El caso Tania Sánchez, archivado definitivamente

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La sección 16 de la Audiencia Provincial de Madrid ha archivado de forma definitiva la querella por presuntos delitos de prevaricación y tráfico de influencias presentada por el PP contra la exconcejal de Rivas Tania Sánchez, hoy diputada en el Congreso, y el alcalde de la localidad, Pedro del Cura, entre otros.

En un auto fechado el pasado 26 de febrero y al que ha tenido acceso Efe, la Audiencia rechaza el recurso de apelación presentado por el PP contra el auto de sobreseimiento provisional de la querella dictado en junio. El tribunal no permite la interposición de un nuevo recurso contra esta decisión y declara las costas de oficio.

El pasado 3 de julio, el juzgado de primera instancia e instrucción número 6 de Arganda del Rey ya acordó el sobreseimiento de la querella, presentada cuando Sánchez era diputada autonómica de IU, formación que posteriormente abandonó para presentarse a las elecciones generales en las listas de Podemos.

Entonces, la magistrada acordó el archivo provisional de las actuaciones al no estimar la existencia de suficientes indicios de la perpetración de los delitos investigados y no admitir la ampliación de la querella presentada por el Partido Popular.

El PP denunciaba la supuesta comisión de delitos de prevaricación, tráfico de influencias y malversación de caudales públicos en la adjudicación de contratos municipales a la cooperativa Aúpa, de la que era socio y administrador único Raúl Sánchez, hermano de Tania Sánchez, entonces concejala en Rivas.

Sánchez fue llamada a declarar el pasado 23 de junio para explicar uno de los contratos que el Ayuntamiento de Rivas adjudicó en 2008 por valor de cerca de 137.000 euros a su hermano, Héctor Sánchez.

Negó ante el juez que ella supiera que el expediente en el que no se inhibió incluía una empresa de su hermano, y a su llegada al juzgado dijo estar “tranquilísima” y satisfecha por poder explicar las “falsedades” en que se basaba la querella presentada por el PP.

En esta causa también se investigaba a María Abril Barceló Candela y Yolanda Pérez Díaz, funcionarias del Consistorio; Héctor Sánchez Melero, adjudicatario de contratos y ayudas promovidas por el Ayuntamiento, y Raúl Sánchez Herranz, padre de Tania Sánchez y exconcejal del Ayuntamiento.

Tras la querella presentada por el PP, la magistrada abrió las correspondientes diligencias previas y citó a declarar, como querellados, a los interesados los pasados 24 y 25 de junio.

La investigación se llevó a cabo a raíz de una querella presentada en enero pasado por el PP, en la que se denunciaba una serie de contratos supuestamente irregulares, adjudicados durante la etapa de Tania Sánchez como concejal de Rivas por cerca de 1,2 millones de euros, entre 2002 y 2008, a la cooperativa Aúpa.

En su resolución, la Audiencia no aprecia indicios de prevaricación, “sino conductas imprudentes e ignorantes pertenecientes al derecho administrativo disciplinario” y no al ámbito penal.

En cuanto a los presuntos delitos de malversación y tráfico de influencias, recalca que están prescritos por estar presuntamente cometidos entre los años 2003 y 2005.

La Audiencia recalca que Sánchez no tenía obligación de abstenerse en la concesión de una subvención a una asociación que ella había contribuido a crear -ella alegó que no había acudido a la Junta de Gobierno que la aprobó-, que además se aprobó por unanimidad de los concejales.

El fallo extiende este argumento a otras subvenciones y contratos adjudicados por la corporación -como los contratos a Aúpa, donde no aprecia “irregularidad alguna constitutiva de delito”-, así como en un proceso de promoción interna para nombrar técnicos municipales.

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