Distintas varas de medir

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Estas últimas semanas de mayo del año 2017 ha sufrido un indignante ataque la Agrupación Reformista de Policías (ARP) al quererle retirar sus tablones de información sindical y adhesivos de las dependencias policiales de la Comunidad Valenciana por orden del Jefe Superior de Policía valenciano, amparándose en una denuncia del otrora progresista sindicato SUP.

En la tarde del viernes día 5 de mayo se le notificó a ARP dicha tropelía avalada por la División de Personal de la DGP en una decisión atentatoria contra el derecho constitucional a la Libertad Sindical, sin precedentes desde el inicio de la democracia y argumentándose como motivo el no ser una organización representativa basándose en la reciente Ley Orgánica 9/2015 de Régimen de Personal de la Policía Nacional.

Para que se entienda, una organización sindical representativa en la Policía Nacional es aquella que cuando se celebran elecciones cada cuatro años al Consejo de Policía, órgano de representación paritario de la Administración y sindicatos, consigue al menos un consejero en dicho órgano, accediendo a los privilegios inherentes por consecución y ley. Por lo que si una organización sindical policial como ARP, nace semanas después a las elecciones al Consejo de la Policía, debe pasar una travesía en el desierto de casi cuatro años para poder acceder a unos derechos sindicales, algunos de ellos de tan básica y necesaria ejecución como comunicarse en los centros de trabajo con afiliados y futuribles. Resumiendo, que para poder llegar a ser representativo la ley no contempla (aunque no prohíbe) la posibilidad que como no representativo puedas comunicarte con tus afiliados a través del clásico tablón informativo en comisaría. Además de que, incluso la propia Administración se contradice puesto que hasta hace muy poco a otros sindicatos no representativos se les permitió sin ningún tipo de cortapisa que tuvieran tablones informativos en dependencias policiales, basándose en la Constitución y en que ningún texto legal prohíbe el desarrollo de un derecho sindical tan elemental.

Bueno, no quiero aburrir con justificaciones legales que los tribunales tendrán que dirimir en defensa de derechos constitucionales que no deben ser reprimidos a través de leyes de menor rango y utilizados de manera espuria para acallar una voz incómoda y a la vanguardia de la reivindicación en la Policía Nacional como es la Agrupación Reformista de Policías.

Pero es que este desafortunado episodio de ataque, analizado detenidamente y comparándose con determinadas conductas que hoy en día suceden en el colectivo policial, denota un trasfondo de agravios comparativos y discriminaciones en contraste con la tolerancia que se advierte desde determinadas cúpulas policiales con según qué aspectos que distan de incardinarnos en la institución moderna a la que aspiramos.

Alguna de esas conductas toleradas y de las que no es la primera vez que se tiene constancia, es la de exaltación o enaltecimiento en la uniformidad o en dependencias policiales de simbología franquista o fascista. Desde taquillas repletas de pegatinas en su parte externa y visible con alegorías al dictador Franco y bandera anticonstitucional, hasta pegatinas en el arma o llaveros visibles al público, etc.

Cada uno en su vida privada y en la intimidad de su casa puede hacer ostentación de lo que quiera, y por supuesto una sociedad avanzada debe luchar para que así sea aunque no se compartan determinadas simpatías o planteamientos ideológicos, pero en el espacio de convivencia, en un organismo público o por funcionario público en el neutral desempeño de su función no se puede permitir este tipo de proselitismos.

¿En qué país realmente democrático se entendería que se retiraran de un centro público tablones informativos o adhesivos de una organización sindical legalmente constituida para la defensa de los derechos de los trabajadores pero que se permitieran carteles insultando a líderes políticos democráticamente nombrados, apología de dictadores reconocidos o publicidad de empresas privadas?

La Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado refiere en su articulado que los policías tenemos como misión proteger el libre ejercicio de los derechos y libertades de la ciudadanía, por lo que cabría preguntarse, ¿cómo dicha misión es compatible con la tolerancia a la exhibición de símbolos que rememoran o exaltan una dictadura como la sufrida en España?

La carencia de preparación en valores y la falta de memoria respecto a los cambios que se produjeron en el colectivo policial tras una dura transición desde una Policía del Antiguo Régimen a la actual, en la que entre otros aspectos se consiguió la desmilitarización, provoca que se relativicen determinadas conductas y por el contrario se ataquen otras que deberían ser defendidas en una sociedad moderna y demócrata.

Costó mucho esfuerzo separar la imagen del colectivo policial del antiguo régimen cambiando de color de uniforme del gris al marrón, eliminando inicialmente de cinturones, gorras y elementos de la uniformidad el águila de San Juan con el yugo y las flechas para posteriormente eliminarla de manera definitiva, rompiendo con la dependencia de la jurisdicción militar, con ritos, ordenanzas y símbolos específicamente militares, para que en pleno Siglo XXI se retroceda y tolere determinada simbología, y por el contrario se permita reprimir a un sindicato policial cuya única intención es defender los derechos de los trabajadores.

Estamos aún lejos de la Policía del siglo XXI que merece un país que se hace denominar desarrollado mientras existan dos varas de medir claramente diferenciadas. Una que favorece a sindicatos y policías paralizados y complacientes con las injusticias dentro del colectivo y que tolera simbología simpatizante de dictaduras represoras de derechos y libertades. Y otra que perjudica a policías que en pleno uso de su independencia y compromiso democrático se dedican a reivindicar los derechos que como ciudadanos y trabajadores les corresponden, y a denunciar represiones y rémoras del pasado que por asimilación inconsciente o razones espurias aún sufrimos dentro del colectivo policial.

 

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Luis Miguel Lorente Moreno (Palma de Mallorca, 1977) es alicantino de adopción, ciudad en la que se licenció en Criminología y donde ejerce su labor profesional como Oficial de Policía Nacional desde hace más de diez años en la Brigada de Policía Judicial. Actualmente es Coordinador General del sindicato Agrupación Reformista de Policías y miembro fundador del Observatorio de la Ciudadanía contra la Corrupción.

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