Es un tema recurrente al momento de hablar de la justicia argentina, el considerar que los pobres reciben proporcionalmente más y mayores condenas que quienes tienen más posibilidades económicas, entre otras cosas por las posibilidades de acceso a mejores abogados defensores, pero fundamentalmente por su posición en el esquema de clases sociales que cruza a toda sociedad. Pero esta no es la única dicotomía que se observa al ver el accionar de la justicia nacional, pues otro ejemplo de ello tiene que ver con la ostentación de poder, los funcionarios públicos no suelen ser investigados y juzgados mientras están ocupando cargos públicos sino que el accionar judicial cae sobre ellos cuando ya dejaron el funcionariado y algunos de ellos, como en una suerte de reaseguro de la libertad, buscan obtener cargos electivos con fueros para evitar el accionar judicial.

Pero parece que todo cambia a partir de lo actuado por el juez Sergio Torres, primer juez federal en Comodoro Py designado por el Consejo de la Magistratura, en la causa que el Diputado Wolff le iniciara a Leopoldo Moreau por haberlo señalado como ‘agente del Mossad’.

Son varios, aunque minoritarios, los casos en que la justicia buscó investigar a legisladores y éstos se amparaban en el artículo 68 de la Constitución Nacional que establece que ‘Ninguno de los miembros del Congreso puede ser acusado, interrogado judicialmente, ni molestado por las opiniones o discursos que emita desempeñando su mandato de legislador.’, y con la sola excepción de Eduardo Angeloz, quien se despojó de los fueros (situación formal ya que no se puede renunciar a ellos) y se puso a disposición de la Justicia, tanto Carlos Menem, Cristina Fernández o Aída Ayala, se escudaron en los fueros para ponerse al margen del accionar judicial. La pretensión de convertirse en primus inter pares es algo que trasciende a un partido político, puesto que tanto el peronismo como el radicalismo apelaron al mismo argumento.

Sin embargo algo cambió tras la decisión de Torres. Moreau, que actualmente es Diputado de la Nación argumentó que ‘se está violando el artículo 68 de la Constitución Nacional que impide que un legislador sea interrogado judicialmente por sus opiniones, que se complementa con el artículo 5 de la ley 25.230 que regula los fueros y que expresamente manifiesta que en virtud del artículo 68 de la Constitución que una denuncia realizada por manifestaciones de los legisladores debe ser rechazada in límine, porque no se puede solicitar el desafuero y por lo tanto transforma esto que se presenta como una causa judicial en un dispendio procesal y jurisdiccional.’ El Juez entiende que el Diputado Nacional no puede apelar a ello, dado que ‘Los dichos de Moreau no pueden estar conectados con sus tareas de legislador ya que en ese momento aún no había asumido su banca como tal, hecho que sucedió el 10 de diciembre de 2017. Por lo tanto, quien no asumió como diputado no puede ampararse bajo ningún punto de vista bajo el artículo 68 de la Constitución Nacional.’

Esto que parece una obviedad no lo es en la Argentina del siglo XXI, donde hay quienes dicen ser representantes populares y sin embargo pretenden erigirse por sus representados para poder garantizar su propia impunidad y mantenerse al margen de las investigaciones judiciales.

Y aunque Tabaré Cardozo crea que ‘que la justicia tarda y nunca llega’ (https://www.youtube.com/watch?v=dD_ib8diWHM), hay veces en que, como en este caso, llega, y abre la oportunidad para que comience a llegar sin demora en lo sucesivo y que no se repitan casos como el de Carlos Menem que pese a haber sido condenado hace ya tiempo, por la denominada ‘Doctrina Pichetto’, no se lo desafuere.

Si bien la Sala II de la Cámara Federal revocó el procesamiento y dispuso la falta de mérito del diputado del bloque FPV-PJ, no avanzó sobre las razones esgrimidas por Torres a la hora de procesar a Moreau.

Este fallo, que no tuvo gran repercusión en su momento recobra interés por estos días en que la justicia solicitó la detención de la ex Presidente Cristina Fernández, para lo que debe ser desaforada previamente por la Cámara de Senadores de la Nación, puesto que varios legisladores buscan y encuentran razones para avanzar en ese sentido en el fallo de Torres por un criterio básico, un legislador no puede ampararse en sus fueros por denuncias de hechos acontecidos con anterioridad a su rol parlamentario.

El Juez Torres abrió la puerta para que se termine la justicia de doble vara, los legisladores tienen en sus manos la posibilidad de dejarla de par en par.

‘Habrá sonado un tiro para el lado de la Justicia’.

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