Fotos de Agustín Millán.

Desde hace quince días ocho mujeres, Gloria, Sara, Martina, Susana, Patricia, Miriam, Sonia y Celia, con zapatos rojos y esquelas con los datos de las últimas víctimas de la violencia machista, se han instalado en la Puerta del Sol de Madrid, y están sosteniendo una huelga de hambre que ya ha llevado al hospital a una de ellas, para denunciar el maltrato a las mujeres y obligar al Gobierno a “asumir la violencia machista como una cuestión de Estado”.

Las ocho mujeres recogen firmas en la céntrica plaza madrileña con el objetivo de “garantizar una adecuada protección a las víctimas en el marco de la violencia de género”. Por el momento, su campaña online en Change.org ya ha superado el millar de apoyos.

“Entendíamos que teníamos que hacer algo contundente en un sitio visible. Lo que no podemos permitir es que cada cuatro días una mujer sea asesinada. Queremos que otras mujeres se animen a acampar“, señala Gloria Vázquez, presidenta de Ve la Luz, la organización gallega a la que pertenecen las activistas.

En un manifiesto de 25 puntos, la organización solicita al Gobierno que impulse una ley especializada en base a cada tipo de maltrato y en la que se contemple, entre otras cuestiones, la figura de feminicidio o el reconocimiento de las víctimas de la violencia machista como víctimas del terrorismo. También solicitan la pérdida del derecho a visitas y de la patria potestad para los condenados por maltrato.

Y yo me pregunto, ¿para que se designe un abogado a cada mujer que presente una denuncia de maltrato, para que se retire la custodia de los menores a los padres maltratadores, para que se proceda a proteger a las víctimas de palizas, acoso sexual, violaciones y asesinatos, hace falta que varias mujeres lleven medio mes privándose de alimento y durmiendo en el suelo de esa plaza, con frío, viento y lluvia? ¿En qué país estamos?

¿Es cierto que España pertenece a la Unión Europea, modelo de democracia, derechos humanos, protección a los débiles, Estado del bienestar, paradigma de libertad, igualdad y fraternidad? ¿Y en ese país las mujeres tienen que hacer huelgas de hambre, como en el siglo XIX, para que no las maten impunemente?

Desde que se aprobó la Ley Orgánica de Medidas Integrales contra la Violencia de Género, el 28 de diciembre de 2014, han sido asesinadas 1.200 mujeres, un número indeterminado de niños y niñas y de hombres, estos como daños colaterales cuando el asesino aprovecha para matar también al hermano, al hijo o al novio de la mujer, se supone que son violadas 15.000 cada año y que más 2.000.000 sufren malos tratos habituales de sus parejas masculinas. Y sin embargo, los señores y señoras legisladoras están tan satisfechos con lo legislado, que se ha demostrado absolutamente inoperante.

Se puede observar en la curva de los feminicidos de los últimos 12 años, cómo, después de la aprobación de la ley de Violencia, no ha disminuido un ápice el número de asesinatos. Con una agravante, y es que en el 30% de los casos la victima había denunciado e incluso tenía orden de alejamiento o de protección. De tal modo, el fracaso de las pomposamente llamadas Medidas Integrales y de todo un articulado, que se ha denominado “el mejor de Europa”, es evidente.

Lo más penoso es que las víctimas cuando se deciden a denunciar ante la justicia su vida de infierno, se enfrentan a un procedimiento decimonónico que las victimiza doblemente. Interrogatorios interminables, presididos por la desconfianza hacia su relato, careos con su verdugo, preguntas inquisitoriales del fiscal y del abogado del maltratador, repetición de tales pruebas, esperas indefinidas para celebrar juicio y conocer las resoluciones de los recursos de la parte contraria, y, por su supuesto, ninguna seguridad de que si soportan esta nueva tortura tendrán la protección institucional que están reclamando. Y mientras tanto nadie les da de comer ni a ella ni a sus hijos menores.

Si la Subcomisión que se ha creado en el Parlamento para analizar las causas y los remedios a poner a este estado de cosas no entiende que es preciso modificar dicha Ley, estableciendo la inversión de la carga de la prueba a favor de la víctima, imponiendo que a los maltratadores se les interne en prisión en vez de amontonar a las mujeres en casas de acogida, que son las cárceles para ellas, procediendo a subvencionar a las que carezcan de recursos y definiendo la violencia como machista y no de género, eufemismo que permite eludir la acusación y la condena, no habrá logrado avanzar nada en la prevención y punición de los delitos machistas.

Pero quizá es que tanto Gloria, Sara, Martina, Susana, Patricia, Miriam, Sonia y Celia, y yo, somos ingenuas, y creemos que en nuestro país existe democracia y que se está implantando la igualdad –tanto como aceptar que ya existe sería caer en el delirio de la ingenuidad-, y que nuestras instituciones del Estado: Parlamento, Senado, Ejecutivo, Policía, Judicatura, Fiscalía, Medicina forense, servicios sociales, trabajan para proteger nuestros derechos.

Y en realidad, el Sistema Patriarcal que nos oprime y explota y prostituye y nos mata, no quiere cambiar nada.

Madrid, 3 de marzo 2017.

 

 

 

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