optimistas a este respecto: no controlamos ninguno de los factores económicos que influyen de forma decisiva en nuestra vida cotidiana; ni el precio de la gasolina ni el de los alimentos ni los tipos de interés que afectan a nuestra hipoteca cada mes; tampoco elegimos a los presidentes de los grandes bancos, de los laboratorios farmacéuticos o de cualquier otra gran empresa.

Con esto no quiero decir que PODEMOS no haya incurrido, ya sea por inexperiencia política o por cualquier otro factor, en errores importantes desde el punto de vista político. Uno de esos errores fue un desacierto en materia de comunicación y consistió en permitir que su postura a favor de un referéndum en Cataluña ocupara el centro del debate de sus posibles alianzas con el PSOE. Para el Partido Socialista, el referéndum no es una cuestión prioritaria: lo fundamental para esta formación es garantizar las políticas neoliberales que siempre han promovido de la mano del Partido Popular, pero el hecho de que PODEMOS incluyera entre sus “líneas rojas” la celebración de la consulta en Cataluña les sirvió en bandeja la excusa perfecta para no pactar con quienes deseaban “romper España”. El hecho de no pactar con PODEMOS garantizó otros cuatro años de políticas neoliberales del PP, que se hubieran llevado a cabo, en cualquier caso, de haber gobernado el PSOE. Mi opinión respecto al futuro próximo es que el natural desgaste del PP acabará llevando a Pedro Sánchez, actual líder del PSOE, a la presidencia del Gobierno y se producirá la misma secuencia que en los casos de González y Zapatero: la implementación de políticas económicas neoliberales se llevará a cabo a la vez que se aplican algunas políticas sociales menores destinadas a maquillar la imagen del Gobierno “socialista” con el fin de otorgarle una pátina de progresismo.

Otro error estratégico de PODEMOS ha sido su ambigüedad a la hora de enfrentar el problema del fin del terrorismo en el País Vasco: algunos miembros de la formación morada han apoyado en diferentes declaraciones a Arnaldo Otegui, un terrorista condenado en varias ocasiones por delitos relacionados con la violencia, que nunca ha sido capaz de condenar las operaciones de ETA. Por el contrario, siempre ha justificado las acciones terroristas de la banda. Si en los últimos tiempos el lenguaje de Otegui ha cambiado, ha sido por motivos de estrategia política y nunca por razones éticas. Este monstruo, que en su delirio llegó a compararse con Nelson Mandela, fue un continuo enaltecedor de la violencia y se comportó de forma habitual como un matón de taberna. Otegui apoyó sin ambages el sueño de ETA, que consistía en un Euskadi totalitario y antidemocrático. No obstante, también en este asunto PODEMOS ha sido víctima de las manipulaciones de la prensa. Buen ejemplo de ello fue lo que ocurrió en abril de 2016, cuando algunos medios titularon que Otegui había sido invitado al Parlamento Europeo por PODEMOS e Izquierda Unida, cuando lo cierto es que la invitación partió del grupo de eurodiputados “Amigos del País Vasco”, un colectivo internacional formado por varios partidos entre los que están Bildu, Esquerra Republicana, Alternativa Galega o nacionalistas flamencos del N-VA.

El PSOE, cuarenta años de falso socialismo

Otra estrategia de los medios de comunicación consiste en etiquetar a los propios partidos políticos, táctica que también ha perjudicado a PODEMOS: los partidos que hace 40 años eran considerados socialdemócratas son hoy calificados de populistas, radicales o de extrema izquierda (otorgando a este último término un carácter negativo). Mientras, formaciones como el Partido Socialista Obrero Español han llevado a cabo políticas neoliberales desde que accedieron por primera vez al Gobierno en 1982: fue el Partido Socialista el que comenzó el proceso de privatización del sector público en 1985, utilizando para ello el eufemismo de “proceso de desinversión” del Estado en las empresas públicas o el que introdujo en nuestro país en 1994 las ETT (empresas de trabajo temporal), que sólo sirven para ahorrar costos al empresario en detrimento de los trabajadores, que ven como sus derechos disminuyen. Durante la tercera legislatura del PSOE, en 1991, se comenzó a sopesar de forma abierta la privatización de la sanidad pública con el Informe Abril; Felipe González, pese a su discurso anticlerical, dio lugar a los conciertos educativos con la Iglesia Católica, que consisten en financiar con dinero público la educación en las creencias privadas de una parte de la población, la católica. Este sistema es prácticamente inédito en el contexto europeo. Tan solo Bélgica admite un procedimiento de financiación de los centros privados parecido al español, pero a cambio desarrolla un rigurosísimo control de los contenidos escolares, cosa que no sucede en España. La legislación belga no permite la discriminación por motivos religiosos, raciales o de orientación sexual. Además, Felipe González apoyó económicamente a la Iglesia al crear la asignación del 0,52% del IRPF para la institución católica. Esta medida, claro está, no fue modificada por José María Aznar. Posteriormente, José Luis Rodríguez Zapatero en el año 2007, aumentó la asignación hasta el 0,7%. La Iglesia tampoco paga el IBI en las más de 110.000 propiedades inmobiliarias con las que cuenta en nuestro país. Tampoco el Gobierno socialista en el año 2005, al detectar que las SICAV (las sociedades de inversión de las personas más ricas de España) eran sociedades creadas de forma expresa para defraudar enormes sumas, hizo nada salvo cambiar el marco jurídico de estas sociedades que pasaron de depender de la Agencia Tributaria, con sus respectivas inspecciones, a hacerlo de la Comisión Nacional del Mercado de Valores; este organismo no tiene las competencias ni los medios para detectar las anomalías que se producen en las SICAV; es decir, un gobierno sabe a ciencia cierta que se produce un delito, pero se muestra incapaz de hacer cumplir la ley a estos gigantes económicos cuando al mismo tiempo somete al ciudadano a controles y sacrificios que rayan lo insoportable.

Decía Albert Camus: “El primer acto de libertad es decir no frente a lo inaceptable”. A día de hoy, un político no solamente debería definir su honestidad por algo tan pueril como no robar. La situación actual exige políticos decentes y el primer acto de decencia es ser activo frente a los poderes que tratan de someter al ciudadano. Pedro Sánchez no se pronunció en ningún sentido cuándo el PSOE se alió con el PP para dar prioridad al pago de la deuda antes que al mantenimiento de los servicios sociales, modificando para ello el artículo 135 de nuestra Constitución; tampoco hizo declaración de ningún tipo en contra de la reforma laboral de Zapatero de 2010. Esta reforma amplió las causas por las que los empresarios podían despedir a los trabajadores sin justificación alguna; abarató el despido acortando los plazos de preaviso; y facultó al empresario para incumplir los convenios sin ser sancionado, simplemente alegando que esto mejoraría la situación de la empresa. En realidad, tanto el salario como las condiciones de trabajo y otros derechos laborales podían ser ignorados mediante un pacto dentro de la empresa que podía fijar unas condiciones perjudiciales para los trabajadores respecto a lo que los respectivos convenios les garantizaban.

El Gobierno socialista de Zapatero amplió legalmente varios aspectos sobre los cuales el pacto de la empresa se situaba por encima del convenio sectorial. En esa ampliación se incluía todo lo que tiene que ver con la distribución del tiempo de trabajo. Por ejemplo, un empresario podía implantar un plan de trabajo que obligara a los trabajadores a trabajar los siete días de la semana. El empresario, para llevar a cabo esta acción, sólo debía declarar que esto “era lo mejor para la empresa”, porque la reforma eliminaba el control judicial en este sentido, lo cual abría el camino para confeccionar pactos a medida de cada empresario. El pacto de empresa también permitía a los dueños de las mismas fijar un salario menor al acordado en el convenio porque las dos garantías jurídicas (preferencia de regulación del salario que hubiera sido pactado en el convenio y supresión de la intervención de la Comisión Paritaria del convenio sectorial) habían sido eliminadas en la nueva reforma. Se ampliaron, además, los motivos para que el empresario pudiera recortar los salarios. Entre esos motivos estaban las “futuras malas perspectivas económicas de la empresa”, aunque en la actualidad no existieran dificultades para el normal funcionamiento de la actividad de la misma. La reforma reconoció claramente la potestad del empresario para modificar de forma unilateral los pactos de empresa que están por encima de los convenios. Esto afectó a todos los pactos y acuerdos anteriormente negociados con los sindicatos, ya que la reforma otorgaba al empresario la capacidad de negar la validez vinculante de dichos acuerdos.

La reforma alcanzó también al sector público en dos cuestiones primordiales. En primer lugar, porque consideraba el déficit presupuestario de administraciones o entidades causa de despido, lo cual conllevaba un posible despido de trabajadores públicos fijos, aunque no de funcionarios. En segundo término, porque las administraciones que acudieran a la privatización de servicios para ahorrar costes podían alegar “mejora de la situación de la entidad”, razón por la cual podían acogerse a despidos. Se produjo, por último, la entrada de las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) con objeto de gestionar las bolsas de contratación temporal de la Administración Pública con la consiguiente degradación de las condiciones laborales de los trabajadores.

Zapatero decía de esta reforma que “Beneficiaba a los trabajadores y al empleo”. No era más que otra inmensa tomadura de pelo del Partido “Socialista” hacia los ciudadanos. Es inexplicable que esta formación, tras años de traiciones a los trabajadores y a la clase media, aún no haya sido castigada como merece por sus votantes. ¿Dónde estaba Pedro Sánchez cuando Zapatero redujo el sueldo de funcionarios públicos y congeló las pensiones?

La pasividad de Sánchez no se limita, únicamente, a estos casos; a lo anteriormente citado hay que sumar su vinculación con Caja Madrid entre los años 2004 y 2009 (hecho que borró de su biografía oficial), cuando formaba parte de su Asamblea General como representante socialista del Ayuntamiento de Madrid. La Asamblea General era, como recogían sus estatutos, el máximo órgano de gobierno de la Caja y tenía entre sus funciones la aprobación de las cuentas anuales y los informes de gestión, así como nombrar a los miembros de la Comisión de Retribuciones y Nombramientos. Sánchez no se opuso, en su papel de consejero, al ruinoso dispendio que supuso la compra del City National Bank of Florida (noviembre de 2008) por 927 millones de euros. Tampoco fue contrario a la política de concesión de “créditos amigo” practicada por la caja, a que aumentara artificialmente su balance con activos tóxicos procedentes de la burbuja inmobiliaria o a los sueldos millonarios que su entonces presidente, el recientemente fallecido Miguel Blesa, y sus consejeros cobraron en aquel tiempo (un número de 17 directivos cobraron 71 millones de euros en cuatro años).

Otra de las prácticas no censuradas por Sánchez fue el hecho de que Caja Madrid ofreciera participaciones preferentes a la vez que negaba la dación en pago. Sánchez aprobó con su voto en tres asambleas distintas la emisión de estas preferentes, que resultaron ser una estafa que está a día de hoy en manos de la justicia. La Audiencia Nacional ha apreciado “indicios de criminalidad” en Miguel Blesa por crear este producto. Durante el tiempo en que fue consejero, Sánchez obtuvo una hipoteca concedida por la propia entidad y por cada asistencia a una asamblea recibía entre 1.000 y 1.350 euros. Otra de las prácticas permitidas por la pasividad de Sánchez fueron los cuantiosos e injustificables préstamos concedidos al ex presidente de la CEOE, Gerardo Díaz Ferrán, actualmente en prisión e implicado en varios casos de corrupción. Y así varios ejemplos de inacción por su parte.

Nada nos permite pensar que esa no vaya a ser su actitud cuando tenga que elegir, si llegara a presidir el Gobierno de España, entre defender los intereses de los poderosos o los de los ciudadanos. No es serio, honesto ni coherente decir “no sabía nada” o “voté a favor de tal o cual medida aunque no estaba de acuerdo”. Esta actitud acomodaticia no ha sido, únicamente, patrimonio del actual secretario general del PSOE, sino de todos los parlamentarios y senadores “socialistas”, incapaces de rebelarse contra Zapatero como antes fueron incapaces de hacerlo contra González. Quien piense más en su comodidad que en el bien público, no debe dedicarse a la política. Sánchez pertenece al grupo de los “hombres de Estado” de hoy en día: hombres o mujeres cordiales, sumamente educados, impecablemente vestidos, exquisitos en sus formas y en su lenguaje, pero incapaces de tomar decisiones a favor de los ciudadanos si los intereses de estos últimos chocan con los de las grandes empresas.

Lo que de verdad puede acabar con el sistema democrático y la confianza en el mismo es la corrupción, el amiguismo, el compadreo, la gestión ineficaz del dinero público y la falta de transparencia de nuestras instituciones. Poco afianzado y fuerte será un sistema que no admita la crítica y el cuestionamiento constante hacia la gestión llevada a cabo por sus servidores públicos. Pero resulta que el sistema y sus medios de comunicación no condenan la gestión de políticos que anulan derechos sociales, venden empresas públicas y se benefician personalmente de su cargo poniendo en riesgo la confianza de los ciudadanos en la democracia y sus instituciones, sino que arremeten duramente contra los partidos que, como PODEMOS, critican estos comportamientos antidemocráticos y anti-éticos.

El proceso de renuncia de la izquierda europea a defender a los trabajadores y a las clases medias adscribiéndose, por tanto, al neoliberalismo comenzó en 1959 cuando Erich Ollenhauer, dirigente del SPD alemán, se negó a apoyar los intereses de los menos favorecidos. Los motivos de esta renuncia eran sus insuficientes resultados electorales; el siguiente en tomar el mismo camino fue Mitterrand en Francia, al que siguió González en España. Todos los políticos que se dicen de izquierdas y que han gobernado posteriormente en Reino Unido, Alemania, Francia, España e Italia lo han hecho-en el aspecto económico-del mismo modo que si sus dirigentes pertenecieran a un partido de derechas. Históricamente, el movimiento neoliberal, al menos en los laboratorios de ideas de los partidos políticos, se dio antes en la Europa continental que en Reino Unido y Estados Unidos, que comenzaron a aplicar políticas neoliberales de la mano de Callaghan y Carter respectivamente. La realidad demuestra ampliamente que ambas formaciones -socialistas y conservadores- en cada país, no dejan de ser la extrapolación del sistema de los EE. UU.: el bipartidismo, las mismas políticas, en suma, pero con otras siglas; un sistema que dice fomentar la estabilidad, cuando en realidad sólo busca garantizar la prevalencia de las políticas neoliberales sobre las políticas de protección del sistema público.

La última prueba de que en el PSOE no existe intención alguna de girar de verdad hacia la izquierda-pese al mensaje que se intenta transmitir a los ciudadanos tras la victoria de Sánchez en las primarias frente a Susana Díaz-es lo que ocurrió el pasado 29 de junio, cuando el partido se abstuvo en la votación en la que el Congreso aprobó la ratificación del tratado de libre comercio entre la Unión Europea y Canadá (CETA ,por sus siglas en inglés). La abstención supone en la práctica lo mismo que haber votado a favor, puesto que lo único que hubiera bloqueado el tratado habría sido el voto en contra del PSOE. El PSOE justifica su abstención explicando que mantiene reservas frente a los tribunales ISDS, un sistema de arbitraje en los conflictos entre las multinacionales y los Estados que favorece claramente a las primeras. Si la posición del partido fuera realmente la de estar en contra del tratado, la orden de la nueva dirección de la formación sería la de votar contra el CETA sin ambigüedades, pero la posición del partido es la de una calculada equidistancia con el fin de no enfrentarse al Grupo Socialista Europeo ni tampoco dar explicaciones claras ante los ciudadanos españoles. Si el PSOE estuviera en el Gobierno, hubiera apelado, sin ningún género de dudas, a la “responsabilidad” con el fin de aprobar un tratado que no es bueno ni para los ciudadanos de Canadá ni para los de la Unión Europea. El actual acercamiento del PSOE a PODEMOS responde a la estrategia de los “socialistas” de reformar su imagen entre el electorado de izquierdas con el fin de recabar más votos.

Los medios de comunicación y los partidos alternativos

Los ataques contra PODEMOS no son algo casual: la agenda económica de Europa y Estados Unidos no puede permitirse un contratiempo de las dimensiones que PODEMOS podría producir en el continente europeo con la aplicación de políticas verdaderamente socialistas en España y su posible propagación al resto de la Unión Europea y del mundo. España tiene el doble de producto interior bruto que Grecia, Irlanda y Portugal-los tres países rescatados-juntos. Nuestro país aporta al Banco Central Europeo casi el 9% de su capital. España es el segundo inversor del mundo en América Latina. Siendo como es una de las culturas preponderantes en el mundo, todo lo que haga en una u otra materia puede acabar siendo un modelo a seguir por otros países. De ahí que cualquier caso de corrupción que afecte a PODEMOS sea manipulado y amplificado hasta extremos grotescos. Cualquier acierto político o económico en los municipios que gobierna PODEMOS que pudiera beneficiar a esta formación es-como ocurre con Venezuela-sistemáticamente ignorado o silenciado por los medios. Esto contrasta con la admiración que el partido suscitaba en 2014 en España y con la luna de miel que la formación mantenía con la sociedad y con la prensa para comprender el daño que su imagen ha sufrido tras ser asociado permanentemente con una Venezuela cuya representación es continuamente falseada en los medios.

La muestra más clara del poder casi absoluto de los medios de comunicación y su poderosísima influencia en la formación de ideas en nuestra sociedad es lo que está ocurriendo en España: fueron los dos grandes partidos, PP y PSOE, los que causaron la burbuja inmobiliaria que ha causado más de 400.000 desahucios; bajo la gestión de ambas formaciones hemos conocido recortes sociales y laborales que han tenido un impacto negativo decisivo sobre la población trabajadora, sobre la clase media y sobre los jubilados; durante el Gobierno de Rajoy, España alcanzó los 6 millones de parados y la prima de riesgo sobrepasó los 650 puntos; durante la gestión de los dos grandes partidos la exclusión infantil se situó entre el 24% y el 33%; el índice de pobreza energética(un problema que causa más de 7.000 muertos al año en España, según la Organización Mundial de la Salud) aumentó hasta alcanzar casi al 11% de los hogares y los índices de corrupción se perciben como inasumibles por parte de la población.

Sin embargo, los medios han conseguido que prevalezca en los ciudadanos la idea de que sería una eventual administración de PODEMOS lo que nos traería el caos, la pobreza y la penuria. Yo me pregunto cómo podemos definir todo lo que nos ha ocurrido bajo la gestión de casi 35 años de los dos grandes partidos, sino como un lento y progresivo deterioro del Estado de Bienestar que hemos terminado asumiendo como inevitable. Pero no debemos extrañarnos de esto porque lo mismo ha ocurrido en Grecia: la actual situación de bancarrota del país es debida a los sucesivos Gobiernos de Nueva Democracia (partido de derechas) y PASOK (partido socialista), que han sido un desastre en materia de gestión económica y de corrupción. Sin embargo, la propaganda nos dice que los culpables del desastre griego son los miembros del partido Syriza, que poco pueden hacer en el actual contexto de caos económico de Grecia, heredado de la calamitosa gestión de los dos grandes partidos helenos.

Epílogo

Volviendo a Venezuela, a diferencia de Castro, que nunca convocó un proceso electoral verdaderamente libre, Chávez sí estaba legitimado por la fuerza de los votos. Eso, unido a las políticas sociales llevadas a cabo por sus diferentes Gobiernos, le otorgaba una autoridad moral que le hubiera permitido erigirse en el indiscutible líder mundial de la izquierda. En este sentido, creo que no supo ver que su discurso debería haber tenido un carácter global y no, únicamente, un carácter regional, restringido al ámbito latinoamericano, al cual estaba dirigido.

Para terminar, lo que las clases altas venezolanas no soportan es la epopeya protagonizada por aquel humilde niño que vendía dulces en las calles de Sabaneta de Barinas, en el interior del país, para ayudar a la economía familiar. El niño acabó formándose en la Academia Militar de Venezuela con las más altas calificaciones y años después se convertiría en el presidente con mayor apoyo de la historia del país y el que llevó a cabo la mayor transformación social de la historia de América Latina. Al odio de clase debemos sumar el racismo que en un alarde de desvergüenza le dedicaron los editoriales de prensa de algunos diarios de derechas que le calificaban de mico utilizando la expresión “mico-mandante”. Es la “eterna” historia de América Latina. Nada de eso importa, la poderosa huella dejada por Chávez en su pueblo es tan real como inmortal porque atacó las bases estructurales de la pobreza mediante las únicas formas de combatirlas: la mejora de la educación pública y las políticas de inclusión social.

El mismo proceso de ultraje continuo que sufrió Chávez, lo puede sufrir cualquier líder decente que quiera practicar la política fuera de la órbita y de la égida de las grandes multinacionales. De momento, no es necesario llevar a cabo una campaña mediática tan agresiva como la llevada a cabo contra Chávez y Maduro (que en el caso de Chávez iba más allá de la legítima crítica política) sobre casi ningún gobernante elegido democráticamente porque el bipartidismo garantiza la estabilidad y el dominio del sistema neoliberal a nivel mundial. Hemos aprendido a aceptar lo inaceptable mediante el constante y selectivo bombardeo de noticias (trufadas de opinión) de los medios de comunicación más importantes del mundo. Algunos de esos medios tienen presencia en todo el planeta; otros son importantes tan solo a nivel local, pero todos ellos defienden el neoliberalismo y son selectivos en sus informaciones, de manera que su influencia sobre nosotros es absolutamente extraordinaria. Un ejemplo de aceptación de lo anómalo y perverso como si fuera algo normal y que fue, además, una muestra de la penetración de los poderes económicos dentro de la política fue el nombramiento de Mario Draghi como presidente del Banco Central Europeo: Draghi fue vicepresidente en Europa de Goldmand Sachs, el cuarto banco de inversión del mundo. Durante su mandato, el banco asesoró al entonces presidente de Grecia, kostas Karamanlis, sobre como ocultar la auténtica dimensión del déficit del Estado Heleno. Esta ocultación llevó a Grecia a la Bancarrota durante la crisis financiera de 2007-2008. Los efectos de esta quiebra durarán décadas en el país, y quienes perderán serán los de siempre: los ciudadanos. Una persona con este perfil debió haber causado reticencias en la sociedad cuando su nombre apareció entre la terna de candidatos a presidir el BCE cuando el anterior presidente, Jean-Claude Trichet, cesó en su cargo. Sin embargo, nadie se escandalizó ni ante su postulación ni menos aún ante su nombramiento. La señal de alarma la deberían haber dado los medios de comunicación, que también deberían ser los encargados de abrir un debate didáctico en este y en otros muchos temas. Nada de esto sucedió. Como tampoco sucede nada, más allá de una controversia superficial y formal, cuando un ex-ministro o un ex-presidente de Gobierno acaba en el consejo de administración de un gran banco, de una compañía energética, de un gigante industrial o de una gran corporación telefónica. Lo peor es que muchos ex-directivos del mundo empresarial y financiero también terminan trabajando en organismos públicos (incluyendo los grandes entes reguladores), lo que aumenta y profundiza las relaciones entre poder económico y poder político, que en Occidente son ya lo mismo. Es la simbiosis que acaba creando el marco jurídico que garantiza la impunidad de las injusticias. La legalidad creada en Occidente desde el advenimiento del neoliberalismo a finales de los años setenta del siglo XX, es utilizada por parte de los grandes poderes como un escudo tras el cual parapetarse y garantizar la legitimidad legal de lo que es moralmente ilícito.

El gran objetivo del neoliberalismo, a través del sistema bipartidista, es reducir los márgenes ideológicos para la práctica de la política. Si todos los que llegan a la vida pública son “moderados”, los grandes poderes tendrán la garantía de que nadie se saldrá del guion establecido. Por eso se sataniza toda disidencia respecto al poder hegemónico asimilándola con lo marginal o con lo delincuencial con el fin de crear un mundo de gentes adocenadas, dóciles y sumisas. La educación que hoy se proporciona a la mayoría de los jóvenes tiene como finalidad que sean personas de “orden”. Ahora bien, ¿qué es ser una persona de “orden” desde la perspectiva neoliberal? Es ser un individuo que no discrepe de forma abierta y combativa (pasando a la acción) ante las injusticias del mundo de hoy. Se puede ser moderado de derechas o de izquierdas, pero, en ningún caso puede haber espacio para políticos o ciudadanos que se salgan de la línea marcada por el neoliberalismo. Cualquier discordancia con el sistema tanto por parte de la derecha como por parte de la izquierda será calificada de “populismo”. No obstante, me gustaría hacer una aclaración a este respecto: decía Erich Fromm que la manera de saber si una ideología es buena o mala es imaginarla en su máximo desarrollo: el llamado populismo de derechas, en caso de triunfar en algún lugar, sólo traería discriminación, dominación económica, militar, política o de cualquier otra clase de unas naciones sobre otras y, en algunos casos, como bien nos ha mostrado la historia, guerras y genocidios; por el contrario, el desarrollo democrático de políticas de izquierdas es una solución creativa y participativa que aspira a dar respuesta de forma racional y humana a los grandes problemas que enfrenta la humanidad hoy en día. Por supuesto que el sistema proporciona una suerte de ficción de rebeldía cuando permite una forma de desobediencia en los jóvenes, que, a su vez, confunden estos conceptos: para muchos jóvenes y adolescentes ser rebelde es responder de malas maneras a padres y profesores; destruir el mobiliario urbano; hacer gala de no participar en la vida pública al no pertenecer a ninguna clase de colectivo (bibliotecas, organizaciones no gubernamentales, organizaciones deportivas, asociaciones culturales, etcétera); vestir una ropa descuidadamente desaliñada; despreciar las normas básicas de convivencia; y carecer del más elemental sentido de la solidaridad. Finalmente, esta clase de jóvenes serán los mejores servidores del sistema porque con esos comportamientos están potenciando su egoísmo y su individualismo que, al fin y al cabo, son los combustibles con los que se nutre el neoliberalismo. Su pretendida rebeldía está sustentada por el egocentrismo y no por el amor por el bien, la verdad y la justicia, por esta razón sólo obedecen a la autoridad cuando esta está presente o se impone por la fuerza, cuando deberían obedecerla por reconocer en ella cualidades morales capaces de generar una sociedad más justa. La única forma de ser un verdadero rebelde consiste en adoptar una posición ética y no estética, que se manifiesta en un enfrentamiento contra el poder establecido, con el fin de luchar contra todo lo que perciban como injusto.

El sistema neoliberal produce miedo: miedo a perder el trabajo a causa del deterioro de los derechos laborales; miedo a convertirse en un excluido social; miedo a no poder hacer frente a las obligaciones económicas adquiridas; miedo a no poder otorgar un determinado nivel de vida a nuestros seres queridos, etcétera. Cuando existe miedo en la población es más fácil que un Gobierno tome medidas de excepción-que ni se plantearían en una situación de normalidad- tales como recortes sociales y laborales, disminución de salarios y pensiones, despidos de funcionarios, y demás decisiones que se nos presentan como inevitables. Eso es lo que ha ocurrido durante la crisis financiera de 2007-2008: el miedo ha servido para convertirnos en una sociedad menos revolucionaria y más aquiescente con el poder. El mayor triunfo de los poderes neoliberales es que muchos trabajadores, pensionistas que han visto reducidas sus pensiones en varios países de Europa y parte de la clase media (que ha sido laminada por la crisis en algunos países del continente)no sólo no cuestionan el sistema sino que han interiorizado el pensamiento neoliberal asumiendo el discurso de los causantes de la crisis y repitiendo frases que provienen del poder como que “lo privado funciona mejor que lo público”; que “hay que hacer sacrificios (siempre los hacen los mismos) para una mejor gestión de la economía”; o que “hemos vivido por encima de nuestras posibilidades”. Lo cierto es que quienes viven, ciertamente, por encima de cualquier posibilidad razonable son aquellos que han causado la crisis, muchos de los que se han enriquecido con la misma y los dirigentes de los grandes emporios económicos que, en un alarde de desvergüenza, piden moderación salarial mientras no cesan de aumentar su patrimonio y sus beneficios.

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Nació en Gijón,aunque desde 1993 está afincado en Madrid.Es autor de Novela,Ensayo,Divulgación Científica y análisis político.Durante el año 2013 fue profesor de Historia de Asturias en la Universidad Estadual de Ceará,en Brasil.En la misma institución colaboró con el Centro de Estudios GE-Sartre,impartiendo varios seminarios junto a otros profesores.También fue agregado y representante cultural de España en el consulado de la ciudad brasileña de Fortaleza.Ha colaborado de forma habitual con la Fundación Ortega y Gasset-Gregorio Marañón y con Transparencia Internacional.Ha dado numerosas conferencias sobre política y filosofía en la Universidad Complutense de Madrid,en la Universidad UNIFORM de Fortaleza y en la Universidad UECE de la misma ciudad.En la actualidad,escribe de forma asidua en el diario infoLibre,en la revista de Divulgación Científica de la Universidad Autónoma, "Encuentros Multidisciplinares" y en la revista de Historia, Historiadigital.es

2 Comentarios

  1. Extenso pero analítico texto que pretende, para mí lo hace, objetivar los intereses que desafortunadamente existen en los mass media a la hora de tratar conflictos como en Venezuela que con el ánimo de influir la globalizacion neoliberal de las ideas que no comparten ni compartimos otros. Todos deberían leer el libro TRAFICANTES DE INFORMACIÓN de Pascual Serrano.

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