Como todos ustedes saben nos encontramos en época electoral y, por tanto, es el tiempo de las promesas, el tiempo de los planes ambiciosos, pero también es el tiempo de que los partidos políticos caigan en la tentación de prometer medidas que por la razón que sea es muy posible que no sean llevadas a cabo una vez alcanzado el gobierno.

El ejemplo más claro y más obsceno de esta actitud de falta de respeto a los ciudadanos lo tuvimos en las elecciones generales de 2.011 cuando el Partido Popular se inventó un programa electoral que presentaba a los españoles lo que esperaban oír en un momento en que la crisis económica azotaba con más fuerza sobre las clases trabajadoras. Tuvieron la desvergüenza de afirmar que el único modo de conseguir un empleo era votándoles a ellos. Muchos denunciamos entonces que existía un programa oculto y que una vez logrado el poder harían todo lo contrario de lo prometido, hecho que se hizo realidad cuando los españoles decidieron que el Partido Popular tuviera mayoría absoluta en el Parlamento. Subieron los impuestos, cuando prometieron bajarlos, amnistiaron a defraudadores, no crearon empleo y el que se creó gracias a su Reforma Laboral era y es muy precario, recortaron libertades reconocidas en la Constitución, bajaron las pensiones por mucho que afirmen lo contrario, saquearon la  hucha de las pensiones, se rescató a la banca cuando se dijo que se haría y un largo etc. que ustedes ya conocen porque lo habrán sufrido.

La situación ha cambiado en algunos puntos tras estos cuatro años de «dictadura parlamentaria». Ahora hay más partidos que se reparten los escaños y, por tanto, hay que ser mucho más ambiciosos en las promesas que se hacen. La falta de regulación legal de los programas y las campañas electorales, la falta de un marco legislativo que obligue a los partidos a cumplir íntegramente el contrato que firman con la ciudadanía del mismo modo en que es obligatorio cumplir todas las cláusulas contractuales de un acuerdo entre empresas y clientes, hace que todos las organizaciones políticas sigan cayendo en el vicio de «prometer hasta meter, y una vez metido…». No tenemos más que ver muchas de las propuestas que están haciendo los líderes en estos días, propuestas que suenan muy bien pero que quedan diluida en la sombra de la duda.

Esta semana el Partido Socialista Obrero Español ha expuesto un plan para terminar con la explotación laboral que se está produciendo en este país gracias a la Reforma Laboral del Partido Popular. Sí, en la España del siglo XXI hay explotación laboral y, en algunos casos, condiciones de trabajo más propias de la esclavitud que de otra cosa. Todos conocemos casos de trabajadores que firman contratos de media jornada pero que, en la realidad, trabajan muchas horas más. Son precisamente los sectores sobre los que se asienta la creación del empleo precario español, los sectores que se aprovechan de la situación del mercado de trabajo de este país para aprovecharse de la temporalidad y de la precariedad y aumentar de ese modo su margen de beneficios.

En España se trabajan 3,5 millones de horas extraordinarias no remuneradas a la semana, según el Instituto Nacional de Estadística. Esta cifra supone que se están perdiendo 87.500 empleos a tiempo completo (40 horas semanales). Evidentemente, esto hay que pararlo de algún modo. El PSOE ha presentado esta semana su plan para ello pero, ¿se trata de una medida realista o es puro marketing electoral? Repasemos lo que decían al respecto tanto en el programa electoral de diciembre de 2.015 y en el «Pacto de la Vergüenza» con la derecha ultraliberal de Albert Rivera.

En el programa electoral de diciembre no hay apenas referencias a la explotación salvo un punto que dice: « Regular de nuevo el trabajo a tiempo parcial de modo que recupere su vocación de elemento flexibilizador y ordenador del tiempo de trabajo, compatible con las responsabilidades familiares y laborales, incluidas las formativas. Para ello el horario de trabajo deberá estar determinado en el contrato y la realización de horas complementarias tendrá que estar prevista en convenio colectivo; en todo caso, las modificaciones en dicho horario de trabajo y la antelación con la que debe comunicarse al trabajador o trabajadora deberá articularse de acuerdo a lo contemplado en la negociación colectiva» (pág. 125). Posteriormente, en el punto 2.3, centrado en la propuesta de modificación de la Inspección de Trabajo —una buena propuesta, reconozcámoslo—, se hacen menciones al problema orientándolas hacia la necesidad de la reforma de esta Inspección. No hay medidas concretas, sino que se trata en problema en diferentes puntos.

En el pacto de Pedro Sánchez con Albert Rivera, sólo hay un punto en el que se trata este tema: «Puesta en marcha con la mayor urgencia de un Plan de Inspección de Trabajo y Seguridad Social que luche contra la explotación y la precariedad laboral». Como pueden ver lo que se recogía en el acuerdo de gobierno firmado con una ridícula y excesiva solemnidad en el Congreso de los Diputados es muy vago. ¿Qué se iba a aplicar, el plan socialista anteriormente indicado o lo propuesto por Ciudadanos en el suyo? Por cierto, en el programa de los nuevos representantes del tea party en España no hay ninguna mención a la explotación laboral ni a las horas extras ilegales. Con las concesiones que se hicieron desde los socialistas para que Rivera apoyara a Sánchez, lo lógico es que el plan contra la explotación laboral se quedara en un brindis al sol.

El pasado martes Pedro Sánchez anunció un plan contra la explotación laboral con el que se pretende hacer aflorar unos 78.000 empleos dentro de sus propuestas en materia de empleo para las elecciones del 26-J. Esto es lo que dice en lo referido a la explotación laboral: «Puesta en marcha con la mayor urgencia de un plan de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social de lucha contra la explotación y precariedad laboral, que irá acompañado de los medios humanos y materiales necesarios al efecto. Con este plan, se conseguiría aflorar 78.000 empleos, los trabajadores dispondrían de 2.500 millones de euros adicionales de masa salarial y las arcas públicas podrían ingresar en torno a 1.200 millones de euros». Como pueden ver, no hay nada nuevo bajo el sol ya que se trata de lo mismo que se proponía para las elecciones de diciembre y de lo indicado en el pacto con Ciudadanos.

Es evidente que el PSOE necesita en esta campaña electoral un constante lanzamiento de golpes de efecto porque su situación es crítica por más que desde Ferraz se siga utilizando la táctica del autoengaño para tapar un fracaso que todo indica que será más duro que el del 20-D, sorpasso de Unidos Podemos incluido, pero presentar a bombo y platillo una medida que ya estaba dentro de su programa electoral anterior y que aparecía en el «Pacto de la Vergüenza» con Ciudadanos, hace que esta escenificación no sea más que la búsqueda de esos golpes de efecto que hemos dicho anteriormente y que no son más que puro marketing electoral.

Analicemos un poco la medida. Hay un hecho que le da fiabilidad a la misma y es la aplicación en Canarias de algo similar y que ha tenido efectos positivos. La vicepresidenta del Gobierno de Canarias, la socialista Patricia Hernández, puso en marcha un plan en el que se reforzó la plantilla de la Inspección de Trabajo con inspectores llegados al archipiélago desde la Península y que tuvo un efecto disuasorio sólo con el anuncio del mismo ya que se regularizaron miles de contratos abusivos. Por otro lado, Patricia Hernández anunció que las horas extraordinarias no remuneradas serían tratadas como infracción grave, sobre todo en los contratos a tiempo parcial.

La medida anunciada por Pedro Sánchez ya ha tenido un efecto práctico. Sin embargo, quedan muchas dudas sobre su aplicación a nivel nacional. ¿Se utilizará el modelo implementado en Canarias? ¿Cuándo podrá ponerse en marcha? ¿Qué tiempo es necesario para la contratación y formación de los nuevos inspectores? ¿Qué coste real tiene la medida? ¿En qué ámbitos se va a actuar, teniendo en cuenta que los sectores donde más abusos se producen son el turístico y la hostelería, el verdadero motor actual de la creación de empleo?  Se trata de un tema importantísimo en nuestro país y para la clase trabajadora porque, además de ser explotada, está reteniendo miles de puestos de trabajo, como para que la medida quede expuesta en apenas 5 líneas.

Si damos por supuesto que el plan del PSOE para finalizar con la explotación laboral está basado en su plan para reforzar la Inspección de Trabajo que no ha sido modificada en el programa del 26-J respecto a lo indicado en el del 20-D, veamos lo que propone el Partido Socialista: «Incrementar el número de Inspectores de Trabajo y Seguridad Social y el de los Subinspectores de Empleo y Seguridad Social de forma progresiva, hasta alcanzar los 3000 efectivos. Y elaborar un plan de lucha contra la explotación y precariedad laboral». Como pueden comprobar, no hay concreción sobre medidas a aportar y, precisamente, ese sería el golpe de efecto que podría hacer que la propuesta socialista calara en el votante, que generara polémica dentro de los medios de comunicación, que iniciara un debate, es decir, que ganara la visibilidad que la ausencia de puntos concretos sobre el plan diluye en un mero titular periodístico que tiene la vigencia que dé la actualidad. De un partido serio como debería ser el PSOE se espera más seriedad en el trato de temas que son de especial importancia para la ciudadanía. Está claro que la situación actual de desintegración del Partido Socialista les obliga a buscar propuestas, proyectos y medidas que tengan atracción para el votante que está decepcionado por el constante vaivén ideológico de los socialistas, por la falta de carisma de su líder, por la búsqueda de la efectividad en un nicho electoral que, por naturaleza, no es el que le correspondería y por la herencia recibida de las políticas erráticas y claramente de corte liberal aprobadas por el último gobierno socialista que le ha restado credibilidad. Sin embargo, es precisamente esa falta de concreción lo que hace que por mucho golpe de efecto que quieran lograr, por mucha estrategia de marketing electoral que quieran implantar, sus propuestas queden ocultas en el pensamiento del votante progresista y no tengan un retorno en las urnas.

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