El hecho de que haya una formación adecuada es también importante para que los protocolos de protección y atención a las víctimas sean más efectivos y, sobre todo, que no las revictimicen. Patricia Reyes, de Ciudadanos, afirma que «hay que reorganizar todo. Ahora mismo cuando una mujer acude a una comisaría, la policía tiene unos protocolos a cumplir que deben ser revisados constantemente porque pierden eficacia».

Esos protocolos muchas veces son hostiles a las víctimas por la falta de formación de los profesionales, tal y como nos dice Teresa Peramato, fiscal de la Fiscalía General del Estado: «La víctima cuando pone la denuncia no está en condiciones de hacer una exposición brillante ni cronológica de lo que le ha ocurrido. Volvemos a la formación de los profesionales que tienen que tomar declaración. Es increíble que después de 11 años de la Ley Integral que todavía haya profesionales que pongan en duda la credibilidad de la víctima porque en la denuncia no contó todos los hechos que luego puede contar en una segunda declaración. Eso es falta de comprensión de la naturaleza de la violencia a la que nos enfrentamos y no conocer a estas víctimas, que no es la víctima de un robo que tiene claro cómo ocurrieron los hechos, que estas víctimas tardan mucho tiempo en asimilar lo que les está ocurriendo y que son periodos muy largos de sometimiento a la violencia psicológica y a la violencia física. El relato en un momento, en un medio hostil, porque siempre son medios hostiles para ellas, ir a una comisaría no es situación agradable para nadie. Acudir a una comisaría y tener que contarle a un señor o a una señora que no se conoce de nada toda tu historia es muy difícil. Y esa mujer cuando vuelve a casa recapitula y se da cuenta que debió contar más cosas. Es lógico. Poner en duda la credibilidad de la víctima porque hoy haya contado dos episodios y mañana se acuerde de otros tres es desconocer la naturaleza de estas víctimas. Hay que incidir en formación y en sensibilización». Soraya Vega, del Partido Socialista, incide en este tema: «Las mujeres necesitan de complicidad cuando van a denunciar. Habría que poner todos los recursos para que la persona que esté tomando declaración sea capaz de establecer una relación que sea capaz de tratar lo mejor posible de esa persona y de relatar y ofrecer todos los recursos que tiene a su alcance. Que esa mujer se sienta acompañada en todo momento».

“La víctima cuando pone la denuncia no está en condiciones de hacer una exposición brillante ni cronológica de lo que le ha ocurrido”

La socialista Ángeles Álvarez lo tiene claro: «Tenemos un problema en las comisarías y es que no hay apoyo social, en USA en todas las comisarías hay un trabajador social. Estamos montando ahora mismo las oficinas de atención a las víctimas con la nueva legislación que se ha hecho al respecto pero la mayoría de las denuncias no se ponen en los juzgados, se ponen en las comisarías, y sin embargo estamos cubriendo esto y no tenemos ese mismo recurso donde se ponen las denuncias. Si tuviéramos ese tipo de apoyo los policías jugarían el papel que tienen que jugar, y los profesionales psicosociales jugarían el que les corresponde. Los policías tienen que estar formados pero no tienen que hacer las funciones de un psicólogo o un trabajador social». En referencia al tratamiento que reciben las víctimas cuando se inicia todo el proceso cuando se pone la denuncia está claro que la víctima no puede enfrentarse sola a un sistema legal o policial y que debe estar siempre acompañada de un psicólogo o de un trabajador social porque no se puede comparar la toma de declaración de una denuncia por un delito ordinario que por violencia de género. La víctima tiene que sentirse amparada sobre todo en los primeros momentos en que su estado psicológico no es el mejor, cuando en su cabeza no hay más que incertidumbres sobre su propio futuro o el de sus hijos.

Sin embargo, los protocolos de protección y atención no deben iniciarse sólo cuando se pone la denuncia. Hay que empezar antes para que, en primer lugar, la víctima identifique que lo es y, en segundo lugar, para hacer más fácil el paso a la denuncia y ahí tienen mucha importancia los servicios sociales tanto de los ayuntamientos como de las Comunidades Autónomas, tal y como nos dice Soraya Vega: «En los servicios sociales hay otro tipo de sensibilidad. Hay que ser capaces de introducir ese componente de complicidad personal con las mujeres. Que ellas, cuando están dando ese paso, cuando termina de leerse la declaración, que haya alguien capaz de ponerse en el pellejo de la víctima». La Secretaria de Igualdad de Podemos, Clara Serra, nos hace mucho hincapié en el hecho de que todos los protocolos no se activan hasta que la mujer no pone la denuncia y esto, a su modo de ver, es un error ya que la hostilidad del sistema, la falta de medios, el desamparo y la falta de formación de los profesionales provoca, en muchos casos, que se retiren denuncias o que se desincentive a continuar con el procedimiento: «Las leyes están enfocadas desde una perspectiva que hace, y creemos que es una mala perspectiva, que todo está enfocado a la denuncia. Cualquier ayuda a una víctima se desencadena a partir de que ella pone una denuncia. Es un mal enfoque, primero, porque las instituciones tienen que garantizar los derechos de la mujer porque sí, porque los tiene no porque los tenga que pedir. Segundo, porque muchas veces las mujeres necesitan poner un pie en otra casa para denunciar a su agresor. Sabes que hay veces que las órdenes de protección son denegadas, de hecho más o menos la mitad son denegadas, y hay mujeres que después de denunciar y de que su orden de protección sea denegada se encuentran en una condición de mucho más peligro y son mucho más vulnerables ante el agresor. Hay muchas mujeres que después de denunciar dicen que no vuelven a denunciar porque no se les dan las condiciones materiales para que si la pongo esté segura. Para nosotros es fundamental una vivienda pública sin necesidad de denuncia porque revierte el enfoque y que da condiciones materiales en una situación de crisis y vulnerabilidad económica de las mujeres».

los protocolos de protección y atención no deben iniciarse sólo cuando se pone la denuncia

Las órdenes de protección

Para que se dicte una orden de protección por parte de un Juzgado el paso previo es la valoración de riesgo. Ahora mismo esta función la realizan las Fuerzas de Seguridad del Estado o los funcionarios de justicia en el momento en que se pone la denuncia. Hay cuatro niveles: No Apreciado, Bajo, Alto y Extremo. Dependiendo de la valoración es la protección que se le otorga a la víctima. Según Ángeles Álvarez, del PSOE, esto tiene que cambiar: «La policía en estos momentos son los encargados de hacer las valoraciones policiales de riesgo, el famoso viogen, que nosotros llevamos cuatro años pidiendo que se modifique no porque haya que hacer nada nuevo, sino que hay una instrucción cuando se construye el viogen, con Antonio Camacho de Ministerio del Interior, que es muy clara al respecto y que dice “¿qué información hay que recabar en el viogen?”, “¿quién vuelca información a esa base de datos?”. Esa información la vuelca la policía o los juzgados pero la instrucción habla también de la atención psicosocial, que los servicios de las CCAA deben de estar ahí y eso no se ha hecho. Para hacer las valoraciones de riesgo nuestra idea es que la policía tiene que aportar información al igual que los juzgados, salud y servicios psicosociales de las CCAA porque ellos aportan información que la policía no tiene o no recaba que son básicas. Se puede dar el caso de que los servicios psicosociales lleven atendiendo dos años atendiendo a una víctima y es la primera vez que pone una denuncia».

La fiscal Teresa Peramato nos expone las deficiencias del sistema actual: «Las valoraciones de riesgo policial tienen como finalidad dar protección a la víctima independientemente del procedimiento penal. Cuando hay una valoración de riesgo policial la policía adopta una serie de medidas de protección hasta que el juez decida lo que hay que hacer. Esa valoración policial no es vinculante para el juez, ni es determinante, es un elemento más. El juez necesita auxilio porque llega la comparecencia de la orden de protección y se limita a la lectura de atestado con la valoración de riesgo policial, que puede ser acertada o no, y en la comparecencia sólo se cuenta con la declaración de la víctima y del investigado. Pocas veces se cuenta con más prueba, como mucho un parte de lesiones. Con eso el fiscal y el juez tienen que hacer una valoración del riesgo objetivo. Ahí hay una carencia importantísima porque el riesgo de equivocarse es altísimo. Ahí es donde necesitamos el apoyo de los profesionales especializados en violencia de género y de herramientas adecuadas para hacer esa valoración que tenemos que hacer en un plazo de tiempo muy cortito, 72 horas. Obviamente esas valoraciones pueden ser un pronóstico provisional porque puede decir el equipo de valoración forense que necesitan más cosas. Nosotros necesitamos el auxilio de profesionales especializados en la valoración porque si no el riesgo de error es muy alto».

El aspecto de la importancia de la prueba lo corrobora la juez Esther Erice «para que el proceso pueda proteger a la víctima y se ajuste a derecho» pero, obviamente, si las valoraciones de riesgo las hace una persona que no está formada en ello el riesgo de error es muy alto, sobre todo por el estado mental en que la víctima suele tener cuando se hace esa primera valoración.

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