Cuando el 8 de abril de 2003 el ejército norteamericano asesinó al cámara español José Couso en el Hotel Palestine de Bagdad, en plena invasión de Irak, España era un modelo internacional en la aplicación de la Justicia Universal. Hoy es exactamente lo contrario.

¿Por qué? Por las dos modificaciones que ha sufrido la Ley Orgánica del Poder Judicial que limita la jurisdicción de los magistrados fuera de nuestras fronteras.

La primera la llevó a cabo el PSOE porque molestaba a Israel y a China.

La segunda y definitiva modificación la aplicó el PP porque, aun recortada, seguía molestando a China.

La semana pasada, el Tribunal Supremo archivó la causa de Couso y, de paso, rechazó llevar dicha modificación de la Justicia Universal ante el Constitucional. A la vez, reconocía la falta de colaboración de EEUU en la investigación del asesinato. Pero también reconocía algo aún más preocupante: Que, con las sucesivas reformas de la Ley, los tribunales españoles no son competentes ya para juzgar el crimen estadounidense contra el periodista español.

los tribunales españoles no son competentes ya para juzgar el crimen estadounidense contra el periodista español

O sea, el Supremo admite que sí se trató de “un ataque no justificado por parte de la fuerza armada contra la población civil”. Pero no tiene las armas para enfrentarlo. “De hecho”, confirma Enrique Santiago, abogado al frente del caso, “la sentencia del Supremo deja claro que, con el cambio de ley, no pueden hacer más, pero que claramente es un ataque que no tenía razón de ser”.

El caso Couso es un síntoma del recorte de derechos sufrido en España en los últimos años, así como del funcionamiento habitual del Gobierno ante las presiones de países como EEUU, China o Israel, donde abundan las muestras de obediencia y servilismo. Y también es un síntoma del recorte en la información que reciben los ciudadanos.

 

COUSO COMO PRECEDENTE

Olga Rodríguez, periodista que estaba en el Hotel Palestine cuando asesinaron a José Couso: “El Caso Couso no es solo el caso sobre José. Es un caso que atañe a la libertad de información, porque la investigación judicial se ha estado obstaculizando desde siempre, primero por el gobierno del PP y luego del PSOE a petición de EEUU. La decisión del Supremo sienta un precedente fatal”.

El precedente es ni más ni menos que, si te matan fuera de España, por ejemplo en una guerra o ataque terrorista, la Justicia española no puede investigar ni juzgar a los asesinos. En el caso de José Couso, marca el camino de lo que sucederá a partir de ahora. La decisión del Supremo resulta harto aleccionadora. Viene a decir “Con la ley que tenemos, esto es lo que podemos hacer: nada”.

“El hecho de que esto quede impune transmite el mensaje de que puede volver a pasar”

“Hubo tres ataques”, recuerda la reportera. “En menos de tres horas, Estados Unidos atacó las tres sedes de la prensa independiente en Bagdad, es decir, la prensa que no iba empotrada con sus tropas. En menos de tres horas mató a tres periodistas y varios más resultaron heridos, algunos de enorme gravedad. Sabían que estábamos ahí. El hecho de que esto quede impune transmite el mensaje de que puede volver a pasar”.

David Couso, hermano del cámara asesinado, es de la misma opinión. “El poder ejecutivo ha modificado las leyes y ha legitimado la impunidad”, opina. “Ahora, los profesionales de la información tienen claro que matar a los periodistas sale gratis… Y no solo a los periodistas”.

 

COUSO COMO TRAICIÓN AL CIUDADANO

“Sabemos lo que es exigir Justicia en este país, viendo los diferentes movimientos de los últimos ejecutivos, con la filtración de los papeles de Wikileaks, modificaciones de leyes orgánicas…”, se lamenta David Couso tras admitir que ya se esperaban la decisión del Tribunal Supremo.

La filtración de los documentos diplomáticos norteamericanos realizada por WikiLeaks en noviembre de 2010 a la que alude Couso dejó en evidencia que el Gobierno español ya había empezado a traicionar a su hermano antes de la reforma de la Ley cuyo resultado es la impunidad de los criminales. Porque en 2009 y 2014 llegarían las modificaciones llevadas a cabo por PSOE y PP respectivamente, pero la felonía del Gobierno de España contra el ciudadano Couso empieza mucho antes.

El abogado Enrique Santiago lo explica con nombres y apellidos: “Al conocerse los denominados WikiLeaks, aparecieron innumerables cables de la Embajada de Estados Unidos en Madrid, dirigidos a su Gobierno, en los que informaba del asesoramiento que estaba recibiendo, en el caso Couso, por parte de la vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, el entonces ministro de Justicia Juan Fernando López Aguilar, el entonces fiscal general del estado Cándido Conde-Pumpido e incluso el fiscal jefe de la Audiencia nacional, Javier Zaragoza”.

Lo que significa que, desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, en lugar de defender al ciudadano asesinado Couso, se estaba asesorando al gobierno del país al que pertenecían sus asesinos. “Todos ellos”, insiste Santiago, “informaban al Gobierno estadounidense de la marcha de la instrucción del caso Couso, y le daban recomendaciones para que no cumplieran las comisiones rogatorias emitidas por el juez español a las autoridades de los Estados Unidos”.

“Los ministros españoles trabajan para que no prosperen las órdenes de detención” fue exactamente la frase que el entonces embajador de EEUU en España, Eduardo Aguirre, envió a su Gobierno.

 

jose_couso-asesinado

“El desamparo es total”, se lamenta Olga Rodríguez. “Me llama la atención cómo a los políticos se les llena la boca hablando de patriotismo y dejan en la estacada a sus ciudadanos cuando pasan cosas así”.

desde el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero se estaba asesorando al gobierno del país al que pertenecían sus asesinos

Denuncia la periodista que, en el caso de Couso, “los gobiernos de José María Aznar y de Zapatero hicieron mucho para obstaculizar la investigación judicial y para intentar cerrarla”. Ella también se remite a las pruebas que destapó WikiLeaks, y añade: “No podíamos saberlo, pero nosotros ya lo veíamos en la propia actitud de los gobiernos hacia el caso, y aun así, afortunadamente hubo jueces valientes, como el juez Santiago Pedraz, que veían claramente que era un ataque que no tenía razón de ser”.

Ante los papeles de WikiLeaks, al trasluz, una puede ver la imagen de los ministros del Gobierno español conspirando con la embajada y el Gobierno norteamericanos contra el ciudadano Couso asesinado, contra su familia y los compañeros que denuncian, contra el propio Poder Judicial que trata de aclarar un caso en cuya investigación el Gobierno de los EEUU jamás colaboró.

 

COUSO COMO RECORTE DE DERECHOS

Y después de la traición, de los tejemanejes con el Gobierno de EEUU y su embajada en España, llegaron los recortes en la Ley. Primero, como se ha explicado, el llevado a cabo en 2009 por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero. Después, en 2014, otro realizado desde el equipo de Mariano Rajoy.

Tras las modificaciones, la actuación de los magistrados fuera de nuestras fronteras se limita únicamente a los casos que afecten a españoles cuyos acusados sean también españoles o se encuentren en España.

Después de la decisión que el Tribunal Supremo hizo pública la semana pasada, huelga describir los resultados.

“Las sucesivas reformas de las normas sobre jurisdicción universal han venido reduciendo la posibilidad de perseguir graves violaciones de los derechos humanos o graves infracciones al derecho internacional humanitario ocurridos fuera de nuestras fronteras”, explica el abogado Santiago. “Aun en el supuesto de que las víctimas fueran españolas, los hechos habrían quedado en la impunidad”.

La reportera Olga Rodríguez denuncia que todos estos recortes demuestran que “los ciudadanos están absolutamente desprotegidos desde que el PP modificó esta Ley”. Y puntualiza: “Ya no solo los periodistas, cualquier persona que está en un país extranjero y, por lo que sea, sufre un secuestro, o una violación, va a tener dificultades, dependiendo de cuál sea el caso, para que después haya una investigación y justicia en condiciones”.

La Ley de Justicia Universal se ocupaba de casos de terrorismo, genocidio, crímenes de guerra, desapariciones forzosas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, crímenes de lesa humanidad o trata de seres humanos, entre otros. Ahí estaban Pinochet, los vuelos secretos de la CIA, las torturas en Guantánamo, el Sáhara Occidental, El Salvador, Guatemala, el genocidio en el Tíbet…

El hecho de que un país –en este caso España– limite al máximo o vete ese tipo de investigaciones de forma definitiva, no solo lo coloca en un vergonzoso lugar internacionalmente, sino que ofrece un retrato muy definido –y nada favorecedor– de quienes lo llevan a cabo.

Lo grave, en este caso, es que quienes lo llevaron a cabo fueron los dos únicos partidos que han ocupado, alternativamente, el gobierno del país. Se deriva de ello una evidente sensación de irreversibilidad.

“Lamentablemente”, explica Enrique Santiago, “las reformas realizadas en la Ley, y la jurisprudencia que ha venido interpretando, parece que han tenido en cuenta los sumarios abiertos en España en ejercicio de la jurisdicción universal para que todos ellos fueran archivados”.

España renuncia voluntariamente a perseguir graves crímenes cometidos fuera de sus fronteras

O sea, que no se trata de una intervención inocente, si es que alguien pudiera llegar a considerarlo así. “El resultado está siendo ese. España renuncia voluntariamente a perseguir graves crímenes cometidos fuera de sus fronteras, a pesar de que los responsables estuvieran en situación de impunidad”.

O lo que es lo mismo, que sucesivos gobiernos españoles, que incluyen a los dos grandes partidos, han tomado la decisión de recortar los derechos de sus ciudadanos, precisamente en casos sobre cuya ilegalidad poca discusión cabe.

 

COUSO COMO MUESTRA DE SERVILISMO DEL GOBIERNO

La cuestión, no obstante, no solo radica en las consecuencias de tales decisiones gubernamentales, de las que Couso es terrible ejemplo. La cuestión, quizás más inquietante aún, radica en las causas.

La primera modificación la llevó a cabo el Gobierno de Rodríguez Zapatero, con el apoyo de PP, CiU y PNV. ¿Por qué? ¿Por qué recorta el gobierno del PSOE la Ley de Justicia Universal que tan buena y “progresista imagen” le daba internacionalmente? Sencillamente porque molesta a Israel y a China.

“La primera reforma de la jurisdicción, aprobada por el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero”, recuerda Enrique Santiago, “fue anunciada a los españoles por la ministra de Asuntos Exteriores de Israel Tzipi Livni en rueda de prensa con el entonces ministro Moratinos, en Tel Aviv”. Así fue, tras el bombardeo del barrio Al-Daraj, en Gaza, por parte de fuerzas israelíes en el que murieron 14 inocentes.

La segunda reforma, la que le dio la puntilla a la Justicia Universal en España, llevada a cabo por el Gobierno de Mariano Rajoy, se decidió después de que la Audiencia Nacional dictara orden de detención contra la cúpula militar china por el genocidio tibetano. O sea, porque seguía molestando a China. “De todos son conocidas las presiones de tipo económico realizadas por el gobierno chino en los momentos en los que la deuda española tenía la más baja calificación en los mercados financieros”, sigue haciendo memoria el abogado.

¿Para quién trabaja el gobierno de un país, en este caso el español? ¿Cuáles son las razones que le empujan a modificar las leyes?

¿Ahora dónde queda nuestra soberanía nacional?“, se preguntaba Javier Couso después de que se conocieran los hechos anteriores. Y a esta pregunta se podrían añadir algunas más: ¿Hasta qué punto un gobierno representa a sus ciudadanos, hasta qué punto actúa en su beneficio? ¿Para quién trabaja el gobierno de un país, en este caso el Gobierno español? ¿Cuáles son las razones que le empujan a modificar las leyes, y en beneficio de quién?

El caso Couso, de nuevo, ofrece una respuesta contundente a todas ellas.

“En todo este proceso de eliminación de la jurisdicción universal, han sido explícitas las injerencias de gobiernos extranjeros”, admite Santiago.

 

¿ES POSIBLE LA VUELTA ATRÁS?

Tras lo anterior, queda solo una última pregunta: ¿Se puede dar marcha atrás?

Enrique Santiago: “Es necesario continuar el ejercicio de esta jurisdicción recurriendo a tribunales supranacionales. En el corto plazo, es impensable una contrarreforma de las normas que posibilitaría continuar el ejercicio de esta jurisdicción, fundamental para acabar con las violaciones de los derechos humanos. Será necesario que en España haya un gobierno alternativo al bipartidismo PSOE-PP para que pueda salir adelante. Es necesaria una contrarreforma para adaptar nuestra legislación a las leyes y convenios internacionales en materia de derechos humanos”.

Olga Rodríguez: “Tendría que haber voluntad para revocarla. El problema es que ya hubo una pequeña reforma de esa ley con el gobierno anterior, que era socialista, luego otra con el PP…”.

David Couso: “Solo hay que ver lo que es la Justicia en este país, y sobre todo la intromisión del Poder Ejecutivo modificando leyes para dejar desamparado precisamente al ciudadano”.

 

CONTINUARÁ

El caso Couso sirve como ejemplo para ilustrar todo lo anterior: Recorte de derechos, traición del Gobierno español a sus ciudadanos, servilismo ante las presiones de otros países, modificación de leyes en beneficio de potencias extranjeras… Y a la vez es síntoma de que algo falla en el funcionamiento de la democracia española, un fallo cuya gravedad no parece remitir, dada la decisión que la semana pasada tomó el Tribunal Supremo.

Sin embargo, no ha terminado. “No vamos a rendirnos”, asegura David.

“A nuestro juicio”, añade su abogado, Enrique Santiago, “la sentencia de casación del Tribunal Supremo vulnera el derecho debido al proceso, al ejercicio de la defensa y al juez predeterminado por la ley. Interpondremos recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional y en el hipotético caso de que este no fuera atendido, continuaríamos solicitando justicia para el caso Couso en los tribunales europeos competentes”.

 


MAÑANA: Couso como síntoma (II): Recorte de la información y opacidad

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1 Comentario

  1. En este caso se han juntado los tres poderes, legislativo, ejecutivo y judicial, más gobiernos…El interés, está por encima de la igualdad de derecho para juzgar la muerte de Couso, del yakolev…o de cualquier aberración fraticida. El ímpetu que ponen en ello es hacer gracia de cara a la opinión pública. Abrazos

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