La adquisición de de terrenos para un parque eólico es un nuevo foco de posible corrupción que afecta al PP, en este caso de Castilla y León.

En este sentido, el procurador de Podemos Castilla y León, Ricardo López Prieto, ha presentado una nueva lista a la Comisión de Investigación abierta sobre la adquisición de los terrenos para la construcción de un parque empresarial en Portillo y el edificio de Soluciones Empresariales de la Junta en Arroyo de la Encomienda, ambos municipios de Valladolid. En la lista figura el presidente del PP de la Junta de Castilla y León, Juan Vicente Herrera, y la actual consejera de Economía y Hacienda de la Junta de Castilla y León.

Destacan tres altos cargos de Excal. ADE Internacional Excal, es la ya extinguida empresa dedicada la exportación e implantación comercial de las empresas de castilla y león en el mercado internacional. Y son los exresponsables de ADE Internacional EXCAL Alberto Esgueva, Rafael Delgado Nuñez (también como exviceconsejero de Exonomía de la Junta de Castilla y León) y Begoña Hernández Muñoz (asimismo, como exviceconsejera de Exonomía de la Junta) los que han sido llamados para comparecer. Además de José Luis Esteve, presidente de Excal U.S.A, INC.

También, solicita que comparezcan el Director General del Instituto para la Competitividad Empresarial y presidente de SODICAL, José María Ribot; el presidente del Consejo de Cuentas, Jesús Encabo Terry; el expropietario de Co-Louis S.A, Germán Martín Giraldo; el auditor de Deloitte encargado de hacer la auditoría de las cuentas de ADE Internacional EXCAL S.A. y cualesquiera otros responsables de las auditorías realizadas para la citada sociedad entre 2004 a 2013.

López Pietro ha pedido por escrito al presidente de la Comisión de Investigación la comparecencia de las personas mencionadas para que informen “sobre sus funciones, conductas y actividades en relación con las oficinas del sector público de Castilla y León, con inclusión de ADE internacional EXCAL, en ciudades del exterior de España, gestionadas directamente o a través de terceros”.

Han pasado tres años desde que la Agencia Tributaria denunciara, a través de un informe, un sistema de comisiones por valor de unos  80 millones de euros en Castilla y León. El año pasado, la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella por la trama eólica contra altos cargos de la comunidad.

El Gobierno autonómico del PP en Castilla y León, se unió a finales de los años 90 a la tendencia a favor de las energías renovables. Por aquel entonces, se aprobaron varias normativas a fin de fomentar la creación de parques eólicos. El auge de las energías renovables en la Castilla y León vino en abril del 2000 con la aprobación definitiva del Plan Eólico autonómico que promovía la construcción de parques eólicos por todas las provincias y ahora ha resultado en una investigación por presunta corrupción.

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