El juez Santiago Pedraz, titular del juzgado número 2 de la Audiencia Nacional emitió esta mañana un auto en el que ofrecía al secretario general del sindicato Manos Limpias la posibilidad de dejarlo en libertad bajo fianza de 50.000 euros.

Betrand ha depositado el dinero esta tarde y ha sido puesto en libertad.

En su auto, el magistrado indica que, aunque siguen existiendo indicios de los delitos imputados al reo, “hay que tener en cuenta el tiempo que lleva en prisión, la situación en la que se encuentra la causa respecto a este investigado y su estado de salud”.

Además, Pedraz considera que dado lo avanzado de la instrucción, el secretario general de Manos Limpias “difícilmente” podría ocultar pruebas. No ocurre lo mismo, dice el magistrado, en el caso del otro investigado que se encuentra en prisión, en referencia a Luis Pineda, el presidente de la Asociación de Usuarios de Banca, AUSBANC.

El magistrado le impone la obligación de comparecer semanalmente en este juzgado o en el del domicilio que fije, la prohibición de salida del territorio nacional, retirada del pasaporte y facilitar un teléfono móvil a fin de que esté localizado cada vez que ese le requiera.

Bernard debe presentarse semanalmente en el juzgado y se le ha retirado el pasaporte

Los hechos se remontan hasta el pasado 15 de abril cuando una investigación llevada a cabo por agentes de la Unidad de Delincuencia Económicos y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional, detenían a Bernard y al presidente de AUSBANC, Luis Pineda.

El mismo juzgado que ahora decreta su libertad bajo fianza investigaba una presunta trama orquestada en torno a AUSBANC que supuestamente extorsionaba a entidades financieras como el Banc de Sabadell o Caixabank, a cambio de retirar acusaciones judiciales contra ellas en procedimientos como el caso Nóos. Pocos días después Pedraz ordenaba el ingreso en prisión de Bernard y Pineda.

La causa abierta en la Audiencia Nacional contra Bernard y Pineda provocó un cataclismo en el mencionado proceso dirigido por la Audiencia de Palma que juzgaba a la infanta Cristina de Borbón y a su marido Iñaki Urdangarín en el marco del caos Nóos.

La Acusación particular la encabezaba Manos Limpias, el sindicato de los detenidos, por medio de la abogada Virginia López Negrete.

Este hecho no fue pasado por alto por la Fiscalía que, de hecho, ha reclamado medidas como la prohibición de que la letrada abandone España ya que sospechaba que la abogada conociera determinados extremos de las citadas extorsiones supuestamente realizadas por los responsables de la trama.

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