El informe del Abogado General del Tribunal de Justicia de la Unión Europea deja claro que no se puede dictar una sentencia en el asunto de las cláusulas suelo que perjudique seriamente a los bancos hasta el punto de llevarlos a la ruina “porque eso dañaría el bienestar de los ciudadanos”. Los expertos de las asociaciones de consumidores empiezan a creer, tras analizar pormenorizadamente dicho informe, que ha habido presiones políticas para evitar un colapso en el sector. La mejor prueba de ello es que en los “tests de estrés” anuales, que los acuerdos de Basilea exigen que se hagan en esta época, han sido confeccionados bajo la hipótesis de una devolución total del dinero indebidamente cobrado en los contratos hipotecarios por las cláusulas suelo. Y el resultado de este supuesto no se ha dado a conocer.

La banca europea atraviesa por un momento difícil. Se está estudiando la posibilidad de conceder un rescate a la italiana y el fantasma de la quiebra Lehman Brothers sobrevuela un sector al que, encima, se le han juntado las consecuencias del Brexit. Un cóctel perfecto para el estallido de una burbuja financiera de consecuencias incalculables para la economía. Añadir a esto 7.800 millones más para los bolsillos de los clientes hipotecados sería desastroso. El Banco de España  desarrolló, el pasado mayo, una ardorosa defensa de la irretroactividad de las sentencias que declaran nulas las cláusulas suelo hipotecarias. La máxima autoridad monetaria en España llegó a decir que “la aplicación retroactiva de la sentencia del Tribunal Supremo de mayo de 2013 podría haber minado la capacidad del sistema bancario español de contribuir a la recuperación económica y al bienestar de los ciudadanos, con negativas consecuencias desde el punto de vista de la estabilidad financiera y del crecimiento de la economía en España”.

A pesar de ello, la Comisión Europea, en principio, asumió la retroactividad total al considerar que “si la clausula se anulaba totalmente, habría que devolver todo el dinero cobrado indebidamente. Es decir, desde el mismo momento en que el tipo de interés pactado traspasa el límite dispuesto en el contrato”. Pero en los últimos días la propia Comisión echó marcha atrás “por razones macroeconómicas”.

Las asociaciones de consumidores españolas están convencidas de que a la hora de elaborar este informe, el Abogado General del TJUE se ha plegado a las presiones efectuadas por la banca y las autoridades monetarias que ven peligrar el sistema si se adopta una decisión como la que están solicitando. La casi totalidad de los juzgados donde se analizan las demandas individuales y colectivas presentadas sobre este asunto, están a la espera de que el TJUE se pronuncie tras conocer el informe de su Abogado General, para dictar sentencia en función de la jurisprudencia que se origine.

Y esto ocurrirá a finales de año. A los demandantes no les van a devolver más de lo que se les haya cobrado indebidamente desde mayo de 2013. Casi nada si tenemos en cuenta que las propias entidades bancarias decidieron, en aquella época, dejar en suspenso las clausulas suelo.

En cualquier caso, los bancos, el gobierno español, el BCE y las autoridades de la UE respiran tranquilos. A trancas y a barrancas, el sector en España saldrá adelante. Aunque todavía hay que pagar los 30.000 millones del rescate pedido para que no se hundiese el sistema en su día.

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