En el mes de diciembre de 2010 Pedro Ruiz Luna recibió por parte del Ayuntamiento de Sevilla una licencia de uso común especial por la cual se le permitía recoger de la vía pública los frutos de los naranjos amargos. Esta licencia fue tramitada a través de un expediente en el que se incluían unos pliegos de condiciones donde se explicitaban las medidas materiales y auxiliares, los procedimientos de recogida de las naranjas, las medidas de seguridad, las garantías, los seguros y los sistemas de coordinación con el Servicio de Parques y Jardines del Ayuntamiento. Para hacer efectiva la licencia, Pedro Ruiz Luna depositó una fianza de 1.800 euros y firmó un seguro de responsabilidad civil. La licencia tenía vigencia hasta el 30 de enero de 2011.

Pedro debía comunicar diariamente al Ayuntamiento la actividad realizada. De igual modo el Consistorio revisaba que aquél cumplía con lo establecido en la licencia y no deterioraba los árboles ni ensuciaba la vía pública.

Una vez que finalizó el plazo de la licencia Pedro continuó con la recogida de naranjas sin que conste que se hubiese producido renovación de la misma o se le hubiese concedido una nueva. El Ayuntamiento tenía conocimiento de que Pedro Ruiz Luna continuaba con la recolección puesto que diariamente continuaba informando de la actividad desarrollada.

continuó con la recogida de naranjas sin que conste que se hubiese producido renovación de la misma o se le hubiese concedido una nueva

Una semana después de la expiración de la licencia Pedro “contrató” verbalmente a dos personas, sin que existiera ningún tipo de documento que acreditara dicha relación laboral ni se les diera de alta en la Seguridad Social. En ese acuerdo Pedro se comprometía a pagar un euro por cada saco de naranjas recogidas. Según se recoge en la sentencia el procedimiento de recogida explicado a estas dos personas fue el siguiente: “se limitó decirles que tenían que recoger las naranjas de los árboles subiendo a una escalera que él mismo les facilitó, que tenían que ir metiendo las naranjas en un chaleco de tela con aberturas laterales que también les facilitó para que se lo pusieran, y que luego tenían que bajar y meter las naranjas en un saco, hasta llenar el mismo, y así sucesivamente”.

El día 10 de febrero la trabajadora Carmen Machuca perdió el equilibrio de la escalera mientras recogía naranjas y caía de espaldas golpeándose el cuerpo y la cabeza contra el suelo. Quedó inconsciente y fue trasladada al Hospital Virgen del Rocío. Dos horas más tarde el trabajador John Fernández también perdió el equilibrio, cayó y se fracturó la muñeca y las ramas púbicas. También fue trasladado al Virgen del Rocío.

John estuvo dos días ingresado. Carmen, por su parte, sufrió un traumatismo craneoencefálico grave con hematomas y hemorragias internas además de una fractura de cráneo. Falleció en el hospital dos meses y medio más tarde.

Por estos hechos el Juzgado de lo Penal nº 1 de Sevilla ha condenado a Pedro Ruiz Luna a 2 años y 6 meses de prisión y a 4 años y 6 meses de inhabilitación para la realización de cualquier profesión u oficio agrícola por un delito contra los derechos de los trabajadores, por un delito de homicidio imprudente y por un delito de lesiones imprudentes, además de condenarle, y subsidiariamente al Ayuntamiento de Sevilla, a indemnizar con 87.440,50 euros a cada una de las hijas de Carmen Machuca.

Este es uno de los muchos ejemplos que muestran cómo el mercado de trabajo español se ha ido precarizando a medida que la crisis se iba agudizando. La cronificación de la precariedad laboral nos puede llevar a que situaciones como estas se transformen en habituales.

2 Comentarios

  1. Tengo que decir que me parece una sentencia muy poco dura para el daño ocasionado. Vergonzoso. Y cuántos españoles estarán trabajando en precario que no sabemos? La situación de nuestro país en insostenible en muchas materias, pero en empleo es realmente preocupante. Nos gobiernan precisamente a los que les importa un comino el problema laboral.

  2. Me quedo sin palabras por la benevolencia de la sentencia en favor del “empresario” (si es que así se le puede llamar, para mi es un explotador sin más) y del Ayuntamiento de Sevilla. Confiemos en que estas situaciones no se vuelvan a producir

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