¿Estamos dispuestos a que sigan muriendo en la UE, de manera prematura, 520.000 europeos al año por la polución, como calcula la Agencia Europea del Medio Ambiente? ¿Estamos dispuestos a que sigan muriendo en España al año, de manera prematura, 29.980 españoles por los problemas de contaminación? ¿Estamos dispuestos a que todos los años en Madrid mueran 2.000 personas por la incidencia de la contaminación?

Esa tiene que ser la primera pregunta que debe responder la sociedad en su conjunto, y especialmente, y de manera clara, los distintos representantes políticos y también empresariales. Y hay que hacerlo, antes de dividirse en bandos, antes de meterse en las trincheras de los que están a favor o en contra de cualquier medida, sin escuchar las razones o los argumentos de quien no opina como tú. Porque ese tipo de actuación, tiende a olvidar el interés general para cegarse en la consecución de posibles ventajas cortoplacistas, o erosiones, más o menos profundas, del adversario político o ideológico.

Benjamín Franklin, uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos, afirmaba que si el tiempo es lo más caro, la pérdida de tiempo es el mayor de los derroches”. Y eso, es a lo que se dedican muchos de los políticos con sus continuas polémicas estériles, que no solo no llevan a ningún sitio sino que alejan a los ciudadanos de sus representantes. La penúltima controversia en Madrid gira en torno a si la peatonalización de varios carriles de Gran Vía estas navidades, realizada por el ayuntamiento de Madrid, es conveniente o no. O, como señalan el PP y Ciudadanos, es una cuestión ideológica que pisotea los derechos de los ciudadanos.

No dejan de sorprender el cúmulo de declaraciones que sobre esta cuestión se están realizando desde las distintas formaciones políticas.

La portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Madrid critica la medida. Pero olvida que en el programa electoral con el que se presentó a las elecciones municipales, en el año 2015, proponía medidas de peatonalización para Madrid. Entre ellas, la “peatonalización de calles de forma selectiva” en zonas de “alto interés histórico, comercial o turístico“.

Por su parte, la portavoz del PP, Esperanza Aguirre, amenaza con llevar a los tribunales una medida que ya realizó su propio partido cuando gobernaba el ayuntamiento de Madrid, con Alberto Ruiz Gallardón como alcalde de la ciudad. Concretamente dice que “a los tribunales iremos seguro a denunciar esto, porque es inconcebible. ¿Dónde se ha visto en una zona comercial de una gran ciudad occidental?”. Resulta sorprende, pero es un buen ejemplo de lo esperpéntico de la política madrileña en la actualidad.

El PSOE, que tiene, o mejor dicho tenía, una idea clara de lo que había que hacer en esta arteria central de la ciudad, llama a la reflexión. Algo siempre necesario e importante, pero insuficiente cuando podría ser quien lidere una nueva política de movilidad sostenible en Madrid, que nazca y se desarrolle sobre el consenso de todas las fuerzas políticas y sociales madrileñas.

Por último, el gobierno municipal con su alcaldesa a la cabeza, peca de improvisación en una medida tan importante. Improvisación, que es aprovechada para atacar al gobierno municipal y evitar hablar del fondo de la cuestión. ¿En qué ciudad queremos vivir? ¿Son los ciudadanos, la gente el principal sujeto de las políticas que deben desarrollarse? ¿Es posible un pacto por una movilidad más limpia e inteligente en Madrid, que involucre a todas las instituciones, pero también a los agentes sociales y al movimiento vecinal? ¿Es bueno peatonalizar determinadas áreas de la ciudad?

Si las respuestas son afirmativas, que lo son, lo que hay que hacer es serenar los debates y definir cuáles son las necesidades de movilidad para Madrid y las políticas que hay que realizar para reducir significativamente una contaminación que mata en Madrid y en toda Europa.

La evaluación de las medidas es imprescindible. Pero hay que ser más audaces. Hay que establecer una mesa por la movilidad limpia y sostenible en Madrid, donde estén las instituciones, los agentes sociales, los movimientos vecinales y también Agencias Internacionales. Su cometido sería proponer y realizar las medidas necesarias para transformar Madrid en la capital con la movilidad más limpia y sostenible del mundo. El plazo para presentar las medidas consensuadas, serían hasta el 31 de julio de 2017 para poder comenzar a ponerlas en funcionamiento e incluirlas en el presupuesto.

Con esta medida, todos los actores asumirían su responsabilidad y no habría dejación de funciones por parte de nadie. Sería un proyecto de ciudad, más allá de cualquier gobierno. Sería, y si queremos será, un éxito.

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