“Esta es la primera época que ha prestado mucha atención al futuro, lo cual no deja de ser irónico, ya que tal vez no tengamos ninguno.” (Arthur C. Clarke)
Si nos detenemos a pensar como hemos llegado hasta aquí, tal vez deberíamos aceptar de una vez que no existe un “problema catalán”. No, en realidad lo que existe es un “problema español”. Como todo el mundo sabe, un problema es una desviación entre lo que ocurrió y lo que debió ocurrir. En la llamada Transición se acordó “pasar página”. Entonces vemos a torturadores en celebraciones institucionales y a monarcas siendo acusados de ladrones. Cualquier ciudadano puede detenerse a leer la Constitución que nos regula. De su lectura se puede extraer que algo no está yendo bien en España.
Este documento, en teoría, debería garantizar derechos y obligaciones de los ciudadanos. El Estado Español se asentaría entonces en ese articulado. En esas reglas se garantizarían el desarrollo armónico y justo de las relaciones entre los ciudadanos que habitan su territorio. Pero, es ahí en donde nos encontramos con manifestaciones anfibióticas a la hora de apreciar la legitimidad de la legislación que emana de tal fuente. Para qué hablar de las libertades. En España se detiene a titiriteros y se libera a banqueros, empresarios y políticos, contrariando la esencia de los principios constitucionales de la igualdad.
La equidad está ausente de nuestro Estado, gracias a los fueros y privilegios que provienen de las fuentes más antidemocráticas del franquismo. La protección que mantiene la vigencia de sus creencias se defiende en los púlpitos subvencionados generosamente con fondos públicos y, según se aprecia, en las manifestaciones exhibidas sin pudor en los cenáculos cuarteleros más propensos a defender el statu quo que a la democracia. Entre ambas instituciones se halla una monarquía inviolable. Es decir, se puede robar o delinquir en cualquier aspecto, que la impunidad está contenida en la letra de esa Ley de Leyes. Se termina confundiendo la protección de la función del legislador o la del magistrado, por los blindajes corporativos de personas que no son dignas de asumir dichas funciones. Ese es el problema español. Por eso se pudo concretar la moción de censura. La representación ciudadana se expresó así.
Las personas que habitan este país sienten en sus vidas que algo no está funcionando correctamente en España. La telaraña de artimañas legales que permite que un partido con menos del 30% de los votos aún tenga mayoría en el Senado, es la expresión más clara de una legalidad francamente discutible. El Senado consume alrededor de 55 millones de euros anuales en su funcionamiento. En realidad es un cementerio de elefantes en donde se refugiaron personajes como Rita Barberá o Bárcenas. El Senado es un retiro dorado para los que salen de la primera línea de los grandes partidos a refugiarse en el fuero protector. El Senado es otro “problema” español.
Es necesario comprender la importancia de nuestros votos, porque aunque debemos reformar la Constitución, también es necesario conocer que, tanto por el procedimiento “simple” como por el “agravado” son necesarias amplias mayorías en ambas cámaras para reformarla. Es decir, el PP podría vetar cualquier reforma de la Constitución que no convenga a sus intereses de grupo. Por tanto, de proponerse una reforma por el procedimiento simple, se requerirían tres quintos en el Congreso, pero también en el Senado, en el que el PP conserva la mayoría absoluta. Si no se lograra, debería conformarse una comisión paritaria de Congreso y Senado para proponer un nuevo texto. Si no hay acuerdo todavía se puede aprobar la reforma, pero se necesita mayoría absoluta en el Senado y mayoría de dos tercios en el Congreso. Por el camino largo, la reforma constitucional debería aprobarse por mayoría de dos tercios en Congreso y Senado. Habría que disolver las Cortes y convocar elecciones, tras lo cual las nuevas cámaras deberían confirmar, por mayoría de dos tercios, que avalaran el nuevo texto constitucional, que también habría de ser aprobado en un referéndum. En cualquier escenario, los senadores tendrían un voto decisivo.
Por tanto, creo que debemos reflexionar si hay una cuestión catalana, una cuestión vasca o cualquier otra reivindicación, estas se encuentran en los textos constitucionales. Pero, para unos y otros, no vale tomar aquel artículo a conveniencia de ese documento. El Poder Legislativo debe afrontar más pronto que tarde una revisión constitucional, contemplando el tratamiento de las cuestiones pendientes para consolidar y vertebrar unas relaciones positivas para el proyecto español. País de nacionalidades en lugar del cortijo de corruptos y delincuentes en que una minoría quiere convertir a España.
De aquí que tú voto sea valiosísimo. En las próximas elecciones más que nunca. En todas.
