Las dimisiones se le acumulan encima de la mesa a Susana Díaz tras sobrevolarles a los afectados el peso de la justicia por los casos sobre corrupción en Andalucía, el caso de los ERE fraudulentos y el de los cursos de formación. Tras la salida hace unos días del viceconsejero de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de Andalucía, Juan Jesús Jiménez, al poco de ser imputado en el caso de los ERE fraudulentos cuando ocupaba un alto cargo en la extinta empresa pública Egmasa en 2003, ahora se suma por sorpresa la dimisión del interventor general de la Administración andaluza, Adolfo García Fernández, que se marcha de su cargo “por motivos personales” tras cerrar el último ejercicio presupuestario, y solo días después de ser citado a declarar ante la comisión de investigación parlamentaria sobre el presunto fraude en las ayudas a la formación.

Según publica Diario de Sevilla, García Fernández ha presentado la renuncia a su cargo después de casi cuatro años al frente de este órgano de control. Hasta una decena de interventores y ex interventores de la Junta, entre los que se encuentra García Fernández, tendrán que comparecer en la comisión parlamentaria que investiga el fraude de los cursos de formación, que ha cerrado hace unos días el número total de comparecientes, aunque a los interventores ya sabían desde una semana antes su citación ante el Parlamento andaluz.

El interventor general presentó su dimisión por carta a la consejera de Hacienda y Administración Pública, María Jesús Montero, y su salida sólo estaba pendiente de que cerrara el ejercicio presupuestario, que se da por finalizado en enero. Desde la Administración autonómica se asegura que la dimisión estaba pactada desde hace meses e incluso el interventor ya quiso marcharse el pasado marzo sin éxito. “Una vez llevados a término los diversos proyectos normativos y organizativos que están en desarrollo”, García Fernández cree que este es el momento de proceder a su dimisión.

La otra dimisión, la del viceconsejero de Igualdad, que también ha ocupado anteriormente los cargos de número dos en otras consejerías como las de Gobernación y Justicia, y Medio Ambiente, se produce después de que la juez de los ERE, María Núñez, incluyera a Juan Jesús Jiménez entre los 15 investigados en su participación para que la Junta abonara el ERE de la Empresa de Gestión Medioambiental (Egmasa) “prescindiendo total y absolutamente del procedimiento legal” sin publicidad ni concurrencia y con una sobrecomisión de 1,2 millones, según la Intervención General del Estado. En la actualidad, la Junta de Andalucía aún debe abonar cinco millones para terminar los pagos del expediente de Egmasa.

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