Salvador Chela Rodríguez es un juez muy conocido en Barcelona y su provincia. Archivó una denuncia presentada por un grupo ultraderechista contra el presidente de la Generalitat en el asunto del referéndum del 9-N cuando ocupaba la titularidad del juzgado de primera instancia de Mollet, y se negó a retirar las urnas. Ahora le han condenado por un delito de abandono de familia por impago de la pensión de alimentos de sus hijos. La jueza que dicta sentencia le reprocha “no acatar la sentencia de divorcio que dio origen a la pensión alimenticia, cuando, por su condición de juez, es perfecto conocedor de sus derechos y obligaciones jurídicas”.

El caso de Chela no es el único. El juez decano de Puertollano, Luis Sáenz de Tejada, fue imputado, en 2013 de un delito de violencia de género tras la denuncia presentada por su ex mujer, Esther Vila, entonces titular del juzgado mercantil nº 1 de Badajoz. El esperpéntico suceso acabó con denuncias cruzadas por ambos. Sáenz de Tejada acusó a su ex mujer de favorecer a su pareja, un abogado, en los concursos de acreedores.

El magistrado Salvador Chela Rodríguez ha presentado recurso contra una sentencia un tanto extraña, bastante benigna para lo que el Código Penal establece en los delitos de abandono de familia por impago de pensiones: un año de cárcel. A Chela sólo le han impuesto una pena de nueve meses de multa a razón de seis euros por día, y los correspondientes abonos de las cantidades adeudadas, tanto en concepto de alimentos como por gastos en educación.

El caso de este magistrado no es el primero. La guerra mantenida por la ex titular del juzgado mercantil de Badajoz, Esther Vila y su ex marido, el decano de los jueces de Puertollano, Ciudad Real, Luis Sáenz de Tejada, destapó todo el asunto de la trama de corrupción que existe en España en torno a la designación de administradores concursales.

El caso se remonta al litigio que ambos magistrados mantenían por la custodia de sus dos hijos, tras su separación. Durante un fin de semana que los menores permanecieron con su padre, la madre lo denunció por secuestro. Al parecer, no cumplió la orden de retorno acordada. Del asunto se hizo cargo una jueza de violencia de género de Badajoz que imputó a su compañero, dictando, además, orden de alejamiento. La jueza de instrucción nº 4 de Badajoz, actuando como jueza de violencia de género, dijo, entonces, que había comunicado los hechos al Tribunal Superior de Justicia de Extremadura y al Consejo General del Poder Judicial.

Sáenz de Tejada contraatacó y puso una denuncia contra su ex mujer por prevaricación, al haber nombrado administrador de un importante y jugoso, económicamente hablando, concurso de acreedores a su pareja sentimental. El escándalo fue mayúsculo. Las investigaciones llevadas a cabo descubrieron nombramiento de administradores concursales por parte de la jueza de manera irregular. Pero también actitudes contrarias a la Ley por parte de su ex marido en lo que a las relaciones paterno-filiales se refiere. Al final, ambos fueron separados de sus destinos de una manera un tanto discreta. El asunto, de momento, ha quedado sólo en eso.

En el Consejo General del Poder Judicial clasifican de “aislados” estos casos de incumplimientos legales por parte de los jueces. Es verdad que son dos casos, pero si a eso sumamos las prevaricaciones e irregularidades que se producen en el transcurso de las funciones profesionales de algunos magistrados, no es de extrañar que la Justicia cada vez más carezca de la buena imagen que tuvo en su día.

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