No hubo violencia. Fue una manifestación de estudiantes de la Universidad Autónoma de Madrid, contra Felipe González y Juan Luis Cebrián, ausentes, por las posiciones que vienen defendiendo. Con lo que está cayendo, fue una provocación de ambos y una sin razón de quienes programaron el acto. Es inadmisible que, al instante de producirse el acontecimiento, se acusara a Podemos de ser instigador de la protesta. Es una canallada orquestada, de determinados medios, al acusar de etarras a quienes ejercen el derecho de expresar su opinión, contra quienes han traicionado a la decencia democrática. Además de que creo inútil la provocación.

La prensa de papel ha coincidido unánimemente en sus editoriales e informaciones a la hora de responsabilizar a Podemos del boicot en la Universidad Autónoma, a la conferencia del expresidente de Felipe González y del presidente de PRISA Juan Luis Cebrián. Todas las cabeceras han apuntado directamente como responsable de las protestas a Pablo Iglesias, que lo ha desmentido categóricamente. Todo es un despropósito consentido. El portavoz de la gestora del PSOE, Mario Jiménez, de Susana Díaz, ha responsabilizado al líder de Podemos de la protesta, cuya conferencia la organización suspendió. Incluso Alfredo Pérez Rubalcaba tilda de fascista el «boicot» a Felipe y lo vincula a las consignas de Pablo Iglesias.

 Todas las cabeceras han apuntado directamente como responsable de las protestas a Pablo Iglesias

La libertad de expresión y manifestación no son derechos cualesquiera, sino que son derechos humanos y derechos fundamentales, que los tratados y declaraciones internacionales recogen y la Constitución española reconoce y protege. Derecho de reunión y manifestación pacifica, así como «expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio».

La democracia no consiste solo en participar en periodos de tiempo determinado, votando en elecciones generales, europeas, autonómicas y municipales. La democracia es participación y cuanta más participación, mayor calidad adquiere el sistema. Participación, manifestación y libertad de expresión, son derechos irrenunciables en un sistema democrático, que no pueden limitarse, como pretende el gobierno del Partido Popular, a través de una ley de Seguridad Ciudadana y Código Penal, convertidas en leyes mordaza.

La Constitución española, en su artículo 20 prevé la suspensión del derecho a expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones, solamente, en el caso de que se hubiera declarado el «estado de excepción o de sitio». Contra ello, el actual gobierno del PP restringe los derechos, criminaliza las protestas, lo remite a la vía administrativa —eludiendo la judicial—, creando y manteniendo una situación de excepción permanente sin haberlo declarado.

Igualmente la CE (artículo 21) reconoce el derecho de reunión pacifica y sin armas, cuyo ejercicio no necesita autorización previa de la autoridad, que sólo podrá prohibirlas cuando existan razones fundadas de alteración del orden público, con peligro para personas o bienes. Por su parte, la Ley Orgánica 9/1983, que regula el derecho de reunión, encomienda a la autoridad gubernativa «proteger» las reuniones y manifestaciones, frente a quienes trataran de impedir, perturbar o menoscabar el lícito ejercicio del derecho. El gobierno subvierte el propio espíritu de la ley, no solo no protege a quienes se manifiestan, sino que criminaliza su acción.

derecho a manifestar públicamente su disgusto o malestar

Es cierto que los partidos políticos son instrumento fundamental para la participación política. El gobierno, amparándose en la legalidad de una mayoría absoluta parlamentaria, ataca de raíz al Estado democrático de Derecho y a los valores que le identifican. Ante situaciones como esta, la ciudadanía, perjudicada por las decisiones de los poderes públicos, adquiere el derecho a manifestar públicamente su disgusto o malestar, no solo a través de asociaciones, sindicatos o partidos políticos; sino a ejercer ese derecho por sí misma, sin intermediarios que la represente.

La ley de Seguridad Ciudadana, coarta la libertad de los ciudadanos, ejerce un mayor control sobre las protestas callejeras, intentando evitar la crítica al gobierno. Si no teníamos bastante con el futuro Código Penal —del cual hablaremos en otro momento—, que criminaliza la protesta social, mediante duras penas de cárcel, ahora, además, tratan de arruinar a quienes protestamos, mediante grandes multas económicas.

La crisis y las medidas represoras del gobierno, están dando lugar a nuevas formas de protesta ciudadana, como respuesta a las situaciones límite a las que nos están abocando. Serán castigados con multas entre los 1.001 y los 30.000 euros «Los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad, empleado público o corporación oficial el ejercicio legítimo de sus funciones, el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales» Lo que significa que, sin mencionar la acción expresamente, se van a castigar las protestas antidesahucios.

La ley castiga, con multas entre los 1.001 y los 30.000 euros, «la perturbación de la seguridad ciudadana», que se produzca en manifestaciones frente a las sedes del Congreso de los Diputados, el Senado y las Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas, aunque no estuvieran reunidas. El gobierno blinda a las instituciones que representan al pueblo, rodeándolas y alejando a sus miembros de la ciudadanía. Un sistema que legitima los privilegios del poder y los desmanes del gobierno, contra los derechos del pueblo es más parecido a una democracia orgánica.

Las ofensas o ultrajes a España, a las Comunidades Autónomas y Entidades Locales o a sus instituciones, símbolos, himnos o emblemas, efectuadas por cualquier medio, serán castigadas con multas de hasta 30.000 euros. Así como las manifestaciones públicas, escritas o verbales, efectuadas a través de cualquier medio de difusión, así como el uso de banderas, símbolos o emblemas con la finalidad de incitar a comportamientos de alteración de la seguridad ciudadana. No se explica lo que el gobierno entiende por ofensa o ultraje a España, símbolos o banderas, pues queda en manos de los miembros de las fuerzas del orden su interpretación, lo que no ofrece garantía alguna de justicia.

Cuando un gobierno se desentiende de proteger y regular los derechos fundamentales que la Constitución promueve, la ciudadanía, desprotegida, adquiere la legitimidad para reivindicar sus derechos y anhelos para una vida digna, utilizando los medios que la sociedad y la imaginación le permita. La manifestación de la protesta pacífica nunca puede ser penalizada como lo pretende el gobierno, ahora por la llamada ley de Seguridad Ciudadana y por el Código Penal.

Sobre el acontecimiento en la Autónoma, el editorial de El País ha vuelto a lanzar una lluvia de críticas contra Podemos acusándoles de «golpes de libertad». ABC ha aprovechado la presencia de pancartas favorables al acercamiento de los presos etarras al País Vasco, para vincular a Podemos con el grupo terrorista, llegando a calificarles de «simpatizantes de los proetarras». El Mundo argumenta la necesidad de líderes “que rechacen la violencia sin ningún tipo de matiz, y no irresponsables. En su editorial

«Cuando la Universidad se vuelve un espacio de intolerancia», denuncia que las palabras de Iglesias son una legitimación de este tipo de ataques, que califica de «linchamiento»». Todo una canallada, propio de las #vergüenzasdeEspaña

Se ha subvertido el sistema democrático; se ha deteriorado el pacto social; se ha resquebrajado el consenso constitucional y la legitimación democrática se está utilizando en contra de la mayoría social. Frente a todo ello y en el ejercicio del derecho de expresión, sin ánimo de ofensa, sino de defender los derechos que nos corresponden, cabe el grito ciudadano, porque cuando los gobiernos usurpan poderes del pueblo y cometen injusticias, el pueblo queda legitimado para levantarse contra el totalitarismo represivo y contra la opresión que nos llega. Con acritud.

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1 Comentario

  1. Subscribo en su totalidad los planteamientos claros y valientes que Victor Arrogante hace en su artículo, resulta penoso contemplar como quienes están degradando la libertad de expresión a través de los medios que controlan, pretendan erigirse en salvaguardadores de la libertad de expresión, al mismo tiempo que la cercenan en sus medios, acallando las voces y plumas discrepantes.
    Produce aún más rechazo constatar como gran parte de los medios de información tradicionales se han convertido en meros voceros del poder, su independencia, objetividad y pluralidad brillan cada vez más por su ausencia. Me avergüenza a la vez que me produce una cierta sensación de desazón y asombro, el servilismo de algunos de los principales medios que han olvidado por completo los principios deontológicos del periodismo, y se han puesto al servicio de intereses espurios, y lo que es aún peor, se han constituido en frente común contra quienes discrepan y cuestionan los crecientes abusos y recortes de derechos y libertades democráticas en nombre de una supuesta seguridad. ¡Gracias a todos aquellos que a pesar de las adversidades siguen defendiendo valientemente la verdadera e irrenunciable libertad de expresión!.

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