(Sumario) Las indemnizaciones de más se dieron en la época en la que el sector privado tenía a nueve consejeros en la entidad.

Se da la circunstancia que, durante la época fiscalizada, desde el 2005 al 2011, el Consejo del ICEX estaba formado por 27 vocales, nueve de ellos representantes de empresas, que sí cobraban esas dietas. En 2011, con Mariano Rajoy en la presidencia del Gobierno, y ya fuera del periodo controlado, se pasó de 27 a 13 consejeros, y la participación del sector privado se redujo, al final, a un miembro de la CEOE y otro de las cámaras de comercio.

La clave está, según publica hoy la Fundación CIVIO, en cuánto podían cobrar por acudir a cada sesión. La Secretaría de Estado de Comercio, dependiente del Ministerio de Economía, marcó para 2005, 2006 y 2007 unas indemnizaciones máximas por consejero de 8.610 euros anuales el primer año, y 9.954 los otros dos. Esos máximos estaban establecidos para la asistencia a once sesiones pero solo se celebraron seis.

Según el Tribunal de Cuentas, el pago por sesión debía haber sido de 783 y 814 euros, respectivamente (la indemnización total dividida entre las once sesiones establecidas) pero se pagaron casi el doble 1.435 y 1.492, según el año.

(Sumario) Cobraban el máximo permitido por 11 reuniones, cuando solo se celebraban cinco o seis.

De 2008 a 2011 la situación se repitió, pero en este caso el informe culpa no solo al ICEX, también a la Secretaría de Estado, puesto que en las normas de esos años no estableció de forma clara que las dietas máximas se referían a once sesiones. Pero, para el Tribunal de Cuentas, la norma debía haber sido la misma: el total de cada año, entre once, es lo que corresponde por sesión. Pero el ICEX pagó más del doble. Así, en total, los consejeros recibieron más de 700.000 euros ilegales en esos siete años.

Cheques en blanco y contrataciones subjetivas

El organismo ha detectado incumplimiento de normas en las ayudas y subvenciones y falta de justificación de las mismas. La contabilidad y la contratación de personal en las Oficinas Económicas y Comerciales en el Exterior. En cuatro de ellas, los consejeros firmaban cheques en blanco para que se realizaran pagos en su ausencia. En otras, sacaban fondos de la caja personas que no tenían autorización para hacerlo.

En cuanto a la contratación de personal, el Tribunal de Cuentas es claro: no se cumplían, en muchos casos, los principios de mérito, capacidad y transparencia. El Tribunal ha detectado defectos en los baremos que afectaban a la objetividad en la selección, ascensos a personas que no cumplían los requisitos de la convocatoria y, en los casos en los que sí hubo oposición, “ni siquiera se puede opinar en cuanto a su objetividad, ya que en los expedientes examinados no hay referencias ni al número de candidatos, ni a las pruebas realizadas, ni a los resúmenes de las entrevistas realizadas, ni a su valoración”.

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