España tiene en la actualidad una presión fiscal de 34,6 según Eurostat. La media de la Unión Europea es de 40, mientras que la de la Eurozona es de 41,4, lo que significa una diferencia de 6,8 puntos. Si nos comparamos con países como Francia o Dinamarca, países cuyo Estado del Bienestar está protegido gracias a la recaudación del Estado, la diferencia se amplía hasta los 13,3 y los 13 puntos respectivamente. El déficit respecto a la Zona Euro supone dejar de recaudar un total de 73.143 millones de euros al año.
España recauda 182.000 millones de euros entre impuestos y tasas. El grueso de esa recaudación corresponde al Impuesto de Renta de las Personas Físicas (IRPF). En concreto, un 39,7% del total (72.345 millones). El siguiente impuesto que más recauda es el IVA con 60.000 millones (33%). Hay un hecho muy importante para comprobar que nuestro sistema recaudatorio está basado en los rendimientos de la clase trabajadora: un 84% del IRPF proviene de las rentas del trabajo. Además, el Estado ingresa más de 100.000 millones por las cotizaciones a la Seguridad Social.
Con estos datos se verifica que el peso de la recaudación recae en los trabajadores, ya sea a través de sus salarios, ya sea a través de sus cotizaciones sociales, ya sea a través del consumo generado por la capacidad de consumo. A lo largo de estos años de crisis la presión fiscal ha ido cayendo cada vez más en los trabajadores y se ha flexibilizado a las empresas. Un ejemplo de ello lo tenemos en el Impuesto de Sociedades que desde el año 2007 recauda un 10% menos, dado que en ese año suponía un 23,21% del total de la recaudación mientras que ahora sólo representa el 13,19%. Por tanto, mientras los trabajadores pagan más impuestos a pesar de los empleos precarios y los salarios cada vez más bajos, las empresas tributan un 10% menos.
Este hecho ha sido posible gracias a las políticas fiscales aplicadas por los gobiernos de PP y PSOE, políticas basadas en la búsqueda de una competitividad empresarial fundada en la reducción de las tasas impositivas a las corporaciones para rebajar costes. Sin embargo, las políticas de empleo aplicadas por esos mismos gobiernos, con sus dos reformas laborales (sobre todo la de Mariano Rajoy), han provocado que los empresarios tengan las herramientas necesarias para, además, rebajar los salarios y precarizar el empleo para, según la patronal, ganar en competitividad.
Además, esos mismos gobiernos aplicaron medidas de incremento de la presión fiscal vía indirecta, es decir, la fórmula más injusta puesto que no hay una progresividad en lo que el ciudadano paga.
Si a todo lo anterior unimos las herramientas fiscales proporcionadas por el Gobierno para que las rentas del capital apenas tributen, las posibilidades que da sector financiero a las grandes fortunas para no pagar impuestos a través de productos de inversión o la economía sumergida, nos damos cuenta de que son las clases trabajadoras las que llevan el peso a la hora de conseguir recursos económicos para el Estado. Hay que recordar un dato: según Gestha, la economía sumergida en España supone un 27% del PIB (270.000 millones de euros anuales) y de esa cantidad un 70% proviene de las grandes fortunas y las grandes empresas (189.000 millones de euros anuales).
