El incendio de Llutxent está prácticamente controlado pero la pregunta ahora es qué es lo que ha fallado y dónde se desatará el próximo fuego que se verá amplificado por culpa de una deficiente política de prevención. Mientras la Generalitat Valenciana evalúa la magnitud de la catástrofe –más de 3.000 hectáreas han sido completamente arrasadas–, los medios de comunicación valencianos publican hoy que el Plan Especial de Protección del paraje natural de El Surar, una de la zonas más afectadas y la de mayor interés ecológico, lleva doce años pendiente de aprobación. De nuevo, como suele suceder en numerosos incendios forestales, nos encontramos ante un entorno declarado de especial protección pero al que no se dota de un plan específico ni de fondos suficientes para llevarlo a cabo. El actual Consell echa la culpa de la herencia recibida al anterior gobierno regional y el que venga después probablemente hará lo mismo con el que le precedió. Mientras tanto, la desidia política se traduce en tierra deforestada, esquilmada, y otros factores como el abandono rural, la falta de limpieza en los montes, la dejación de los cultivos y el descuido a la hora de mantener fajas auxiliares (áreas de unos cinco metros de ancho que cortan el fuego a ambos lados de las pistas, caminos, sendas y carreteras forestales) hacen el resto.

El Surar, situado entre Pinet y Llutxent, era el bosque de alcornoques más meridional de la Comunitat Valenciana. Una pequeña joya. Hoy, tras varios días de lucha contra las llamas, ese vergel se ha perdido por completo. Los vecinos evacuados regresan a sus casas quemadas. Donde antes veían árboles y vegetación hoy solo ven una tenebrosa mancha negra que se extiende a lo largo y ancho de seis municipios: Llutxent, Pinet, Ador, Barx, Quatretonda y Gandia.

El fuego ha calcinado el paraje natural de El Surar, una pequeña joya ecológica por sus bosques de alcornoques

Pablo García, delegado sindical de CGT en Valencia, asegura que en los próximos años nos tendremos que acostumbrar a que “los incendios van a ser cada vez mayores y si no se pone remedio se perderán cada vez más hectáreas. Es importante aprovechar las pistas forestales, sendas y carreteras para dotarlas de zonas de seguridad para que los bomberos podamos trabajar. También es importante habilitar zonas de recarga para los helicópteros y camiones y mejorar la señalización de las vías de acceso”. Según los expertos, en los últimos años el cambio climático y la acumulación de biomasa (residuos altamente combustibles) están convirtiendo la Península Ibérica en un auténtico polvorín que a corto y medio plazo, si no se pone remedio, desencadenará superincendios nunca antes vistos con miles de hectáreas arrasadas. El escenario de lucha contra el fuego se ha  transformado radicalmente y sin embargo los sucesivos gobiernos central y autonómicos parecen no reaccionar y siguen aplicando políticas forestales de hace veinte o treinta años.

En el caso de la Comunidad Valenciana existen planes de emergencias contra incendios impulsados por la Generalitat, pero se aplican de forma muy lenta y paulatina, ya que su puesta en marcha depende de cada ayuntamiento. Hay planes de evacuación, planes territoriales, planes municipales y locales, una montaña de normas y textos que a la hora de la verdad no pueden impedir que los montes sigan ardiendo. La burocracia, una vez más, se impone a la realidad.

A la ineficacia de los planes de emergencias se une el malestar en las plantillas de bomberos forestales, desde hace tiempo en pie de guerra contra Tragsa, la empresa pública que se dedica a la extinción de incendios forestales. A comienzos de esta semana UGT y CC.OO convocaban al colectivo de bomberos forestales de la Generalitat a concentrarse frente a la sede de la compañía en Valencia los días 23 de agosto y 6 de septiembre, y a una huelga indefinida a partir del 7 de septiembre, tras no cumplirse el acuerdo de modificación salarial de los trabajadores firmado en febrero. El foco principal del conflicto es la precarización que sufren buena parte de los 800 bomberos del sector, en su mayoría contratados por obra y servicio bajo una encomienda de la Generalitat Valenciana que apenas dura 2 meses. Solo unos 240 son indefinidos o fijos discontinuos, el resto se acoge a la encomienda por temporada y pese a que presta los mismos servicios que el personal fijo cobran una media de 400 euros menos. Además, la plantilla ha asumido nuevas funciones como servicios en caso de inundación, búsqueda y rescate de personas y otras inclemencias como nevadas en invierno.

“Los 300 euros que nos dan solo es un complemento de verano para tenernos la boca callada. Luego nos lo quitan. Si hemos asumido nuevas funciones lo lógico es que se ajuste nuestro salario porque hay compañeros que viven en una inestabilidad laboral brutal”, asegura García. Según el delegado sindical de CGT los empleados han ganado todos los juicios contra Tragsa, tanto en los juzgados de lo Social como en el TSJ y el Supremo, pero “nos siguen firmando contratos por dos meses sin que sepamos cuál va a ser nuestro futuro”, insiste. El colectivo vive en la más absoluta precarización y numerosos bomberos de refuerzo llevan en esta situación seis, diez y hasta quince años.  “Todos los años muere un compañero y aquí no pasa nada. Tragsa no quiere cumplir los preacuerdos salariales que firmamos en febrero y sobre la mesa hay 300 denuncias por contratos firmados mediante fraude laboral que han sido ganadas en los tribunales. Esa es la realidad de los bomberos forestales”, explica García.

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