Oigo estupefacto que el Ayuntamiento de Málaga puede haber instalado un cagadero para perros en una fosa común de víctimas de la represión tras el 18 de julio del 36. Creo que los restos ya no estaban allí. Todo un detalle. Unos mil cuerpos. «Segue»: la Iglesia reclama patente de corso para elevar misas por el alma de aquel nefando caudillo en la Valencia de Cañizares (no el portero) y en esa fecha imparcial, sin olvidar las homilías recurrentes en los Jerónimos en Madrid. «Segue»: hay polémicas sobre el cambio del nomenclador de los callejeros, en algún caso ensalzando a verdaderos asesinos cuyos equivalentes en otros países, Alemania por ejemplo, no se podrían ni nombrar sin vergüenza pública (y delito). Yo mismo doy clases en un instituto cuyo nombre recuerda al vocal y después secretario de la Comisión Depuradora C que se encargó en Huelva de la represión contra los docentes no afectos, con expulsiones, denuncias (meses en los que se fusiló a un millar de personas en las tapias del cementerio)… y además fue censor, primero bajo la autoridad militar y después la civil, en el 37; cuando, con ánimos de cumplimiento de la Ley de la Memoria Histórica (52/2007 de 26 de diciembre, art. 15) he reclamado el cambio de nombre se me ha llamado en público, consta en actas del Claustro, corto de miras y pendiente de épocas históricas ya periclitadas en detrimento de los problemas actuales.

No existe una «tercera España», una España que ni participó en el golpe ni en las «maldades» del otro bando, una España virginal que se vio sin querer en un fuego cruzado de opuestos igual de extremistas. Proponerlo siquiera, como ha reiterado el historiador Francisco Espinosa Maestre, es imponer el revisionismo profascista que justifica la rebelión. ¿Cómo es posible que a estas alturas la Historia no haya puesto aún a cada uno en su lugar? No se trata de abrir otra causa general, que ni tiene sentido histórico ni utilidad práctica; no de reconciliar, porque es difícil reunir al agresor y al agredido, se trata de pasar página dejando constancia de quiénes cometieron crímenes (todos) y, sobre todo, de quiénes subvirtieron la legitimidad del pueblo español a usar los medios democráticos para decidir su deriva. El pasado no se cambia, se estudia. Juan Ramón Jiménez, por ejemplo, tuvo claro desde el principio que no se movería de su dignidad, no se puso en bando alguno porque banda sólo había una: la de la nobleza y la iglesia españolas propietarias de las vidas de una mayoría que clamaba por salir del atraso medieval a través de un Parlamento votado. Lo demás es sacar punta a las bolas de billar, monsergas que se pueden hacer decir como se puede hacer hablar a un papagallo pero no se deben enseñar en un colegio, instituto o facultad, no cabe discusión sobre esto, salvo ese revisionismo que, reitero, en Alemania, por ejemplo, sería delito. No se olvide que el sector rebelde de nuestro ejército fue ideológica y estratégicamente nazi.

Dado el nivel de enseñanza en nuestro sistema educativo obligatorio, puesto que en España no se enseña el horror de la represión y los 40 años de Franco, dada la «inmaculada imparcialidad» de algunos de nuestros intelectuales (hasta de la RAE), dada la presencia omnímoda de medios de comunicación vinculados a la Iglesia, a la Monarquía (en un principio heredera, aún recuerdo aquel mapa histórico en clase en el que el dictador aparecía como un rey más en la larga lista desde Viriato), dado que muchas de las empresas que explotaron como esclavos a prisioneros de guerra (que defendieron la legalidad) e hicieron fortuna con el desarrollismo tecnócrata de la dictadura siguen siendo la estructura económica actual, dado que hubo manga ancha para dejar en sus cargos a torturadores, jueces afines, militares levantiscos… ¿cómo nos extrañamos de la situación que comienza a disfrutar otra vez en España el fascismo? Es lógico que los perros caguen y meen sobre los asesinados, ¿cómo nos atrevemos a dar lecciones de Transición cuando el perdón, la amnistía y el largo mirar de los vencidos ha sido aprovechado para ceremonias multitudinarias de reivindicación en el Vaticano, para mantener las lápidas a los caídos por la patria y Dios en las catedrales mientras cagamos sobre otros, para confundir la reconciliación con enterrar juntos a Pemán y Falla (pobre)? ¿Cómo podemos ir de justicieros universales, persiguiendo en su momento a Pinochet o apoyando a las víctimas de las dictaduras militares sudamericanas, cuando aquí negamos la colaboración a los jueces de otras democracias que preguntan por sus muertos en la dictadura española?

Esto es muy sencillo: si a quien desde lo público se negara a aplicar la citada Ley 52/2007 se le procesara, con las correspondientes multas, ceses de cargos, apartamientos del funcionariado, sin menoscabo de que en su vida privada quisieren decir lo que les viniere en gana, quizá nos cantaría un gallo en vez de la cabra.

DEJA UNA RESPUESTA

Comentario
Introduce tu nombre