Un ciudadano muestra una foto del periodista asesinado.

El turbio asesinato del periodista Jamal Khashoggi –en el que se investiga si están implicados los servicios secretos saudíes‒ ha levantado una ola de indignación en todo el mundo. En España la noticia también ha causado conmoción, pero de momento nuestro país sigue siendo amigo de un régimen que mata periodistas, tortura a homosexuales y discrimina a las mujeres por el mero hecho de serlo. Ni el Gobierno ni la Casa Real se pronuncian, mientras la mayoría de los líderes políticos occidentales han condenado el crimen brutal (hasta Donald Trump, que no se caracteriza precisamente por ser un firme defensor de los derechos humanos ha anunciado “consecuencias muy severas”) y Naciones Unidas prepara una reacción de repulsa unánime una vez que se conozca el informe policial y las autopsias. La UE, por su parte, no descarta adoptar sanciones económicas contra el Gobierno de Riad si finalmente se confirma que se ha tratado de un crimen planeado en las cloacas por los aparatos represores del Estado saudí.

El periodista desapareció el pasado 2 de octubre, cuando entró en el consulado árabe en Estambul para gestionar una documentación. A partir de ahí se pierde su rastro, aunque existe un audio grabado por la propia víctima con su teléfono móvil que probaría que fue secuestrado, torturado (le cortaron los dedos de las manos), degollado y descuartizado cuando aún estaba vivo. La Policía turca dispone de la grabación, que está siendo analizada y que según fuentes policiales es “horrenda”. Algo así solo lo hacen grupos mafiosos o los servicios secretos de un país que utilizan a sus espías como elementos de represión política. Se sabe que ese mismo día un grupo de 15 agentes de inteligencia saudíes aterrizó en Turquía y que el cónsul abandonó el país precipitadamente, probablemente para no tener que responder a preguntas incómodas de la comunidad internacional. Según publica el diario turco Yeni Safak, el diplomático llegó a decir a los agentes: “Haced esto en otro lado. Me vais a meter en problemas”; “si quieres seguir vivo cuando regreses a Arabia Saudí, cállate”, le respondieron.

Las pruebas de que se disponen hasta el momento hacen sospechar de manera fundada que los servicios secretos árabes están metidos en la espantosa operación, que salpica al príncipe heredero, Mohamed bin Salmán. Jamal Khashoggi era un periodista bravo e independiente que lanzaba encendidos artículos críticos contra la monarquía saudí. Descendiente de una familia acomodada y bien relacionada con el poder, el reportero y columnista empezó a ser considerado enemigo del régimen a raíz de sus escritos contra Bin Salmán. Fue en 2017 cuando decidió salir del país y refugiarse en Turquía y Estados Unidos, donde colaboraba con The Washington Post. “Ha llegado el momento de que Mohamed bin Salmán se libere de su miedo a la democracia y a la verdadera Primavera Árabe, y también de sus preocupaciones, justificadas, al expansionismo iraní en el mundo musulmán. ¿Qué puede impedir que los saudíes piensen que esa celebración de la libertad, la democracia y la justicia apoyadas por el Estado está reservada a los iraníes?”, escribió en un reciente análisis a propósito de las protestas populares contra los ayatolás en Irán.

Las denuncias por ataque a los derechos humanos contra la monarquía saudí se han multiplicado en los últimos años. Según Amnistía Internacional, las autoridades de Riad han restringido “severamente la libertad de expresión, de asociación y de reunión”. El país se encuentra en medio de una violenta represión que va contra todo aquel que cuestiona la legitimidad del régimen. Así, numerosos defensores de los derechos humanos han sido condenados a largas penas de cárcel en juicios sin las debidas garantías. “Varios activistas chiíes fueron ejecutados, y muchos más fueron condenados a muerte en juicios manifiestamente injustos ante el Tribunal Penal Especializado”, asegura el informe de Amnistía, que advierte de que la “tortura y otros malos tratos bajo custodia continúan siendo práctica habitual”.

Por si fuera poco, el régimen de Bin Salmán es abiertamente machista, pese a las tibias reformas en ese sentido (hasta hace poco tenían prohibido por ley conducir automóviles). Las mujeres sufren una discriminación sistémica por influencia de la ley musulmana, la sharia, y muchas son abandonadas a su suerte cuando son víctimas de malos tratos a manos de sus parejas o de violencia sexual. Espeluzna leer las noticias de los periódicos que dan cuenta de penas máximas contra aquellas mujeres que son descubiertas en relaciones extramatrimoniales. Ese castigo no es otro que la lapidación.

Además de un Estado patriarcal y teocrático, Arabia Saudí es abiertamente homófobo, ya que las relaciones sexuales entre hombres siguen estando perseguidas y cualquier intento de organización de colectivos LGTB es aplastado de forma contundente. Según el documento Homofobia de Estado, publicado por la Asociación Internacional de Gays y Lesbianas en 2017, las relaciones sexuales entre hombres son consideradas un “delito menor” en ese país y la represión y humillación que viven las personas homosexuales alcanza tintes de persecución religiosa por razón de condición sexual.

Las autoridades saudíes hacen un amplio uso de la pena de muerte y llevan a cabo ejecuciones sumarias de forma más o menos habitual. Por si fuera poco, en los últimos meses Arabia Saudí ha intensificado la coalición militar con otros países de su entorno para atacar Yemen, una ofensiva que ha terminado afectando a España, envuelta en un escándalo de venta de armas y bombas inteligentes a Riad. Según las últimas cifras oficiales, nuestro país batió un récord histórico en el envío de armamento a los árabes desde que estalló la guerra en la zona. En 2015 el Gobierno español vendió 400 bombas supuestamente inteligentes que han sido utilizadas contra la población civil, un asunto que ha sacudido al actual Gobierno de Pedro Sánchez, cuya principal excusa ha sido que los contratos provenían de la época del Partido Popular y que de ese negocio dependen cientos de puestos de trabajo en las fábricas de armamento españolas. Arabia ha amenazado con cancelar contratos por importe de 1.800 euros si España no le vende esas bombas. No parece por tanto que el Gobierno esté dispuesto a renunciar de momento a tan suculento pastel, ni tampoco a romper lazos diplomáticos con los árabes, mucho menos después de que la construcción del tren de alta velocidad a la Meca se haya llevado a cabo con empresas y capital español. Hay demasiados intereses en juego para que la muerte de un simple periodista que cuenta la verdad de lo que allí sucede dé al traste con todo el negocio.

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