Han sido ya muchos los análisis que han especulado sobre las consecuencias para el Reino Unido de la salida de la UE, así como de las causas que han llevado a más de la mitad de los votantes a romper con un matrimonio, no siempre bien avenido, que había cumplido ya 43 años.

Pero ¿qué consecuencias puede tener el Brexit para el resto de la UE, especialmente en materia de sostenibilidad?

Según algunas previsiones, la salida de la UE, podría suponer una contracción de la economía británica en torno al seis por ciento para 2030 y unos daños económicos y sociales permanentes. Sin embargo, hay también análisis menos catastrofistas, que van desde la salida airosa de la negociación de un acuerdo de asociación como el que vincula a Noruega con la UE, hasta otros que vaticinan el surgimiento de un nuevo paraíso fiscal.

Sea lo que ocurra en el futuro, lo cierto es que la semana pasada, el ministro de Finanzas británico, George Osborne, ya anunció alguna medida para contrarrestar su efecto, como la rebaja, incluso hasta el 15%, del impuesto de sociedades. Frente al tipo promedio del 25% en los países de la OCDE, esta medida podría retener a las empresas con sede en el Reino Unido y atraer a otras, que dudan invertir en el Reino Unido ante las incertidumbres sobre la economía británica.

Junto a ello, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, supondría la exoneración del IVA en los servicios financieros, lo que jugaría también a favor del Reino Unido, creando una ventaja competitiva frente a otros países de la UE. La presión sobre las finanzas públicas de la falta de recaudación del IVA (unos 4 mil millones de libras en 2015), aumentaría también la posibilidad de que el Reino Unido ofreciera acuerdos fiscales a medida para los inversores extranjeros, algo hasta ahora prohibido por la legislación comunitaria.

La inquietud sobre estas medidas fiscales se filtró recientemente en un documento del Responsable de impuestos de la OCDE, Pascal Saint Amans, al que tuvo acceso Reuters, donde en líneas generales, se contemplaba la posibilidad de que el Reino Unido empleara su libertad normativa para plantear políticas impositivas agresivas.

Algunos Think Tanks, como Corporate Europe, también se hicieron eco de esta posibilidad ampliándola a una promoción de la agenda desregulatoria que ya lleva operando desde 2013, desde que Cameron anunciara la posibilidad del referendum, aportando datos en su estudio “How Cameron’s referendum delivered victories to Big Finance”. El estudio aporta datos sobre los actores, métodos usados y los logros conseguidos en esta desregulación financiera, y en especial, del trabajo del International Regulatory Strategy Group (IRSG) al que pertenece el municipio de la City de Londres, para promover los intereses del sector financiero.

En cuanto a los estándares sociales y medioambientales, y aunque fuese solo como posibilidad negociadora frente al futuro estatus del Reino Unido en el marco europeo, no parece que la salida del Reino Unido los mejorase, sino que más bien, comprometería seriamente su cumplimiento.

Para empezar, la formalización de la salida del Reino Unido, le dejaría fuera de las políticas comunes agrícola, pesquera y energética. Tal como puso de manifiesto Damian Carrington, responsable de Medio Ambiente en The Guardian, existe inquietud sobre el cumplimiento de los estándares ambientales comunitarios en materia de consumo energético, reciclaje, polución atmosférica, o protección de vida silvestre, que han servido para crear un marco común de protección y en algunos de los cuales, el Reino Unido ha sido especialmente beligerante.

Carrington pone como ejemplo el glifosato, un herbicida perjudicial para la flora y la fauna y la salud humana, según la OMS. Si en Europa se va a prohibir en uno o dos años, en el Reino Unido hay una fuerte presión por parte de los sindicatos agrarios para mantenerlo.

En esta misma línea, se pronuncia el informe de Sustainalytics The Brexit: Assessing the ESG Implications:  “en dos materias, reciclado de residuos y contaminación del aire, hay indicios de que el Brexit podría conducir a un debilitamiento de la política nacional, lo que podría desincentivar a que las empresas británicas desarrollen programas en estas áreas”.

Del mismo modo, la salida del Reino Unido de la UE, podría suponer una desaceleración en las políticas del reciclado al exonerarle de cumplir con el paquete de economía circular de la Comisión Europea, que incluye un objetivo de reciclado del 65% de los residuos municipales para el año 2030 y que ya cuenta con unos niveles relativamente bajos en el Reino Unido.

El informe relata la especial resistencia del Reino Unido para cumplir la Directiva relativa a la calidad del aire ambiente de la UE, que ya ha dado lugar a numerosas batallas en los tribunales, y la demanda de una nueva ley de aire limpio en el Reino Unido.

Respecto al cumplimiento de los compromisos del Acuerdo de París, aquí cabe hacer una valoración más positiva. Antes del 23 de junio, el Reino Unido había prometido reducir sus emisiones al menos un 40% para 2030. Reino Unido es el segundo país que más CO2 emite en la UE, tras Alemania, y el responsable del 1% de las emisiones mundiales. Pues bien, el pasado 30 de junio, el Parlamento británico aprobó el quinto Carbon Budget, propuesto por el Comité británico sobre Cambio Climático en noviembre de 2015 y siguiendo con lo establecido en el plan de acción de la Climate Change Act, a través del cual el Reino Unido establecía un objetivo de reducción de emisiones del 57% para 2030 sobre los niveles de 1990.

Ahora bien, no hay que echar toda la culpa de las posibles consecuencias al Reino Unido. Inmediatamente después del referéndum del Brexit, hubo cierto efecto pánico por parte de la Comisión, que se manifestó en el anuncio de que los parlamentos nacionales no serían consultados sobre el acuerdo EU-Canadá, el CETA, al objeto de acelerar al máximo las negociaciones y evitar efectos claudicantes.

Al mismo tiempo, parecía existir cierta prisa por parte de Bruselas, en avanzar en el TTIP, tras el punto muerto en el que se encontrarían las negociaciones a raíz de las tensiones entre Comisión y Consejo, especialmente por las dudas expresadas por los ciudadanos en algunos países sobre TTIP y el CETA, así como la ausencia de una rendición de cuentas real, que evidencia la desconexión entre la Europa de los tecnócratas y la ciudadanía.

En el caso del CETA, finalmente se ha llegado a una solución intermedia: la Comisión Europea ha propuesto formalmente al Consejo de la UE la firma como un acuerdo mixto, esto es, sujeto a ratificación por los 28 Parlamentos nacionales, pero con la condición de que se aplique provisionalmente. Esto permitiría que el Acuerdo se firmase en la próxima Cumbre UE-Canadá, que se celebrará en octubre próximo. Y ello sin perjuicio del  dictamen sobre su naturaleza jurídica, a resolver en un asunto que está examinando actualmente el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, sobre el Acuerdo comercial entre la UE y Singapur.

Sea cual sea el proceso de salida del Reino Unido,  son tantos los frentes abiertos, que no conviene bajar la guardia. El Brexit puede suponer una alerta roja para la sostenibilidad y en todo caso, un arma negociadora frente a los 27.

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