El alcalde de Salamanca y presidente regional del PP de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, llamado a ser tras el actual mandato autonómico el sucesor del actual presidente de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, ha sido denunciado, junto a otros tres altos cargos municipales, por un presunto delito de prevaricación administrativa que podría conllevar una inhabilitación para cargo público de nueve a 15 años.

La denuncia, presentada por la agrupación municipal de Ganemos en Salamanca, registra presuntas irregularidades en la prórroga del contrato municipal con la empresa Aceinsa Movilidad SL, la favorita del alcalde sin duda alguna, que en la actualidad es la concesionaria de los servicios de señalizacion especial de eventos públicos y la conservación, mantenimiento y nueva instalación de la  señalización horizontal y vertical en las vías publicas de la ciudad.

El interventor municipal advirtió de la ilegalidad durante más de dos años y medio

Durante más de dos años y medio, esta empresa concesionaria ha venido prestando sus servicios al Ayuntamiento de Salamanca de forma ilegal, una circunstancia que cuenta con el visto bueno del ejecutivo local. Según la denuncia presentada por Ganemos, el contrato con Aceinsa se prorrogó “más allá de su duración legal máxima”. Durante este tiempo, entre el 1 de junio de 2015 y el 16 de octubre de 2017 (período comprendido dentro de la prórroga iniciada el 11 de mayo de 2015), el alcalde salmantino y los concejales denunciados han aprobado a Aceinsa Movilidad SA facturas de señalización por un importe total de 2,7 millones de euros, según recoge la denuncia.

En el año 2015, con la previsión de incumplir el límite temporal máximo de duración de los contratos, en las Bases de Ejecución del Presupuesto el equipo de gobierno municipal redactó la Base número 24, explican los denunciantes, con el objetivo de “permitir la posibilidad de prorrogar la duración de los contratos”. Y todo ello a pesar de que ha quedado constancia de que el Interventor del Ayuntamiento ha puesto de manifiesto la “ilegalidad” de dicha medida.

El primer contrato con la empresa Aceinsa se firmó en 2011 por un valor total de casi un millón de euros y debió haber concluido el 11 de mayo de 2015. Sin embargo, actualmente sigue en vigor por “una resolución ilegal y arbitraria”, según los denunciantes, cuyo objetivo es el de “favorecer a una empresa” basándose en “un interés particular” que va “en contra de la ciudadanía”, según explica el concejal de Ganemos Gabriel Risco. El concejal de esta formación lamenta que la prórroga ilegal de este contrato está teniendo una duración incluso superior a la vigencia del propio contrato.

La empresa Aceinsa está presidida por el ex directivo de ACS y  exvicepresidente de la Asociación de Empresas de Conservación y Explotación de Infraestructuras (ACEX), Juan Agustín Sánchez Bernal. Muy vinculada a la comunidad de Castilla y León, fue fundada en Madrid en 2005 y adquirida por sus actuales propietarios en septiembre de 2009, según explica su web. Entre sus clientes se encuentran numerosos ayuntamientos, diputaciones y comunidades autónomas, así como organismos públicos como la DGT.

En 2015, esta empresa fue una de las beneficiadas por los denominados “contratos fantasma” en carreteras de la Comunidad de Madrid adjudicados por el Ministerio de Fomento, dirigido entonces por la actual presidenta del Congreso de los Diputados, Ana Pastor.

La denuncia por este delito de prevaricación administrativa, contemplado en el artículo 404 del Código Penal, va dirigida contra el presidente regional del Partido Popular (actual alcalde y aspirante a la presidencia de la Junta de Castilla y León), Alfonso Fernández Mañueco; el concejal de Fomento, Carlos Manuel García Carbayo; el edil de Hacienda, Régimen Interior y Protección Ciudadana, Fernando Rodríguez, y el jefe de la Policía Local, José Manuel Fernández Martín.

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