La pieza política de los ERE llega a su fase final de instrucción y, en medio de prescripciones masivas que afectan a numerosos investigados, el juez Álvaro Martín tiene previsto procesar en junio, en plena campaña electoral, a dos expresidentes de Andalucía y nueve ex consejeros autonómicos además de otros ex altos cargos de los departamentos implicados en su presunta participación en la creación, tramitación o concesión de ayudas sociolaborales y ayudas directas a empresas mediante un procedimiento ilegal, más conocido como el caso de los ERE fraudulentos.

Este presunto sistema fraudulento de ayudas públicas funcionó sin que nadie ni ninguna administración pública implicada alertara de nada durante una década entre los años 2000 y 2012. La Junta de Andalucía, en manos del PSOE durante todas las legislaturas de la democracia, destinó un total de 855 millones de euros a este tipo ayudas y más de 6.000 trabajadores afectados por diferentes ERE se beneficiaron de ellas. Incluso 77 de ellos, detectados por el momento, eran intrusos, es decir, jamás trabajaron en las empresas afectadas pero en cambio sí recibieron las suculentas ayudas. Además, las empresas aseguradores que intermediaron en la tramitación de las ayudas cobraron comisiones escandalosas muy por encima del precio de mercado, con un sobrecoste estimado de 66 millones de euros.

Los presidentes que se sentarán en el banquillo de los acusados son los predecesores en el cargo de Susana Díaz, los también socialistas Manuel Chaves y José Antonio Griñán, que dimitieron de sus escaños de diputado y senador respectivamente para asumir sus responsabilidades políticas previas al enjuiciamiento. Como adelanta la Cadena Ser, también se sentarán como acusados los ex consejeros andaluces Gaspar Zarrías, José Antonio Viera, Antonio Fernández, Manuel Recio, Magdalena Álvarez, Antonio Ávila, Francisco Vallejo, Martín Soler y Carmen Martínez Agüayo.

El juez de apoyo de la titular del juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, María Núñez Bolaños (sucesora de Mercedes Alaya), también tiene previsto decidir en los próximos días si procesa a otros exaltos cargos de las consejerías implicadas y también a las personas integrantes del consejo rector de la agencia Idea, entre quienes se encuentra el presidente de Unicaja Banco, Braulio Medel.

Esta pieza separada de los casos de los ERE es la que hace referencia a los altos cargos de la Administración andaluza implicados en el supuesto fraude. Todos ellos han sido investigados por haber participado presuntamente en la creación, tramitación o concesión de ayudas sociolaborales y ayudas directas a empresas mediante un procedimiento supuestamente ilegal, al margen de la Ley de Subvenciones y de la Ley General de la Hacienda Pública. Estas ayudas se otorgaban directamente mediante transferencia de dinero de la Consejería de Empleo a la Agencia Idea, la entidad pagadora de los ERE.

Este caso comenzó a ser investigado en enero del año 2011 cuando agentes de la Guardia Civil comenzaron a revisar todas las ayudas concedidas por la Administración andaluza a través de la partida denominada 31L, incluida cada año en la Ley de Presupuestos de la Junta de Andalucía que aprobaba el Parlamento. Estas ayudas se concedieron en muchos casos sin procedimiento administrativo alguno.

El germen de la investigación de la macrocausa de los ERE, ahora desgajada en varios casos independientes, partió del descubrimiento por parte de la juez Alaya de tres personas de la empresa sevillana Mercasevilla que cobraron prejubilaciones sin haber trabajado nunca en dicha sociedad. Eran intrusos. Hasta el momento, el número de intrusos descubiertos se acerca a los 80 en idéntica situación.

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