El Gobierno de Pedro Sánchez prevé que a partir del año 2040 no se permita la matriculación y venta de ‘vehículos turismos’ y ‘comerciales ligeros’ de diésel o gasolina, incluidos los híbridos. Así lo recoge el borrador de la Ley de cambio climático y transición energética que prepara el Ministerio para la Transición Ecológica, que dirige Teresa Ribero.
El anuncio más espectacular para la población es la prohibición de matricular vehículos que consuman energías fósiles y emitan dióxido de carbono, a partir del 2040 y prohibir su circulación en 2050.
Desde la Asociación Española de Fabricantes de Automóviles y Camiones ANFAC, han criticado la medida por ser desconocida para ellos, y han insistido en pedir ayudas para la transición de los fabricantes que automoción, que suponen más de 100.000 empleos directos en nuestro país. También han mostrado su rechazo al veto del Diesel y han pedido ayudas para la venta de coches, tras las caídas de ventas de octubre.
la prohibición de matricular vehículos que consuman energías fósiles y emitan dióxido de carbono, a partir del 2040 y prohibir su circulación en 2050
La nueva ‘ley de cambio climático’ que prepara el Ejecutivo prevé una movilidad “sin emisiones” y acometer durante las próximas décadas la completa “descarbonización” de la economía española en la segunda mitad del siglo XXI.
Se fija como objetivo alcanzar, en el año 2050, un parque de turismos y vehículos comerciales ligeros sin emisiones directas de dióxido de carbono, y bosqueja que a partir de 2040 ya no se permitirá la matriculación y venta de ese tipo de turismos. La nueva ley establecerá además la obligación de que todos los municipios con más de 50.000 habitantes tendrán que contar con “zonas de bajas emisiones” antes del año 2023.
En España el 26% de los gases de efecto invernadero proceden del transporte, por carretera. Y las previsiones del Ministerio para la Transición Ecológica, indican que, si no se toman medidas, esas emisiones crecerán un 15% de aquí a 2030.
En el borrador se especifica, “vetar la matriculación y venta de turismos y vehículos comerciales ligeros con emisiones directas de dióxido de carbono para 2040”. El veto a este tipo de motores, culpables de los graves problemas de contaminación de las ciudades en el mundo, se lleva años denunciando desde diferentes Estados de la UE.
El esbozo del ministerio para la nueva ley, se afirma que los municipios de más de 50.000 habitantes deben contar “con zonas de bajas emisiones no más tarde de 2023”-zonas donde se veten a los coches más contaminantes-.
El coordinador de Cambio Climático de Ecologistas en Acción, Javier Andaluz, ha afirmado que el borrador de trabajo de Ley de Cambio Climático y Transición Energética que se ha hecho público hoy, le parece “positivo, pero poco ambicioso”.
“La medida es totalmente realista porque, al ritmo de consumo actual, las emisiones de GEI harán imposible la venta de coches más allá de 2040 —señala Andaluz—, pero confiamos en que la realidad haga que ese horizonte sea mucho más cercano, como plantean países como Alemania, que lo hará una década antes”. El Gobierno ha indicado que la medida es similar a la planteada en países como Reino Unido o Francia, aunque en países como Dinamarca, Países Bajos o Irlanda pretenden hacerlo en 2030 y Noruega en 2025.
El diputado de Unidos Podemos y coportavoz de Equo, Juan López de Uralde, ha señalado que la medida ya la había avanzado su partido en el borrador de proyecto de ley de Cambio Climático que presentó en julio. “Hay que ir avanzando hacia ahí, sin prisa, pero sin pausa”, y ha apuntado las responsabilidades de la industria del automóvil, que “es un compromiso que tiene que asumir en su conjunto, una industria que deberá dar los pasaos para una mayor descarbonización del transporte, que es imprescindible”.
Para Ecologistas en Acción, “la ley tiene muchos puntos muy interesantes”. “Un 70% de energía eléctrica limpia en 2030 es aún un porcentaje bajo, y un 100% sería alcanzable fácilmente al ritmo de propagación de renovables que plantea el Gobierno”, señala Andaluz. Además, conseguir estos porcentajes “hace falta un cierre, forzar a determinadas empresas eléctricas que tienen un gran poder a que cierren instalaciones; el problema no es la capacidad renovable del país”.
El objetivo que plantea el Gobierno para la futura ley es que en 2030 las emisiones de España sean de 230 millones de toneladas de CO2 equivalente, -medida que se utiliza para los gases de efecto invernadero-, frente a las 339 millones de toneladas actuales, un 20% de reducción respecto a los niveles de 1990.
Según cálculos del ministerio, las políticas puestas en marcha por la Comisión, que deben aplicar los Veintiocho, implicarían que España podría emitir un máximo de 290 millones de toneladas en 2030, 60 más del objetivo que establece la ley.
‘fracking’
El texto del ministerio prevé la prohibición de la utilización de la fractura hidráulica, llamado ‘fracking’, para extraer petróleo y gas. A partir de la entrada en vigor de la ley no se otorgarán nuevas autorizaciones para prospección y explotación de hidrocarburos, ni en tierra ni en mar. Los permisos vigentes no podrán seguir operando más allá de 2040.
El Gobierno plantea la prohibición nuevos subsidios o incentivos a las energías fósiles desde la entrada en vigor de la norma. Y se elaborará un informe sobre el régimen fiscal de estos combustibles para revisar dichos incentivos.
Renovables
Ese documento que se debe presentar a Bruselas y que complementa la ley de cambio climático aún está en elaboración, pero en el borrador se fijan medidas de fomento de las renovables. Entre 2020 y 2030, deberán instalar anualmente 3.000 megavatios de potencia renovable (en estos momentos toda la potencia renovable suma los 48.000 megavatios y en 2017 estas tecnologías limpias generaron el 32% de toda la electricidad en España).
Los riesgos del cambio climático
El ministerio quiere obligar a las empresas cotizadas a que elaboren informes de riesgo climático. Y el Banco de España deberá elaborar cada dos años informes sobre los riesgos del cambio climático para el sistema financiero. Se creará un comité asesor de cambio climático que deberá analizar si España cumple o no con los objetivos a los que se comprometa.
