Derrota del Gobierno en la tramitación del Decreto Ley aprobado en Consejo de Ministros el 24 de febrero y que aplicaba las medidas que adecuaran la legislación española a la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en lo relativo a la estiba. En la sesión del 16 de marzo los grupos parlamentarios dejaron solos al Ejecutivo, al Grupo Popular y al PNV en su defensa del Decreto. Tanto PSOE como Podemos mantuvieron el voto negativo que anunciaron hace unas semanas. Por otro lado, Ciudadanos, el socio principal de Mariano Rajoy, se abstuvo. El resultado final ha sido claro: 141 votos a favor, 174 en contra y 33 abstenciones. En este grupo se produjo la anécdota del día porque Íñigo Errejón (Unidos Podemos) se abstuvo por error. Por otro lado, en el Pleno se produjo un duro enfrentamiento entre el Grupo Popular y Unidos Podemos con acusaciones cruzadas de «matonismo» y «amenazas».

La derogación del Decreto Ley de la estiba deja muchas conclusiones y demasiadas incertidumbres. En primer lugar, es la primera vez desde el año 1979 que un Gobierno no consigue reunir la mayoría simple para convalidar un Decreto Ley. En segundo lugar, se demuestra la fuerza del poder legislativo para controlar al ejecutivo. En tercer lugar, ha quedado patente la debilidad del Gobierno frente al Parlamento y la incapacidad del Partido Popular para alcanzar consensos y gobernar a través de pactos. En cuarto lugar, es la primera vez que el Parlamento se opone a acatar una sentencia del TJUE y demuestra la fuerza del Estado frente a las imposiciones de la Unión Europea, sobre todo en casos como el de la estiba en que lo que se prohíbe a España se permite en otros países.

Este varapalo del Gobierno de Mariano Rajoy deja varias incertidumbres. En primer lugar, las dificultades que tendrá el Ejecutivo del Partido Popular de cara a la aprobación de los Presupuestos Generales del Estado. En segundo lugar, y, quizá, la más importante, la sospecha de que con la derogación del Decreto Ley de la estiba se inicia el camino para la convocatoria de nuevas Elecciones Generales para este año 2017, algo que ya se está pidiendo desde algunos medios afines al Partido Popular.

Lo que más ha sorprendido han sido las declaraciones tanto del ministro de Fomento como de representantes del Partido Popular. Miguel Barrachina ha afirmado que «la multa la van a pagar todos los españoles» y que la cuantía de la misma serviría para contratar a más de mil médicos. Por su parte Íñigo de la Serna ha tachado al Parlamento de irresponsable por no evitar que los españoles «paguen la multa». Sorprenden estas palabras porque nadie en el Partido Popular ha hecho la misma reflexión respecto al rescate a la banca, un rescate que ya ha costado a los ciudadanos más de 200.000 millones de euros, una cantidad con la que se podrían contratar a más de 2 millones de médicos. Sorprende ahora esta demagogia por parte del Partido Popular.

Respecto a la respuesta sindical hay que tener en cuenta el argumento de los sindicatos en su defensa de apertura de un nuevo espacio negociador con la patronal para desbloquear la situación generada por la sentencia del TJUE. CCOO recuerda que la propuesta de las fuerzas sindicales de la estiba tiene como punto de partida el respeto del Convenio 137 de la OIT que fue ratificado por España y que la propia sentencia del TJUE respeta. En un comunicado conjunto UGT, CCOO, CIG y CGT han anunciado la desconvocatoria de « la huelga para todos los días previstos: 17, 20, 22 y 24 de marzo. Las organizaciones sindicales confían en que, desde ahora, se abra una mesa negociadora seria y rigurosa en la que puedan participar, además del Gobierno, todos los agentes del sector para lograr que la modificación del modelo de estiba para dar una respuesta a los requerimientos del TJUE (Tribunal de Justicia de la Unión Europea) sea un documento consensuado con el que se identifiquen las distintas partes» y enfatizan que la derogación del Decreto Ley « supone un punto de partida para una negociación efectiva que logre que la sentencia europea sirva para mejorar un sistema portuario –de los más competitivos de Europa– que devuelva la tan necesaria estabilidad a los puertos y continúe alimentando el crecimiento de la economía española, a la vez que respete los derechos de los trabajadores».

La derogación del Decreto Ley de la estiba no es sólo una victoria de los trabajadores sino un tremendo triunfo del sistema parlamentario español y de la democracia puesto que, por primera vez en muchos años, la separación de poderes ha sido real.

Estibadores: huelga desconvocada en espera de la política

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