El juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Vinaròs, que investiga presuntas irregularidades relacionadas con la tramitación de la concesión de explotación del proyecto Castor, el almacén subterráneo de gas de Castellón, ha rechazado la petición de la acusación particular que solicitaba la imposición de una fianza de 1.035.408.000 euros a los investigados para hacer frente a las posibles responsabilidades civiles que tendrían que abonar en el caso de ser condenados.

La Plataforma de Afectados por la Plataforma Castor, Aplaca, personada como acusación particular, solicitó en junio de 2016 que se le reclamara dicha cantidad a los investigados; pedían, igualmente, que se declararan responsables civiles directos al Estado Español y a cuatro empresas para las que trabajaban los investigados (Escal UGS, ACS, Castor Limited Partnership y Dundee Energy Limited) y que fueran éstos los que aportaran dicha suma de manera solidaria.

Aplaca, que representa a cuatro perjudicados, obtuvo esta cifra como resultado de multiplicar 12.000 euros por el número de habitantes de las localidades de Alcanar, Benicarló, Sant Carles de la Rápita, Ulldecona y Vinaròs, afectadas por los seísmos.

Las defensas de los investigados y el Ministerio Fiscal entendieron que la cantidad era excesiva y que era pronto para establecer una fianza. Además, no consideraron acreditados los daños morales a los que aludía Aplaca, por lo que se opusieron a la petición.

El instructor ha decidido rechazar, por el momento, la imposición de la fianza ya que considera que la cantidad solicitada es “notoriamente excesiva”, teniendo en cuenta que la Asociación Aplaca “no cuenta en la actualidad con más de 4 miembros considerados como perjudicados”.

En su auto el instructor cree que es “prematura la fijación de una fianza” en el momento en el que se encuentra el procedimiento, aunque no descarta acordarla en un futuro.

Respecto a la ausencia de acreditación de los daños morales, esgrimida por las defensas, el juez recuerda que no se puede descartar su acreditación “debido a la naturaleza de los delitos que se investigan”.

Esta macrocausa se sigue contra una veintena de investigados por delito de prevaricación medioambiental y delito contra el medio ambiente y los recursos naturales.

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