LA PROSTITUCIÓN ES UN NEGOCIO QUE MUEVE MILLONES.

El Sindicato OTRAS, acrónimo de Organización de Trabajadoras Sexuales, pasó de ser un nombre desconocido a convertirse en el tema de debate de la mayoría de medios de comunicación. A pesar de su compromiso con una política abolicionista en materia de prostitución, la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, del PSOE, reconocía un “gol por la escuadra”. Sin embargo, aunque la noticia de la legalización de OTRAS empezaba a filtrarse a periódicos el día 29, fue en la edición del BOE del 4 de agosto cuando se recogía por escrito el reconocimiento oficial de dicho sindicato.

En sus bases y actividad representativa en redes, aparecen varios nombres en común con otra organización que asegura defender los derechos de las prostitutas: la Asociación de Profesionales del Sexo o APROSEX.

En su página web aseguran trabajar “por lo que consideramos nuestros derechos, y esta vez queremos hacerlo al lado de más profesionales, uniendo, tejiendo, unificando opiniones, posiciones y esfuerzos, para que el fruto sea sano y sabroso.

Y siguen aclarando que: “Hay mucho que hacer. Pero somos muchas las personas que trabajamos en el mismo sector, el del sexo de pago. Un trabajo que sí nos dignifica como individuos y sí nos aporta mucha sapiencia en nuestro día a día. Del que nos han enseñado que debemos avergonzarnos si lo ejercemos y del que, a pesar de todo ello, nos sentimos orgullosas/os.”

Análisis de los “protectores” de las prostitutas: ¿solidaridad o ánimo de lucro?

Esta organización sin ánimo de lucro, en palabras de su presidenta, Conxa Borrell, estaba ideada “para organizar una red de personas que trabajan en la industria del sexo y crear una plataforma que tenga cierta incidencia política para evitar las tendencias abolicionistas y prohibicionistas”, parece haber dado un paso más y ha constituido, durante el mes de agosto, el Sindicato OTRAS.

 

Promotora

Conxa Borrell, cuyo pseudónimo es Paula VIP, es una de las promotoras del sindicato, pero no la única. Según el BOE, su principal promotor es Joaquín Pedro Donaire Mateos, que es el tesorero de APROSEX e invisible a nivel mediático. Según datos publicados por el periódico ABC, esta persona manejaría la contabilidad del sindicato, igual que ya hacía en APROSEX. Uno de los ingresos que controlaba, por ejemplo, es la mensualidad de 15 euros por afiliada o 90 euros por cursos de iniciación a la prostitución. La promoción de los cursos, sin embargo, pasa del género neutro y del as/os al femenino:

“Ser prostituta, hasta ahora se aprendía a base de tener servicios e instruirse sobre la marcha, pero ello ocasiona muchos sustos, disgustos, soledad y en ocasiones tristeza y vergüenza”, explica.

Pues bien, desde APROSEX (Asociación de Profesionales del Sexo) “os queremos , dicen, ofrecer un curso que hará de vosotras, profesionales con mayor sabiduría, con mayor seguridad y que os planteará dudas y preguntas a la vez que solucionaremos muchas de vuestras dudas en el día a día”.

El Curso estará impartido por Cristina Garaizábal, psicóloga clínica con treinta años de experiencia en el sector del mundo del sexo de pago y por Conxa Borrell terapeuta sexual y prostituta desde hace siete años.”

Este nombre ya aparecía en otros contenidos relacionados con la legitimación del sindicato. Garaizábal es cofundadora del colectivo Hetaira, con una finalidad semejante a la de APROSEX. Aunque no se ha pronunciado sobre ninguna de las sospechas que distintas investigaciones han vertido sobre los promotores del sindicato.

Aunque ambas asociaciones se presuponen independientes, comprobamos que tanto el sitio web de APROSEX como el de Hetaira comparten dirección IP, es decir, que están alojadas en el mismo servidor. A esto, se suman otros sitios web que servirían para promocionar los servicios sexuales de distintas prostitutas.

 

UNA EMPRESA CON 500.000 € ANUALES

Conxa Borrell, directora y representante de APROSEX, como revela nuestra investigación (y como ya adelantó El Confidencial), era administradora solidaria junto a José Miguel Joaquín Vicente, el tesorero de APROSEX y de OTRAS, de una empresa de fontanería e instalaciones eléctricas. El nombre de dicha empresa era Joaquin & Borrell Terrassa SL. Desde su creación en 2005 hasta el año 2010, que se declaró en fallida, facturaba unos 500.000€ al año. Aunque esta cifra sería estimada ya que según el informe de Axesor no se han presentado cuentas, existen deudas con la Seguridad Social y solo pueden estimarse las ganancias en función de los datos de Hacienda.

El objeto social de la empresa según Infocif fue: “La realización de trabajos, obras, instalaciones y mantenimiento de agua, gas, electricidad y aire acondicionado, compra de mobiliario, sanitarios, griferías y complementos relacionados en general.”

Hemos tratado de comprobar las distintas actividades desarrolladas por Borrell. Además de representar al sindicato y formar a prostitutas, se presenta como “asesora sexual”, lo cual podría resultar incompatible con una actividad en el campo de la fontanería que le permitiera facturar todo ese dinero en un año.

 

INFORMÁTICA con 10 MILLONES DE EUROS

Sin embargo, comprobando los metadatos de la web de APROSEX donde verificamos que tanto esta como el sitio web de Hetaira comparten IP, aparece una nueva empresa con el nombre de SeoEstilo, y en ella una dirección de correo a nombre de José M. La coincidencia en las iniciales hace pensar que puede referirse al mismo José Miguel Joaquín Vicente.

SeoEstilo, según el registro mercantil, se creó en el año 2011, y también es la propietaria de todas las webs que comparten la IP con APROSEX.

Ambas empresas, la de fontanería y la de informática, tienen su sede en Terrassa (Barcelona) según el registro mercantil. SeoEstilo. Además, destacaría por facturar aproximadamente 10 millones de euros, llevando solamente la gestión de 9 páginas web, dos de ellas asociaciones sin ánimo de lucro.

Actualmente el último post en la página data de 2011 y gran parte de los enlaces para navegar por la página están caídos.

Esto se suma a la polémica sobre el total de 25.000 euros que APROSEX recibió en subvenciones desde 2016 hasta 2018 tanto desde el Ayuntamiento como desde la Diputación de Barcelona según datos extraídos del Boletín Oficial de la Provincia de Barcelona, según El Plural, durante la alcaldía de Ada Colau.

Aunque en la página de APROSEX aseguran que los usuarios pueden dirigir sus dudas a la dirección de email que facilitan y que la propia Concha Borrell o el tesorero Joaquín Pedro Donaire, las responderán. Ninguno de nuestros contactos por aclarar la situación ha sido atendido ni por correo ni por vía telefónica.

 

Falta de comunicación

Ante la falta de comunicación por parte de los interesados, solicitamos desde esta investigación a Axesor un informe más detallado. Los titulares se negaron a facilitar más información y recibimos este mensaje: “Efectuadas las gestiones correspondientes, debemos indicarles que a través del número de teléfono (suprimido) facilitado por Vdes., pudimos contactar con una persona que no quiso identificarse y que rehusó facilitar cualquier tipo de información sobre el titular. Dicha circunstancia nos impide determinar la situación actual del titular.

También, debemos indicarles que en algunas de las bases de datos oficiales que se han consultado, la titular figuraba registrada como una sociedad civil, constituida en el año 2011, dedicada a la venta de productos de informática.

Por otra parte, las fuentes consultadas en la dirección de referencia, manifestaron desconocer a la titular.

Así pues, una vez agotadas nuestras fuentes de información en esta ocasión nos vemos obligados a dar por finalizado el presente trabajo.”

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1 Comentario

  1. Lo escrito es pueril y carente del más mínimo rigor periodístico. Lo escrito es simplemente falso. O bien los periodistas no saben leer ni buscar o mienten; y no sabría decir que es peor.

    Como imagino que me tienen localizado, antes de iniciar más acciones judiciales correspondíentes, sería recomendable mantener algún tipo de acuerdo en el que se publiquen las excusas, reconocimiento del error y una rectificación en los términos expuestos de la falsa información publicada.

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